Desde el Cauca, desarmar la guerra
- Opinión
Con las noticias que han llegado del Cauca en el último mes, muchos colombianos se han puesto a pensar en la realidad de las comunidades que tienen que soportar la cruda violencia de la guerra.
Incluso personas cercanas a la política, la academia o la historia de los pueblos indígenas se declaran confundidas ante las imágenes de la televisión o la prensa en las que muestran a indígenas con bastones empujando guerrilleros o cargando soldados para que salgan de sus propiedades en donde han entrado sin permiso. Las lágrimas del sargento causaron conmoción ¿Cómo es posible que un montón de indígenas, incluyendo mujeres, hagan semejante cosa? La sanción a los indígenas, que se habían metido de guerrilleros de las FARC, y que fueron capturados con armas dentro del resguardo, fue menos publicitada y tampoco se le ha dado todo el despliegue a la ceremonia insólita de destrucción de los fusiles y tatucos decomisados a la guerrilla. Del entierro de los indígenas asesinados por militares, o del llanto de sus familias, no hay un solo titular.
El Cerro Berlín
Las circunstancias del momento en el cerro Berlín, no terminan con las preguntas: los cinco soldados que permanecían en el cerro eran los últimos en un procedimiento de traslado ordenado por los mandos militares ante la revuelta indígena. La orden era mover ese campamento transitoriamente y evitar cualquier incidente. No dispararle a la gente era la consigna. Rodeados por centenares de indígenas esos soldados procedían lentamente a cumplir la orden de retiro y rechazaban la presión de desalojo inmediato del lugar. La orden a la guardia indígena era también de respeto a la integridad de los soldados en su salida y evitar cualquier situación de riesgo ante uso de las armas. (Ver video “lo que no mostraron los medios de comunicación”: http://www.youtube.com/watch?v=jtKq... ).
En medio de la tensa situación y al sentirse rodeados, los soldados dispararon al aire primero y se colocaron en posiciones de combate dirigiendo los fusiles hacia la multitud. Uno de los soldados amenazó con una granada. Instantes después de ese episodio la guardia retornó y los comuneros indígenas se colocaron frente a los fusiles y les reclamaron por los disparos. Algunos imprudentes les tiraron un puñado de tierra y fueron frenados por el jefe de la guardia en el lugar. Lo que siguió fue la frase del Sargento “si nos quieren sacar tendrán que cargarnos”, y en efecto, lo cargaron unos metros. Ese Sargento contuvo su rabia y evitó una tragedia. El episodio terminó con los soldados saliendo del cerro, pero la foto fue interpretada como un acto de deshonra, en el limite de lo aceptable para mantener la idea de un ejercito poderoso e intocable; la reacción del gobierno fue ordenar la retoma del cerro, que ocurrió a las pocas horas con un saldo de 35 comuneros indígenas heridos.
Pero la cadena de hechos no para allí, pues las autoridades indígenas en Jambaló retuvieron la “caja negra” del avión Supertucano que cayó en un resguardo y solo la entregaron días después al Defensor del Pueblo con una protesta por la realidad de bombardeos y metrallas en sus territorios colectivos. Otra vez los indígenas enterraron a sus muertos sin presencia de ningún delegado estatal: Que maten a un indígena en Caldono o a un campesino en Caloto, como dijo Feliciano Valencia en el saludo a las delegaciones que se desplazaron hasta Toribio el pasado 21 de julio, no produce fotos de primera plana ni mociones en sesión plenaria del Congreso de
Una larga historia
Lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, con epicentro en los territorios indígenas y municipios vecinos al Valle, es ante todo un llamado desde las entrañas de la tierra para que pare la violencia a costa de la población y de sus planes de vida. Todos los colombianos estamos hoy debatiendo sobre las noticias que llegan de Toribio, Jambaló, Cáldono, Miranda, Silvia, Corinto y otros municipios colgados en las cordilleras del sur. ¿Tienen razones y derechos los indígenas para exigir el retiro de la fuerza pública y de la guerrilla de sus resguardos? ¿El ejército puede hacer la guerra desde cualquier propiedad privada, individual o colectiva, sin límite alguno? ¿Podrán imponerse las autoridades indígenas y retirar por si solos a la guerrilla o la exigencia de retiro solo aplica en la práctica para los militares?
