“Las políticas neoliberales son contrarias a la integración. La continuidad de las políticas neoliberales por parte de los gobiernos latinoamericanos y la imposición de los criterios corporativos desde las empresas más poderosas de la región, impiden un fortalecimiento del Mercosur en términos de la integración social, cultural, educacional, deportiva e informativa. Sin una visión de coordinación global y soberanía continental, los Estados no podrán revertir su debilidad frente a la “hegemonía unipolar del imperio norteamericano” (y sus aliados)”. “Hay que coordinar políticas de planificación, de desarrollo industrial, creación de moneada única. No tenemos que disputar el refrigerador de un país u otro sino construir un refrigerador del Mercosur”. “Los avances para la integración en política económica, si los hay, vienen de Venezuela, que es el gran motor de los avances en la integración. Los avances del Mercosur fueron ventajosos para las grandes corporaciones. Los movimientos sociales participan unilateralmente, si es que participan. No hay integración educacional, deportiva, informática. No hay un planteamiento estratégico para construir un continente integrado. Es un proyecto de facilitación de intercambios”. Emir Sader, Politicólogo.
Coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. PRIMERA PARTE I) UNIFICACIÓN IMPERIAL O UNIDAD CONTINENTAL SOBERANA. El actual estadio de desarrollo del capitalismo tendiente a establecer la globalización hegemónica unilateral exige, como condición de posibilidad de su dominio, un imponente e inigualable poder militar, un gigantesco sistema de acumulación financiera a nivel mundial y un salto tecnológico cualitativo. Los tres instrumentos, han sido puestos en práctica por Estados Unidos en los últimos 30 años. De lo primero, basta señalar las invasiones a Afganistán e Irak y las amenazas sobre Irán, lanzado al dominio de los principales yacimientos petrolíferos. Subrayando que la invasión a Irak se ejecutó en la cima de la soberbia imperial, al margen y en contra de la abrumadora mayoría de países y de las Naciones Unidas. De lo segundo, mencionemos el formidable aparato de succión financiera impuesta mediante la especulación y el dólar sobrevaluado como casi única moneda de cambio internacional. Junto al manejo discrecional, a esos fines, de la tasa de interés, agregado al mecanismo de la deuda, como modo de vaciamiento de los recursos de los países vasallos o dependientes, para su sumisión con pretensión de permanencia. Y, por último, la revolución tecnológica en el mundo de las finanzas, las comunicaciones y el transporte, con su consiguiente abaratamiento, concentración y celeridad. Pero como señalaba Hegel: “nunca es más oscuro que un minuto antes de amanecer”. Por ley interna del desarrollo de las contradicciones, han comenzado a surgir nubarrones en el horizonte, que ponen en tela de juicio, al menos, la perdurabilidad de ese buscado hegemonismo excluyente. Las emergentes China e India, integrantes del exclusivo club atómico, reúnen por sí, un tercio de la población mundial. En esa no común mixtura de economía planificada y libre mercado, en grados diversos, han logrado una inusual y sostenida tasa de inversión y crecimiento, que les harán ocupar en pocas décadas los primeros lugares como potencias económicas. La Unión Soviética triturada por el huracán del neoliberalismo, transfigurada en un híbrido, comienza a recomponerse, lentamente, en un resurgimiento del estatismo Ruso. En América del Sur, el Brasil del contradictorio Lula Da Silva, lleva a cabo, en lo internacional, bien que sin audacias excesivas, una política estratégica correcta en líneas generales, mientras mantiene intocada, en lo interno, la estructura reaccionaria de las últimas tres décadas. Las debilidades y contradicciones de todos ellos, empero, sumaron en conjunto, una fuerza suficiente para poner un freno, en seco, al arrollador avance del neoliberalismo, en la última reunión de la OMC (Organización Mundial del Comercio), en Cancún. Por primera vez, se negaron a aprobar, junto al G-20, contra EE. UU. y Europa, las exigencias de continuidad en el aperturismo de los mercados en los servicios y compras estatales, mientras éstos no liberen de subsidios y aranceles exorbitantes sus mercados agrícola-ganaderos. En ese contexto, la contigua reunión de Mar del Plata, permitió a los países América del Sur que integran el Mercosur, con el liderazgo de Brasil y Argentina y el abierto apoyo de Venezuela, negarse, tenazmente, a constituir el ALCA, el pacto de sumisión a EE. UU., ratificando su voluntad de constituir una integración soberana con los países del sub-continente. Acto seguido, la inmediata incorporación de Venezuela y su jefe popular Hugo César Chávez Frías, como miembro pleno al Mercosur, fue una consecuencia necesaria. Su nacionalismo popular radicalizado, con tendencias socializantes, ha impreso un nuevo dinamismo al proceso de unidad. Y ha permitido replantear algunos de los ejes en lo político, económico, social, cultural e institucional que son centrales, y que han fortalecido el proceso de unidad, al tiempo que le han dado una nueva dimensión y perspectiva estratégica. Los casi simultáneos triunfos de Evo Morales, en Bolivia, y Michele Bachellet en Chile y las manifestaciones de ambos de aproximarse al Mercosur, como países asociados, o integrase definitivamente, como miembros plenos, corren en la misma dirección. Que una hábil política debería incorporar, con un prudente y democrático equilibrio en el desarrollo macroeconómico conjunto y garantías de compensaciones para los países de menores recursos, en el proceso de asimilación a la obra común. Este proceso ascendente hacia la unidad, se ve contrastado por la abierta o velada oposición de las oligarquías locales y las grandes corporaciones de capital extranjero. Y por el desplazamiento, por EE.UU. de bases militares permanentes en Ecuador y Colombia y, ahora, con el aeropuerto Mariscal Estigarribia, en el Chaco Paraguayo, para monitorear los procesos de todos los países limítrofes. El hostigamiento al Mercosur se lleva a cabo desde el dolarizado Ecuador, aunque con un persistente movimiento indigenista en crecimiento. En Perú, acosado por el nacionalismo militar y popular de Ollantay Humala. Y Colombia, paralizada por la resistencia armada de las FARC. Los dos últimos, han refrendado, cada uno por separado, un Tratado de Libre Comercio con EE. UU. Son países integrantes, junto también a Venezuela, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y guardan contradicciones insalvables con el inviable neo-liberalismo de sus actuales gobernantes. Y entrarán en mayor tensión, en lo interno de cada uno y como conjunto, cada vez más, en la medida que avance y se consolide el MERCOSUR. II) EL MODELO DEPENDIENTE: PRIMARIZACIÓN AGRARIA, INDUSTRIALIZACIÓN COMPLEMENTARIA. El conflicto surgido entre Argentina y Uruguay por el establecimiento de dos fábricas de celulosa, en las márgenes del fronterizo río Uruguay, ha puesto en evidencia los problemas que se plantean a la América del Sur referidos al modelo de desarrollo dependiente y el modo de inserción en el mercado mundial. Y simultáneamente, la respuesta a dar al problema desde una perspectiva de integración regional independiente y soberana. A modo de un inmenso aparato de circulación extracorpórea, los países metropolitanos intercambian productos primarios por productos industriales, o bien se apropian de modo extorsivo de nuestros recursos naturales, para luego industrializarlos e intercambiarlos con valor agregado incorporado. Se establece, entonces, un sistema permanente de “deterioro de los precios del intercambio”, con creciente beneficio unilateral para una de las partes. Tal mecanismo unido a la exacción financiera, determinada por el endeudamiento que naturalmente segrega el sistema –explicados de modo más sencillo posible-, constituyen la base de la estructura de dependencia de los países periféricos hacia los países centrales. El eje de esta política pasa por impedir o limitar al máximo posible que los sometidos se industrialicen de manera autónoma, con un modelo autocentrado, para su propio beneficio y de ese modo independizarse. Como afirma Ricardo Carrer –ambientalista uruguayo, miembro del grupo “Guayubirá”, en el caso de las fábricas en cuestión: “No son papeleras, sino fábricas de celulosa. Aquí no van a producir un gramo de papel, sino pulpa, que en todo caso se exportará para que otros hagan el papel.” A partir de los años 80, las corrientes ambientalistas acentuaron sus reclamos, especialmente en Europa. Los países centrales entonces, guiados por la necesidad de incrementar su tasa de ganancia, determinaron que, para preservar sus propios recursos y, al mismo tiempo, eliminar los conflictos internos, debía, también, transferir el grueso de las “industrias sucias, contaminantes”, a los países de la periferia, perfeccionado el sistema de dependencia. Dejando los mayores costos, incluido los del deterioro del medio ambiente, a cargo de los sometidos. El Protocolo de Kyoto, de defensa del medio ambiente, fortaleció esta tendencia y la consagró en textos de la Unión Europea. El “Consenso de Washington”, impuso en América Latina, de manera generalizada, la garantía estatal de las inversiones extranjeras, la jurisdicción extraterritorial como modo de resolver los conflictos entre empresas extranjeras y estados nacionales y la determinación de la cuantía de los daños a reparar, a beneficio de esas mismas empresas. Al mismo tiempo que exigía las privatizaciones y las desregulaciones de las empresas estatales, hacía inviables o impedía a futuro las nacionalizaciones, en gran medida, por onerosas en exceso. La inversión de las fábricas de pasta celulosa es ejemplificativa. Se han de instalar dos plantas a cada lado de la boca del río Negro que desaguan en el Uruguay. Una, “BOTNIA”, de capitales finlandeses, para fabricar 1.000.000 de toneladas anuales de pulpa de celulosa y con una inversión estimada en un monto de 1.100 millones de dólares. Otra, “ENCE” (Empresa Nacional Celulósica de España), de capitales españoles para fabricar 500.000, con una inversión de 600.000 dólares, con destino a ser ampliada a 1.000.000 de toneladas, cuando la empresa lo determine. Las fábricas de papel, industria “limpia” no se establecen en el país. A más, se han enajenado y forestado con eucaliptos y pino, más de 700.000 has., que pueden llegar a 1.000.000, un 6% de superficie disponible del país, a manos de empresas de capital extranjero, en tierras dedicadas antes a la ganadería. Estas especies para crecer demandan una gran cantidad de agua, y en algunas partes del país ya existen problemas de carencia. En definitiva, se ha establecido –por exigencias de las empresas- un monocultivo de bases latifundistas, afectando la bio-diversidad y expulsando a importantes sectores de pequeños y medianos productores. Ricardo Carrere, agrega: “Nosotros, como ambientalistas, empezamos a trabajar hace diez años, porque tuvo como gran impacto la extranjerización de la tierra. Una empresa forestadora norteamericana, como la Weyer Haeuser, era dueña, hace dos años, de 130 mil hectáreas, y siguió comprando. Botnia y Ence tenían, un año atrás 100.000 has. cada una, y también compraron más”. Otro uruguayo Gustavo Melazzi, a su vez, expresa: “Hay aún posibilidades de ampliar la superficie de forestación y varias empresas siguen comprando tierras y anunciando inversiones como la Sueca STORA ENSO. Esto indica que más que un aprovechamiento del suelo de manera combinada, como podría ser la mixtura entre ganadería y forestación, se acentúa el modelo de monocultivo” El economista y docente uruguayo José Rocca (Universidad de la República) hace un severo balance de estas inversiones y su real significado, al afirmar: “Estamos inscriptos en una división internacional del trabajo que nos lleva a tener que aceptar las actividades indeseables que forman parte de las cadenas productivas controladas por las grandes trasnacionales. Esos costos son un mal negocio tanto por la contaminación como por el poco impacto de empleo directo que tienen esas inversiones. Son inversiones de 1200 millones de dólares de los cuales 900 se dedicarán a instalar las plantas. Además las mayorías de ese dinero entra por medio de la importación de maquinaria ya producidas en otros lugares. Claro que se puede hablar de un impacto en el PBI de la economía nacional, pero los ingresos generados se los llevan mayoritariamente las empresas transnacionales. Creo que lo que vemos en la instalación de estas plantas es una suerte de menemismo tardío, en el sentido de que hay un sector de la derecha económica que aprovecha la desavenencia dentro del Mercosur para presionar por un acuerdo directos con Estados Unidos”. Esas inversiones importan un monto equivalente al 10% del PBI del país, y han de agregar anualmente, al menos en los tres primeros años de su construcción, hasta un 1,5% a ese PBI. Para estas empresas, la materia prima adquiere una importancia vital, de carácter estratégico. La propiedad, a gran escala, de bosques es esencial. Por la dificultad o imposibilidad de reemplazarla fácilmente. Integra estrechamente el control de la materia prima con la producción de la pasta. En materia laboral, se ha reproducido el sistema de trabajo semiesclavo del “obraje”. Mediante contratistas –por exiguas sumas por unidad- se sub-contrata “a destajo” la mano de obra para plantar, podar y recolectar árboles. En tanto los trabajadores adeudan al contratista, su alimentación. Cuando traba apenas sobrevive. Si no trabaja, se endeuda. El plantel permanente en cada una de las plantas ya construidas, se estima en 330 personas. Durante las obras ya fueron empleados 800 trabajadores. Cuando funcionen se espera ocupen otras 2.000 personas y se creen unos 3.000 empleos indirectos. Ambientalistas uruguayos señalan que esos 5000 empleos adicionales toman en cuenta a los puestos ya existentes en la explotación de los bosques y la exportación de madera. Al respecto el ya mencionado Gustavo Melazzi, economista y docente, expresa: “El impacto sobre el PBI en el caso uruguayo será del 1,5%. Pero hay que tener en cuenta que esto será así en la primera etapa, hasta 2008: mientras dure la construcción de las plantas. Cuando entren en operación, la baja de la mano de obra directa así como el alto componente importado de la fuerza de trabajo calificado y de la tecnología empleada reducirá fuertemente ese porcentaje. La instalación de estas empresas no cambia cualitativamente la tendencia económica del país, ya que el proceso de industrialización de los troncos no se hará aquí. Creo que esto es lo que tendría que haber negociado el gobierno y no lo hizo”. Estos sencillos datos, por los montos y el tamaño de las empresas, ponen en proporción la importancia de las empresas con relación al Estado uruguayo y la viabilidad o no de su control mientras se ejecutan las obras y, posteriormente, cuando se encuentren en funcionamiento. En Misiones, provincia Argentina, ocurre algo semejante. “Alto Paraná”, la fábrica más grande de pasta celulosa de nuestro país es dueña de del 33% de la superficie forestal de la provincia. Argentina, durante la última década, ha sido un importador neto de productos forestales con alto valor agregado (láminas, muebles y papeles de impresión) y un exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada y pasta para papel). Las semejanzas de uno y otro caso, reproduce el modelo, a un lado y otro de las fronteras. La extracción del recurso maderero adquiere un carácter depredatorio. Las fábricas de pasta de celulosa constituyen un mero eslabón de la cadena productiva controlada por el centro, sea en Finlandia o España. III) SERVILISMO Y CORRUPCIÓN DE LA DERECHA RÍOPLATENSE. El sistema de la dependencia cuenta con una estructura económica objetiva, de carácter permanente, que lo reproduce. Y se refuerza, por la servil complicidad de las clases dominantes. Encuentran así el modo de mantener o acrecentar su propio poder o fortuna, sea por vía de la corrupción desde la función pública, al aprobar las leyes y medidas necesarias, o por su participación como comisionistas o “lobbystas” en los negocios, concediendo beneficios y exenciones de carácter extraordinario y por largo plazo, o por su asociación como accionistas minoritarios en las empresas, entrelazando sus propios intereses con los titulares del poder dominante. Al darles mecanismos de despojo y garantías a sus inversiones, y asegurando la intervención de tribunales extranjeros en la resolución de disputas, contribuyen a la perdurabilidad de su poder y el sistema oligárquico, por la garantía adicional que para ellos importa su vinculación al sistema de poder mundial. ENCE inicialmente recurrió a un socio local – la familia Otegui- porque “buscábamos a alguien que nos presentara gente. Era imprescindible porque cuando llegamos no conocíamos a nadie y buscamos a alguien que nos presentara gente. Desde 1990 (dos años) seguimos solos. Los Otegui pasaron a ser socios de Botnia”. Los elementos señalados, como expresa Claudio Lozano, economista de la CTA, obedecen a “la exigencia de maximizar la rentabilidad de las empresas al interior de una cadena de producción globalizada. Esto implica que las ventajas de instalarse en la región se realizan en la medida en que logran acelerar un proceso económico-ambiental que necesita la venta compulsiva de campos para la forestación, la expulsión de la población rural, la reducción de la diversidad productiva de las zonas involucradas y una promoción estatal de este tipo de inversiones”. La falta, hasta este momento, por parte de los gobiernos latinoamericanos “de políticas que contemplen un desarrollo productivo más amplio y que tengan en cuenta una protección ambiental aumentan el impacto de primarización que estas inversiones tienen sobre la economía de la región”. El economista Aldo Ferrer, que integra el plantel de docentes del “Plan fénix”, de la UBA, en cambio, expresa que “si se superan las objeciones ambientales y tecnológicas planteadas, no hay por qué no considerar la instalación de las fábricas como “una oportunidad de crecimiento y desarrollo”. En adelante “Hay que tratar que proyectos como éstos en vez de ser protagonizados por empresas extranjeras, sean asumidos por capitales argentinos y uruguayos, por el empresariado local”. A condición, que se trate de capitales nacionales o regionales, privados o preferentemente estatales, y como primer paso a la industrialización del papel. IV) LAS FÁBRICAS DE CELULOSA. “Esta es la culminación de una estrategia pensada en 1987” afirma el uruguayo Guillermo Macció, Doctor en Demografía y estudioso de temas ambientales, que participa del movimiento ecologista uruguayo desde 1981. Y agrega: “Las plantas de celulosa son, en la estrategia de la inversión internacional, el punto culminante de un proceso que fue pensado así desde su origen”. Continúa, y lo citamos “in extenso” por la claridad de su enfoque: “Es un problema que el Uruguay se creó desde 1987. Lo que hoy ocurre es la consecuencia absolutamente necesaria de una política de inversiones y forestación fomentada y subsidiada por el Estado Uruguayo. Se fue acentuando con capitales muy voraces que ya no tienen lugar donde aterrizar en el planeta. Grandes empresas provenientes de países que, en un momento, siendo importantísimos productores de papel, decidieron proteger su medio ambiente y sus bosques. Y vinieron a plantar en la única zona que va quedando, que es la zona templada del Hemisferio sur. Tenemos un problema de largo plazo con una estrategia a la cual nuestros gobiernos no se han opuesto, más bien han favorecido.” No se engaña respecto al tiempo que va a demandar el cambio sustancial de la situación presente: “Tendremos que iniciar un largo camino para revertir esta historia”. Propone también un método, a seguir: “La reversión de las grandes inversiones es una sola: hacerlas no redituables para los que negocian. Lo primero, es que no se planta un eucalipto más. Pero no hace falta prohibirlo, sino que las plantaciones de eucaliptos de cualquier señor tengan el mismo tenor impositivo que otros emprendimientos. Y hay que hacer un incremento progresivo del impuesto, que desestimule ese tipo de forestación monoespecífica. Porque lo que está en el fondo es el gran negocio, al que no le importa lo que vende ni en que tiempo. Como ocupa muy poca mano de obra, hay que desalentarlo por la vía impositiva y quitar los privilegios que tiene.” Preciso es aclarar que, a esa fecha, tanto el Banco Mundial como el BID, habían aprobado la relocalización de fábricas contaminantes en los países de la periferia. Y comenzaron a presionar a los gobiernos de los países seleccionados por las empresas, para que cambiaran su legislación en materia de forestación. Macció explica, a continuación, el proceso que se siguió para llegar al situación actual: “La ley madre de forestación se aprobó en 1987 (28 de diciembre, día de los santos inocentes, cuando no hay nadie en el Parlamento). En la ley no existe ninguna restricción para la compra de tierras y no se trata de tierras desérticas. En Uruguay han comprado praderas naturales que estuvieron dedicadas a la cría de ganado. Permite a cualquier inversor llevar adelante un proyecto de cultivo de bosque, que no es forestación, porque se cultiva una sola especie.” En materia de exenciones, la ley dispone que: “El estado lo exime de todos los impuestos: inmobiliarios, a la renta, al IVA y además le permite la importación libre de impuestos aduaneros de maquinaria, infraestructura e insumos. Y –aunque no se crea- el Estado, a más, le da un subsidio en metálico, para estimular esa forestación. A partir de esa ley se empieza a forestar. Hoy el Uruguay tiene más de 740.000 has. forestales con destino de procesamiento. Es decir, ahora se completa un ciclo perfectamente planeado”. Como si lo señalado no bastara, agrega: “Por otra parte, Uruguay es el único país en el planeta donde Ud. compra cantidad de tierra que quiera con el sólo documento de identidad, puede ser de cualquier nacionalidad. No hay zona de seguridad limítrofe. Y los nuestros son territorios muy apetecidos. Los que invierten allí, no lo hacen por cuestiones filantrópicas, sino que lo hacen porque no hay otro lugar en el planeta que reúna las condiciones naturales para hacer a las empresas tan rentables. Hay que sentarnos y decir, “no se planta más”. Y la herramienta es la impositiva. Estas empresas no derraman las ganancias en el entorno, porque no tributan. Lo único que derraman es el residuo.” Comenzó, entonces, la resistencia a tamaño despojo. “El movimiento ecologista nacional se empezó a oponer en el último período de la administración de Batlle. Autoridades de las juntas locales de Fray Bentos, del Frente Amplio, empezaron a decir: “Esto va mal, esto no sirve contamina las playas, las costas, las agua”. La respuesta del gobierno de derecha, en su última etapa, obedeciendo a la exigencias de las empresas, ante el posible inminente triunfo del “Frente Amplio” y el crecimiento de la oposición que hicieran peligrar la inversión, Macció recuerda que: “A raíz de eso, Batlle decretó que donde ahora van a estar las plantas se considere zona franca, una especie de extraterritorialidad nacional. Y, para completar, aguas abajo, frente a la desembocadura del Paraná Guazú, donde se junta con el río Uruguay está el Puerto Nueva Palmira”. Que significa que dos empresas extranjeras gocen de los beneficios de “zona franca” en esas condiciones? El acuerdo debe ser puesto en un contexto más amplio: lo que se dio en llamar la “privatización del crecimiento”, y por tanto estableceer los avances del poder de las empresas transnacionales sobre los países periféricos. Firmados, con los auspicios y las presiones de los organismos internacionales que financian parte de la operación (BM y BID) a partir de la década del 90, constituyen, a no dudarlo, una nueva forma de dependencia económica, que subordina las leyes locales e incluso los instrumentos básicos del derecho internacional. “Se constituyen así en verdaderos enclaves extranjeros privados, áreas cercadas y aisladas eficientemente”. Macció especifica aún más: “Se ha constituido un grupo empresario “On-Sur”, que es un nombre de fantasía, cuyos propietarios son los mismos capitales de España y Finlandia, con otra figura jurídica, más algunos inversores nacionales. Acaba de hacer allí una nueva construcción, donde ya se ha conseguido un espacio portuario de cuatro Kilómetros cuadrados y se está construyendo un galpón de 30.000 metros cuadrados. Ese grupo empresario ha de manejar el puerto”. Asertivamente, concluye su balance final: “Es decir, van a tener las fábricas de celulosa, la zona franca, y en las zonas francas las procesadoras y luego un centro de acopio. Todo en territorio uruguayo, pero bajo el régimen de exoneración impositiva”. Cabe agregar, por nuestra parte: con ejercicio del poder de policía y aplicación de sus propias leyes en virtud de la extraterritorialidad jurídica, se ocasiona una grave lesión a la soberanía nacional de los uruguayos. Esto se asemeja, en parte, con lo que en el mundo se ha dado en llamar “la guerra del agua”. Mediante ella, los países centrales tienden a apropiarse de un “bien privado” que consideran susceptible de venta comercial de lucro, por tanto. Y no lo que en realidad es: un bien de uso público, un derecho humano esencial, no susceptible de apropiación ni venta lucrativa. En Argentina, Menem firmó con EE.UU. un tratado semejante de garantía de inversiones. En su virtud, la empresa Azurix busca cobrar 550 millones de dólares por un intento fallido de implementar un sistema privatizado de agua en la Provincia de Buenos Aires. Igualmente sucedió con Aguas Argentinas, concesionada a capitales franceses, luego de un ineficiente servicio, y la modificación de las tarifas por meros decretos o resoluciones ministeriales, con la anuencia de la Ing. María Julia Alzogaray. En Bolivia, la “guerra del agua”, por el aumento sideral de las tarifas concluyó con la caída del gobierno de Sanchez de Lozada, a manos de las movilizaciones populares, que causaron decenas de ciudadanos muertos. Luego, “Bechtel Agua del Tunari, denunció el tratado Países Bajos –Bolivia y pretende el cobro de jugosas indemnizaciones. V) EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y BLANQUEO DE PASTA CELULOSA. El eje de la disputa entre los gobiernos de uno y otro país, radica en el tema de la contaminación. Y en ello, ocupa un lugar esencial el método a utilizar por las plantas de celulosa para blanquear el papel. Los sectores más extremos de los ambientalistas niegan, incluso, la instalación misma de las fábricas. En el largo proceso de fabricar papel se han experimentado tres métodos tecnológicos: En una primera etapa: se empleaba el cloro elemental (EC, por sus siglas en inglés). El empleo de dicha sustancia produce compuestos altamente tóxicos y cancerígenos como: dioxinas y furanos, lluvia ácida (juntos a los azufres derivados del empleo como combustible de la cáscara de eucaliptos) y olores nauseabundos (olor a huevo podrido). Las dioxinas y furanos envenenan las aguas donde se derivan los efluentes, con sus consecuencias para la vida humana, de peces y vegetales. A través de la “lluvia ácida” se contaminan los suelos y las pasturas, inhabilitándolas para el aprovechamiento productivo y se afecta, al mismo tiempo, la biodiversidad. Los olores, dificultan la vida, generan graves enfermedades a las vías respiratorias y pueden desencadenar procesos cancerígenos. Tales elementos fueron empleados en la fábrica radicada en Pontevedra, Galicia, en los años 60. Luego de una lucha de diez años, se logró la condena en sede criminal de los principales ejecutivos de la empresa ENCE (española), que es una de las que han de establecerse en Uruguay. En una segunda etapa: producida fundamentalmente por las movilizaciones en Europa, que ocasionaban ingentes pérdidas en dinero y prestigio a las empresas. En Estocolmo, se hizo un convenio con las empresas para disminuir los elementos tóxicos que surgían del empleo del Cloro Elemental: las dioxinas (compuesto con oxígeno) y furanos (es muy tóxico, se obtiene por destilación seca del ácido furoico y se emplea en síntesis orgánicas). Se utilizó, entonces, otro método con un compuesto del cloro, dióxido de cloro. Se le llama (EFC, Libre de Cloro elemental) que disminuye los peores efectos del cloro elemental). Pero los ambientalistas le siguen atribuyendo graves consecuencias, aunque menores al anterior. Este método es el que emplea la misma empresa ENCE en la ciudad de Huelva, Andalucía, en España. Según sus afirmaciones, cumple con todos los requisitos exigidos por la Unión Europea al entrar en vigencia la nueva normativa a partir del 2007. Ambas empresas manifiestan que la van a emplear en Uruguay. Carlos Faroppa, vocero de BOTNIA expresa que la planta comenzará a funcionar a fines de 2007 y ENCE a fines del 2008. En una tercera etapa: el método (TCF, Totalmente Libre de Cloro) opera en base oxígeno, agua oxigenada y ozono. Algunos sostienen que el incremento de costo estimado, por su empleo, alcanzaría a unos 300 millones de dólares. En una estimación realizada por “Greenpeace” de Australia, el primer puesto lo llevó la tecnología TCF y el segundo lugar lo ocupó la tecnología ECF. Esta última es la que adoptó, en general, la industria en todo el mundo y es el que las empresas pretenden emplear en Fray Bentos. Las empresas arguyen que no es el costo lo que determinó la no ejecución de las plantas con este método. Sino que no blanquea la pasta lo suficiente, produciendo papel de color (color gris, madera), de baja calidad, cuando ellos necesitan producir “papel satinado” de muy alta calidad y precio, para su empleo en “packaging”, muy usado en el comercio de lujo. Claudio Lozano (economista de la CTA) lo confirma: “A nivel internacional con la oferta actual está absolutamente cubierta la demanda existente en relación al papel blanco y su uso imprescindible. Sin embargo, la instalación de varias empresas transnacionales en el cono sur responde “a la expansión del uso del papel para “cuestiones ornamentales y de lujo”, a la orden del día en el sistema de packaging que aportan a otras industrias. Los demandantes principales de ese tipo de producción son los países más ricos. Los consumos comparativos lo prueban: mientras Finlandia (el país de donde proviene la empresa Botnia) utiliza 380 ton. al año, Argentina consume 43 y Uruguay 22”. Aseguran que con su actual tecnología de blanqueo, la ECF, en base a dióxido de cloro no van a causar problemas. El año pasado Suecia hizo un estudio en el mar Báltico por este tema. Como las celulosas reemplazaron, en el 93´´, el cloro por dióxido de cloro, se suponía que iba a bajar en el agua el nivel de dioxinas (calificadas como cancerígenas y depresoras del sistema inmunológico), y se encontraron con que siguió subiendo. Por eso, sectores ambientalistas en Argentina creen que, en la medida que se utilice un compuesto con cloro, existe el peligro de contaminación ambiental. Algunos técnicos sostienen, además, que hoy existen también métodos para disolver los olores, pero que exigen un costo mayor. Macció confirma esas sospechas, afirmando: “Las Universidades de Columbia y de Yale hicieron una tabla en la que Finlandia, Suecia y Uruguay, figuran ente los mejores países en base a varios indicadores. Dar puntaje, por ejemplo por la cantidad de bosques, pero consideran bosques a la forestación. Finlandia es un país cuya tradición no es de cuidado, sino de contaminación. Hizo su crecimiento de la madera y la celulosa, destruyó bosques y contaminó depósitos de agua. Después de los 90 con las campañas contra las plantas tuvo que hacer mejoras. Pero es algo de los últimos años. Yo estuve en Finlandia. La gente decía “estamos mucho mejor” y es cierto, pero porque antes era terrible. En esos días hubo un lock out patronal. Con las fábricas cerradas, se estudió el lago Saimaa: en unos pocos días, el agua mejoró. Y eso con procesos “no contaminantes”. Que la gente se bañe en los lagos, no significa nada. En Montevideo nos bañamos en la