La discusión de la integración en el sector energético tal vez sea una de la que nos brinda más elementos concretos para poder ejemplificar cual es la brecha entre el modelo imperante de integración y la construcción de un modelo alternativo.

Tal vez esto sea así por varios motivos, por un lado las iniciativas oficiales siempre estuvieron ligadas a los proyectos en esta área y por otro lado por ser un elemento sensible en muchos aspectos, en particular en lo que respecta al rol de la energía como dinamizador de los proyectos productivos en la región.

De esta manera el desarrollo histórico nos muestra una serie de hitos en los que se han embarcado los gobiernos para promover un proceso de obras asociadas al pretendido proyecto de integración.

De esta manera podemos ver que desde hace varias décadas diferentes instituciones construídas desde los estados y desde las empresas impulsan obras de infraestructura entre las que se encuentran las energéticas para promover dicha integración. En este marco encontramos instituciones como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Comisión para la Integración Energética Regional (CIER), Mercosur, y algunas más. Algunos de ellos con un mayor perfil político y otros asociados al análisis de las características técnicas de los procesos.

De todas maneras estos proyectos tuvieron un lento desarrollo durante las décadas anteriores adquiriendo un importante impulso en la última década asociado a una profundización del modelo exportador primario de las economías de la región y a la necesidad de garantizar la seguridad energética para la producción-extracción de recursos de la región ante la demanda creciente de energía y el agotamiento relativo de los recursos para producirla en diferentes países y regiones.

De esta manera podemos observar como el proceso histórico nos ha llevado a una transformación del sector energético regional en donde se pasa progresivamente de un manejo estatal de la planificación, prospección y producción energética a un proceso dominado fundamentalmente por las empresas, en particular las transnacionales.

El papel creciente del sector privado lo podemos ver en innumerables documentos en los que podemos leer por ejemplo:

“En el pasado tanto la construcción de centrales eléctricas binacionales, como líneas de interconexión eléctrica entre países respondían a decisiones de los gobiernos, que eran llevadas a cabo por empresas, asimismo públicas. Entre los proyectos de ese período, que contaron con la participación del BID, figuran, la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, construída para conectar los sistemas eléctricos de Argentina y Uruguay; así como la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, que liga los sistemas de Argentina y Paraguay. El proyecto más reciente es el gasoducto Brasil-Bolivia, con capacidad para transportar treinta millones de metros cúbicos de gas por día, vinculando Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, con San Pablo y Porto Alegre en Brasil, a lo largo de 3150 Km.

Al hilo de las reformas de los sectores energéticos, una nueva dinámica apareció en los procesos de integración antes mencionados. En los países donde las reformas se encuentran en estadio más avanzados, como Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, agentes privados reemplazaron a los gobiernos, pasando a convertirse en importantes actores en los sectores energéticos. De forma tal que el sector privado ocupa hoy una posición privilegiada a la hora, tanto de evaluar las ventajas relativas entre los países, como de aprovechar las oportunidades de comercializar los intercambios de energía al por mayor entre los respectivos mercados” ( BID, 2001)

De esta manera y desde esta óptica la “eficiencia” de la integración se evalúa en función de que pueda existir un sistema de compra y venta de energía en la región que garantice no solo la seguridad de abastecimiento sino la rentabilidad de los proyectos productivos asociados a los mismos. En definitiva garantizar la circulación de la energía como mercancía optimizando las ganancias no solo de las empresas que se apropian de la misma a precios subsidiados sino consolidando importantes ganancias a las empresas que tienen a su cargo tanto la infraestructura como la producción energética. Sin dudas uno de los grandes ganadores en el proceso de integración energética son el grupo de transnacionales que operan en los diferentes países aprovechando las ventajas comparativas de sus legislaciones y regulaciones para elevar sus tasas de ganancia a niveles descabellados.

Es el caso por ejemplo de la empresa Repsol que en el año 2004 teniendo en Latinoamérica solo el 28,2% de sus ingresos por explotación obtuvo aquí sus mayores tasas de ganancia alcanzando los resultados operativos en la región el 61,9% del total de ganancias obtenidas a nivel mundial por el grupo. (ARELOVICH, BERTINAT, et al 2006)

Pero no solo podemos ver que obtiene tasas de ganancias escandalosas sino que es uno de los ejemplos de la integración energética en la práctica. En el cuadro siguiente podemos ver algunas de las empresas del grupo que ilustran su incorporación en toda la cadena energética y en un número importante de países a América Latina.

También lo podemos ver en otros grupos de empresas como el que representa Endesa en el siguiente cuadro: AEDO, 2006

Los actores empresariales se repiten en la región y vemos así que gran parte de las transacciones comerciales de energía son en la práctica ejemplos de comercios intrafirma.