La resistencia de las comunidades indígenas a la presencia de armados en sus territorios es una larga historia. Desde hace dos décadas le arrancaron a las FARC el compromiso de respetar a las autoridades de los Cabildos y de no reclutamiento ni hostilidades contra la población, pero contra esos pactos, desde entonces las cuentas superan 500 combates o ataques en cabeceras municipales o entre las casas, con el argumento de que la fuerza pública se parapeta entre la población. Son muchos los casos de intervención de
La historia de reclamos por la instalación de trincheras y nidos de ametralladoras en medio de la población es también larga. El Ejército y
Si esa es la historia recurrente, ¿Por qué ahora se convierte en un levantamiento indígena en la región? ¿Por qué ahora los indígenas del norte del Cauca pasan de protestar y exigir a ejercer su autoridad ordenando a
La gran batalla por el sur occidente
Lo que está sucediendo es una respuesta desesperada e indignada de comunidades ante una nueva etapa en la guerra contrainsurgente y de disputa de territorios que amenaza de manera absoluta su permanencia en los resguardos, en territorios colectivos vitales y su supervivencia como pueblos indígenas y sujetos colectivos de derechos. La guerra por el territorio llega con todo su arsenal a disputarle el espacio propio a comunidades que, pese a la marginalización y exclusión a la que han sido sometidas históricamente, sin duda están entre las más organizadas en la defensa de sus derechos en todo el país.
Desde el segundo semestre del 2011, el plan de guerra de las Fuerza Armadas trasladó sus prioridades al sur occidente del país y concentró batallones, brigadas, comandos, grupos elites de inteligencia y aviación para desalojar a la guerrilla de los corredores que van desde Huila y Caquetá hacia el Pacífico. El objetivo táctico es el control del entorno a Cali, la seguridad de los ingenios, de la zona franca industrial y de la movilidad hacia Buenaventura.
El llamado Plan de Consolidación y Reconstrucción Territorial se concentró en los municipios de Pradera y Florida en el sur del departamento del Valle – que conectan con el Tolima, Huila y Cauca – en los del norte del Cauca y el corredor que va hacia el océano. La primera fase de ese plan – que es la que está en curso – incluye como eje el copamiento militar del territorio para obligar al repliegue de la guerrilla y neutralizar sus redes de apoyo entre la población. Siguiendo las tácticas ya probadas en
Como parte de ese plan de guerra, que es prioridad en la estrategia “Espada de Honor”, se ponen en acción cuatro batallones de montaña,
De esta manera el centro de la política contrainsurgente se desplazó a esta región que ha sido el refugio de las FARC desde hace décadas y hacia donde se concentraron fuerzas en el repliegue obligado por la ofensiva durante la administración Uribe, con su ministro Santos. En esta región opera el Bloque Sur Occidental, comandado por Catatumbo, que se coordina con el Bloque Sur encabezado por el Guajiro Iguarán. Todo el Macizo colombiano y sus derivaciones hacia Caquetá y Huila o hacia Cauca y Nariño ha tenido corredores de movilidad de las FARC desde los años sesenta y en algunas de estas zonas de influencia se han concentrado frentes y en la última década se han multiplicado las milicias. La columna móvil Jacobo Arenas se mueve en los municipios que son hoy la zona crítica y rinde cuentas al Comando Conjunto de Occidente. Junto con el VI Frente de las FARC se encargan, entre otras actividades, de la economía de guerra que cuenta con el negocio de la pasta básica y el tráfico en la cadena de la producción de marihuana y coca. En otras regiones del Cauca operan los frentes 29, 30 y 60, que cubren el sur occidente y zona del pacífico del departamento.
