Informe de Fundación Pacificar Costa Rica
ILEA: Los Estados Unidos y las escuelas de represores
21/08/2003
- Opinión
El acuerdo firmado por Estados Unidos y Costa Rica para el
establecimiento de la Academia Intenacional para el Cumplimiento de la
Ley -una escuela en suelo costarricense comandada por el Departamento
de Estado norteamericano para América Latina- espera la aprobación de
la Asamblea Legislativa mientras crecen las objeciones por parte de
los ciudadanos y las organizaciones civiles.
El debate originado hace ya más de un año por el establecimiento de
una Academia para el Cumplimiento de la Ley (International Law
Enforcement Academy – ILEA) como acuerdo entre los gobiernos de
Estados Unidos y Costa Rica se está tornando cada vez más acalorado y
público para bien de los ciudadanos y organizaciones costarricenses
quienes nunca fueron consultados en este proyecto.
En junio de 2002 ambos gobiernos firmaron un acuerdo mediante el cual
se establecería en Costa Rica una escuela para "apoyar el
fortalecimiento de la justicia criminal en América Latina" orientada a
formar "directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros
funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal".
Dicho acuerdo fue firmado por John J. Danilovich, Embajador de los
Estados Unidos, y Rogelio Ramos Martínez, Ministro de Gobernación y
Policía y Seguridad Pública de Costa Rica (extrañamente no por el
Ministro de Justicia, ya que hablamos de cumplimiento de la ley) "en
presencia de y ante el testigo de honor" Don Abel Pacheco, Presidente
del país sede de la academia.
La iniciativa de la ILEA no es nueva, ya que en abril de 1995 se
inauguró una academia similar en Budapest, Hungría, "para dar
capacitación en el cumplimiento de la ley a oficiales de Europa
central y oriental y los Nuevos Estados Independientes (NIS),
incluyendo a Rusia" según fuentes oficiales estadounidenses, y a
partir de allí se establecieron otras en Bangkok, Botswana y la última
en el año 2001 en Roswell, Nuevo México (Estados Unidos).
Dos años después de la instalación de la primera Academia para el
Cumplimiento de la Ley, el 8 de mayo de 1997 en la Cumbre de San José,
el entonces Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y los
líderes de Centroamérica y República Dominicana allí presentes
acordaron establecer una ILEA Sur en América Latina, para lo cual se
tuvieron en cuenta Panamá, El Salvador y Costa Rica.
Los motivos por los cuales se eligió Costa Rica según el Embajador
norteamericano en el país son en primer lugar "porque Costa Rica
mostró interés", en segunda instancia gracias a que "ha sido un país
modelo en América Latina en términos de desarrollo democrático, papel
de la ley, respeto por los derechos humanos y procesos judiciales", y
por último porque "es sede de otras prestigiosas instituciones
académicas regionales como INCAE (Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas), CATIE (Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza), EARTH (Escuela de Agricultura de la Región
Tropical Húmeda) y la UPAZ (Universidad para la Paz)".
Sin embargo, los costarricenses se preguntan si el establecimiento en
su suelo de una academia contra el crimen internacional dirigida por
los Estados Unidos aumentará su buena reputación en materia de
democracia o, muy por el contrario, le significará un alto costo a su
tradicional imagen neutral y pacifista.
Un debate justificado
Ya no es pan comido para el gobierno estadounidense hacer creer a la
sociedad latinoamericana (ni siquiera a los costarricenses que casi
siempre jugaron en el mismo bando) que ellos son los buenos de la
película y que vienen a salvarnos de nuestras miserias y
subdesarrollos típicos de los países "bananeros" y tercermundistas.
Lamentablemente, a causa de guerras, invasiones, golpes de Estado,
secuestros, torturas, represión e innumerables mortificaciones a
nuestros pueblos, hemos ido perdiendo la ingenuidad en materia de
"buenos y malos". Es difícil creer que el acuerdo sobre el
establecimiento de la ILEA en Costa Rica proponga dentro de sus
objetivos el "énfasis en el rol de la ley, los derechos humanos, los
procesos democráticos" cuando la dirección y los programas de la
academia estarán comandados por los Estados Unidos, sin ninguna
injerencia en lo académico por parte de Costa Rica, siendo que la
potencia del norte no ha adherido a numerosos tratados e instrumentos
internacionales de derechos humanos.
En una carta dirigida a la Asamblea Legislativa de su país, la
Comisión Costarricense de Derechos Humanos menciona que Estados Unidos
no ha adherido "al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, a ninguno de los Protocolos del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, a la Comisión contra el Apartheid, a la
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de
lesa humanidad, a la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, a la Convención sobre la
supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución
de terceros, a la Convención sobre los derechos de los trabajadores
migrantes y sus familias, a la Convención de 6 Hawa de 1997 que
prohíbe las minas antipersonal y se niega a respetar el Protocolo de
Kyoto sobre la reducción de la contaminación de la atmósfera. Tampoco
votó por la creación de una Corte Penal Internacional y de más de 170
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sólo
adhirieron a 12".