Es importante ver el marco en el que se da este proceso. De esta manera en los gráficos siguientes podemos ver las tendencias de producción de gas y petróleo y energía eléctrica en la región

Fuente: elaboración propia en base a datos de: www.EIA.doe.gov y www.IEA.org

Esto podemos contrastarlo con la evolución del producto bruto interno de la región en estos años que vemos en el siguiente cuadro:

Fuente: elaboración propia en base a datos de: www.comunidadandina.org

Aquí podemos ver que independientemente de los vaivenes del llamado “crecimiento” mostrado por este indicador, la producción tanto de petróleo como la de gas y energía eléctrica no muestran dichos altibajos mostrándonos un crecimiento constante.

Esto plantea dos cosas, por un lado una intensidad energética de tendencia creciente, indicando que para conseguir cada dólar de producto bruto interno se necesita más energía. En segundo lugar muestra que muy claramente el “negocio” de la energía que crece a un ritmo incluso más acelerado que la economía medida con sus parámetros ordinarios.

En el siguiente cuadro podemos ver como se ha incrementado el consumo per cápita de energía en la región:

Fuente: elaboración propia en base a datos de: www.EIA.doe.gov

Sin embargo debemos aclarar que estos indicadores tradicionales nos muestran el promedio de la región por un lado y por otro esconden es un consumo teniendo en cuenta no solo el consumo residencial sino fundamentalmente el industrial, transporte y otros sectores que son los que más han crecido.

Así es que podemos ver que mientras en un país como Bolivia con recursos energéticos es consumo es de 4,069 BEP/hab, mientras en Chile el consumo es de 13,42 BEP/hab o Venezuela 20,75 BEP/hab, a lo que debiéramos sumar las inequidades internas existentes dentro de cada uno.

El otro dato interesante de analizar es la subvención económica del precio de la energía que se hace desde el sector residencial al industrial como podemos ver en el siguiente cuadro: HONTY 2006

La integración energética existente también nos muestra su cara ambiental cuando vemos la

devastación de los territorios abordados por la empresas energéticas, a los millones de excluidos, afectados, desplazados por los proyectos petroleros, gasíferos, grandes represas, industrias químicas asociadas, transporte , etc

“El SOTE (Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano), sufre tres rupturas a la semana. En Perú, el gasoducto de Camisea, en menos de un año y medio de inaugurado, ya ha causado 5 desastres. En un accidente provocado por un gasoducto de Bolivia operado por Transredes, se quemaron 29 personas y numerosas viviendas quedaron destruídas. En el gasoducto Norandino a poco tiempo de inaugurado, se produjo un incendio por una fuga de gas en la región de las yungas argentinas que fue apagado solo después de varios días”. (OILWATCH 2006)

El inventario de pasivos es grande y podemos pensar en las comunidades originarias afectadas por la represa de Ralco o las 50000 personas que se debieran desplazar para elevar la cota de Yacyretá fundamentalmente en Paraguay.

Este es el marco de la integración energética existente, fuerte concentración de un grupo de empresas que se configuran como las gerenciadoras e implementadoras de este proceso, un muy fuerte impacto sobre los recursos que están viendo descender sus reservas, grandes impactos sobre el ambiente y las comunidades, insatisfacción de las necesidades básicas de millones de habitantes del continente.

A esto debemos sumar la existencia de proyectos concretos, entre otros los incorporados en IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) y otros que tratando de aprovecharse de dineros públicos intentan consolidar la infraestructura necesaria para el modelo extractivista imperante a través de los llamados ejes de integración.

Pero la coyuntura actual no es la de los años noventa, vemos en América del sur un conjunto de gobiernos que pusieron freno al ALCA como tal, que en algunos casos se oponen a la táctica imperial de los tratados de libre comercio y que al menos desde el discurso intentan plantear una integración distinta.

Sin embargo se sigue imponiendo la idea desarrollista de que detrás del “crecimiento” de la economía existirá un goteo que permita mejorar las condiciones de vida de los excluidos. Sin embargo ya todos sabemos que se necesita un crecimiento exponencial para evidenciar un tímido goteo y este crecimiento se realiza a expensas de los recursos de la región, de la integridad y sobreranía de los pueblos y comunidades locales.

Se trata de debatir en este campo en función de que los gobiernos progresistas de la región no consoliden el modelo de desarrollo actual favoreciendo el rol de las transnacionales en la región o de otros sectores de capitales nacionales.

