En lo que ya es un rosario de proclamas de funcionarios priístas y ahora panistas a favor de la entrega del complejo petroeléctrico de la nación, el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, afirmó la semana pasada que de ganar el PAN se reformará la Constitución para la "apertura" de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión privada (nacional y/o extranjera). Siguiendo una maña crónica del prianismo el anuncio se hizo usando una plataforma extranjera. Canales Clariond desde La Jolla, California, dice que la "reforma" más importante "debido a la sensibilidad política y emotiva que despierta, es la apertura del sector (de la energía) a la inversión privada". De ganar el PAN, se esperaría "... que en los próximos meses se tomen algunas decisiones en este sentido" (La Jornada, 17/5/06, p.15). Pero no fue Canales Clariond, sino Raúl Muñoz Leos, el ex empleado de Dupont que Fox colocó en la dirección de Pemex, quien condensó el perfil de lacayo ferviente del panismo ante EU: "el reto es: cómo esta riqueza -el petróleo- debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional, de nuestros principales socios comerciales". Desde que terminó la gestión nacional de Pemex en el sexenio de Echeverría, como indica el analista Fabio Barbosa, esa empresa junto con el sector eléctrico, está siendo traspasada íntegra e inconstitucionalmente a la plutocracia extranjera y sus socios locales. A finales del salinato, Louis Uchitelle dio a conocer desde el New York Times (NYT) que no sólo estaban en oferta las plantas petroquímicas, sino que también se contrataban a las empresas estadounidenses para realizar tareas de perforación, despidiendo a miles de trabajadores y técnicos mexicanos para preparar el terreno a la privatización. Se colocó al petróleo como aval a préstamos extranjeros, "una práctica ilegal después de que México nacionalizó la industria en 1938". Como indiqué en esa oportunidad, por encima del estado de derecho se imponía el estado de poder. Apoyándose en opiniones como las de Rogelio Ramírez de la O., un economista que, según el NYT, "ya forma parte del creciente número de mexicanos que argumentan que las leyes petroleras de los años treintas ya no tienen justificación", se elaboraron mecanismos para darle la vuelta a la Carta Magna: "ya las leyes empiezan a erosionarse", festeja Uchitelle, "aunque todavía no se dé un rompimiento público con el pasado", indicando que prestamistas internacionales serían los titulares de una refinería que se construiría en Salina Cruz, operada por Pemex, como especifica la ley mexicana "pero no será su dueña hasta que pague los mil 400 millones de dólares que cuesta". Desde entonces los mecanismos que se usan para desmontar los principios constitucionales y legales muestran gran creatividad, con el Banco Mundial y las asesoras colocadas en la dirección de Pemex-CFE, encabezando los créditos de autoría. El anterior fue un procedimiento supervisado por el Citibank, con el abierto endoso de Ernesto Marcos Giacoman, entonces director de Finanzas de Pemex, y quien mostró cierto orgullo por lo inteligente y astuto del esquema. Ahora es el presidente de la Comisión de Energéticos del PRI, nombramiento consistente con el "aperturismo" de Madrazo en materia energética. Es grande la torpeza desnacionalizadora cuando mundialmente se afianza la tendencia opuesta a la depredación extranjera de recursos naturales finitos, especialmente ante el incremento sostenido de los precios. La política que impulsan Venezuela y Bolivia de engrosar su tajada del pastel, petrolero y gasero, limitando las ganancias de las empresas extranjeras, entre ellas las llamadas "siete hermanas" (ahora Exxon, Mobil, Chevron, Total, Royal Dutch Shell, Conoco-Phillips, British Petroleum), es racional ante una observable declinación en la tasa de descubrimientos de yacimientos supergigantes. A pesar de las fabulosas ganancias de esas empresas, disminuye sistemáticamente o se dificulta su control sobre los yacimientos y la operación directa del recurso, ante una creciente competencia de las empresas nacionales. En la década de los sesentas las "siete hermanas" controlaban 85 por ciento de todas las operaciones, 14 por ciento lo hacía la ex Unión Soviética y sólo uno por ciento las empresas nacionales. Hoy estas últimas controlan 60 por ciento, las "siete hermanas" 16 por ciento y un 19 por ciento es de acceso limitado (Businessweek, 15/5/06). La ineptitud entreguista del PRIAN se comprende mejor si se tiene presente que si bien nuestros yacimientos han sido brutalmente depredados, con una inversión adecuada la situación puede revertirse, algo necesario en un contexto internacional además signado por la caída drástica de las "tasas de reemplazo" de las "siete hermanas", ya que se consume más petróleo del que se repone. En este contexto abrir Pemex, como proponen Calderón y Madrazo -y como ha hecho Fox a lo grande y contra la Constitución por medio de contratos- es un atentado a la soberanía y seguridad nacional y un pésimo negocio para el país, que el elector puede revertir este 2 de julio.