Durante 22 años, el ex ministro de Gobernación de Guatemala Donaldo Álvarez Ruiz vivió impunemente en México y en Estados Unidos. Ubicado plenamente en Tlalnepantla, Estado de México, y gracias a los esfuerzos de varias organizaciones sociales, se logró su localización y se obtuvo por parte de la justicia española, una orden de aprehensión que lo convierte en un prófugo internacional. Ante la absoluta impunidad que impera en Guatemala, diversas organizaciones y familiares de víctimas iniciaron un proceso ante la Audiencia Nacional de España, contra los máximos responsables de la represión en Guatemala que tuvo lugar a principios de los años '80 y que cobró más de 150,000 muertos y 45,000 desaparecidos. A partir de la orden de aprehensión expedida por el juez de la Audiencia Nacional de España, Fernando Grande Marlaska, la INTERPOL giró una orden de localización y captura a 182 países y el Juez mexicano Salvador Guillermo González emitió a su vez una orden de captura el día 13 de diciembre de 2004. Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el 22 de diciembre de 2004, un punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Agencia Federal de Investigaciones, que realice a la brevedad posible la captura de Donaldo Álvarez Ruiz, para que responda ante la Justicia Española, por las acusaciones de genocidio y tortura. Los tribunales españoles han sentado un precedente para terminar con la impunidad que ha dominado la historia guatemalteca de los últimos 50 años y que ha permitido a docenas de ex represores a evadir su ansiada cita con la justicia. Es motivo de preocupación que, a 75 días de que el juez Grande-Marlaska pidiera esta captura, las autoridades mexicanas hayan sido incapaces de materializar esa petición. Álvarez Ruiz es responsable, entre muchísimas otras, de las muertes de Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum y quien murió quemado, junto a otras 36 personas, en el brutal asalto a la Embajada de España; de la escritora Alaíde Foppa; de destacados dirigentes políticos e intelectuales; de centenares de dirigentes campesinos, estudiantiles y sindicales, así como de siete ciudadanos españoles. Por todo ello, exigimos al gobierno mexicano que, mediante la aprehensión del prófugo y su extradición a España, cumpla con sus compromisos internacionales. Este debe ser un caso prioritario para la administración del presidente Vicente Fox, quien en varias ocasiones ha asegurado que el país no se convertirá en refugio de delincuentes. Además, en su reciente viaje a España mencionó la prontitud con que su Gobierno ha respondido a las demandas de la Justicia Española, por lo que este caso no debe ser la excepción. * Para adhesiones a este comunicado contactar a Emilio Godoy: comunicaciones@rigobertamenchu.org , encargado de comunicación de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en México