Esta misma situación de debate regional que posibilitó las amplias movilizaciones contra el ALCA en la región deben permitir construir una plataforma energética que responda a los intereses de las comunidades y no de las grandes empresas.

Pero para ello es imprescindible que los gobiernos de la región abran al debate con la sociedad civil el paquete de proyectos de integración energética que están discutiendo y planificando.

En la reciente XXXVII reunión de Ministros de Energía realizada el 8 de septiembre en la ciudad de Méjico, en el marco de la OLADE, los mismos decidieron autorizar a la secretaría de OLADE a “buscar los recursos económicos para que se apoye a los Países Miembros, en la instrumentalización y desarrollo de marcos jurídicos de integración, en los diversos acuerdos energéticos regionales, subregionales, binacionales e incluso los llamados ejes de integración”. Y en su declaración final plantea: “Manifiesta la voluntad política para continuar apoyando el proceso de integración energética por subregiones, impulsando el desarrollo de marcos jurídicos, que permitan inversiones públicas y privadas, de manera de utilizar recursos abundantes, limpios y económicos disponibles en la región tal cual son la hidroelectricidad y el gas natural”.

Es imprescindible que los gobiernos y en este caso también OLADE como su instrumento permitan abrir el debate de los diferentes proyectos energéticos para la región.

Incluso en el contexto de gobiernos progresistas de la región el camino de la integración de los pueblos no será fácil y como muestra podemos ver la reciente presión del gobierno de Brasil y Petrobrás para quebrar la iniciativa boliviana de nacionalización del proceso de refino y demás que involucraba a la multinacional brasilera.

Se hace imperioso discutir otro modelo energético en el marco de otro modelo de integración y en este sentido esta construcción debería contemplar:

• En primer lugar la democratización del proceso de debate y toma de decisiones respecto a los proyectos específicos de integración energética en la región a través de mecanismos que garanticen la participación ciudadana.

• El apoyo a la lucha de los pueblos y comunidades que enfrentan proyectos energéticos devastadores del medio ambiente y las condiciones de vida

• La recuperación de la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, en particular los energéticos. Esto conlleva la discusión no solo de la propiedad de los recursos naturales sino también de los mecanismos de apropiación y utilización de los mismos.

• La construcción de las políticas energéticas desde las comunidades y pueblos apropiándose de las mismas como parte fundamental de la construcción de otro modelo de desarrollo.

• La eliminación del concepto de energía como mercancía sujeta a los parámetros de los mercados.

• La concepción de la energía como parte de los derechos humanos ampliados y derecho de los pueblos a disponer de la misma a fin de garantizar condiciones de vida dignas.

• El acceso a los bienes energéticos de manera digna por las diferentes poblaciones de acuerdo a las particularidades sociales y culturales de cada pueblo.

• La relación entre las fuentes de energía y la justicia ambiental, en pos de avanzar en la sustentabilidad socioambiental.

• El avance en la incorporación de fuentes renovables de energía utilizadas sustentablemente y el uso eficiente de la energía en los diversos sectores.

• La incorporación de las externalidades de los procesos energéticos perjudiciales al ambiente con cargo sobre las empresas responsables de las mismas.

Discutir sobre políticas energéticas significa discutir políticas de desarrollo y en este sentido es imperioso poder entablar el debate respecto a para qué y para quién deseamos y necesitamos producir energía. Poner en debate el modelo industrial de los diversos países, que queremos producir, de que forma y para quién lo estaremos realizando. En la medida que no podamos viabilizar estos debates se seguirán contraponiendo los proyectos de energía para las empresas y para su exportación virtual en los productos primarios que exportamos o la energía para el desarrollo humano

Referencias:

AEDO, 2006. Endesa en América Latina. Impactos en la matriz energética y la sustentabilidad regional. Aedo, María Paz. Conosur Sustentable, marzo 2006. Trabajo realizado para la Alianza Social Continental

ARELOVICH, Bertinat y ot., 2006. Repsol en Argentina. Aproximación al perfil e impactos de la empresa, Arelovich, Sergio, Bertinat, Pablo y ot. Conosur Sustentable, marzo 2006. Trabajo realizado para la Alianza Social Continental

BID, 2004. Integración Energética en el Mercosur Ampliado, Washington DC, 2001

HONTY, 2006. Renovables y Sustentables, Gerardo Honty, presentación en el 3º Foro Regional de Energías Renovables, 19-20 de septiembre 2006, Buenos Aires

OILWATCH 2006. Frente al gasoducto del sur. Declaración de Oilwatch, abril 2006 en www.

- Ing. Pablo Bertinat, ingeniero argentino, es Coordinador del Área Energía del Taller Ecologista, Programa Conosur Sustentable