Rigoberta Menchú Tum compareció ante los tribunales de España en demanda de justicia para las 200 mil víctimas del genocidio cometido en Guatemala. El día 2 de diciembre de 1999, la Premio Nobel de la Paz se presentó ante la Audiencia Nacional para formular la denuncia por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de Estado cometidos en contra de cientos de miles de ciudadanos guatemaltecos y con particular saña sobre los Pueblos Indígenas, dentro del marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Basados en decenas de miles de testimonios directos de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, se demostrará ante la justicia española que el ejército y varios Gobiernos guatemaltecos controlados por éste, cometieron de manera planificada, sistemática y continuada los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de Estado en contra de por lo menos 200 mil víctimas y sus familiares. Documentamos esta denuncia primordialmente con los resultados y conclusiones del Informe "Guatemala Nunca Más", del Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica ejecutado por el Arzobispado de Guatemala, y en las conclusiones y recomendaciones del Informe "Memoria del Silencio", elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, constituida en el marco de los Acuerdos de Paz y respaldada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Existen múltiples pruebas y testimonios que demuestran que el Ejército de Guatemala identificó a numerosos grupos del pueblo Maya como el enemigo interno a destruir. A partir de esta premisa, el Estado elaboró y llevó a cabo un plan criminal con rango de política de gobierno, que consistió en llevar a cabo actos destructivos dirigidos reiteradamente contra grupos del pueblo Maya. La más terrible expresión de esas operaciones militares está en las 626 masacres y arrasamiento de aldeas realizadas entre 1960 y 1983, mismas que están debidamente documentadas en los informes antes mencionados. Junto a esos actos, los agentes del Estado cometieron múltiples actos de extrema crueldad, incluyendo torturas y demás tratos inhumanos y degradantes, con el propósito de aterrorizar a la población y destruir el tejido social de esas comunidades Mayas. Los hechos demuestran la expresión permanente del racismo, asumido como doctrina de superioridad del Estado, lo que explica la particular saña con que fueron atacadas y destruidas cientos de comunidades Mayas. No obstante la magnitud y la evidencia del genocidio en Guatemala, ni un solo militar ha sido juzgado y condenado por violaciones a los derechos humanos. Hasta hoy las posibilidades de alcanzar justicia continúan cerradas. Durante décadas los tribunales de justicia guatemaltecos se han mostrado incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables de esos crímenes contra la humanidad. La denegación sistemática de justicia, la carencia de independencia de los jueces y la violación permanente del derecho al debido proceso, constituyen las bases para la impunidad de la que han disfrutado hasta hoy los genocidas. Por lo anterior recurrimos a los tribunales españoles en demanda de justicia. Los Tratados Internacionales, ratificados y honrados por el Estado, la legislación vigente y los avances en la jurisprudencia en casos previos y similares, sustentan la esperanza de que los genocidas serán debidamente juzgados y de que sus crímenes no quedarán en la impunidad. Tres casos emblemáticos En su denuncia, la Señora Rigoberta Menchú Tum documenta ampliamente los delitos de genocidio, tortura y terrorismo cometidos por el Estado de Guatemala y los ejemplifica en tres casos emblemáticos que, por diferentes razones, la afectan a ella de manera personal: la masacre de la Embajada de España cometida el 31 de enero de 1980; la persecución y muerte sufrida por cuatro miembros de su propia familia; y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles, cometidos entre julio de 1980 y agosto de 1981. Esos hechos ilustran con claridad la existencia de los delitos denunciados, su carácter de política de Estado, la identidad de algunos de los principales hechores y la absoluta impunidad que los ampara en Guatemala. Sin perjuicio de incorporar en el transcurso del proceso nombres de otros implicados en los ilícitos penales denunciados, la Premio Nobel de la Paz imputa como principales responsables de los tres hechos citados a: General Efraín Ríos Montt, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, residente en Guatemala. General Oscar Humberto Mejía Víctores, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986, residente en Guatemala. General Fernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de Guatemala de 1978 a marzo de 1982, residente en la República de Venezuela. General Angel Aníbal Guevara Rodríguez, Ministro de la Defensa durante el Gobierno de Lucas García, residente en Guatemala. General Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de su hermano Romeo Lucas García, residente en Guatemala. Lic. Donaldo Alvarez Ruiz, Ministro de Gobernación durante el Gobierno de Lucas García, residente en la Ciudad de Miami, Estados Unidos de Norte América. Coronel Germán Chupina Barahona, Director General de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García, residente en Guatemala. Sr. Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García, residente en Guatemala. En la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional de España, la Señora Menchú Tum concluye solicitando el inicio inmediato de las Diligencias Previas para la persecución penal de los hechos, dirigiendo la acción a partir de ahora contra las personas señaladas como responsables de estos delitos. A esta denuncia podrán agregarse otras pruebas y testimonios sobre los delitos objeto de la misma. El inicio de este proceso, ante tribunales en los que es posible demandar justicia por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de Estado, constituye un esfuerzo necesario y obligado para que el Estado de Derecho, la paz y la reconciliación puedan prevalecer algún día en Guatemala. La única garantía de que estos delitos de lesa humanidad no se repitan es el fin de la impunidad.