Entre el progreso y el rebusque acecha la muerte en el principal puerto de Colombia. En lo que va corrido del año se han registrado 342 homicidios y 15 desapariciones. El guión prescrito presenta la situación como una simple disputa por rutas entre narcotraficantes. Estando allí se comprueba que hay mucho más.

El pasado 8 de agosto, a las 8 de la noche, Álex Mauricio Asprilla Bonilla estaba comiendo en su casa con su tía, que lo había criado. Una llamada rompió el raro silencio que se había instalado en la casa y en la parroquia de San Pedro Apóstol desde hacía días. El muchacho —de 22 años— contestó el teléfono y luego salió con un "ya vuelvo". Al día siguiente, la tía lo buscó como loca. Encontró en una bolsa de plástico las zapatillas. Se echó a llorar, presentía que Álex andaba en "vueltas" desde cuando había prometido traerle un día la llave de una casa nueva. La novia recibió una llamada anónima que le dijo: "No lo busques más. Está muerto. Y nadie puede recogerlo".

Más tarde, el alboroto del barrio hizo pensar a su tía que habían encontrado a su sobrino. Así era. Dos bolsas plásticas arribaban a golpe de ola a la playa, pero ningún vecino se atrevió a tocarlas. La policía, que custodia armada hasta los dientes el barrio las 24 horas, tampoco quiso acercarse a mirar qué tenían las bolsas, con el argumento de que podía ser una celada. La Fiscalía, obligada por los vecinos, aceptó cambiar a Álex de categoría: ya no era un desaparecido, ahora era un occiso.

El cura recogió los restos destrozados de Álex y los enterró. Dijo en la ceremonia fúnebre: "Yo hace muchos días que no realizo funerales a muertos, porque la modalidad ahora es raptarlos, descuartizarlos vivos y tirarlos al mar. ¿Dónde está la autoridad en esos lugares que son \'comunes"\' conocidos y concurridos? ¡Tenemos que rechazar esta costumbre que se está implantando! Muchos son ya los desaparecidos que tenemos que enterrar".

El cura no exageraba: en lo que va corrido del año, las autoridades de policía han registrado los homicidios de 342 ciudadanos en la ciudad y la Fiscalía reporta 15 desaparecidos en los últimos meses.

Lucha por el territorio

El obispo nos recibió solemne y silencioso en la sede episcopal. ¿Qué pasa en Buenaventura, monseñor Epalza? Me miró con cierta burlona piedad: "Aquí hay una lucha por el territorio. Los asesinatos y las masacres hacen desplazar a mucha gente de los ríos hacia Buenaventura; ahora también de un barrio a otro de la ciudad. El origen de todo esto hay que buscarlo en los macroproyectos que están en marcha y que necesitan construirse en la misma tierra donde está la gente pobre, en la bajamar. Es una guerra sucia que busca desalojar a la gente para que abandone su casa y poder así construir el emporio que se proyecta".

Así, de entrada, monseñor Héctor Epalza, quien fue amenazado y obligado a huir de la arquidiócesis por decir lo que sucede en el puerto, nos dio la pista gruesa que desmiente la imagen que el gobierno y muchos medios han elaborado sobre un guión prescrito. Sí, es una lucha por "territorio" que tiene una gran razón de peso y que no es simplemente una disputa por rutas entre narcotraficantes.

Buenaventura tiene un poco más de 350.000 habitantes, de los cuales 256.000 viven en la pobreza y 147.000 en la miseria; el desempleo es del orden del 30%, el doble de la cifra registrada en el país. Es el principal municipio expulsor de población en el Valle del Cauca, con 41.000 personas entre 2004 y 2005. Al mismo tiempo, recibe miles de desplazados campesinos de toda la costa del Pacífico, especialmente de los ríos del sur. En sus muelles atracaron el año pasado 1.600 buques, que movieron 11 millones de toneladas, equivalentes al 46% de nuestro comercio exterior. Y para redondear: en lo que va corrido del año se han registrado 25 explosiones que han dejado 19 muertos y 126 heridos.

