Cada vez más, en la región se multiplican las medidas que criminalizan la protesta social; tal el caso de Perú, donde organizaciones sociales han lanzado una campaña para pedir la inconstitucionalidad de los decretos de julio 2007 que, según denuncian, disponen que "quienes salen a las calles a protestar pueden ser encarcelados, lesionados y hasta asesinados".  Esta tendencia se inscribe en la dinámica global donde la "lucha antiterrorista" se ha convertido en pretexto de militarización y represión, como revela esta lectura.

Es un hecho comprobado, aunque poco conocido, que la llamada legislación antiterrorista -que analizamos con preocupación en América Latina (1)- se extiende hoy a todos los continentes.

Y esto ocurre en un mundo unipolar, marcado a fuego por la política de guerra y opresión del imperialismo, con una fuerte hegemonía de los Estados Unidos cuyo gobierno se proclama con derecho a intervenir en cualquier lugar donde considere amenazados sus intereses (Irak, Afganistán, Medio Oriente, dan testimonio de esa política de locura y de muerte), un gobierno que pese a la condena internacional, hace más de cuarenta años que ejecuta un inmoral bloqueo contra Cuba, que ahora amenaza con agredir a Irán, todo en aplicación de su ilegal y monstruosa doctrina de la “guerra preventiva”.  Se trata de un contexto internacional en el que la mayor potencia mundial ejerce una dictadura global con el objetivo de mantener su dominio económico, político, militar y cultural contra el resto de las naciones.  En esas condiciones, la independencia de los países, así como la soberanía y los derechos democráticos de los pueblos, están seriamente amenazados.

Propósito oculto

No es posible obviar este panorama al analizar las denominadas leyes antiterroristas que reconocen una matriz común en instrumentos jurídicos como la Ley Patriota (Patriot Act, Estados Unidos, 2001) o la Convención de la OEA sobre Terrorismo (2002).  Tales leyes, algunas aprobadas hace muchos años -como la ley antiterrorista de Pinochet, en Chile, todavía vigente- y otras más nuevas, no se proponen, por cierto, combatir el terrorismo, sino avalar jurídicamente la represión de las luchas de los pueblos, según lo vienen denunciando tanto organizaciones populares como reconocidos juristas.

“Apenas seis días después de los atroces hechos terroristas del 11 de septiembre, el 17 de ese mes, el Fiscal General de Estados Unidos, John Ashcroft, demandó al Congreso norteamericano que aprobase rápidamente lo que él bautizó como la Ley Patriota” (estoy citando a Ricardo Alarcón de Quesada en una conferencia del 26 de noviembre de 2002 ).  Demoraron pocas semanas más para que, lo que era aparentemente una idea del Fiscal General, se convirtiera en un documento de 342 páginas; un texto no solo extenso, sino de lectura difícil y de comprensión aún mayor, más difícil (…).

La Sección 802 (de esa Ley) define lo que la administración norteamericana actual denomina "terrorismo doméstico".  Terrorismo doméstico son "actos que pueden parecer dirigidos o con la intención de influir la política del gobierno, actos peligrosos para la vida humana que puedan parecer como poseyendo la intención o con la intención de influir en la política del gobierno".

Vale la pena reparar en esta formulación difusa con que se pretende definir el terrorismo, porque la misma se repetirá luego en la mayor parte de la legislación antiterrorista de otros países.

Con esa seudo definición se puede criminalizar cualquier lucha social o política que se proponga cambiar algo en la política de cualquier gobierno.  Y de hecho las leyes antiterroristas se están aplicando de esa manera.

La estadounidense Unión Americana por los Derechos Civiles (American Civil Liberties Union / ACLU) sintetiza en ocho ítems lo que el gobierno puede hacer en virtud de esta extensa legislación, entre otras cosas: registrar su casa y ni siquiera decírselo; recopilar información sobre lo que Ud. lee; clasificarlo como “terrorista” si Ud. pertenece a un grupo activista por la paz o los derechos civiles; revisar su correo electrónico; apoderarse de los bienes de una persona o de una organización sin aviso ni audiencia previa; espiar a ciudadanos que no han cometido ningún delito; encarcelar a los inmigrantes por un plazo indefinido; interceptar la línea de teléfono de cualquier ciudadano.

Sabemos de la existencia de leyes semejantes en Argentina, Chile, Perú, El Salvador.  En otros países del continente, como Paraguay y Honduras se están discutiendo o se han presentado proyectos en los respectivos Parlamentos.  En Colombia cualquier opositor al gobierno puede ser calificado como terrorista.

En Chile, luchadores mapuches están encarcelados por la aplicación de la Ley antiterrorista establecida por Pinochet.  Están en huelga de hambre por la libertad de todos los prisioneros políticos mapuche, exigiendo la desmilitarización de las zonas en conflicto y el cese inmediato de la represión a las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales.

En Argentina, se mantiene en una cárcel de máxima seguridad a seis campesinos paraguayos cuya extradición reclama, con argumentos absurdos, el gobierno de Paraguay.

Proceso anti-democrático

En el caso europeo, Francia, Gran Bretaña, España y otros países tienen sus propias leyes antiterroristas.  Pero además el Consejo de la Unión Europea ha firmado una serie de acuerdos impuestos por Estados Unidos según el molde de la Ley Patriota que tienen vigencia en todos los Estados de la Unión.

