Una semana después que comenzaran las movilizaciones sociales en Colombia, las Naciones Unidas y la Unión Europea condenaron este martes 4 de mayo la violencia de parte de las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos durante la noche (ndr: del 3 al 4 de mayo) en la ciudad de Cali, en Colombia, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales, y al parecer mató e hirió a varias personas”, denunció en Ginebra, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali”, subrayó. E informó que “los defensores de los derechos humanos también están denunciando que han sido acosados y amenazados”. Hurtado expresó la más “profunda conmoción por los hechos ocurridos” y subrayó “la solidaridad con los que han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”.

La alta funcionaria de Naciones Unidas analizó que a pesar de que la presidencia colombiana anunció el 2 de mayo que el proyecto de Ley de Reforma Fiscal sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, y se ha convocado una manifestación masiva para el 5 de mayo.  “Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas”, subrayó Hurtado en una declaración de particular importancia ya que debilita cualquier argumento oficial que buscaría pretextos para el accionar represivo de las fuerzas del Estado.

Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, desde las Naciones Unidas, “hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, puntualiza Hurtado

Y recuerda que las fuerzas de seguridad y policiales deben atenerse a los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones grave, enfatiza.

Casi en paralelo al pronunciamiento oficial onusiano, la Unión Europea se sumó a la fuerte crítica de la comunidad internacional a la violencia represiva estatal en el país sudamericano.

"La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos", dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, en declaraciones emitidas en Bruselas, Bélgica. El portavoz llamó a poner fin a la escalada de la violencia.

Según diversas fuentes, producto de la represión de las fuerzas de seguridad, se habrían producido no menos de 20 decesos entre los manifestantes y más de 800 heridos. En las primeras horas del martes 4 de mayo la Defensoría del Pueblo de Colombia comunicó por diferentes canales digitales haber recibido denuncias -entre el 28 de abril y el 3 de mayo- de 89 ciudadanos desaparecidos.

La mayoría de las muertes se han producido en la ciudad de Cali, pero de acuerdo a informaciones provenientes de la oficina de Naciones Unidas en Colombia, también ha habido fallecidos en otras zonas del país como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.

Horas antes, el lunes 3 de mayo, la representante de la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, a través de su cuenta en un canal digital había advertido que se está dando “seguimiento con preocupación”, desde el 28 de abril, a la situación de derechos humanos en Cali, Cauca, Medellín, Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá. “Estamos en contacto con el Ministerio Público. Destacamos que la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas” señalaba.

Frente a casos de violencia recuerda “que según normas internacionales los Estados están obligados a respetar y proteger los derechos humanos”. “El marco normativo que rige el empleo de fuerza incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, detallaba el mensaje de la alta funcionaria de la ONU en Bogotá.

Además, recordaba que “la posibilidad de reunirse y actuar de forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal, la expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida

Según una información de la ONU en Ginebra, el Relator Especial sobre la Libertad de Asociación y Reunión pacífica había manifestado estar “alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes”.

ONU, Ginebra, Suiza, 4 de mayo 2021

- Sergio Ferrari, periodista RP, desde la ONU, Ginebra Suiza.