Quito, viernes 7 de diciembre de 2007

Carta abierta a la Presidencia de la República,

Asamblea Nacional Constituyente,

Partidos políticos y ciudadanía en general

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ), ante los acontecimientos suscitados en Dayuma, expresamos lo siguiente:

1. Las organizaciones de derechos humanos mencionadas somos organismos independientes y autónomos, no participamos en partido político alguno y actuamos apegados a nuestros mandatos, los que nos comprometen a proteger y promover la defensa de los derechos humanos bajo cualquier régimen político.

2. Las denuncias que realizamos como organizaciones lo hacemos de manera fundamentada y están encaminadas a frenar los abusos de poder, provengan de cualquier institución estatal o funcionario; sin importar nuestras simpatías o antipatías con los gobiernos de turno y los procesos que estos implementen.

3. Nos ratificamos en las denuncias presentadas sobre los excesos que cometieron los militares que arremetieron contra la población de Dayuma, violentando sus derechos, provocando heridas en algunas personas y sembrando terror entre los pobladores

4. El paro de Dayuma fue producto de la indignación de una población a la que no le cumplieron, hasta la fecha, los acuerdos firmados con el gobierno en el año 2005, y no tienen relación con proceso político alguno, ni constituye un acto de boicot para frenar el proceso de cambio que ha anunciado este gobierno, sólo se pide que en este proceso de cambio se incluya a la población marginal, a la que pocas veces llegan los resultados de dichos cambios.

5. Rechazamos la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Orellana y el toque de queda en Dayuma, ya que estos no son mecanismos para lograr los propósitos del gobierno de desmantelar las redes de corrupción existentes, ya que los pobladores acosados ahora no son, y nunca han sido, parte de ellas. El gobierno se equivocó al señalar al paro de Dayuma como una acción deliberada para boicotear al gobierno o a sus políticas.

6. Rechazamos el intento de partidos políticos, como Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano o el PRIAN, de constituirse en defensores de los derechos de estas personas, por carecer de legitimidad y no representarlos. PSP, PSC y PRIAN son responsables de muchas violaciones a los derechos humanos dados en sus regímenes a al interior de las empresas que ellos representan, de ahí que sus intentos de representar a la población de Dayuma ahora solo pueden ser vistos como acciones oportunistas, éstas sí para boicotear el proceso de cambio que deberá emprender la Asamblea Constituyente.

7. Exhortamos a las autoridades nacionales a no dar crédito a vocerías que no representan los intereses de Dayuma y a dialogar con los propios representantes de los pobladores y las organizaciones que han trabajado durante muchos años en la zona, como son el Comité de Derechos Humanos de Orellana, La Red de Líderes Populares Ángel Singre, la Red de Ecologistas Populares, Acción Ecológica y las organizaciones que firmamos esta carta.

8. Exhortamos al gobierno nacional a iniciar un proceso de diálogo que supere la actual situación, que se libere de prejuicios y entienda las razones de una población abandonada y que ha sido criminalizada por seudos informes de inteligencia.

9. Exigimos la derogatoria del Estado de Emergencia, la libertad de los detenidos y la iniciación de una investigación independiente o interinstitucional que determine la realidad de lo sucedido en Dayuma.

10. Finalmente, y de acuerdo a nuestros mandatos, nos ratificaremos en las denuncias internacionales que hemos iniciado y exigiremos pronunciamientos de los organismos que deben velar por la vigencia de los derechos humanos


Elsie Monge
CEDHU

Luis Ángel Saavedra
INREDH

Gualdemar Jiménez
SERPAJ