playa y está contaminada”. Estos temas y las respuestas a darle están en centro de la disputa. VI) CONTAMINARÁN, PERO “EL IMPACTO SERÁ MÍNIMO”. El Intendente de Río Negro, Omar Lafluf Hebeich, Departamento al que pertenece la ciudad de Fray Bentos asegura, al igual que las empresas, que “el impacto será mínimo. Lo afirman los estudios realizados en tres años”. Y agrega que: “su posición es la misma que tiene todo el país, todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales y comerciales, el Parlamento, 19 intendentes. Todos tenemos el convencimiento más absoluto, por los informes realizados en tres años, de que el impacto ambiental de estas plantas está muy por debajo de lo que se exige a nivel mundial”. La “Federación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales” y ambientalistas uruguayos “no plantearon un impacto ambiental de contaminación”. Afirma que “Todos los informes aseguran que el impacto es el mínimo admisible: Los estudios realizados por la Ombudsman del Banco Mundial y por la Comisión Binacional de Argentina y Uruguay, que funcionó “hasta que Argentina se retira de esa Comisión”. En esto, incurre en dos inexactitudes: una, los integrantes argentinos de la Comisión Binacional, nunca dieron aprobación al informe y se retiraron alegando falta de información del Gobierno y las Empresas. En segundo lugar, el informe del Banco Mundial ha sido objetado por Argentina, objeciones que han sido reconocidas en parte por el Banco Mundial. Banco Mundial, recordemos, que ha prohijado la política que llevan las empresas y que la financia en parte a través de la Corporación Financiera Internacional Financiera (CIF). Lo que, de por sí tornan más que objetable su informe. La Consultora privada que realizó el informe, fue objetada por haber trabajado al servicio de las empresas cuestionadas. Mauricio Atie, uno de los técnicos que lo confeccionó reconoció que “algunos de los impactos no se estudiaron con profundidad que algunas organizaciones hubieran requerido y, por otro lado, debemos admitir que el informe es perfectible”. Puntualizó además, “que se podría haber profundizado el impacto en el medio rural, sobre los monocultivos y sobre el turismo, sobre el que podríamos haber sido más explícitos” por el mal olor que suele caracterizar a estas fábricas. Es decir no se estudió nada de lo que interesa al pueblo argentino. La Ombusdman del Banco Mundial, también objetó el informe y manifestó que era necesario realizar otro. “Estuvimos también –afirma el intendente Lafluf Hebeich- con una delegación de legisladores, intendentes y universitarios en Pontevedra, España, donde ENCE, que es la que instala una de las plantas de Fray Bentos, tuvo inconvenientes en los años 90”. A partir de allí explica, “ENCE en acuerdo con los defensores de la ría, cambió su tecnología y ahora utiliza la ECF, que es la admitida por la Unión Europea y la que van a utilizar en estas plantas en Uruguay”. En Pontevedra, la empresa tiene una concesión que se extiende hasta el 2018. A su vencimiento se pretende su erradicación fuera del nacimiento de la ría y lejos de la Ciudad, no como actualmente se encuentra. Es preciso señalar que el problema de la contaminación está ligado, en este caso, no sólo a la naturaleza o composición de los efluentes, sino al tamaño de las empresas y, en consecuencia, la cantidad generada de dichos efluentes. Estas fábricas se encuentran entre las mayores en el mundo y a escasos 5 kilómetros de la Ciudad de Fray Bentos. Uruguay, en general, sostiene que el dióxido de cloro que utiliza esa tecnología (ECF), genera una cantidad muy baja de compuestos contaminantes. Por el contrario, algunos sectores ambientalistas de Argentina creen que en la medida que se utilice un compuesto con cloro existe el peligro de contaminación ambiental: “Queremos unir todos reclamos en defensa del uso racional y a favor de toda la lucha que reivindique nuestro derecho a vivir dignamente, exigiendo el cumplimiento de lo previsto en el art. 41 de nuestra Constitución Nacional” VII) “LA HERENCIA MALDITA DE LA DERECHA URUGUAYA”. LOS CONDICIONAMIENTOS DEL FRENTE AMPLIO. Al haberse iniciado el proceso en 1987, se encuentran implicados en su tramitación los dos partidos tradicionales. El gobierno del Partido Nacional (Blanco), con el presidente Luis Aberto Lacalle (1989) y del Partido Colorado, con José María Sanguinetti, por dos veces (1985 y 1993) y Jorge Batlle. La empresa BOTNIA exigió la celebración de un convenio de garantía de las inversiones, por 20 años, firmado entre el gobierno uruguayo y el finlandés, como condición para establecer las plantas, antes de iniciar la ejecución de los trabajos. En las formas, es un convenio para la protección de las inversiones de cada país en otro, en un tono de reciprocidad. En su contenido ata de manos las posibilidades de acción de cualquier gobierno. El convenio, firmado el 21 de marzo de 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, entre ambos ejecutivos es similar a todos los firmados desde el Consenso de Washington. El Senado lo aprobó el 15 de octubre de 2003 y la Cámara de Representantes el 4 de mayo de 2004. Solo cinco meses antes del cambio de gobierno. Hubo antes varios intentos fallidos. Votaron a favor el Partido Colorado, el Nacional y el Independiente. Se opusieron todos los legisladores del Encuentro Progresista – Frente Amplio. Los artículos más cuestionados del Tratado son los 5, 6 y 9: Disponen: Art. 5. Las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas. “Cada parte contratante no impedirá, con medidas injustas o arbitrarias o discriminatorias, la administración de las inversiones”. En principio, cualquier cambio en las condiciones en las que se pautó inicialmente la inversión puede hacer que las empresas se consideren con derecho a reclamar. Art. 6. “Los inversores que sufran pérdidas (lucro cesante, incluido?)” por “revueltas, insurrecciones o manifestaciones” serán indemnizados “en efectivo, en moneda de libre conversión e inmediatamente transferible”, con un cifra que se calculará según el criterio “que resulte más favorable” a los dueños de las empresas. Art. 9. Si una controversia entre las partes no es resuelta de manera amistosa en el término de seis meses, “la misma, a criterio del inversor”, podrá ser llevada a un tribunal arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte Internacional del Centro para la solución de Controversias (ICSID) y un cuerpo “ad hoc” que tome las normas de Naciones Unidas. El debate quedó asentado en las versiones taquigráficas. El Diputado Pablo Mieres (Independiente) fundamentó así su postura: “He votado afirmativamente porque parece imprescindible que se proceda con la mayor urgencia para la aprobación de esta inversión. ¡Como si Uruguay viviera en un mundo lleno de inversiones! Acá pasamos meses tratando de aprobar este acuerdo, que, como todos sabemos, es el marco necesario para una inversión de 1.000 millones de dólares. Lamentamos que no haya sido por unanimidad. Pero bueno, aunque sea con una mayoría ajustada, está la ley y, por lo tanto, estarán las inversiones”. Naum Bergstein (batllista) completó el concepto, con una actitud de inevitable sumisión: “En el mundo entero hoy las grandes empresas privadas no hacen inversiones importantes fuera de fronteras si no median previamente estos cuerdos de protección recíproca”. El fallecido Liber Seregni, el jefe histórico del Frente Amplio afirmó ya en julio del 71 que: “el gobierno del Frente Amplio impulsará la industria papelera nacional”. Empero, su partido se opuso a refrendar en el parlamento el Tratado impuesto como condición. Advirtió sobre los riesgos que conllevaba este instrumento legal que sumía en la impotencia al gobierno uruguayo para intervenir en lo que las fábricas de celulosa hagan en su territorio. La diputada Raquel Barreiro expresó: “Estamos de acuerdo con las inversiones, pero no con cualquier inversión. Las inversiones deben tener en cuenta el cuidado de la vida digna de los ciudadanos y, en lo posible, el futuro de la vida de nuestros hijos, porque el cuidado del medio ambiente implica dejar un mundo sano y saludable para ellos”. Cuestionó que en caso de diferendo, se dejara a la empresa la facultad de elegir el tribunal arbitral: “Nosotros nos hemos opuesto a esto siempre, porque el inversor se coloca en un plano superior al del Estado y elige los tribunales privados que más le convengan. Se elude la jurisdicción de los tribunales nacionales, con lo que la soberanía descansa muy maltrecha”. Silvia Charlone, a su vez, se refirió a la novísima expresión expropiación indirecta: “Me gustaría saber a qué se refiere el convenio cuando habla de expropiaciones indirectas – cosa que no ha aparecido en otros tratados-. Nosotros pensamos que vamos a ser gobierno y no sé si nuestra futura reforma tributaria puede ser entendida como una expropiación indirecta de la cual más tarde nos vamos a tener que responsabilizar”. Ricardo Castromán (Partido Socialista) se refirió respecto a las consecuencias futuras: “Creo que esto le va a traer muchos dolores de cabeza al Estado Uruguayo, cualquiera sea la conducción política que a partir de octubre tome los destinos del país. El acuerdo no da muchas salvaguardas a las empresas, les da todas las salvaguardas”. A ese Tratado se sumó, como ya señaláramos, la declaración de Zona Franca de los lugares donde se radican las empresas. Esto perfecciona el ámbito de extraterritorialidad para la aplicación de la ley extranjera y la liberación de todo impuesto al abonar al Estado uruguayo que incluye el libre manejo de los puertos por las empresas. Cabe señalar que ese status fue establecido como otra exigencia de la Empresa, cuando comenzó a surgir la oposición del pueblo uruguayo a su establecimiento. Estos actos importan el eje del conflicto y dan la razón profunda que explica la rigidez del Estado Uruguayo, ahora en manos del Frente Amplio, en contra de sus propias posiciones, evidenciando su impotencia para imponer alguna limitación a las empresas. Por eso, durante la campaña electoral, Tabaré Vásquez le dio en llamar “La herencia maldita de la derecha”. Así se explica porqué dos poblaciones que siempre estuvieron en contacto fraternal, como Gualeguaychú y Fray Bentos, ahora se enfrentan abiertamente. En Gualeyguaychú tienen todo para perder. Los de Fray Bentos fueron convencidos que tienen mucho para ganar: más trabajo, más turismo y que no habrá ni olor ni contaminación. A pesar de que hubo audiencias públicas, no sirvieron de nada. Las empresas tomaron nota y nunca contestaron las objeciones. No existió un verdadero debate nacional sobe el tema. Pero el corte de rutas y puentes establecidos por los ambientalistas entrerrianos ya han perjudicado a Uruguay