Las demandas de los pueblos indígenas mexicanos de autonomía, libredeterminación, derechos humanos, derecho al desarrollo,  al territorio, al reconocimiento de sus sistemas normativos, se mantienen vigentes.

A pesar de la dispersión del movimiento indígena mexicano, de la desarticulación nacional, su fuerza radica en la organización, comunitaria, regional y municipal.

Lejos están los momentos cuando el 20 de agosto de 1998, el movimiento indígena mexicano obtuvo una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contra México por la sistemática violación de los derechos humanos en particular de los pueblos indígenas.

De la misma manera, cuando se aglutinaban de manera unitaria en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI), a través de una de las organizaciones más consolidadas como era la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).

Eran otros tiempos. El Estado mexicano, bajo la mirada de la comunidad nacional e internacional, buscaba aminorar las críticas por la guerra de baja intensidad contra las comunidades de base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el camino de Fox

Con el arribo en el año 2000 de la derecha al gobierno de México, con el Partido Acción Nacional (PAN), las demandas sociales y sobre todo el tema indígena se trivializó. Se pasó de las políticas asistencialistas a la filantropía.

De esta manera se pretende quitar al Estado la responsabilidad de  las políticas públicas  y dejar a la iniciativa privada las campañas para mitigar los requerimientos educativos, de salud y desarrollo de la sociedad mexicana

Pero no solo eso, el Estado mexicano participó en alianza con los grupos de poder político y económico en la elección de julio pasado, para inclinar la balanza a favor del candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón.

El relevo en la presidencia el 1 de diciembre se dio en 4 minutos, donde el Poder Legislativo estuvo tomado por las fuerzas armadas, y Felipe Calderón, aupado  por los militares y los medios de comunicación electrónicos sobre todo por la televisión.

Este hecho anunciaba ya los rasgos que caracterizaría al gobierno de Felipe Calderón: Criminalización de la exclusión, la pobreza y la crítica social, con el apoyo de los medios de comunicación que “venden” tal producto a la sociedad como si eso fuera “Estado de Derecho”.

En este contexto, el gobierno de Calderón camina por las huellas de Vicente Fox: incumple sus promesas y compromisos de campaña. Como se recordará en el gobierno foxista, los derechos autonómicos indígenas pactados en San Andrés Larraizar, el 16 de febrero de 1996, fueron objeto, en abril del 2001, de una reforma de simulación.

El resultado es la carencia de reconocimiento a los derechos específicos, políticos.
De entre ellos destaca, una nula reforma electoral que hiciera posible la autorepresentación indígena en el Congreso de La Unión, sobre la base de regiones étnicas. Sin esta reforma la representación indígena volvió a quedar cautiva y subordinada a los partidos políticos.

Importa destacar que por primera ocasión en la vida parlamentaria nacional, arriban 14 indígenas a la LX Legislatura Cámara de Diputados de ocho pueblos indios. Este hecho, inédito en la vida parlamentaria mexicana, se da, en gran medida, por la derrota al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Oaxaca.

La decisión del electorado oaxaqueño, de votar contra el PRI, se percibe como un castigo, ante la represión del gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Pero lo que pareciera un avance, no se vislumbra como tal, ya que los diputados federales de origen indígena, llegaron al Poder Legislativo, por motu propio o como militantes de algún partido político, pero no como dirigentes o representantes indígenas, lo cual conlleva a no tener necesariamente compromisos con sus pueblos de origen, lo que debilita su representación.

Oposición a proyectos inconsultos

De ahí que, organizaciones, comunidades, pueblos o grupos de distintos puntos del país, mantienen sus resistencias de establecer alianzas estratégicas con varios parlamentarios, sin embargo sí lo hacen con grupos afines de sus regiones.

Es por ejemplo el caso de frentes que luchan contra los megaproyectos como los de “La Parota” en Guerrero, contra el Plan Puebla Panamá (PPP) o el proyecto Transístmico en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, o contra la “Escalera Náutica” en el Noroeste mexicano.

Enarbolando derechos ancestrales, habitantes de estos lugares se oponen terminantemente a este tipo de iniciativas gubernamentales de polos de desarrollo, ya que estiman que pone en riesgo su integridad física y cultural, pero que además, estos programas están siendo implementados sin ser consultados, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Las organizaciones regionales y comunitarias con la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZON), el Consejo de Ancianos de Unión Hidalgo, Maderas del Pueblo del Sureste, señalan no estar de acuerdo en que la solución de los principales problemas de bienestar se logrará con la implementación de políticas macroeconómicas, mediante los mecanismos del mercado y con la menor intervención posible del Estado. Al contrario, apuntan, los programas oficiales parece que tienen el propósito de despojar a los pueblos indígenas de sus territorios y obligados a desplazarse a las zonas urbanas, engrosando las filas de los círculos de miseria en las grandes metrópolis.

Una agencia de las Naciones Unidas especializada en el tema, señala que "los gobiernos de los países en desarrollo quedaron sometidos a un apremio intenso para que abandonaran sus proyectos nacionales de desarrollo económico y arriesgaran el futuro de sus pueblos participando sin protección alguna en los mercados internacionales" (UNRISD, 1995:20).

Lo preocupante, es que para el titular del ejecutivo mexicano, Felipe Calderón, lo primordial es cumplir con sus compromisos con las transnacionales, según se desprende de las declaraciones realizadas de su decisión de reactivar el Plan Puebla Panamá.

