Ecuador

Ecuador pone al CIADI en la mira

Carlos Alonso Bedoya

30/05/2013

Opinión

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Cada vez que un país quiere ejercer políticas públicas en beneficio de la población o impone sanciones al inversionista que ha incumplido normas o vulnerado su contrato, se enfrenta a un tremendo chantaje. Nos referimos a los arbitrajes internacionales para resolver diferendos entre inversionistas y estados que cada día se desprestigian más. Veamos el caso ecuatoriano.

Cómo será de irracional el marco internacional de protección de inversiones que ha construido el neoliberalismo, que ahora resulta que Ecuador le debe a las transnacionales del petróleo Oxy y Chevron, nada menos que 21 mil 300 millones de dólares. Casi la cuarta parte de su PBI y cerca del 100 por ciento de su presupuesto público.

Y eso que ninguna de estas dos corporaciones ha invertido en Ecuador un monto que siquiera se acerque a esta cifra.

De hecho, los laudos arbitrales del CIADI y UNCITRAL, que respectivamente ordenan al gobierno de Rafael Correa pagar esta millonada, son contrarios a los principios del derecho internacional.

A pesar que el gobierno ecuatoriano demostró que la caducidad se produjo debido al incumplimiento de contrato y la violación de la ley ecuatoriana por parte de la propia Oxy; el CIADI no hizo más que rebajar la indemnización en 25 por ciento. O sea, que reconociendo que la culpa no es de Ecuador, sino de la Oxy, igual lo sanciona con una cifra ridícula.

En el primer caso, el tribunal del Banco Mundial, conocido como CIADI, establece que la caducidad del contrato que firmó la Oxy con Ecuador, se convierte como por arte de magia en una expropiación indirecta, clavándole una indemnización de 2 mil 300 millones de dólares.

Con esa plata se podría construir 942 escuelas súper equipadas; dar bonos de vivienda a 460 mil ecuatorianos; asignar 22 mil 321 becas de maestría en las mejores universidades de Europa y Estados Unidos; construir una gran central hidroeléctrica; y financiar 11 programas sociales para poblaciones vulnerables. Todo eso junto.

Y a pesar que el gobierno ecuatoriano demostró que la caducidad se produjo debido al incumplimiento de contrato y la violación de la ley ecuatoriana por parte de la propia Oxy; el CIADI no hizo más que rebajar la indemnización en 25 por ciento. O sea, que reconociendo que la culpa no es de Ecuador, sino de la Oxy, igual lo sanciona con una cifra ridícula.

Y todo por el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que Ecuador había firmado con Estados Unidos con el cuento de promover empleo y bienestar, pero que en realidad causó un grave daño.

Y eso no es nada comparado con el caso de Chevron, que fue sentenciada por un tribunal ecuatoriano a resarcir a comunidades indígenas afectadas por contaminación.

En respuesta, la petrolera enjuició a Ecuador, consiguiendo que el tribunal arbitral de Naciones Unidas: Uncitral, le imponga una indemnización al estado de 19 mil millones de dólares, amparándose nuevamente en el TBI con Estados Unidos, pero sin considerar que éste se firmó muchos años después que empiece el lío. Se pasaron por las partes sacras el principio de no retroactividad.

Pero como Ecuador tiene un gobierno que no tiene miedo a dar batallas políticas de envergadura; ha empezado una auditoría de todos sus TBI y de los fallos del CIADI, Uncitral y cuanto panel arbitral exista, para demostrar ante todo el mundo, el abuso en el ejercicio del derecho por parte del capital transnacional, y así no pagar.

El decreto N° 1506 del 6 de mayo firmado por Correa da inicio a tremenda pelea.

- Carlos Alonso Bedoyaes Abogado y periodista peruano miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y columnista semanal del matutino peruano La Primera.

Fuente: http://www.latindadd.org/economiacritica/?p=1776

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