en turismo, transporte y comercio en una suma estimada en unos 200 millones de dólares. El gobierno ha convocado en su apoyo a los partidos de la derecha que causaron el problema, que lo respaldan, a condición de que quede preso de la obra de la que son autores y, porque, de esa manera, se reafirma la dependencia del país. La intransigente resistencia ambientalista de los entrerrianos se toma como parte de una “prepotencia argentina” y, por esto, la lucha a favor de las empresas ha sido tomada como una “causa nacional”. Esta disputa aparece como un eco tardío de la vieja división de los orientales, como estado-tapón, entre la naciente Argentina y Brasil, impuesta por Inglaterra para impedir que una sola Nación controlara ambos lados del Estuario del Plata. La pregunta que nos formulamos surge de manera elemental: en estas condiciones, podrá el Estado uruguayo en el futuro, ejercer con efectividad algún control o imponer sanciones a las transgresiones de las empresas? O se rendirá a la sola extorsión de cesantías masivas de empleados o a la amenaza de recurrir a Tribunales Internacionales para hacerse indemnizar de todo lo que entiendan son daños reparables? Si las plantas de celulosa llegaran, por cualquier razón, a contaminar efectivamente a uruguayos y argentinos, quién se hará cargo de las reparaciones a los damnificados? En lo inmediato, la cuestión debe ser resuelta, mediante negociación entre los dos países. Porque unidos podrán poner control y límites a las empresas en el futuro. Pero, como veremos, el fondo del problema excede, en mucho, al Estado Uruguayo e, incluso, a la sola relación bilateral argentino-uruguaya. La respuesta definitiva hacia adelante debe estar a cargo de todos los países del Mercosur. SEGUNDA PARTE VIII) EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS PLANTAS. EL LOBBY EMPRESARIAL. Las plantas a construir se encuentran entre las más grandes del mundo. Van a procesar, en conjunto, 1.500.000 toneladas y pueden llegar a 2.000.000 en unos años, si ENCE decide ampliarse. La escala es muy importante, porque todas usan químicos y la cantidad de efluentes contaminantes, se relacionan con la cantidad de lo producido, siendo que, además, se mantienen sin asimilación o degradación durante muy largo tiempo. Eso es lo que cuenta. Esteban Valenti, coordinador del periódico uruguayo “Bitácora”, alega a favor de las plantas: “La cadena de valor de la industria maderera representará en los próximos diez años el cambio más profundo que ha vivido el país a nivel productivo en el último siglo. Y a este ritmo, los productos madereros serán el principal rubro de exportación nacional. Desde hace 15 años el país viene planificando e invirtiendo en su desarrollo forestal que hoy ya hay 700.000 hectáreas forestadas y pronto se podría llegar a 1.000.000, lo que representa el 6% del territorio nacional. Y ahí llegamos al nudo del problema: el país deberá definir si quiere ser un exportador de materia prima básica (troncos y astillas) o si participa del proceso industrial y agregará valor, tecnología y trabajo a esa madera”. El canciller uruguayo Reinaldo Gargano manifestó su interés integrar la industria maderera entre los países del MERCOSUR. “Se pueden producir desde papel hasta muebles, vender en Asia y sobre todo en Estados Unidos”. Las empresas, acosadas por la movilización y los problemas que de ahora en más le puede demandar la permanencia del conflicto, han salido ahora, a hacer su defensa, rompiendo el silencio guardado hasta el presente. Ambientalistas uruguayos sostienen que: “El lobby empresario consiguió que Europa dijera que la tecnología que van a utilizar aquí (EFC, con dióxido de cloro) es la mejor disponible. Prefiere sostener que las plantas no van a contaminar. “Este método reconoce, además, un problema agregado: al “dióxido de cloro” hay que fabricarlo cerca de las fábricas de celulosa. En su elaboración también se generan dioxinas. Es decir que cerca de éstas fábricas va a haber otro proceso contaminante. Y las plantas se están construyendo sin que haya todavía un estudio de impacto ambiental sobre el tema. Todo se hizo así, con la política de hechos consumados. Las empresas y el gobierno Uruguayo, a su vez, expresan: “que el dióxido de cloro que utiliza esa tecnología (ECF), genera una cantidad muy baja de compuestos contaminantes. Que casi no se opera con azufres y no hay, por tanto, lluvia ácida y que los olores se producen espaciadamente, cada vez que la fábrica “arranca”, luego de una detención y por pocas horas. Que, además, su expansión no supera los 15 kms. Por tanto, Gualeguaychú, que está a más de 25 kms., no sentiría esos efectos. Salvo, en ocasiones, con vientos extraordinarios, como las sudestadas”. Nada dicen de la propia ciudad de Fray Bentos, y de los ciudadanos uruguayos, que están a sólo 5 kms. de distancia ambas fábricas, una a cada lado del desemboque del Rio Negro en el Río Uruguay. El representante de BOTNIA, en consonancia afirma: “La tecnología que vamos a usar está calificada por la legislación europea como la mejor disponible. No va a repercutir de forma irreversible sobre el medio ambiente. Sostenemos que los valores que estamos obteniendo en nuestras fábricas, como es el caso de la de Huelva, en Andalucía, España. Está utilizando la misma madera y tiene unos valores que están por debajo de las exigencias de la Unión Europea, incluso de las que entrarán en vigencia en el 2007.” Pero no afirma concluyentemente que las fábricas no van a dañar el ambiente. Emilio Rodríguez, director general de la fábrica de celulosa “M´Bopicua”, del grupo ENCE, manifiesta coincidentemente: “Estamos en Uruguay hace 15 años con el objetivo de ubicarnos en otras áreas geográficas donde pudiéramos cultivar el árbol nuestro, que es el eucaliptus globulus. El objetivo final era llegar a la producción de celulosa. Somos en principio una compañía forestal, después industrial y energética. Hemos invertido entre 230 y 240 millones de dólares. Cuando esté lista la producción de las 500.000 toneladas de celulosa la inversión sumará 660 millones de dólares. La construcción finalizaría en el primer semestre de 2008. Somos líderes mundiales con nuestros productos y debemos tener la máxima cualificación ambiental para que nuestros clientes nos compren. Cubrimos el 21% del mercado europeo de pasta de papel a base de eucaliptos. “Lo que estamos poniendo a disposición de las autoridades y el público son los valores que hay en el estudio de impacto ambiental. Esos valores son inferiores a los más exigentes de la Unión Europea y, por lo tanto, con criterios de que no va a repercutir de una forma irreversible sobre el medio natural. Con los valores que tenemos, y cumpliendo las exigencias de la Unión Europea, podemos decirle que los deshechos que se provoquen, no han de causar enfermedades como cáncer, o que afecten la producción agrícola, la de frutas y verduras. El hedor no va a sentirse en Gualeguaychú”. Pero no dice que no va a haber olor. “La magnitud de la planta no es muy grande –relativiza-. Un tamaño de 500.000 toneladas es medio/bajo, intermedio, dentro de las plantas que se instalan en el mundo. La última planta de Veraces, de capitales suecos y finlandeses, que se instaló en Brasil, en el estado de Bahía, está entre 700.000 y 1.000.000 de toneladas. Son las unidades que se hacen ahora. La última en abrir fue en “STENDAL”, en Alemania, que ha sido inaugurada por el presidente de la Nación y por un gobierno entre los cuáles están los verdes. Tiene el mismo proceso que se va a utilizar aquí”. La pasta de celulosa se produce por el sistema Kraft. Esa pasta debe blanquearse, en una segunda etapa del proceso. “Para el blanqueo existen tres métodos posibles: Uno, el EC con cloro elemental, ya abandonado en los últimos años. Los otros dos, tanto el blanqueo ECF como el TCF, son libres de cloro. El ECF (Elemental Chlorine Free) es libre de cloro elemental, pero emplea un compuesto de dióxido de cloro y oxígeno, y que tiene cloro, pero no cloro gas. y el TCF (Total Clorine Free) es libre de cloro y de compuestos del cloro”. Tanto el sistema de producción (denominado Kraft) como el de blanqueo (el ECF) son “la mejor tecnología disponible y se aplican en Europa y Estados Unidos. “En las leyes de la Unión Europea, nuestra tecnología, la ECF, es la que está teniendo más penetración en el mercado, al punto que algunas fábricas libres de cloro (TCF) han cerrado.” “Digamos que, en los últimos años, la fabricación de pastas totalmente libres de cloro está bajando, mientras que la fabricación con la tecnología que vamos a tener aquí, está subiendo. Porque las dos son consideradas equivalentes desde el punto de vista medioambiental por los legisladores”. “Entonces, desde el momento en que la tecnología ECF adquirió el mismo nivel de reconocimiento ambiental que la TCF, el papel ECF ha tenido mucho más atractivo para los clientes. Eso ha hecho que se hayan cerrado algunas plantas TCF en Europa. Son equivalentes desde el punto de vista ambiental, pero el papel ECF es de mejor resistencia y más blancura. Es un tema de ventas. Pero en primer término está lo ecológico: son equivalentes.” Además del problema del agua el suelo, las pasturas y la vegetación se ha señalado el de la “lluvia ácida”. “Se ha dicho muchas veces –aclara-, lo que nosotros respondemos es lo que ya está en los libros: el combustible que usa la fábrica es la corteza de madera, y la madera no tiene azufre o tiene muy poco azufre. Por eso hay ausencia de lluvia ácida. Rechaza, además, que el sistema Totalmente Libre de Cloro (TCF) que reclama “Greenpeace” sea más limpio. “Desde el punto de vista ecológico, ese sistema y el nuestro son lo mismo”. “ENCE tiene fábricas situadas a distancias diferentes de los núcleos de población. Hemos usado aquí, el diseño que hay en Huelva, que está a 12 kms. de la capital de la provincia. Por eso en Huelva, a diferencia de lo que sucedió en Pontevedra, nunca ha llegado ninguna denuncia por el llamado “olor a huevo podrido. Ni siquiera en las condiciones de arranque y parada, que es cuando tiene repercusión el olor. Gualeguaychú está a más del doble de distancia de Fray Bentos. En estos procesos hay presentes diferentes compuestos de azufre. Se ha hecho un esfuerzo para minimizar el impacto. En estos procesos hay presentes diferentes compuestos de azufre. Se ha hecho un esfuerzo para minimizar ese impacto. Existen momentos en que se puede generar olor. De vez en cuando, depende de donde sopla el viento”. “El proyecto de la planta está en línea en la Web APRA disponible para todo el mundo. La aprobación del gobierno uruguayo y el estudio de impacto ambiental también lo están, y el Banco Mundial ha hecho además su informe”. Concluye finalmente, en