Balas que acabaron la paciencia
La gran capacidad de resistencia de las comunidades indígenas ante políticas que lesionan sus derechos ha sido ampliamente documentada y probada. En la única sentencia contra Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que involucra a población indígena – el asesinato de Germán Escué Zapata, Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena de Jambaló-[1],
[E]l movimiento indígena, desde su inicio hace treinta años, ha sido visto por los grupos insurgentes con prevención y recelo por la independencia política que lo ha caracterizado. Los paramilitares, por su parte, lo ven como un movimiento subversivo.
Más recientemente la movilización de la “minga” se convirtió en la oposición pacífica más radical a las políticas de seguridad, cohesión social y confianza inversionista de la administración Uribe. Las imágenes de los soldados disparando a metros de distancia contra los comuneros en el Resguardo
Recordando esas historias pasadas y recientes, así como los graves acontecimientos de julio de 2011 cuando una “chiva bomba” destruyó buena parte de Toribio – incluidas casas, la iglesia y la escuela – no resulta extraño que ahora se produzca un levantamiento de protesta, ante la ofensiva de
Desde mediados de 2011 las comunidades del norte del Cauca no solo han soportado los combates y la destrucción, pues han tenido que desplazarse a los refugios o Sitios de Asamblea Permanente. Más recientemente, el Presidente Santos, ex ministro de Defensa de Uribe y guarda de la “llave de las negociaciones de la paz”, contra elementales principios del Derecho Internacional Humanitario, les advirtió a los pueblos indígenas del Cauca y a sus autoridades reconocidos constitucionalmente que las fuerzas armadas están autorizadas a disparar en sus territorios y hacia sus moradas cuando guerrilleros se oculten o parapeten en ellas para atacar. Por su parte, las FARC declararon que continuarían con sus “tatucos” y ataques a guarniciones sin importarles los vecinos ni los “daños colaterales” pues consideran a estos pobladores cómplices o contemporizadores del Estado al que combaten.
Los discursos de guerra fueron subiendo el tono para llegar a expresiones y practicas delirantes desde el gobierno, las fuerzas armadas y por parte de la guerrilla.
El Presidente Santos desde Corinto advirtió que: “[...] en adelante se destruirá cualquier casa que sea utilizada por la guerrilla para hacer sus ataques” (Julio de 2011) y el Ministro de Defensa afirmó que: “… en el Cauca hay una integración entre comunidades indígenas y grupos guerrilleros, lo cual genera el problema de orden público” (7 septiembre de 2011).
Según la inteligencia militar los desplazamientos de los indígenas y las protestas cuando se realizan combates en sus territorios, son tretas de la guerrilla: “… indígenas entre niños y mujeres embarazadas llegan con banderitas blancas pidiendo el alto de la operación, pero la verdad es que son enviados por la misma guerrilla para lograr huir y evadir los controles” (citado en Punto de Encuentro No. 59, INDEPAZ, mayo de 2012).
La guerrilla también elevó el tono en contra de las autoridades indígenas que rechazan su presencia y el desconocimiento de la autonomía y el derecho a rechazar la guerra y a todos los armados. Los calificó de colaboradores del enemigo y paso a amenazar a los líderes, obligando a algunos a salir de los resguardos y ocultarse en Cali o Bogotá.
El mensaje divulgado por el Comando Conjunto de Occidente de las FARC, en marzo de 2012, justifica la persecución a los que denominan “falsos dirigentes” y “agentes encubiertos” del enemigo. Según ese texto amenazante:
“… mientras “los gobiernos propios” no constituyan garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades, mientras la fuerza pública se mantenga con su presencia amenazante, y mientras exista peligro de saqueo de los recursos naturales de los territorios, la presencia de las FARC- EP seguirá siendo legítima en ellos”.