Esta determinación, conlleva un enfrentamiento con los pueblos indígenas de la región y las críticas de comunidades y grupos centroamericanos.

Pero más aún, para Felipe Calderón el tema indígena lo relegó al último y mantuvo la línea de su antecesor Vicente Fox, de minimizar la relación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo desempeño como Comisionado para la Paz en Chiapas durante el foxismo fue calificada por el grupo armado, como contrainsurgente.

Muestra de ello, es que para Luis H. Alvarez, el desarrollo indígena se reduce a despensas, apertura de caminos para que ingresen cuerpos policíacos y apoyos económicos que dividan más a las organizaciones y comunidades.

Violación de derechos humanos

No se puede pasar por alto, que junto a esto, está la insensibilidad en materia de derechos humanos e indígenas. Ahí está el caso de Oaxaca, el 25 de noviembre, previa a la protesta de Calderón en la Cámara de Diputados, la APPO fue reprimida de brutalmente y más de doscientos de sus integrantes fueron encarcelados. Y el 1º de diciembre, Calderón dejó en claro que para administrar iba a apoyarse en los militares.

En ese sentido, Calderón mostró que su prioridad es cumplir con los grupos económicos y políticos que lo impusieron en la presidencia de México, antes que los reclamos sociales.

De acuerdo a grupos de derechos humanos, la represión desatada contra amplios sectores del pueblo oaxaqueño concitó la solidaridad pública de los más diversos actores políticos de la izquierda en México, entre los que se cuentan a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Frente Amplio Progresista (FAP); el EZLN, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ; la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (que representa a 56 ONG’s) , el Comité de Liberación 25 de noviembre (conformado por intelectuales, artistas, defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos ) y varios de  los grupos guerrilleros que operan en México clandestinamente .

Lo cierto es que el panorama para alrededor 17 millones de indígenas es desolador, se percibe que se incrementará el despojo de sus territorios; la destrucción de su cultura  y lengua, que llevará a un eminente etnocidio; el saqueo de sus recursos naturales del suelo y subsuelo; la destrucción del tejido comunitario; la cooptación por parte del gobierno de dirigentes e incluso de algunos legisladores como cómplices. Adicionalmente, la carencia de  medios formales de comunicación  los empujará a contar con radios comunitarias fuera de normatividad.

Y en su trato con el EZLN, el gobierno mexicano, permitirá el incremento de grupos paramilitares que masacren a bases o no de apoyo del grupo insurgente como aconteció con indígenas Tzeltales, en la Selva Lacandona en el poblado Viejo Velasco.

A 13 años del levantamiento armado de indígenas mayas y de otros pueblos en el estado de Chiapas, la situación no ha cambiado, se ha empeorado. Solo que ahora, la ventaja es que los ojos de la comunidad nacional e internacional, están puesto en esta entidad, y así, se conoce a tiempo, cualquier agresión que sufren los habitantes de esa entidad.

Y esto no cambiará mientras no exista una relación distinta del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Los pasos iniciales pueden propiciarse desde la Cámara de Diputados, con el llamado de los legisladores indígenas, quienes pueden hacerse eco del derecho de los pueblos indígenas a definir y delinear su futuro, según se asienta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Demandas indígenas

Es importante mantener el tema indígena como prioridad en la agenda nacional, como una de las formas de freno al estallido de conflictos sociales de alta magnitud como el surgimiento del EZLN y de otras fuerzas similares.

Los conflictos agrarios  están latentes, el etnocidio como el caso del pueblo Kiliwa, tiene que llamar la atención, así como: los megaproyectos que ponen en riesgo la integridad física y cultural de los pueblos indios;  la violación de los derechos humanos, ante la incursión de militares en regiones indígenas; la agresión y despojo a los pescadores indígenas, solo porque son indígenas;  la demanda de las mujeres a un trato equitativo que no debemos soslayarlo; los derechos de los indígenas en contextos urbanos; la educación bilingüe o intercultural que hay que profundizar en su análisis; la medicina tradicional; el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación y su incursión en medios convencionales. La lista es interminable.

En este contexto, las organizaciones y los pueblos indígenas mexicanos, tienen el reto de buscar la cohesión interna y la definición de alianzas con otros sectores de la población mexicana como los sindicatos o los movimientos agrarios.

Tal y como se acordó en la I Cumbre Continental de Pueblos Indígenas de Abya Yala, en Teotihuacan, México, la unidad es parte fundamental en este proceso, partiendo de las fuerzas organizativas regionales y de comunidades, para enfrentar coordinadamente los embates gubernamentales hacia sus pueblos. Aislados se vuelven más vulnerables.

Pero esto solo será posible si los viejos liderazgos, realizan una autocrítica y dejan el paso a las nuevas generaciones que fortalezcan el pensamiento indígena contemporáneo.

Los dirigentes nacionales e internacionales deben pasar de los bellos discursos a acciones más definidas. Se tiene el reto de anteponer los intereses de los pueblos indígenas al de facciones o grupos políticos de base e intelectuales.

De no hacerlo así, se corre el riesgo, de seguir en el camino trazado por los gobiernos y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de la extinción y el despojo de los pueblos originarios.

Escuchemos la voz de nuestros ancestros, la sabiduría de nuestros abuelos y la guía de nuestros espíritus.

Genaro Bautista es comunicador indígena mexicano, director de la Agencia Internacional de Prensa India (AIPIN)