En términos generales, el socialismo se propone responder a las necesidades que el sistema capitalista no puede resolver por limitaciones estructurales del propio sistema. Recordemos que la principal limitación del sistema capitalista es el divorcio entre la producción y el consumo: cada vez más producción y cada vez menos capacidad de compra de la población y de los países más empobrecidos. Si esto es así, tal como lo demuestran las crisis cíclicas del capitalismo mundial, resulta prácticamente imposible que el capitalismo pueda resolver necesidades tales como el bienestar social de la población, la soberanía nacional y la solvencia económica de los países del tercer mundo, y menos aún, la desfavorable correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.

A nivel mundial el sistema capitalista prioriza la rentabilidad del capital financiero-industrial de carácter transnacional, lo que ha permitido concentrar la riqueza en los países y en los capitales financiero-industriales, endeudando y subordinando económicamente a los países del tercer mundo. A nivel nacional el sistema capitalista concentra los excedentes en el procesamiento y el comercio, generando una hemorragia permanente de excedentes de los productores directos y una gran marginación del mercado interno de estos países, es decir, de la capacidad de compra de los trabajadores, pequeños productores y consumidores en general.

Los países latinoamericanos, con algunas excepciones, son productores de materias primas, entre ellas minerales y productos agropecuarios. En el comercio internacional, la situación monopólica de los precios para los bienes y servicios generados en los países industrializados, ha conllevado a una sobre-valoración de los bienes industriales y a una sub-valoración de las materias primas, generando así un bochornoso intercambio desigual, totalmente desfavorable para las economías tercermundistas.

Como puede observarse estos problemas no pueden resolverse en el marco del actual orden económico internacional, un orden diseñado precisamente a favor del capital y en detrimento del trabajo. El socialismo, justamente, se propone cambiar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, a través de la regulación y planificación democrática del mercado en favor del trabajo, lo que no implica abandonar el crecimiento y la acumulación. En otras palabras, si en el capitalismo la acumulación es un fin en sí mismo, en el socialismo la acumulación se convierte en un medio para el bienestar social de los trabajadores, productores y consumidores.

El socialismo se inicia con el desenmascaramiento y denuncia de las contradicciones y efectos nocivos del sistema capitalista. Continúa como lucha organizada de los trabajadores, productores directos y países que padecen la explotación del trabajo y de los recursos naturales. Y se desarrolla cuando la correlación de fuerzas, política, económica y cultural, favorece al trabajo y al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Asociatividad y autogestión cooperativa

Concretamente, el socialismo se caracteriza por relaciones sociales basadas en la cooperación, es decir, en el mercado justo, así como en la gestión de las unidades económicas por los propios trabajadores y productores directos.

Ahora bien, en todo proceso de transición, los cambios se hacen tomando en cuenta el punto de partida, es decir, las condiciones actuales en que se desarrolla la producción y la circulación. En este sentido, el cambio fundamental que observamos en el agro latinoamericano (y no solo en el agro) es una grande y significativa disminución del trabajo asalariado, así como un aumento del productor directo o de los trabajadores por cuenta propia, como se les llama usualmente. En otras palabras, el grueso del proletariado (sector a quien se le extraen los excedentes) hoy en día está concentrado en el sector por cuenta propia, quien es despojado de sus excedentes (plusvalía) a través del intercambio (en el mercado) y no por un patrón directo (en la fábrica), el mismo mercado que transfiere dichos excedentes a otros sectores (comerciantes, industriales y banqueros).

Si esto es así, hablar de asociatividad y autogestión implica, no solamente hablar de empresas cogestionadas y gestionadas por trabajadores asalariados, sino sobre todo hablar de cooperativas gestionadas por los productores directos (campesinos y pequeños o medianos productores). Como decía Marx, “las fábricas cooperativas de los propios trabajadores, son, dentro de la vieja forma, el primer signo de ruptura de la vieja forma”. Esto lo decía Marx, tanto para los obreros como para los campesinos. No es por casualidad que en las experiencias socialistas aparecieron diversas formas de cooperativas, consejos de obreros y campesinos, comunas, empresas autogestionarias, etc. Es muy significativo el caso del país que más largo ha llevado la estatización del campo, como es Cuba, al crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), por medio de las cuales el capital agropecuario, antes en manos del Estado, pasó a ser gestionado por los trabajadores.

La experiencia cooperativa que recorre el agro latinoamericano se basa en unidades productivas individuales, asociándose las familias en los servicios colectivos, como el crédito, el procesamiento o el comercio, lo que permite mantener la productividad en el proceso inmediato de producción y socializar los excedentes en la circulación, lugar donde hoy en día se captan los excedentes.

Ahora bien, en una economía de mercado, lugar donde funcionan realmente las cooperativas, se hace necesario, como cuestión de vida o muerte, que las mismas escalen los eslabones superiores de la cadena de valor (procesamiento, comercialización, crédito, comercio exterior), para lo cual deberán, como lo están haciendo, organizarse en uniones de cooperativas y en federaciones de cooperativas, justamente para tener la capacidad de administrar operaciones de mayor envergadura y escala (plantas agroindustriales, bancos cooperativos, empresas comercializadoras, operaciones de mercado, etc.).

Finalmente, la estrategia requiere de la formación de unidades cooperativas cada vez mayores, como las confederaciones, a fin de tener la capacidad de incidir y dirigir las políticas económicas con las cuales y por las cuales el Estado comenzará a ser un Estado cuya naturaleza y desempeño se incline hacia el trabajo y las relaciones de cooperación: inversiones públicas en el campo, crédito para los productores empobrecidos, políticas a favor de la producción, transferencias de capital para asegurar la soberanía alimentaria, políticas de comercio justo.

Por su parte, los trabajadores asalariados del campo, a su vez, también están interesados en asociarse, no solamente en sindicatos, como lo hacen ahora, para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, sino sobre todo en asociaciones económicas de ayuda mutua y en empresas laborales cogestionadas o autogestionadas por ellos mismos.

Esta asociatividad requiere ser escalada a nivel regional, tal como lo está haciendo la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), fomentando el comercio justo, la complementariedad y la solidaridad de las economías que la conforman, o creando empresas gran-nacionales favorables a la integración de los pueblos, contrario a las empresas transnacionales que favorecen la integración del capital.

Este proceso permite transitar en forma evolucionaria hacia relaciones de producción alternativas a las relaciones capitalistas, tal como lo hizo la burguesía en su tiempo, al transitar de una economía feudal a una economía comercial e industrial basada en el trabajo asalariado, antes incluso de hacer su revolución política. En el caso de América Latina, parecen estar dadas las condiciones políticas y económicas para que las políticas públicas, así como el quehacer diario de los trabajadores y productores se encaminen hacia un régimen asociativo y autogestionario, es decir, orientado hacia el socialismo. Recordemos que el pilar de una economía socialista es la “Unión de Productores Libremente Asociados”, como lo expresaba Marx.

Finalmente, la asociatividad y la autogestión transita igualmente por la práctica de toda la ciudadanía, organizada territorialmente, como ciudadanos, o como sectores vinculados a la distribución, la incidencia política, el consumo, la salud, la educación, el cuido del medio ambiente, la equidad de género o de las identidades étnico-culturales.