“… en una errónea y engañosa interpretación de
Pero en la guerra las palabras pueden ser mortales y destructoras: en estos meses han estado acompañadas de la destrucción de varios centenares de viviendas, miles de refugiados y decenas de muertes. Poco se ha dicho en los medios de comunicación del bombardeo, desde un Supertucano, a un campamento de las FARC, en la vereda Gargantillas – municipio de Tacueyo -, en donde según trabajo previo de inteligencia del Ejército, esa guerrilla tenia a 15 niños llevados con engaños a un entrenamiento. Todos murieron. En el norte del Cauca más de 230 lideres, indígenas y afrodescendientes, han sido señalados de colaboradores de los grupos irregulares y muchos ya están judicializados. La movilidad y el transporte de alimentos hacia la cordillera están sometidos a retenes de la fuerza pública que se intercalan en un mismo trayecto con otros de la guerrilla.
La carta a Timochenko “Contra
A raíz de los ataques guerrilleros en seis cabeceras municipales, ocurridos y del trabajo de las FARC orientado a debilitar y dividir a las comunidades y desconocer la autoridad de los Cabildos,
Esa carta es un importante documento de obligatoria lectura para entender las posiciones radicalmente pacifistas y contrarias a la violencia armada en todas sus formas (Ver texto completo en www.indepaz.org.co). Algunos de los apartes ilustran desde que altura ética habla el movimiento indígena:
“Resulta extraño que el CCO – Comando Conjunto de Occidente - nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con
“… Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica”
“… Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan”.
“En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socio-económicas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos”.
Del derecho al rechazo de la guerra al derecho a expulsar las armas de sus territorios
También para el gobierno y las fuerzas armadas encargadas de la nueva ofensiva en el sur, resulta inadmisible, sospechoso y una colaboración con el enemigo, la posición de rechazo a la violencia armada en todas sus formas y la objeción a cualquier participación en función de la guerra o la prolongación del conflicto armado. La actitud más frecuente de las tropas y mandos que reclaman el derecho absoluto a ocupar esos territorios, es considerar que los indígenas y campesinos son cómplices o colaboradores de la guerrilla mientras no se demuestre lo contrario. Los jóvenes son vistos como potenciales milicianos y la justificación del control territorial se presenta como combate a las bases de apoyo de la guerrilla y combate al narcotráfico. En el mejor de los casos la versión oficial es que “las protestas indígenas están infiltradas por la guerrilla” o por los narcotraficantes.
Para las comunidades el rechazo a la guerra y a la presencia de unidades armadas en sus territorios es en primer lugar una necesidad vital, un imperativo de pervivencia como comunidades y como pueblos. La violencia crónica y las confrontaciones armadas significan destrucción de condiciones de vida y chocan de manera absoluta con el “tejido social”, la cultura y las economías basadas en la “minga” y en la propiedad colectiva del territorio.
A pesar de la violencia armada estos pueblos se resisten a salir del territorio que les pertenece y por ello han construido refugios para situaciones críticas. La tierra y todas las relaciones sociales y culturales edificadas desde ella, son la base de su pervivencia como pueblos. Por ello hoy se resisten ante el despliegue de ejércitos y dispositivos de guerra que amenazan con la destrucción de su existencia. Es así de elemental y urgente: los aparatos de muerte que se disputan con armas el control del territorio para sus fines están ocupando toda
Pero el fundamento de la exigencia de retiro de los armados de su territorio no solo se soporta en principios consuetudinarios; también en las normas nacionales e internacionales que obligan a los Estados a consultar cualquier decisión que amenace la pervivencia de una comunidad étnica y con mayor razón de un Pueblo. El Convenio 169 de
Muchas personas que han seguido los acontecimientos en el Cauca miran con asombro las imágenes de
“el Estado no puede disponer libremente de los inmuebles particulares, en este caso los resguardos, que son propiedad privada colectiva; si necesitara establecer una base militar, debe adquirir o expropiar; como los indígenas nos oponemos a prestar nuestros predios para ese propósito, solo podría acudir a la expropiación; pero ésta está prohibida expresamente por
Hay numerosas sentencias de
“De otra parte, deben ser analizadas objetivamente, y así se ordenará en principio al Ministro de Defensa Nacional, las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, no perciben el ingreso de
¿Es posible negociar que salga la guerra de los resguardos?