¿De qué derechos humanos o procesos democráticos puede hablar un país
de tradición guerrerista que ha formado durante la Guerra Fría a más
de 60 mil latinoamericanos (entre ellos presidentes, ministros de las
fuerzas armadas y directores de policía) en la tristemente famosa
Escuela de las Américas, de la cual se han dado a conocer manuales de
tortura y secuestro contra insurgentes, como el que fue hallado en
Paraguay y lleva el título: "Cómo mantener vivos a los torturados"?
Y si esto no fuera tan evidente, ¿por qué necesitaría el Embajador
norteamericano en Costa Rica publicar un documento llamado "La verdad
sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley"
sosteniendo que quienes se oponen al establecimiento de esta academia
tienen una "aversión crónica contra los Estados Unidos"? ¿Quién podría
tenerle una aversión crónica a un país respetuoso de los derechos
humanos, la paz y la justicia?
Siempre hay, por supuesto, oficiales latinoamericanos admiradores de
los policías al mejor estilo Hollywood que ven en las películas héroes
rudos e invencibles con corazón justo y patriota, y añoran que esos
sean los que vengan a la ILEA a enseñarles cómo combatir el crimen y
el terrorismo. Así lo debe creer el Jefe de Investigaciones Criminales
de la OIJ (Organismo de Investigación Judicial), Carlos Alpízar
Alfaro, al considerar un "honor al país" la instalación de la Academia
para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica y resaltar la importancia
de "la experiencia de policías de renombre como el FBI" en la
"instrucción tan necesaria y esencial para construir una policía
moderna y desarrollada".
Pero a la vez existen ciudadanos, organizaciones civiles y políticos
costarricenses concientes de la magnitud de un proyecto que de
película no tiene nada (excepto el presupuesto) y sí mucho de realidad
conocida y previsible (aunque no abierta y explícita). Debido a esto,
el acuerdo firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica en
el 2002 espera aún los votos favorables de la Asamblea Legislativa
costarricense que continúa encontrando numerosas objeciones al
establecimiento de la ILEA en el país.
Los argumentos en contra no hace falta inventarlos
Muchas son las objeciones que han surgido en los diferentes sectores
de la sociedad costarricense y del resto de América Latina; casi
tantas como artículos lleva el acuerdo. Una de las principales
oposiciones se debe a que el Director de Programa y los Directores
Adjuntos de la Academia (ambos cargos destinados a funcionarios
estadounidenses) gozarán de "privilegios e inmunidades equivalentes a
los otorgados a los agentes diplomáticos" pero se aclara que "no se
aplicará a ningún individuo de nacionalidad costarricense".
De igual manera, el segundo párrafo del artículo 11 redondea: "Costa
Rica otorgará a los instructores, asesores, consultores y demás
miembros del personal de la Academia que no sean costarricenses,
privilegios e inmunidades equivalentes a los acordados para miembros
del personal técnico y administrativo de una misión diplomática".
Según afirma el "Manifiesto ciudadano contra la instalación en Costa
Rica de la Academia para el Cumplimiento de la Ley", estos privilegios
ni siquiera los reciben los funcionarios de la UNESCO, la Unión
Europea o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Muchos diputados creen por su parte que el país centroamericano no se
encuentra en condiciones de cargar al presupuesto nacional 80 millones
de colones anuales (200 mil dólares) para cubrir "los costos de
mantenimiento, operación y seguridad de las instalaciones" de la
academia que deberán correr por cuenta de Costa Rica.
Además, el hecho de que Costa Rica no tenga injerencia en los
programas de enseñanza y estos queden completamente en manos de los
Estados Unidos y su Departamento de Estado despierta temores y
desconfianzas. Como afirma Gustavo Cabrera Vega del SERPAJ – AL: "Si
Estados Unidos no reconoce las convenciones de Derechos Humanos
universales, ¿con cuál autoridad va a entrenar y capacitar para
combatir el crimen internacional?".
Ciudadanos y organizaciones sociales se preguntan cuál ley es la que
se pretende cumplir en la Academia para el Cumplimiento de la Ley. ¿La
ley de guerra y muerte de los Estados Unidos? ¿La ley de la selva? ¿La
ley del pez grande que se come al más chico? Y si son las leyes de
nuestros países latinoamericanos las que desean hacer cumplir, ¿por
qué no dejan a las naciones soberanas e independientes aplicar su
propia ley?
