Colombia

Se deberá desandar en el modelo económico

Jaime Alberto Rendón Acevedo

24/08/2014

Opinión

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No es fácil imaginar un futuro con el compromiso de la Paz, la Educación y la Equidad, cuando los paradigmas que rigen la economía precisamente se cimientan sobre elementos que van en contra de tales logros: la evidencia empírica ha demostrado, tras tres décadas de experimento neoliberal en el país, que el libre mercado no conduce a la equidad ni contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida; que la educación de calidad se ha vuelto un privilegio para las élites que se la pueden procurar tras pagar un alto precio por ella; pero sobre todo, que en un país donde la desigualdad y la falta de oportunidades son las características predominantes, se generan las condiciones para la informalidad, la inseguridad y una vida donde la paz es solo una vaga ilusión.

Veamos por ejemplo, el tema laboral y salarial que se constituyen en artífices de la necesaria justicia redistributiva, o lo contrario, en desigualdad, como en realidad ha pasado. Desde hace muchos años, cuando el expresidente Álvaro Uribe hacía parte del Senado, lideró una serie de reformas tanto al mercado laboral como a las estructuras salariales, aspectos que a través de distintas reformas laborales fue profundizando en los ocho años de su gobierno. El propósito de la reformas tiene un sustento en la economía, bastante ingenuo por lo demás, que plantea el mundo del trabajo como un mercado normal, donde el precio del mismo se convierte en el principal instrumento de regulación. Dicho de otra manera, si el trabajo es más barato sería de esperase que los empresarios demandaran más trabajadores, que se sintieran alentados a aumentar la producción por las posibilidades de contratar más mano de obra.

También hay que decir que la pasada reforma tributaria estuvo soportada en esto, modificando aspectos como los parafiscales y permitiendo una reducción de gastos tributarios a las empresas, reemplazando por una ampliación de las personas obligadas a pagar impuestos, las mismas que por estos días y por primera vez, se apresuran a reportar y probablemente a pagar sus recién creadas obligaciones ante la DIAN.

Los resultados de la creación de nuevos empleos o de la formalización laboral (dados fundamentalmente en sectores como los servicios, el comercio y las telecomunicaciones), difícilmente se podrían adjudicar a estas reformas, es más, los datos de largo plazo muestran una desindustrialización en el país y una destrucción de puestos de trabajo. De esta forma, el abaratamiento del trabajo ha terminado por beneficiar a los empresarios, es decir, lo que si se ha logrado con este proceso es aumentar o por lo menos mantener las tasas de ganancia de quienes en el país contratan empleados en condiciones de legalidad. Quienes están en la informalidad no se sujetan a la condiciones de ley y estas cosas difícilmente los convocan a legalizarse por el contrario, la informalidad les procura unas mejores condiciones de ganancia.

En esta administración se ha comenzado a avalar la iniciativa del Senador Alexander López y se propone desandar el camino recorrido al volver a permitir el pago a los asalariados de horas nocturnas y horas extras. Obviamente han salido al debate los distintos actores quienes desde sus racionalidades lógicas defienden o atacan la iniciativa, es decir, los trabajadores propugnan por volver a tener estas garantías y los empresarios, desde el Consejo Gremial, ya lanzan sus voces de alerta sobre los empleos que se podrían perder por la iniciativa. Esto último es lo más llamativo, cuando se redujo el gasto laboral no se crearon los empleos que se prometieron pero ahora que se retoman las medidas lo más seguro es que si se destruirán puestos de trabajo. En economía esta reacción se llama eficacia contractiva y no tengo dudas que se cumpla a cabalidad.

Pero este es solo un tema, y ya se verá la trascendencia y el debate en el país. Hay otros que con seguridad se van a permear. Por ejemplo la jornada completa en la educación primaria y básica hará redefinir no solo la contratación de maestros sino todos los esquemas logísticos y la propia construcción de colegios públicos o la concertación con instituciones privadas.

El ministerio de industria sí que es una necesidad, tras una equivocada política que puso a primar el comercio, el país se propone repensar la política industrial como una necesidad urgente, a la par con la redefinición de los esquemas de los TLC. A no ser que la nueva ministra conviva con un alto perfil en el viceministerio de industria, lo cierto es que se requiere de una institucionalidad que logre poner en las agendas públicas y privadas la promoción empresarial como alternativa de crecimiento y desarrollo.

En el mundo rural sí que se debe avanzar en desandar. Ya los avances o incluso tan solo con anuncios de rescatar temas de restitución, de financiamiento, en general la ley de tierras entre otros, han exacerbado los ánimos de la extrema derecha que con sus prácticas de terror (iguales a las de la guerrilla) asustan y matan a líderes y lideresas campesinas.

La asociatividad empresarial, la resignificación del sindicalismo como una alternativa para la democracia (después de largos y dolorosos años de persecución y muerte), el proyectar el cooperativismo como posibilidad de otras economías posibles son asuntos que el propio gobierno se ha tomado como banderas sociales pero también productivas y de alternativas de mejores condiciones económicas y de vida en el fortalecimiento de una democracia real.

Bueno, sólo se trata de citar algunos temas que se tendrán que analizar con mesura y sentido de país. Por ahora, aunque todos vayan a ponerse al debate, lo cierto es que ya el rescate de las garantías y los mejores ingresos para los trabajadores, a los que la noche era diferente que para los demás, está en curso y la nación tendrá que tomar decisiones que, de seguro, tendrán que ir más allá de la racionalidad económica y pasará necesariamente por la solidaridad social. Los y las trabajadoras de este país asumieron por obligación con la reducción de sus ingresos la responsabilidad de mantener la competitividad del aparato productivo, que se ha basado en salarios bajos, ahora tendrá que ser la sociedad en su conjunto, pero particularmente los empresarios quienes asuman el compromiso de elevar los ingresos de los y las trabajadoras.

Pero, no se deberán escatimar esfuerzos ante la oportunidad que se vive, no se trata de solo un problema de nuevas leyes, debería ser el momento para trabajar en procura de un gran pacto social, de tipo tripartito, que nos posibilite como país proyectar metas de crecimiento y desarrollo, un acuerdo que defina los roles que asumiremos todos en procura de un mejor presente y un futuro esperado, que nos marque los senderos de un país más justo, en paz, con equidad, educado, con capacidades y oportunidades para todos.

- Jaime Alberto Rendón Acevedo, Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle

Edición N° 00413 – Semana del 22 al 28 de Agosto – 2014

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