forma categórica:“En ningún caso, con la tecnología que utilizarán las dos fábricas se puede evacuar cloro al agua del Río Uruguay, ni a la atmósfera ya que el cloro no es utilizado ni como materia prima ni como producto derivado del mismo, en ningún momento del proceso ni en ninguna de sus etapas. No habrá dioxinas ni furanos. Puedo garantizar que puede haber episodios circunstanciales de olor en indeterminados puntos que será perfectamente soportables a lo largo de un año”. “La planta de Pontevedra hoy está cumpliendo toda la legislación, y está preparada para la nueva legislación europea que entra en vigencia en el 2007. Le digo más: está trabajando con el sistema TCF. Entonces, hay una contradicción en lo que piden los ambientalistas aquí.” Juan Ignacio Llerena de ENCE, concluye: “El conflicto es una sorpresa que no esperábamos. Creemos que lo fundamental es terminar con las polémicas y abordar el tema del control de las emisiones. Dejemos de discutir y definamos cómo controlarlas para que se ajusten a las normativas de respeto al medio ambiente. Estos controles de alta tecnología se aplican en las plantas de ENCE en España (Galicia, Asturias, Andalucía)”. Los sistemas de control de emisiones al ambiente de su planta en Fray Bentos serán “copiados de nuestra planta en Huelva”, donde las autoridades nos tienen muy controlados”. En cuanto a los niveles de protección del ambiente “vamos a hacer lo mismo que en Europa, ya que nuestros clientes mismos nos lo exigen: cobramos precios altos, porque mantenemos niveles altos de calidad” Las autoridades técnicas uruguayas recién “están en proceso de capacitación” para establecer un sistema de monitoreo ambiental sobre las plantas. Hoy no lo tienen. Para autorizar la construcción, esos funcionarios “hicieron cursos de capacitación en Europa, y nosotros colaboramos con ese proceso de aprendizaje”. Ahora están en proceso de formación para el monitoreo. Cuando se trató de otorgar el permiso para instalar la planta de celulosa, “las autoridades uruguayas no sabían cómo dar la autorización, tardaron dos o tres años. La autorización a Botnia, que fue posterior, les llevó alrededor de un año”. “Nosotros tenemos conciencia de que las cosas se han hecho correctamente; estamos cumpliendo con las exigencias en cuanto a permisos regulatorios y con toda la normativa internacional, las certificaciones y procesos. O sea, lo que tenemos que hacer es continuar con nuestro trabajo y los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo. Tenemos que aportar información sobre quiénes somos, qué tipos de procesos seguimos, qué grado de impacto ambiental tienen. Y todo esto sin restricciones. Lo que hemos visto es una bola de nieve que iba engordando y pensé que se derretiría sola. Porque todo esto tendrá que tener un fundamento técnico y eso está clarísimo”. “Si hay un acuerdo efectivo entre los gobiernos y nos proponen algo concreto que deje nuestros derechos salvaguardados. Este proyecto está corriendo conforme a las autorizaciones recibidas conforme a la normativa europea, americana y mundial” Entiendo que hay un gran debate entre los gobiernos, habrá que clarificarlo y nosotros estamos para apoyar todo lo que sea clarificación”. IX) OTRO MODELO DE DESARROLLO ES POSIBLE. AMBIENTALISMO NACIONAL O AL SERVICIO IMPERIALISTA. En el ambientalismo entrerriano que se concentró con tesonera obstinación, clausurando los puentes San Martín (Gualguaychú–Fray Bentos) y Artigas (Colón-Paysandú) se han desarrollado con nitidez, por lo menos, dos corrientes fundamentales. La que enarbola una consigna extrema: “No, a las papeleras; SI, a la vida”, que pretende como objetivo único la no radicación de las fábricas de celulosa. Omite considerar que esa es una facultad privativa del Estado y pueblo uruguayos. Otra corriente que, admitiendo el establecimiento de las plantas, requieren que se les exija, bajo estrictos controles, incorporar la más moderna tecnología y se sancione, incluida la reparación de todos los daños ocasionados, cualquier contaminación que exceda los máximos legalmente permitidos. La primera representa una posición ultra-ambientalista que, so pretexto de la pureza de principios, en última instancia, niega toda posibilidad de industrialización. Es decir, que con posiciones supuestamente de avanzadas, sólo logran consolidar el atraso de los países dependientes. Como cuando exigen que los países dependientes renuncien a la energía atómica, por ser contaminante, sin haber logrado nunca tal objetivo de los países dominantes. Consagrando a favor de éstos el acrecentamiento de su situación de dominio. En definitiva, con argumentos “de izquierda”, integrando una minoría “principista” convalidan, en los hechos, los objetivos perseguidos por el imperialismo. Luego de haberse obtenido una movilización popular significativa, en defensa de legítimos derechos, es casi una regla que esos sectores se nieguen a flexibilizar su posición, al momento de negociar, hasta romper el frente interno, llegado el caso, debilitándolo en el momento más preciso. La otra posición, sin renunciar a los objetivos de máxima, se aviene a una negociación razonable. Admitido que el gobierno oriental, elegido democráticamente, es reformista. Que no persigue, ni tiene fuerzas para encabezar un proceso de cambios revolucionarios. Que existe un hecho consumado en un proceso que lleva ya casi 20 años, por el que las empresas, en connivencia con la servil, corrupta y complaciente derecha uruguaya han logrado imponer “condiciones leoninas” al Estado Uruguayo. Condicionamientos gravísimos que fueron ratificadas por ley del Congreso y que hoy constituyen obligaciones internacionales a cumplir. A punto tal, que llevó al Frente Amplio a cambiar de posición, al ser gobierno. Es preciso reconocer esos hechos, no modificables a voluntar. Y aunar el poder de los Estados Argentino y Uruguayo, en primer lugar, imponiendo obligaciones a futuro a las empresas. De ese modo, impulsar que las fábricas adopten realmente las más ambiciosas metas que puedan lograrse para disminuir al máximo y en el menor tiempo posible la contaminación. Sin impedir el proceso de industrialización. Por el contrario, obligándolas a modernizar, año a año, su tecnología, conforme a los avances científicos de las ciencias ambientales. Que, para esto, deberán realizar aportes económicos concretos para la investigación científica anticontaminante, en el propio país donde se radican. Y, también, obligándolas a la reinversión de sus ganancias en el país hermano, para cerrar el ciclo productivo, estableciendo fábricas “limpias” de papel. Resuelto el problema bilateral, ambos países debieran elaborar un proyecto para presentar al MERCOSUR, acerca del modelo de industrialización soberana, sustentable y los más amigable al ambiente conforme a los avances actuales de la Ciencia y confeccionar, entonces, un modelo de “Estatuto de Inversiones para las Industrias en el Sur del Continente”. Hacer de la crisis una respuesta que, a futuro, señale los objetivos a logar en este tema para todos nuestros países. Es imprescindiblemente necesario que los americanos del sur razonemos a otra escala nuestra política y los objetivos que se desprenden de ella. Debemos pensar, de ahora en más, a escala continental. Y no reducirnos a razonar en torno a visiones de campanario, de pueblo chico, de mera vecindad. Tal modo de pensar, al tiempo que nos ha de fortalecer, ha de permitir la necesaria elaboración conjunta de nuestras respuestas y el acrecentamiento, a igual escala, de nuestro poder negociador. Estamos obligados, en cada caso, en problemas de esta magnitud, a tener una visión estratégica de iguales dimensiones. X) TODAS LAS PLANTAS DE CELULOSA CONTAMINAN. LA CONTAMINACIÓN ES UN DELITO. Juan Carlos Villalonga, Director de Greenpeace en Argentina. Greenpeace, en no pocas oportunidades ha actuado desde el extremo ambientalista, que no siempre favorece la estrategia de los países débiles. Pero en este caso, como conocedor del tema, reflexiona atinadamente sobre los puntos centrales de la estrategia a seguir. Lo hemos de citar “in extenso” porque su razonamiento es plenamente aleccionador: “La instalación de las papeleras no debe convertirse en una disputa entre nuestros países, porque así como las empresas ahora van al Uruguay, mañana van a venir a la Argentina. Lo que importa es que los dos gobiernos, de común acuerdo, puedan fijarles reglas de cómo deben producir en la región”. “La producción de papel está teniendo una expansión a nivel mundial: Crece en China, en el sudeste asiático, se mantiene en Europa y Estados Unidos, ya está en Brasil y ahora estamos viendo la avanzada en el Río de la Plata. Por eso, el problema recién comienza. Y ocurre, además con plantas que, por su tamaño, “son un salto en escala monumental”. “Todas las plantas de celulosa contaminan. Pero si hablamos del proceso industrial, hay mejores tecnologías que las que proponen para Fray Bentos. A finales de los 80, cuando comenzamos a reclamar a las papeleras para que eliminaran el uso del cloro elemental, las empresas decían lo mismo que dicen ahora BOTNIA y ENCE. Hubo fuertes movilizaciones en Europa en los 90´ y 95´. Lo que la industria encontró como respuesta fue reemplazar el cloro elemental por dióxido de cloro, nació así el sistema que se conoce como ECF. Fue un avance, porque contamina menos, pero no elimina la contaminación: sigue descargando al ambiente sustancias organocloradas, dioxinas, lo que en el lenguaje técnico se denominan compuestos AOX, elementos que afectan el sistema inmunológico y son cancerígenos. Y que, además, son elementos persistentes, con una baja capacidad de biodegradarse por lo que permanecen años en el ambiente. En megaemprendimientos como éstos, que van a producir 1.500.000 toneladas de pasta, el volumen de los efluentes volcados al río y el humo que va a ir al aire son altamente significativos. Por eso planteamos que tienen que usar otra tecnología, la TCF, totalmente libre de cloro. Usar un compuesto en base a oxígeno en el proceso de blanqueo de la pasta de celulosa: oxígeno, ozono y agua oxigenada. No es limpia, pero es mejor. Si es mucho más caro, es un dato incierto. Pero podemos decir que BOTNIA, en Finlandia, tiene cinco plantas, y dos de ellas usan tecnología TCF”. “No es cierto, como aseguran las empresas, que es un sistema perimido. Hace años que venimos con este debate. Al principio el tema era si lograba el mismo grado de calidad, hoy esta papelería compite en los estándares más altos, como el papel satinado. Es exactamente igual que cualquier otra. Tiene similar grado de blancura y resistencia. De hecho, Fanapel, del Uruguay, va a reconvertir su sistema a éste. Y acá, en Argentina, tenemos a Massuh”. “Tampoco es