“Si se estudian y explican las leyes antiterroristas -sostiene el sociólogo belga Jean-Claude Paye- se devela exactamente la naturaleza del poder.  No se puede hablar de poder democrático, se ve una sociedad que ya va en marcha hacia la dictadura.  Se ve que cada nueva medida adoptada es peor que la precedente.  Las cosas están muy claras”.  Desde fines de los años noventa se ha acelerado el proceso antidemocrático.  Es urgente revelar lo que sucede.

“Tenemos que mostrar las cosas tal como son.  Los que hacen críticas y se limitan a decir: ‘Sí, hay que tener leyes antiterroristas, es necesario luchar contra el terrorismo, pero hay que evitar los abusos’ no hacen otra cosa que legitimar el punto de vista del poder.  Hay que mostrar que las leyes que tienen como objetivo la lucha contra el “ ‘terrorismo’, son en realidad leyes contra las poblaciones” (2).

Noticias provenientes de todos los continentes indican que las leyes antiterroristas existen y se desarrollan en muchos países; tienen una matriz común y se aplican con un sentido preciso: reprimir la protesta social, detener los impulsos de cambio que, en pos de la utopía de “otro mundo es posible”, movilizan a amplísimos sectores de la sociedad.

Para mencionar unos pocos casos:

En Nueva Zelanda, octubre de 2007, durante una “redada antiterrorista”, la policía detuvo a 14 personas, entre ellos a activistas maoríes, pacifistas y ecologistas.  En Grecia, se aplica la legislación antiterrorista a los acusados por un reciente incendio.

En Japón se acaba de aprobar una nueva ley antiterrorista.

En Marruecos, después de los atentados en Casablanca (16 de mayo de 2003) el Parlamento aprobó una Ley antiterrorista que, con una definición amplia y vaga del terrorismo permite castigar bajo esa denominación incluso actividades políticas pacíficas.

En el tema que nos ocupa, la situación de África, muy poco conocida, se relaciona directamente con el proceso de remilitarización de este continente emprendido por los Estados Unidos algunos años atrás.  La penetración militar del Pentágono en África, que es presentada como una acción humanitaria en la guerra global contra el terrorismo, tiene en realidad como objetivo la obtención y el control del petróleo africano.

Y tanto el Pentágono como las grandes compañías petroleras intentan vincular a los grupos africanos de resistencia (grupos políticos que reivindican la autodeterminación, ambientalistas, activistas de derechos humanos y otros) con la acción de las “redes terroristas internacionales”.

Guerra infinita

¿Qué se propone Washington con la actual política de guerra, la invasión a Afganistán, la ocupación de Irak y el “combate mundial al terrorismo”?

Son reveladoras las palabras del ex secretario de Defensa de los EE.UU., Donald Rumsfeld, cuando le preguntaron si esta guerra duraría mucho, si se podría comparar a la guerra de Corea, o de Vietnam.  Su respuesta fue:  "No, no, no, yo no la comparo con ninguna de esas guerras".  "Si quieren compararla con una, compárenla con la guerra fría, porque va a durar mucho tiempo y va a ser no sólo guerra en el sentido militar, sino que va a serlo también en el sentido político, diplomático, propagandístico, económico, en toda la multidimensionalidad que tuvo la guerra fría" (3).

La legislación antiterrorista es parte de esa guerra a largo plazo.  “Guerra infinita” la llamó George W. Bush.  Quienes la estamos enfrentando tenemos pues que prepararnos para una lucha prolongada.  Por eso valoramos que la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), la Alianza Social Continental y otras redes continentales estén promoviendo no solamente algunas acciones aisladas, sino el despliegue de una verdadera Campaña de largo aliento por la anulación de las leyes antiterroristas y contra la criminalización de las luchas populares.  Por nuestra parte, esperamos que la próxima Conferencia Mundial por la Paz, a realizarse en Caracas, Venezuela, en abril de 2008, se pronuncie en el mismo sentido.

Nos parece fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones políticas democráticas hagamos nuestra esa campaña, incluyendo la investigación y seguimiento de la legislación antiterrorista con la que se pretende criminalizar la protesta social.  Y dediquemos atención y esfuerzos concretos a la denuncia de los casos de represión y la solidaridad activa con los afectados.

En ese sentido, el Seminario Internacional Leyes Antiterroristas y Criminalización de las Luchas Sociales -realizado en Buenos Aires los días 15 y 16 de noviembre de 2007, con el auspicio de ocho redes continentales y el apoyo de 30 organizaciones argentinas- aportó argumentos e informaciones sobre el contenido de dicha legislación y su aplicación concreta en la región.  Un tramo de los debates fue dedicado especialmente a recopilar propuestas para un plan de acción destinado a lograr la anulación de estas leyes que los participantes redefinieron como leyes del terror.

Rina Bertaccini es Presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos -Mopassol-, Argentina; co-presidenta del Consejo Mundial de la Paz.

Notas:

(1) “¿Combate al terrorismo?”, documento del Mopassol, Argentina, en www.mopassol.com.ar

(2) Entrevista de Silvia Cattori al sociólogo belga Jean-Claude Paye, el 30 de agosto de 2007, en www.voltairenet.org/article151318.html.

(3) Citado por Ricardo Alarcón de Quesada en la conferencia “Un mundo unipolar y las amenazas para la paz mundial”, 26/11/2002.