Por supuesto que los Estados Unidos cuentan con una gran
infraestructura, tecnología y presupuesto destinados a enfrentar el
crimen y el terrorismo nacional e internacional, y seguramente eso los
impulse a querer adiestrar a otros en cómo hacerlo pero evidentemente
no se detienen a mirar cuánto en realidad han logrado disminuir el
crimen en su propio país (¿o quizás el crimen no es lo que
verdaderamente importa?).
Un plan continental a manera de rompecabezas
Analizando más en contexto el establecimiento de la Academia para el
Cumplimiento de la Ley, podemos observar cómo el adiestramiento de
fuerzas policiales y judiciales forma parte de un plan que se articula
con un incremento de la militarización y las diversas estrategias
económicas a nivel continental.
Hablamos de fuerzas policiales y/o militares y de sistemas de
inteligencia preparados para la identificación, la contención y la
represión de focos sociales de insurgencia que atenten contra la
presunta estabilidad (que en realidad no existe) de nuestros países.
Sin embargo, esto tampoco es aislado ya que camina de la mano con las
estrategias económicas de miseria para nuestros pueblos empobrecidos
con las políticas neoliberales y que sufrirán mayores consecuencias
aún con los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Área
de Libre Comercio de las Américas y el Plan Puebla – Panamá, los
cuales permitirán el establecimiento de grandes empresas
transnacionales que devastarán a los sectores productivos medianos y
pequeños, se apoderarán de nuestros recursos humanos (en mano de obra
barata) y naturales (con biopiratería, organismos genéticamente
modificados, patentes y dominio de las tierras).
Una Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica no es más
que un agregado al Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Instituto
de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (antes Escuela de las
Américas), los miles de operativos y cooperaciones militares brindados
por los Estados Unidos a los países de América Latina y el Caribe a
manera de formación, ayuda económica o venta de armas, las bases
militares existentes en gran parte de los países del continente, y las
275 instituciones y academias militares en suelo norteamericano.
Esto no le resta importancia a la ILEA, por el contrario la
posibilidad de enfrentar el establecimiento de la academia nos permite
luchar una vez más por la paz con justicia y dignidad que nuestros
pueblos aclaman y merecen.
Ahora bien, ante la demora de la Asamblea Legislativa costarricense en
aprobar el acuerdo sobre la Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley, la potencia del norte parece decidida a
barajar otras opciones con lo que el agregado político de la embajada
estadounidense, Peter Brennan, afirmó a los medios: "ya Washington
dijo que si no se define en poco tiempo analizaría otros países, como
República Dominicana o El Salvador".
¿Pasaría en ese caso a ser la instalación de la ILEA una lucha
dominicana o salvadoreña, luego de un triunfo costarricense? Además de
la importancia que tiene que cada nación pueda hacer prevalecer su
soberanía, es relevante tener en cuenta que estas estrategias -tanto
las militares como las económicas- se encuentran articuladas de manera
tal que involucran a todos y cada uno de nuestros países de América
Latina y el Caribe.
Entenderlo así fomenta la participación de organizaciones civiles y
redes sociales de todo el continente que ven el trabajo conjunto como
un esfuerzo fundamental de la resistencia. La CADA (Campaña por la
Desmilitarización de las Américas) constituida por diversas
organizaciones sociales de América, se encuentra promoviendo, por
ejemplo, dentro de la semana por la desmilitarización en América
Latina la realización de una serie de manifestaciones y actividades en
los países mesoamericanos para el 22 de noviembre de este año poniendo
énfasis en la oposición a la implementación de la ILEA en Costa Rica.
La articulación de acciones regionales, continentales y por qué no
mundiales son las que nos permitirán hacer frente a las políticas
económicas y las estrategias militares que pretenden continuar
oprimiendo a nuestros pueblos e incrementar cada vez más esa opresión.
Más información: www.pacificar.com/ilea
https://www.alainet.org/fr/node/108206
Del mismo autor
- Los pueblos debaten cómo salvar la Madre Tierra 20/04/2010
- El pueblo de Honduras se reúne para refundarse 10/03/2010
- El Che se hace presente, hombre y revolucionario 01/01/2010
- La urgencia del debate por una nueva ley de comunicación 01/06/2009
- Los movimientos sociales frente a las estrategias militares 26/06/2008
- Se define en Caracas la campaña contra las IFIs 10/08/2005
- La soja y la deuda son modelos de sometimiento político 18/04/2004
- ALCA extra light para pueblos hambrientos 18/04/2004
- Academia para el Cumplimiento de la Ley 28/08/2003
- ILEA: Los Estados Unidos y las escuelas de represores 21/08/2003