real, como afirman las empresas, que el papel TCF, sea menos reciclable, con lo que el daño ambiental final es el mismo. No es real. Son discusiones un tanto viejas. No sólo no es así, sino que, además, son plantas más eficientes desde el punto de vista energético. El sistema TCF permite llevar a cero los compuestos organoclorados. Y la gran ventaja es que se puede avanzar en el cierre del circuito.” “El cloro no es el único tema. Es importante por que una cosa es tener una planta que va a estar contaminando por 40 años y otra que dé posibilidad de ir mejorando su sistema de producción. Pero también hay que regular las plantaciones, y trabajar sobre el tercer eslabón, que es disminuir el consumo. Porque no es cierto que el mayor consumo de papel sea el cultural: el mayor consumo tiene un uso superfluo, como el packaging. Hacer limpia la industria del papel es abordar todo el proceso. En este contexto también hay que discutir si Fray Bentos es el mejor lugar. ¿Pondríamos una papelera, aún la menos contaminante, frente al Perito Moreno? Las plantas no tienen que colisionar con el uso que se le da a una zona”. “Todas las plantas están en el proceso de devolver al río el agua usada en el proceso. Algunas plantas al 70%, y otras al 90%. Y ahí es donde tiene que ir la industria. Pero si no las forzamos, por supuesto que va a usar el método más cómodo, aunque resulte el más contaminante. Nosotros se lo planteamos a Menem y De la Rúa, y ahora vemos la necesidad de un acuerdo entre Uruguay y Argentina.” “BOTNIA y ENCE son una avanzada. Van a venir otras. Uruguay y Argentina somos mirados con avidez por el sector, porque tenemos espacio para forestar y condiciones económicas que les resultan favorables. Por eso es necesario que discutamos cómo queremos que se instalen y en qué condiciones. Tenemos que colocar stándares de producción limpia, porque van a venir a la región. Este es el momento de decir cuál es el modo en que queremos que se produzca. Esa es la discusión que debió haberse dado en la Comisión Bilateral”. A fines de 2002, los Tribunales de Pontevedra, condenaron con pena de multa y a penas de cárcel, en forma condicional (sin imposición efectiva de pena) por “delito ecológico continuado” y “faltas contra las personas” a nueves ejecutivos de ENCE. Según la versión proporcionada por la empresa la condena se produjo porque renunciaron a presentar “camiones de documentación” a su favor porque: “sus accionistas no hubiesen permitido dedicar tres mañanas por semana durante muchos meses, a las audiencias. Prefirieron, entonces, que los ejecutivos de la firma recibieran condena penal. Porque la prisión no era aplicable y la multa era inferior a los perjuicios. No se sabe que, en la condena, le hayan impuesto a la empresa la obligación de reparar los daños y perjuicios y lucro cesante ocasionados a los españoles y al Estado gallego, durante cuarenta años. Esas reparaciones, por cuantiosas, hubiesen impuesto un toque de atención a todos los grupos empresariales del rubro. Además, se les debió forzar a aplicar siempre las técnicas menos contaminantes, en un proceso de adaptación y actualización continua, debiendo hacer las inversiones en investigación y tecnología, por abultadas que fueren. Para que, de una vez, asuman su responsabilidad social como empresarios y no se guíen sólo por la idea de lucro que los rige. Para que, finalmente, se incorporen las inversiones en tecnología ambiental como un costo empresarial a tener en cuenta necesariamente en la relación costo-beneficio. Porque, de lo contrario, los daños –como en el caso de las fábricas tabacaleras- quedan a cargo del Estado, mientras que las empresas se apropian sólo de los beneficios. Apropiación individual de las ganancias y socialización de las pérdidas. Rígida ley del sistema capitalista. XI) TODAS CONTAMINAN. Y LAS ARGENTINAS TAMBIEN. Juan Carlos Villalonga, se refiere también a la actual situación, en general, y también a la de Argentina, en particular. Razona así: “En Europa hay un proceso de saturación a dos niveles. En Finlandia están al tope. En Rusia hicieron un desastre con los bosques primarios. Lo que nosotros estamos resolviendo ahora es si queremos estar, dentro de diez años, como Finlandia o Alemania. Europa tiene un clima de mayor prolijidad, pero no hay que sacar muy rápidamente la conclusión de que están bien. Tienen sus recursos hechos bolsa. Han establecido un manual de buenas prácticas, que consiste en la descripción de tecnologías aceptables, hay un rango del que sólo quedan afuera las peores. Es decir que las plantas pueden calificar dentro de esas prácticas europeas, pero una con las dimensiones de BOTNIA no podría instalarse en Europa, porque el efecto acumulativo no la haría tolerable”. “Las nuevas plantas significan un cambio de escala, de magnitud. La Argentina tiene 10 plantas de celulosa. Todas juntas producen la mitad de lo que va a elaborar M’Bopicuá (de ENCE) y Orion (de Botnia). Eso da una idea del salto de Escala.” “Hay un mix en las papeleras que trabajan en la Argentina. Ninguna es un ejemplo de producción limpia. En Misiones funciona una con el mismo sistema que proponen BOTNIA y ENCE. MASSUH, en el conurbano, adoptó la tecnología TCF. CELULOSA ARGENTINA es igual que la de Misiones, y también la de Capitán Bermúdez, en Santa Fe. En cambio, tenemos un muy buen caso en Cipolletti, donde están haciendo el cartón para las manzanas sin cloro y sin uso de fibras vírgenes, con material reciclado”. Esto obliga a la Argentina a resolver, simultáneamente con el problema de las fábricas uruguayas, la situación de las plantas radicadas en el país que contaminan. Más cuando muchas de ellas recibieron subsidios por un monto de 1.500 millones de dólares, a la hora de instalarse, y el Estado debió hacerse cargo de 450 millones adicionales, a través de la deuda pública, por avales de obligaciones incumplidas de algunas de esas empresas. XII) PARAGUAY ENTRA EN ESCENA: “LAS FÁBRICAS SON UN PROBLEMA REGIONAL”. En la medida que el conflicto se generalizó y trascendió las fronteras, el Paraguay, se sintió también afectado. Y se sumó a la disputa. Puesto que Argentina tiene también fábricas que contaminan, en las fronteras, como el Río Paraná. Entidades ecologistas de Paraguay han denunciado que once grandes empresas argentinas usan tecnologías contaminantes. Estas papeleras Argentinas son las que, silenciosamente hasta ahora, vienen contaminando. Las más conflictivas son: “ALTO PARANÁ” y “CELULOSA PUERTO PIRAÍ”, en Misiones. “CELULOSA ARGENTINA”, de Capitán Bermúdez; LEDESMA, en Jujuy; y “PAPELERA DEL TUCUMÁN”. El Ministro de Ambiente paraguayo Alfredo Molinas luego de realizar las verificaciones del lado argentino, solicitó a la Fiscalía General de Estado que investigue “si existe o no contaminación e identifique a los responsables del delito, en su caso”, por parte de los establecimientos industriales de Misiones, que elaboran pasta celulósica, “poniendo en riesgo el ambiente y las personas que habitan las comunas de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa, a partir del vertido, sin tratamiento previo, de efluentes industriales que continuarían con sustancias tóxicas el río Paraná”. En la denuncia “contra persona innominada”, se pide determinar el grado de contaminación que producen las papeleras en el Río Paraná, compartido por ambas naciones. El establecimiento industrial tomado como testigo operaría con una tecnología obsoleta y contaminante. Las cuatro empresas cuestionadas son “ALTO PARANÁ” (Puerto Esperanza); CELULOSA PUERTO PIRAÍ; y “PAPEL MISIONERO” (Capioví) todas en Misiones; y “CELULOSA CAMPANA S.A.” El Gobierno debe aprovechar la situación planteada, para imponer a las plantas argentinas, las mismas obligaciones que se impongan tanto a BOTNIA como a ENCE. Y proponer, junto a Uruguay, un acuerdo de regulación de toda la actividad de fábricas de pasta celulósica o papeleras en todo el MERCOSUR. XIII) LOS MÉTODOS DE CONTROL. NUEVAS PROPUESTAS TÉCNICAS. Ante el conflicto planteado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, cuenta con un estudio que avala la posibilidad de desviar mediante tuberías los efluentes líquidos de las pasteras hacia el Río Negro, en el interior del país. Este desvío no tendría un alto costo y entienden que sí importantes beneficios, como superar el diferendo de la soberanía: las aguas ya no volcarían directamente en el Río Uruguay. La propuesta no resuelve la cuestión ya que el río Negro desemboca en el Uruguay y, además de los efluentes líquidos, las plantas despedirán gases. Las Asambleas de Gualeguaychú y Colón rechazaron la idea como una solución poco factible. La propuesta de Greenpeace. Reclama, la reconversión de la tecnología de ECF (libre de cloro elemental) a un sistema de TCF (totalmente libre de cloro). Pretende que se reubiquen las plantas, en forma separada, lejos de todo centro urbano y turístico. Estatuir nuevos criterios de ordenamiento territorial para generar zonas aptas para el desarrollo forestal y la instalación de industrias de pasta celulosa y, simultáneamente, la prohibición de la radicación de polos industriales de magnitudes superiores a 700 mil toneladas anuales de producción de pulpa. Las empresas, hasta hoy, sólo se han comprometido a respetar las normas establecidas en la Unión Europea en la materia. Negando como absolutamente falso “que vayan a utilizar otras normas y tecnologías”. XIV) LA TREGUA. El canciller Jorge Taiana atribuyó al gobierno uruguayo haber violado el Tratado Bilateral del Río Uruguay, aprobado en 1975, que obliga a someter el tema a consulta previa del gobierno argentino, por ser un río fronterizo y, por tanto, compartido, y anticipó el propósito del gobierno argentino de llevar el tema al Tribunal Internacional de la Haya, de conformidad con el texto del mismo Tratado. Afirmó que Uruguay ha violado el Tratado en tres oportunidades: en el 2002, al autorizar a ENCE; en febrero de 2005, al autorizar una segunda planta, a BOTNIA; y finalmente, al concederle a ésta última un “permiso unilateral” para la construcción de un puerto. Que no tuvo notificación de esos hechos y recién a fines de 2003, pudo obtener la confirmación oficial de la autorización a ENCE por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Sin lugar a dudas, el gobierno de la derecha uruguaya ocultó, de manera ilegal y desleal, todo lo que pudo, la autorización para construir las plantas. Para evitar los cuestionamientos que ahora se producen y presentar luego la política de los hechos consumados. Tabaré Vázques, ahora, convocó como aliada a la derecha de su país, para poner en ejecución el proyecto aprobado sin su consentimiento, en lugar de convocar a una alianza al gobierno argentino para poder, juntos, poder