Después de los graves sucesos de julio de 2012, el gobierno delegó a un grupo de funcionarios la tarea de conversar con los dirigentes indígenas del Cauca y anunció la pronta aprobación de un documento CONPES ya conocido como “Plan Cauca”, con 500 mil millones de pesos para inversión en la región. Ese proyecto de CONPES no ha sido aún consultado con las autoridades indígenas, y no es claro si incluirán los compromisos asumidos por el Estado en torno a la agenda social y económica que ha estado en la mesa desde hace más de una década –algunos de ellos plasmados en el Conpes 3461 del 17 de marzo de 2007-, así como los acuerdos que se logren en materia de seguridad y orden público.
Hay puntos que pueden llevar a acuerdos rápidos y otros de complejo tratamiento. Entre los primeros esta la revisión de la ubicación de cuarteles, campamentos y dispositivos de combate para que cumplan estrictamente con las normas de derechos humanos y del DIH. Entre ellas la reubicación a sitios que no pongan en riesgo a la población, a la infraestructura civil, bienes culturales y otros protegidos.
En esa lista de lo menos difícil
Los resguardos en el norte del Cauca cubren parte importante de los municipios y tienen por vecinos a campesinos y otros propietarios privados de predios. Un acuerdo de retiro de la fuerza pública de toda la región, dejándole el campo libre a la guerrilla es una opción imposible. En lo inmediato las conversaciones con el gobierno solo podrían llegar hasta el retiro de los territorios colectivos reconocidos legalmente, pero ello debería ocurrir con la previa o simultánea decisión unilateral de la guerrilla de hacer lo mismo. Una experiencia en este sentido sería de gran impacto en la vía del reconocimiento de los derechos de estas comunidades y un precedente de profundo calado para la búsqueda de soluciones de paz.
La exigencia de retiro de armados conlleva no solo acciones sino también diálogos humanitarios para exigir el respeto a las comunidades y a las personas, el no reclutamiento de comuneros, prohibición de minas antipersona, de bombardeos en la propiedad colectiva y de ataques a poblados, la prohibición de narcotráfico o de siembra de coca o mariguana, el respeto a la autonomía y autoridad indígena renunciando al paralelismo.
El solo enunciado de alternativas muestra la complejidad de las conversaciones. En el cuarto capítulo se encuentran los reclamos de cumplimiento de los compromisos pactados desde 1998, después de la masacre en
En estos territorios del Cauca habitan 250.000 indígenas organizados en 122 resguardos de nasas (nororiente), kokonucos, totoros, y misaks (Centro), yanakonas (sur oriente), Siapidaras y emberas (Pacífico). Tienen sus propios idiomas y una cultura que han defendido desde antes de la conquista española a pesar de haber sido arrinconados en la cordillera. En cada municipio conviven con afrodescendientes (hacia la parte plana y el occidente), campesinos mestizos, finqueros y hacendados, sin llegar a tener la mayoría de las hectáreas en cada entidad territorial. Son microfundistas y pequeños productores encargados de cuidar paramos, parques y zonas de reserva: el 90% no llega a una Unidad Agrícola Familiar promedio disponible para familias dentro del resguardo. Entre indígenas y afros representan el 72% de la población rural, pero tienen el 50% de la tierra. La aspiración de acceso a la tierra ha llevado a choques frontales con los intereses de los terratenientes y agroindustriales que ha lanzado la consigna “ni un metro de tierra entregada en la parte plana”. Se presentan también conflictos inter étnicos y con las aspiraciones campesinas que incluyen la formación de Zonas de Reserva Campesina en Corinto, Miranda, Inza, Argelia, Cajibio y Caloto.
