Guatemala

Pronunciamiento ante la situación nacional

Plataforma Agraria

07/05/2013

Opinión

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Actualmente Guatemala está marcada por la expansión y reconfiguración mundial del capitalismo extractivo. En el plano nacional, esto se ha reflejado en la política de apertura, fomento y protección de las inversiones privadas por parte del gobierno actual. En especial, aunque no únicamente, se ha favorecido a los Proyectos Extractivos, Agroindustriales y Energéticos. Prueba de ello es el paquete de leyes (Ley Marco del Sistema Nacional para la Competitividad y la Productividad, Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, Ley Regularizadora del trabajo por hora y su inclusión al Sistema de Seguridad Social, Ley de propiedad industrial, Ley de Garantías Mobiliarias) que promovió el presidente Otto Pérez Molina

Para llevar a cabo esta política, se desarrolla un estricto trabajo de inteligencia, represión y criminalización de las luchas y resistencias sociales (activistas religiosos, estudiantes y maestros, sindicatos, entre muchos otros). En especial se han criminalizado las luchas vinculadas a la defensa de la vida, los territorios y la Madre Tierra, así como a los derechos humanos.

Columnistas, medios televisivos y funcionarios de gobierno presentan en los medios de comunicación una distorsión de la realidad. Mientras fuerzas armadas estatales y privadas siembran el terror, cometen crímenes, fomentan la impunidad y promueven el conflicto, las organizaciones, comunidades e individuos que luchan por la vida son acusados de “criminales”, “promotores de conflictividad” y “terroristas” con el fin de deslegitimar sus luchas sociales por causas justas. Las ejecuciones extrajudiciales de líderes campesinos, presentadas como “notas rojas” para generar miedo dentro del movimiento campesino y así acabar su resistencia y defensa del territorio.

Esa es la lectura que como Plataforma Agraria hacemos de la Masacre de Totonicapán, los Estados de Sitio en Huehuetenango, Santa Rosa y Jalapa, los secuestros y asesinatos de líderes (Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Zacapa, ¿Santa Rosa?) y la continuidad de los desalojos asociados a la Agroindustria (Alta Verapaz, Izabal) así como a Proyectos Extractivos y Energéticos, como los casos de San Rafael las Flores (Santa Rosa) y San José del Golfo (Guatemala). Es preocupante la similitud que existe entre las estrategias implementadas actualmente por el gobierno y las prácticas oscuras del pasado de la guerra.

También resultan notorios las dificultades y obstáculos que las comunidades víctimas de la contrainsurgencia han encontrado para lograr que se haga justicia en el proceso judicial por el delito de genocidio. Aunque la resolución de dicho proceso compete a los tribunales de justicia, las comunidades y organizaciones tenemos que hacer ejercicio de nuestro derecho de fiscalizar e impugnar éstas decisiones, si es que éstas no nos permiten conservar nuestra memoria y saber quiénes son los que nos han reprimido en el pasado, con las mismas tácticas y estrategias contrainsurgentes que hoy se quieren replicar al imponer por la fuerza los Proyectos Extractivos y Energéticos mencionados y que conforman parte de la agenda neoliberal del proyecto hegemónico guatemalteco.

También llamamos la atención sobre la gran similitud entre los discursos de las organizaciones e individuos que se empeñan en bloquear el juicio por genocidio, con el de aquellas organizaciones e individuos que desde hace años se dedican a a bloquear la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural (Iniciativa 4084) y a imponer Proyectos Extractivos y Energéticos por medio de la represión selectiva (procesos judiciales, encarcelamientos).

Ante un contexto como el esbozado, la Plataforma Agraria hace un llamado:

- A las organizaciones, comunidades e individuos en lucha por la vida, la tierra, el territorio, los derechos humanos, la justicia y la memoria: para seguir superando la división y tender puentes de diálogo y acción conjunta frente a los peligros comunes ya indicados. Este encuentro de luchas distintas pero similares es urgente, pero no debería adoptar la forma de una alianza o unidad forzada. Una muestra de acción conjunta han sido los miles de personas que participaron en las marchas por el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.

- Al gobierno de Guatemala: para dejar de ser un actor más entre los que fomentan la conflictividad, y asumir un papel verdaderamente imparcial. Debe recuperar su naturaleza de cargo de presidente y representar la unidad de la nación y, en este sentido su vocación debe ser la del diálogo y la mediación y no alinearse incondicionalmente con las empresas nacionales y transnacionales, como lo ha venido haciendo. Debe respetar la independencia del organismo judicial y asegurar que la inversión cumpla normativas nacionales e internacionales mínimas en garantía a derechos humanos de los pueblos que habitamos el territorio de Guatemala. Cumplir con fortalecer el poder civil en Guatemala en lugar de remilitarizar el territorio.

- A la sociedad en general: a recuperar la solidaridad hacia los grupos marginados, explotados y excluidos. A apropiarnos de procesos judiciales que permiten hacer justicia, honrar a las víctimas de la guerra y no repetir los errores del pasado. A estar atentos y vigilar, en la medida de lo posible, las acciones de las empresas, gobiernos locales y gobierno central. Ejerciendo el derecho de auditoría social, indispensable como una de las balanzas de poder en un Estado Democrático de Derecho, rechazando acusaciones de terrorismo o criminalidad. En ese sentido, es urgente la aprobación de la Iniciativa 4084 (entre otras, como una Ley de Aguas o una nueva Ley de Minería) por su importancia general para Guatemala y no solamente para las organizaciones y comunidades campesinas. Debe priorizarse la atención a poblaciones en miseria y pobreza, el respeto a las consultas comunitarias en lugar de la celebración de lujosos eventos para la subasta del país.

Guatemala, 07 de mayo de 2013

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