mejor negociar con las empresas. Por su parte, Mariano Acosta, Ministro de Medio Ambiente uruguayo, aseguró que ambos países acordaron en 2004, antes del estallido del conflicto, un plan para controlar el río por la futura instalación de las dos plantas. Uruguay prefiere el tema sea tratado dentro del Mercosur. Lo que ha sido negado por el ex canciller Rafael Bielsa. A su vez, el gobierno argentino inicialmente no prestó atención al reclamo de los ambientalistas. Dejando pasar el tiempo, quizás con la expectativa que el efecto se diluyera con el transcurso del tiempo. Y no emplazó, como debía, al gobierno de Batlle por el incumplimiento del Tratado. Por estos días, ambos presidentes, Tabaré Vázquez y Néstor Kirschner han acordado una tregua, en Santiago de Chile. Con el fin de calmar las tensiones generadas por los errores cometidos por ambas partes en el proceso y poder iniciar una negociación. El acuerdo presupone que, en Argentina, los ambientalistas levanten los cortes de rutas y puentes, porque consideran los uruguayos que es un acto ilícito violatoria del Derecho Internacional, que causa perjuicio inmediato. A su vez Uruguay, si las empresas prestan acuerdo, deberían paralizar las obras por 90 días, para realizar los estudios ambientales y negociar una solución definitiva al problema, entre ambos gobiernos, en dos nuevas reuniones en Anchorena, Uruguay, y Mar del Plata, Argentina. Al momento de aproximarse una instancia que permite la resolución al tema planteado, surgen las tendencias extremas a ambos lados. Los ambientalistas que no quieren, de ninguna manera, que se instalen las plantas, y por eso, se oponen hasta al traslado de materiales para el acopio; y del otro lado, quienes consideran una “debilidad” o una “traición” del gobierno uruguayo, haber cedido “a la prepotencia argentina” en la defensa de una “causa nacional”. El conflicto y la misma tregua se explican por las debilidades de ambos gobiernos. Uruguay para ordenar a las empresas la paralización de las obras, porque, como hemos visto, deberá tomar a su cargo la exigencia de las empresas de reparación de los perjuicios que esa paralización importe. Argentina, porque el gobierno no quiere cargar con un triple costo político. En primer lugar, por no haber obrado diligentemente años antes, para exigir la previa consulta con el Estado Argentino. Otro, por no querer reconocer anticipadamente que lo único negociable es la eventual contaminación y su control, y el modo de participación de Argentina, pero no la instalación de las plantas. Instalación que, para los orientales, es innegociable y propio de la soberanía de su Estado. Porque tal reconocimiento enardecería a los ambientalistas extremos, de Entre Ríos. Y, finalmente, el de garantizar la libre circulación de las rutas y puentes, para poder negociar, reprimiendo a los ambientalistas extremos si no acceden a hacerlo voluntariamente, para poder sentarse a negociar. Los entrerrianos, sospechando que la tregua pueda ser un subterfugio de las empresas, pretenden que se prohiba la circulación, por rutas y puentes, del acopio de materiales necesario para la continuidad de las obras. Tabaré Vázquez alega que su país no ha violado la ley y que la ocupación de rutas y puentes es de una ilegalidad manifiesta. Que, por tanto, de inmediato, deben cesar los cortes, para, después negociar. Porque no va a negociar bajo presión. Olvida que su país violó el Tratado Bilateral firmado en 1975, al no consultar previamente. Los cortes de rutas y puentes pueden ser tenidos como el ejercicio de una legítima defensa, ante la inminente agresión ilegítima en curso al ambiente de la que somos objeto los argentinos, porque una de las fábricas, al menos, está en plena construcción. Los entrerrianos, a su vez, sostienen que han sido burlados siempre, y recelan hacer lo que se les solicita, si no hay garantías a cambio. Ignorando que, si bien pueden oponerse a la contaminación, carecen de derecho para imponer la prohibición del establecimiento de las plantas, porque es facultad inherente y privativa de la soberanía del Estado oriental. En ambos casos, nadie ha respondido acerca de quién se hace cargo de las reparaciones de los daños en una alternativa u otra. Los argentinos entrerrianos por los daños que ocasionan por el impedimento al tráfico internacional de mercancías y personas. Y los orientales, por las gigantescas indemnizaciones debidas a esa provincia, si las empresas, como se presume, contaminan. Es preciso flexibilizar las exigencias, para poder iniciar las negociaciones. Sin ellas, el conflicto se prorrogará por tiempo indeterminado, perjudicando a todas las partes involucradas, y con un desenlace futuro incierto. En ese caso, habrá llegado el momento que los gobiernos asuman su soberanía plena, uno ante las empresas y otro ante los ambientalistas. Porque solo si Argentina y Uruguay obran de acuerdo y con el apoyo del resto de los países del Mercosur, podrán, de consuno, poner límites a las empresas. XV) LA RESPUESTA POLÍTICA E INSTITUCIONAL. El conflicto actual entre Argentina y Uruguay, por las fábricas de pasta celulosa, ponen en evidencia, los múltiples problemas que afligen a los países del Mercosur: La continuidad que aún subsiste, en grandes rasgos, de las más nocivas consecuencias de las políticas neoliberales vigentes desde los años 70. Las rectificaciones positivas operadas por los cambios en el mapa político por métodos democráticos, no han implicado, hasta ahora, una clara ruptura del modelo económico, excepto el caso de Venezuela. Existen manifestaciones, hechos e intenciones de orientar la marcha de la América del Sur, hacia caminos de mayor autonomía e independencia de la existente hasta el presente, pero sin un principio estratégico común compartido que la oriente. Hechos como el programado gasoducto de 8.000 kms. desde el Orinoco a Misiones y la creación del anillo energético y la idea de crear a futuro PETROSUR; la compra de bonos de la deuda y de buques petroleros a los astilleros Argentinos por parte de Venezuela; y a la recíproca, la venta de tractores argentinos para el campo Venezolano; el acuerdo Argentina-Brasil para el pago anticipado de la deuda al FMI y el acuerdo para unificar la industria aerospacial entre ambos países; la constitución TELESUR, como canal cultural y de noticias de nuestros pueblos como la propuesta de un Comando Conjunto Unificado para las fuerzas armadas del MERCOSUR. O la constitución de un BANCO CENTRAL UNIFICADO constituido con el total de las reservas de cada uno de los países. Reservas hoy depositadas en la banca extranjera, al servicio de nuestra propia explotación y no, como debiera, puestos a disposición de las grandes obras, que necesitamos con urgencia, de infraestructura de interconexión. O para el financiamiento de empresas binacionales o regionales de carácter estratégico. Como un monopolio de exportación de carnes y cereales, con administración conjunta y marca del MERCOSUR. Para armonizar progresivamente nuestras políticas financieras y las macroeconómicas, etc. etc. etc. Esa vocación históricamente retomada de los padres de la patria, y más cercanos en el tiempo, de Perón, Velazco Alvarado, Ovando Candia y Torres, y Salvador Allende, cuenta con una mayor consistencia político-ideológica y perspectivas concretas que nunca antes, a pesar de las múltiples vacilaciones y contradicciones a vencer. A esto se suma el propósito ya anunciado de Bachellet en Chile y Morales en Bolivia, de aproximarse más al Mercosur o, directamente, integrarse a él, que sería lo deseable y políticamente correcto. Con auspiciosas posibilidades abiertas, entre otras, para culminar exitosamente la salida al mar de Bolivia por el pacífico, sin desdoro de los legítimos intereses de unos y otros y borrar las viejas e inicua heridas entre hermanos. O la reactualizada puesta en explotación de los gigantescos yacimientos de hierro de El Mutún y Corumbá, en los límites de Bolivia y Brasil. El momento aparece como un punto de inflexión propicio, para que los países del Sur dejen de ser una mera unión aduanera, al servicio de las grandes corporaciones multinacionales, y puedan emprender el camino definitivo hacia la “desconexión” de los centros de poder hegemónicos, de la que habla Samir Amin. Paso previo y concurrente para consolidarnos como Nación Soberana Unificada, con un proyecto económico-social y cultural propio y diferenciado, que mediante un proceso acelerado de industrialización planificada, revierta la dependencia, elimine la desocupación y reduzca, lo más rápido posible, la más injusta distribución de la riqueza existente en el mundo, para erradicar el parasitismo oligárquico, en la perspectiva del Socialismo. Esa perspectiva está plagada de acechanzas. En primer lugar, por las agresiones del centro imperial, tratando de abortar nuestra naciente alternativa. La que padece sus propias contradicciones internas. El accionar concurrente, de las abyectas oligarquías que, como eslabones de enlace, con cortedad de miras y estrechos intereses, concurren a los fines imperiales. El conflicto argentino-uruguayo, debe resolverse, en esa perspectiva y en las tres dimensiones que abarca. En primer término, con el acuerdo bilateral de ambos gobiernos. Para que un conflicto entre países, pueda operar como un avance cualitativo en el proyecto de unidad. No es centralmente un problema ambiental, sino de integración en el Mercour, que incluye la definición del nuevo modelo económico a seguir, de ahora en más. El que debe contemplar una política pensada, desde lo estratégico, en el largo plazo. Luego, dentro del Mercosur para que, a partir de la experiencia superada, se determinen los lineamientos estratégicos compartidos para un “Estatuto para el desarrollo económico-social y cultural de América del Sur”. Que reestablezca a nivel de la nación latinoamericana toda, el recupero de la propiedad estatal de los recursos naturales y su explotación en función de un proceso en soberanía y libertad, con justicia social y prioridades y limitaciones a la inversión extranjera. De ahí, debe irse, prontamente, a la constitución de un poder ejecutivo plural y centralizado y un parlamento verazmente democrático que exprese a todos los sectores sociales, e incluya a los hoy marginados por el sistema. Nada será posible, si nuestra dirigencia, obedeciendo a la profunda voluntad de los pueblo, no vence sus vacilaciones y amplía su visión, pensando el futuro con la grandeza de nuestros antepasados. Debemos pensarnos, todos y sobre todo, en otra escala y dimensión: la de nuestra América Latina, la Nación aún inconstituida. Constituirla como pre-requisito para poder ser dueños de nuestro destino común. Fuente: http://www.actualidadlatinoamericana.blogspot.com