¿La raíz del problema?

Más allá de las cifras están los fenómenos sociales que las explican.

No es excepcional oír decir que en la raíz del problema están la liquidación de Colpuertos en el año 1993 y el traslado de sus funciones a la Sociedad Portuaria, una empresa mixta, constituida en un 80% por capital privado, que ha reducido el personal de unos 12.000 empleados a 3.500. Se dice que la reducción es más grave aún si se tiene en cuenta que cada jefe de hogar mantenía por lo menos a dos mujeres con su familia.

Asimismo, la privatización de la empresa ha implicado una baja sustancial de los salarios. La Sociedad Portuaria no contrata directamente, sino a través del sistema de cooperativas de trabajo asociado, una trampa que han encontrado los patrones para birlar los salarios mínimos y las prestaciones sociales. Sobraría decir que el otrora poderoso sindicato de Colpuertos, tan estigmatizado, dejó de existir y la contratación quedó sometida a los espasmos de la ley de oferta y demanda. Estas \'cooperativas de maletín\', como se les conoce, fueron autorizadas por Ley 50 del 90, con la prescripción explicita de "cumplir con las normas establecidas en la legislación laboral".

El presidente Uribe ha realizado no menos de cinco consejos comunales en el puerto. Uno de ellos fue muy famoso en el país: destituyó a gritos a un funcionario de la Alcaldía por una supuesta cooperación con el narcotráfico, que el director de la Policía le había contado informalmente unos minutos antes de la reunión. El funcionario fue exonerado del cargo, pero la Nación tendrá que enmendar el embuste pagando una millonaria indemnización al empleado.

Las grandes obras de progreso que el presidente Uribe ha promovido y a las que se refiere el obispo, son las siguientes:

Complejo Industrial y Portuario: Un terminal marítimo multipropósito y una planta de abastecimiento de combustibles líquidos. Contará con 700 metros de muelle, lo que permitirá atender cuatro buques post panamax y máximo 900.000 contenedores. Mientras un panamax común puede cargar hasta 4.500 contenedores, un post panamax puede llevar 12.000. La ampliación de las esclusas del Canal de Panamá se debe a la construcción de estos gigantescos buques.

Puerto Industrial de Aguadulce: tiene profundidad media de 16 metros, cuenta con 500 hectáreas de terreno para su desarrollo y tendrá capacidad para 10,5 millones de toneladas en su desarrollo total: 700.000 contenedores anuales.

Malecón de la Bahía de la Cruz: "Contará —anuncia la Alcaldía— con centro internacional de negocios, centro de convenciones, atractivos turísticos, parques, plazas, complejos habitacionales, hoteles y playa".

El trasfondo de las obras

El conjunto de estas obras está mirando hacia el mercado del Pacífico y el TLC, argumenta el gobierno. Los puertos —todos privados— y el malecón significan una valorización extraordinaria de las tierras costeras y, por tanto, el traslado de por lo menos 70.000 personas.

El Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo ha prometido un plan subsidiado de vivienda de interés social para 12.000 familias, que espera financiar con los 87 millones de dólares encontrados en las caletas de Chupeta, que también reclama la DEA.
Pero la gente no quiere irse y las razones son varias. La primera y más importante es que en la bajamar pescan o recogen moluscos y así solucionan el problema básico de su alimentación diaria. La segunda razón que alegan los pobladores es que la cercanía de los manglares les permite mantener su casa en pie cambiando las varas cada vez que las necesiten. La tercera razón —no válida para todos— es que en que las zonas de bajamar existen numerosos puertos clandestinos ocultos en los manglares, por donde pueden salir cargamentos de cocaína en lanchas menores para ser reembarcados en alta mar.

