El lunes 12 de noviembre a las 9:00 horas en la sede del Tribunal de Sentencia de San Marcos, se inicia la acción legal que emprendió la Empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la empresa minera transnacional Goldcorp, en contra de varios líderes comunitarios de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, sindicándolos de coacción, amenazas, instigación a delinquir y lesiones.

Esta acción legal tiene como marco de referencia el proceso de búsqueda de diálogo que iniciaron a finales del año 2006 los habitantes de varias comunidades de San Miguel Ixtahuacán ante Montana, con el objetivo de encontrar soluciones a sus demandas, como la de lograr una compensación económica para los campesinos aduciendo que sus terrenos les fueron comprados a precios muy por debajo de los precios reales por medio de la coacción y el engaño. Además solicitaban que se diera respuesta a las inquietudes ambientales que la explotación minera había causado en los habitantes.

Debido a la negativa de dicha Empresa a dialogar, optaron por bloqueos que buscaban forzar la negociación, no obstante, Montana se negó a negociar hasta que el bloqueo fuera levantado. A través de la mediación de la Diócesis de San Marcos y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la población acordó levantar el bloqueo, pero hasta la fecha Montana no solo que ha incumplido el compromiso de dialogar, sino que además promovió una acción legal en contra de varios líderes campesinos.

Ante este hecho, la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) ha decidido, a través de su equipo jurídico, apoyar la defensa de los líderes comunitarios, “en su búsqueda del respeto a los derechos individuales y colectivos que son inherentes a los habitantes y los líderes comunitarios de San Miguel Ixtahuacán, y para garantizar un juicio justo. Pero también porque lo que se concluye de estos hechos es que se pretende criminalizar el derecho de los campesinos a manifestar su descontento, lo cual no es extraño cuando las demandas son justas y los intereses que se tocan son como los que defiende la empresa Montana”.

La importancia que tiene este caso, precisa la FRMT, “es porque aún cuando muchas poblaciones han decidido a través de consultas no permitir la actividad minera en sus territorios, los intereses económicos buscan inhibir las exigencias de la población a través de sentar precedentes para que en adelante nadie pretenda hacer valer sus derechos. También porque es necesario velar por el debido proceso ante las dudas que pueden surgir sobre la imparcialidad de los órganos del Estado encargados de impartir justicia estando conscientes de la capacidad de presión política y económica que ejercen empresas de la naturaleza de Montana”.

Ante estas circunstancias, la FRMT también hace un “llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones comprometidas con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, con la justicia y la defensa de los recursos naturales para que acompañen y se pronuncien sobre este proceso pero sobre todo para velar porque se realice un juicio justo y apegado a derecho”, según expresa en un comunicado.