En quinto lugar están los problemas territoriales y de políticas públicas para el desarrollo y la realización de los planes de vida de las comunidades. Este capítulo lo envuelve todo pues revela la dimensión de las disputas por estos territorios: la tercera parte de los territorios indígenas del departamento han sido titulados para exploración minera o petrolera; en la parte alta de la cordillera central las comunidades se oponen a las pretensiones de
El CRIC, en movilización de más de 5.000 comuneros, dio a conocer
Y, para completar el panorama, se incluye como tema urgente la necesidad de desterrar de esta región y de los territorios colectivos, los negocios del narcotráfico. Los cultivos de coca y procesamiento de pasta básica que es insumo para los laboratorios de cocaína han crecido sobre todo en el occidente desde el municipio de El Tambo al pacífico, pero a pequeña escala se mantienen en la cordillera central a pesar de la oposición de los Cabildos. En el nororiente del Cauca se han multiplicado recientemente los sembrados de marihuana en predios campesinos y también indígenas. No abarcan extensiones como las que tuvieron en los años 80s pero se presentan a los pequeños productores como un complemento de ingresos ante la crisis rural. A la guerrilla estos circuitos productivos le sirven para interactuar con la población y obtener ingresos. ¿Cuál es la respuesta a esta situación? La erradicación forzada y el enfoque de guerra pueden lograr migración en áreas de cultivo y disminución allí en donde se focaliza la acción, pero no ha mostrado eficacia en alternativas para las comunidades que se ven perseguidas y empobrecidas por la acción del Estado. Para los Cabildos es urgente la salida del narcotráfico y sus redes que han considerado un grave riesgo para la vida y la cultura y permanente fuente de violencia. En varias ocasiones se han concertado planes de erradicación voluntaria pero no han operado las alternativas productivas acordadas con los gobiernos. No obstante esos antecedentes este es un problema que puede llevar a resultados aceptable por las partes.
Muchos de estos temas han sido abordados en el pasado en conversaciones con el gobierno y han merecido sentencias de
La evaluación del cumplimiento del auto 004 y la implementación del citado Decreto para la reparación de los pueblos indígenas, incluyendo la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por las violaciones de derechos humanos y del DIH, entre ellos la ocupación de sus territorios de propiedad colectiva de manera inconsulta por
Los organismos de control y las agencias internacionales que participan en las negociaciones deben velar porque en las mismas se reconozca y se garantice el doble carácter de los pueblos indígenas del Cauca, esto es el de autoridades en sus territorios (artículo 330 de
Desarmar la guerra en Colombia
Son muchas las lecciones que están dando los indígenas para la búsqueda de la paz en Colombia. La primera es que solo el rechazo indignado a la guerra desde la población desarmada, convertido en movilización, puede abrir nuevos caminos. La exigencia inmediata de retiro de los armados de su Casa (territorios y cabildos), y las acciones para presionar su salida mediante desmantelamiento de estructuras de guerra, es hoy la más autentica y radical posición pactista que le indica un camino a las luchas por la paz en Colombia. Ya en las redes sociales, jóvenes y organizaciones de diversas regiones han acogido como símbolo de paz la cinta de franja verde y roja, que identifica a los indígenas del Cauca, Esa es la cinta que engalana los bastones de la guardia indígena y que portan los gobernadores y Consejeros Mayores: convertida hoy en símbolo de paz, puede ser el emblema de los mensajes que se levantan desde el sur: ¡Desarmar la guerra¡¡No a la violencia armada¡ ¡Si a la vida¡¡ Construir
Lunes 23 de julio de 2012
[1] CIDH, Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165.
[2] CIDH, Segundo Informe sobre
[3] CIDH, Informe 36/00, Caso 11.101 Masacre de Caloto del 13 de abril de 2000 e Informe 35/00, Caso 11.020 Masacre “Los Uvos” del 13 de abril de 2000.
[4] STAVENHAGEN, Rodolfo. Las cuestiones indígenas: los derechos humanos y las cuestiones indígenas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 20 de enero de 2006, E/CN.4/2006/78/Add.4, y Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Cuestiones Indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición Misión a Colombia. E/CN.4/2005/88/Add.2., 10 de noviembre de 2004.
Fuente: http://justiciaypazcolombia.com/Desde-el-Cauca-desarmar-la-guerra
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