Mucha gente vive —o aumenta sus ingresos— como caleteros de bolsas que contienen cocaína, insumos para su procesamiento o simplemente mercancías de contrabando. Es una modalidad de rebusque muy vieja en el puerto, que ahora las autoridades antinarcóticos han hecho pública para complementar los argumentos que justifican la guerra decretada por Washington contra la droga.

Las guerras en la bajamar

La bajamar es entonces un territorio donde se libran dos guerras: la del "progreso" y la del "rebusque". La lucha por el control de estas zonas la llevan a cabo los paramilitares, las guerrillas y las Fuerzas Armadas. Cada contingente defiende tanto intereses genéricos como intereses particulares. La población local se ve envuelta entre sus necesidades y las oportunidades, entre el respaldo de una fuerza determinada y el riesgo de ser atacada por la otra.

Es así como un barrio como el Alfonso López está bajo el dominio de los paramilitares, mientras que el Alberto Lleras está por cuenta de las guerrillas y el centro de la ciudad es territorio formal del Estado. No obstante, el control no es ni total ni permanente y ello lo demuestran las numerosas bombas que han estallado en lugares distintos. Mientras unas explotan al paso de un carro de la Policía, otras matan civiles, y otras, por fin, están calculadas con frialdad para sembrar y conservar vivo el terror.

Un terror que se desató hace dos años, cuando llegó un grupo de paramilitares vestidos de civiles al barrio Alberto Lleras, invitando a varios muchachos que charlaban y mamaban gallo en la calle a un partido de fútbol en una cancha cercana. Eran 12 pelados sin trabajo —aunque nuevos informes hablan de 24—. De todos modos, los engatusaron con el cuento del juego y con el gancho de pagarles 200.000 pesos por gol. Los pelados fueron llevados en una buseta y luego descargados en la cancha de fútbol, donde los esperaban hombres armados que les dispararon a quemarropa sin contemplación alguna, y los dejaron muertos a todos, en el suelo, con un machetazo de gracia en la cabeza.

Un crimen horripilante que hizo saber al país que algo grave estaba sucediendo en Buenaventura. Desde entonces no deja de haber muertos y bombas. La ciudad está militarizada calle a calle, salvo en aquellos barrios —dicen los vecinos— donde el orden está garantizado por los paramilitares.

El control del territorio por parte de los paracos se ha hecho más patente y descarado en las tres plazas de mercado del puerto —llamadas en la región galerías—, donde desde siempre, campesinos y pescadores llegaban a vender su trabajo en el suelo o en una mesa. Hoy, suelo, mesas y productos han sido apropiados por grupos de paramilitares reinsertados que terminan quebrando con vacunas o extorsiones a los vendedores hasta obligarlos a desplazarse de los mercados.

Los nuevos patrones fijan los precios al público de los productos, los cánones de arrendamiento de los puestos y el valor de los inmuebles, de tal suerte que la diferencia entre el valor real y el decretado es una de las fuentes de sus ingresos. Medidas idénticas permitieron a Hernán Giraldo, el temible paramilitar de la Sierra Nevada, apropiarse del mercado de Santa Marta.

En este escenario de miedo, desconfianza y desasosiego, las escalinatas de un gran edificio público en el centro de la ciudad —sitiado por una humedad apabullante que cría líquenes verdosos en sus paredes, como si la selva reclamara su geografía— se llenan con miles de bonaverenses que reclaman los formularios para ser incluidos en el programa Familias en Acción.

El Gobierno, con las elecciones a la vista, ha programado 12.000 cupos adicionales que le dan derecho a cada familia de reclamar un \'auxilio\' o "subsidio" de unos 25.000 pesos por hijo matriculado en la escuela. Son ayudas previstas para el estrato 1, el más pobre, pero los políticos locales, con sus influencias en Acción Social, han encontrado la fórmula para reclasificar a su clientela y pasarla de los estratos 2, y hasta 4, al 1. ¡Que viva la fiesta!

-Publicado en el Semanario El Espectador - Agosto 26 al 1 de septiembre de 2007