El 14 de enero Otto Pérez Molina presentó su tercer informe de gobierno. Sin embargo este documento más parece un panfleto electoral que un informe de gestión de gobierno,  ya que se reduce a “un reporte de avances” poco confiable debido a la inconsistencia de sus datos.  

Plataforma Agraria ha denunciado en varias ocasiones el énfasis que el actual gobierno le ha dado a la inversión privada y a los sectores de alto poder económico, dejando estancadas y en retroceso las temáticas agrarias, de recursos naturales, seguridad ciudadana, economía, educación y salud.

El gobierno, en su informe, enfatiza la agricultura y los recursos naturales como uno de los motores del país. Siendo así, el gobierno debería llevar a cabo acciones prioritarias en este sentido, pero sin embargo, las acciones impulsadas por el ejecutivo se muestran incompletas, siendo asistencialistas y no cumpliendo con el fin de subsanar problemáticas estructurales.

Nos sorprende negativamente que el informe considere como éxito la puesta en marcha de la inversión privada en territorios rurales. La iniciativa privada siempre, por definición, busca un beneficio personal antes que el beneficio global de la ciudadanía. El Gobierno de Guatemala avala el acaparamiento de tierras para la expansión de monocultivos de caña de azúcar (300,000 has) y palma africana (150,000 has)[1], alegando que son motor de desarrollo nacional. Un desarrollo que muy pocos guatemaltecos y guatemaltecas perciben.

Por otra parte, la aprobación de licencias de exploración, extracción minera y construcción de hidroeléctricas, sin consulta previa a las comunidades originarias ha generado grandes enfrentamientos. En lo que va de este gobierno, se han  aprobado  19 licencias de explotación, 11 de exploración  y 1 de reconocimiento[2]. No obstante, queda demostrado, que la ejecución de estos programas y proyectos privados no mejoran ni mejorarán el nivel de vida de la población guatemalteca.

Queremos insistir en la necesidad de ver los bienes naturales y, en concreto, el agua, como derecho humano y no como fin de lucro. En Guatemala, no contamos con un régimen jurídico coherente que regule los derechos de propiedad del agua, aunque nuestra Constitución Política establece que todas las aguas son “de dominio público, inalienable e imprescriptible”.  Sin embargo nos encontramos con una realidad donde empresas energéticas, agroindustriales y extractivas tienen vía abierta a un total control sobre este recurso.

En materia agraria, queremos señalar la débil institucionalidad, que queda reflejada en el Fondo de Tierras.  Debemos resaltar que desde el 2004, el número de conflictos ha aumentado un 44.3%, implicando a un total de 1.177.332 personas. No obstante, FONTIERREAS, se muestra como una institución sin capacidad de respuesta, ateniendo únicamente a 20.150 casos de las 500.000 solicitudes, traduciéndose en un mísero 4% de atención a los casos[3].

Por otro lado, vemos a diario que los procesos de despojos, desplazamientos y expulsión de las comunidades de sus territorios, se agudizan, a la vez que se incrementa la criminalización con órdenes de captura contra liderazgos comunitarios, siempre haciendo uso de la violencia, intimidación y amenazas. Muestra de ello, son los datos facilitados por UDEFEGUA, en los que se muestra que en el año 2014, se contabilizaron 805 agresiones, más del doble que durante el anterior gobierno.

En términos de seguridad ciudadana, la publicación del Acuerdo Gubernativo 31-2015, en la que se crean los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana, ha sido un gran revés para todos los que defendemos los derechos del pueblo guatemalteco, y ha hecho visible la política del gobierno de represión y criminalización.

Recordamos que en los Acuerdos de Paz (acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática), el gobierno quedó comprometido a delimitar la función del Ejército. ¿Por qué los gobiernos sucesivos, incluyendo el actual, hacen oídos sordos a esta prohibición expresa e incrementan la presencia del Ejército en este ámbito?

Queremos dejar claro, que este acuerdo gubernativo es claramente inconstitucional, viola los acuerdos de paz, y tiene una clara finalidad de aplicar estrategias de represión y criminalización.

En relación a la economía, debemos recordar que alrededor de 7 millones de los 15 que habitan en Guatemala viven en condiciones de pobreza y un 15% lo hace en condiciones de extrema pobreza sobreviviendo con aproximadamente 13 quetzales diarios.

También queremos hacer referencia a la Ley de Biodiversidad y al reglamento sobre los transgénicos. En un país con nuestros niveles de pobreza, cargar al pequeño agricultor con más pagos a cuenta de tener que comprar semilla, en detrimento de las semillas criollas,  es condenarle a una muerte lenta y segura. La propuesta de producción agroecológica,  de implementación de asociaciones y cooperativas agrícolas, propuesta desde hace décadas por Plataforma Agraria,  sí pueden ser solución a estos problemas.

El costo de la canasta básica continúa incrementándose y el salario mínimo se estanca. Según datos publicados por el INE la canasta básica vital no se cubre con dos salarios mínimos, y para hacerlo con los nuevos salarios “diferenciados”, harían falta casi cuatro. Que el gobierno apoye un salario mínimo de 1500 quetzales es cuanto menos vergonzoso. Este hecho obliga a muchas familias necesitadas, a que sus hijos e hijas abandonen la escolaridad para poder traer un sustento alimentario suplementario al hogar.

Este tercer informe habla muy brevemente de la educación en nuestro país. Según UNICEF, se estima que el 26% de niños y niñas de entre 7 y 14 años no asisten a la escuela y cada año, el 12% de matriculados abandona la enseñanza. Sin embargo, aunque los datos muestren la gravedad que se vive en Guatemala en materia de educación, Guatemala es uno de los países que menos invierte en esta importante área, hecho que queda evidenciado con las escuelas sin maestros, sin útiles escolares y con infraestructuras muy dañadas.

Por último, se constata una crisis total en el sistema de salud pública del país. Los hospitales no cuentan con suministros y medicamentos esenciales y la mortalidad infantil y la desnutrición crónica (según UNICEF, el 49.3% de niños menores de 5 años) siguen siendo alarmantes. El plan hambre 0 ha mostrado la incapacidad del gobierno para generar un sistema alimentario sostenible, mostrando que los apoyos alimentarios no constituyen el único componente para superar la pobreza y el hambre.

Como Plataforma Agraria invitamos a todos los sectores afectados a articularos y aglutinarnos, con el fin de crear un frente amplio para luchar contra la injusticia en Guatemala.

Exigimos al gobierno su obligación de cumplir con el espíritu de la constitución política de construir un estado social, donde la riqueza y biodiversidad de Guatemala repercuta y se sienta en cada uno de sus ciudadanos y no en el beneficio de intereses privados, a la vez que exigimos el cumplimiento de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que el gobierno de Guatemala se comprometió a alcanzar.

Guatemala, marzo 2015

Notas

[1] Información extraída del comunicado de las organizaciones campesinas del 15 de mayo de 2014, publicado en la página web de CONGCOOP

2)  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

3) Informe alternativo del Derecho a la Alimentación, realizado por el colectivo por el Derecho a la Alimentación.