Colombia

Para quién juega Inteligencia Militar?

José Hilario López Rincón

05/10/2014

Opinión

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Las revelaciones formuladas en días pasados por la revista Semana acerca de documentos secretos de las Fuerzas Militares que terminaron en manos de particulares, deben verse más allá de una simple fuga de información y/o de la infiltración por parte de hackers de los sistemas de seguridad de las instituciones que se supone velan por la protección de los ciudadanos y del Estado colombiano.

A pesar de que Semana presenta pruebas y detalles precisos de documentos reservados de inteligencia militar, el locuaz Ministro de Defensa todavía piensa que se debe establecer, si de pronto “se ha presentado fuga de información de Seguridad Nacional” o si de pura casualidad “algún miembro de la Fuerza Pública tuvo o ha tenido algún vínculo con el señor Andrés Sepúlveda”. Mejor dicho, tiene el agua al cuello y pregunta si el barco se está hundiendo.

Recordemos que el asunto trascendió alrededor de la rebatiña por la presidencia, a comienzos de mayo de 2014, con la captura del hacker Andrés Sepúlveda y las acusaciones mutuas de los dos portentos de estadistas que se disputaban el botín electoral: el prócer Juan Manuel Santos y la lumbrera Oscar Iván Zuluaga, representante del impoluto Álvaro Uribe Vélez: la decencia en chanclas.

En medio de las recriminaciones de uno y otro bando, quedó claro que Sepúlveda ha sido cercano a las dos empresas electorales y que, en sus actividades, utilizó medios legales e ilegales, según su propia confesión. Como por ejemplo compra de información a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Pero hay que ir más atrás, al 23 de enero de 2014, cuando la Fiscalía allanó el local donde funcionaba de manera encubierta la sala de interceptaciones legales e ilegales, conocida como “Andrómeda”, en el sector de Galerías en Bogotá. Tras este episodio, los generales Mauricio Ricardo Zúñiga, jefe de Inteligencia del Ejército y Jorge Zuluaga, director de la Central de Inteligencia Militar, fueron separados de sus cargos mientras se adelanta la investigación. Y el Ministro ahí.

Y más atrás aún, al mes de agosto de 2013, recordemos que una de las salas de interceptaciones que tenía el ejército nacional en el norte de Bogotá, conocida como “Sala Gris”, fue cerrada y sus equipos trasladados, a regañadientes, por orden del Fiscal General a la sede de la Fiscalía en la Avenida La Esperanza.

Según el hacker Sepúlveda, “Andrómeda” era apenas una pequeña muestra de acciones en contra del “proceso de paz”.

Sin embargo, la lectura de lo que está ocurriendo, debe trascender los titulares de los medios masivos de comunicación o los comunicados de prensa de las entidades públicas involucradas.

En primer lugar, ¿qué es la Dirección Nacional de Inteligencia? Se trata de un organismo con el carácter de Departamento Administrativo, como en su momento lo fue el tenebroso Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Desde su creación ha estado ligada, por obvias razones, al Ministerio de Defensa.

Su objeto es “desarrollar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y de las personas residentes en Colombia, prevenir y contrarrestar amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el orden constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, así como cumplir con los requerimientos que en materia de inteligencia le hagan el Presidente de la República y el Alto Gobierno para el logro de los fines esenciales del Estado, de conformidad con la ley”.

Se escucha bonito, pero en la práctica cotidiana se ha convertido en instrumento para espiar de manera “legal”, a quienes piensan diferente al establecimiento, so pretexto de “prevenir y contrarrestar amenazas internas o externas”, existentes o imaginarias. Y también ha servido, de manera “ilegal”, para que los amigos de la guerra, enquistados en posiciones claves de las diferentes entidades del Estado, particularmente en las fuerzas militares, embosquen cualquier posibilidad de ponerle fin al conflicto armado interno.

Como en los casos de las ejecuciones extrajudiciales: asesinatos de civiles presentados como bajas en combate, cometidos por miembros de las fuerzas militares de Colombia, se dirá que son ruedas sueltas. Pero no es así. Son ruedas y poleas y palancas perfectamente engranadas, aceitadas, alineadas, que conforman una máquina criminal cuyo propósito es instaurar un modelo de Estado totalitario, del cual ya tuvimos la cuota inicial. Y para este propósito, el mejor medio es un país azotado por la violencia o por el temor de la guerra. ¿Cierto Hitler?

Asistimos a una nueva versión de enfrentamiento entre las élites del poder, en pugna por el privilegio de saquear las arcas del Estado. Y ahí juegan su papel, hoy como ayer, militares e inteligencia militar: Servicio de Inteligencia Colombiano SIC, en la época del dictador Rojas Pinilla; RIMES, RIMEC, CITEC, CIME, Dirección Nacional de Inteligencia, en estos días, el nombre es lo que menos cuenta.

A qué juega inteligencia militar, ya sabemos. Con quién juega inteligencia militar, ya dedujimos. Para quién juega inteligencia militar, lo sospechamos desde un principio.

Sin mayor esfuerzo mental, ¿quiénes serían los primeros damnificados con el fin de la guerra? Pues los que hacen la guerra. Pero atención, los que hacen la guerra no son los que van a la guerra. Los que van a la guerra son campesinos y jóvenes urbanos de barrios populares. Los que hacen la guerra son politicastros y militares de cierto rango, apoltronados en los sillones del Congreso de la República y de los Clubes Militares de Oficiales. Los que van a la guerra ponen los heridos, los mutilados, los muertos. Los que hacen la guerra se llenan los bolsillos y las solapas de condecoraciones.

En la lógica capitalista, la guerra también es un negocio. De ahí que ciertos sectores, nacionales y extranjeros, estén empecinados, por todos los medios, en impedir cualquier forma que ponga fin al largo conflicto que agobia a los colombianos. De ser así su empresa entraría en liquidación.

Seguramente las investigaciones penales y disciplinarias, algún día culminarán. Así sea por prescripción. Lo que no es seguro es que se conozca toda la verdad. A los hackers civiles, inteligencia militar les pagaba por obtener información mínima, generalmente contraseñas o pines; con esa información, inteligencia militar hacía el resto. Pero ¿quién determinaba qué correos o teléfonos interceptar ilegalmente y a quién le entregaban la información que recogía inteligencia militar? ¿Quién es el jefe de esa empresa criminal?, ¿son los mismos que entregaron las coordenadas al púdico Uribe Vélez?

Y en esa lista de interrogantes, ¿por qué el Ministro de Defensa continúa en su cargo? Si estaba enterado de lo que ocurría, es grave y debería salir. Si no estaba enterado, significa que no tiene el control de sus subalternos ni de sus dependencias, también es grave y también debería salir.

José Hilario López Rincón

Abogado – Corporación por la Dignidad Humana

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 419

Semana del 3 al 9 de octubre de 2014

Corporación Viva la Ciudadanía

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