La situación de orden público en el Chocó se agudiza. La masacre que sucedió en Bellavista el dos de mayo de 2002 está a punto de repetirse y tal vez con implicaciones más graves, debido a que desde “ el 19 de marzo un grupo de las AUC han puesto un reten en la comunidad negra de corazón de Jesús, a sólo 10 minutos de la cabecera municipal de Bojayá, desde donde realizan controles de lo que sube y baja por el río, restringen alimentos y medicamentos, retienen los botes, y desde el domingo pasado han prohibido la movilización por el río Bojayá, y se conoce que están haciendo presencia de civiles en Vigía de Fuerte y Bellavista”, así lo asegura residentes del lugar. Pero las amenazas, no sólo provienen del Bloque Elmer Cardenas de las AUC en el Medio Atrato y se agudizan con la presencia de guerrilleros de los frentes 34 y 57 de las FARC, “situación que hemos denunciado constantemente sin que el estado garantice la seguridad, la vida, bienes y derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, quienes le seguimos apostando a vivir en nuestros territorios ancestrales”. La situación critica que vive la comunidad del Chocó, es una muestra del conflicto armado que vive Colombia, y ya pasó de las amenazas a los hechos, “el 26 de marzo los paramilitares retuvieron a Melson Becheche de Punto Alegre y Maquinía Becheche de Pichicora, indígenas Wounaan y hasta el momento siguen desaparecidos”, y ante la noticias sobre preparativos de una ofensiva de los paramilitares, “hace cinco semanas se desplazaron mil setecientos campesinos afro descendientes de seis comunidades del río Bojayá y la semana pasada fueron 152 indígenas de diferentes comunidades hasta la cabecera de Bellavista, quienes sobreviven en una situación de hacinamiento infrahumano; así mismo el 27 de marzo se desplazaron de la comunidad indígena de Puerto Antioquia a la comunidad de Nambua”. Mientras eso sucede, en el rió Bojayá resisten todavía “270 afrodescendientes de la comunidad e Pogue, entre ellos 120 niños que corren el peligro de quedar atrapados por el fuego cruzado y ya están sufriendo el desabastecimiento de alimentos. Además, cerca de tres mil indígenas corren el mismo riesgo, pertenecientes a las comunidades de: Chanó, Mojaudó, Charco Gallo, Nuevo Olivo, Santa Lucía, Nambua, Tugena, Puerto Antioquia, Pichicora, lana Peñita, Guayabal, Punto Alegre, Cedro y Hoja Blanca”. En medio de esta zozobra, las comunidades indígenas también han denunciado los peligros que corren sus territorios y recursos: “los repartos de las motosierras, el saqueo descontrolado de los recursos maderables en los resguardos indígenas, además que en los últimos 23 días en el resguardo indígena de Chicue en el río Cuía, 150 personas ajenas de la comunidad, amparados por los grupos al margen de la ley han ocupado por la fuerza el territorio, cortando maderas”. Ante esta serie de hechos, que conlleva al deterioro social, cultural ambiental de nuestros territorios ancestrales, “hacemos responsables a las autoridades del Estado Colombiano de nivel nacional y departamental, por lo que está y pueda suceder a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó, debido a que la avanzada paramilitar se desarrolla pasando los puestos de controles del ejercito de Vigía del Fuerte, Murindó y Bellavista; mientras que se sigue explotando indiscriminadamente el recurso maderable de los territorios indígenas ”. Además exigimos tanto a los paramilitares como a la guerrilla, que dejen a la población civil fuera de la confrontación armada, respeten las normas del DIH y los territorios colectivos. Pero “es al estado de la Seguridad Democrática la que está en mora de explicar a los Colombianos y a la comunidad internacional el porque los Paramilitares son los que están ejerciendo control cerca de la Boca del Río Bojayá donde hay presencia permanente del ejercito”, por lo que convocamos a los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional, al Estado, a las comunidades indígenas y afrodescendientes a sentarnos lo antes posible y conformar una comisión humanitaria que se desplace a Bojayá para actuar en la defensa de la vida, los Derechos Humanos y garantizar la pervivencia de quienes también somos colombianos, los guardianes de las selvas, los ríos y montañas... El Gobierno Nacional y el Gobernador del Choco, son responsables ante los colombianos y la comunidad internacional, por los hechos que ocurren en Bojayá y el río Atrató en presencia de las fuerzas militares del estado. Debido a que esto sucede a pesar que en repetidas oportunidades los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, le han solicitado al Gobernador del Choco y su gabinete que tome las medidas necesarias para proteger la vida de los civiles que se encuentran en medio del conflicto, sin que hasta el momento estos funcionarios del nivel departamental, se pronuncien al respecto. El silencio también proviene del Gobierno Nacional y los organismos institucionales de protección de los Derechos Humanos. COMITÉ EJECUTIVO DE LA ONIC -- Comunicaciones ONIC Organizacion Indigena de Colombia