La historia de Colombia se caracteriza por tener episodios de una crueldad y sevicia que superan con creces los límites del horror mentalmente concebidos. Pero quizás el capítulo más oscuro de nuestra oscura historia es el de los mal llamado ‘Falsos Positivos’: ejecuciones de civiles llevadas a cabo por agentes del Estado, bajo las directrices de sus superiores para mostrar un falso “éxito” en la lucha antisubversiva; triunfo que errónea y perversamente se valora en “litros de sangre, ríos de sangre”, como exigía a sus tropas el general Mario Montoya, excomandante general del Ejército Nacional, investigado por vínculos paramilitares y por su participación en masacres, ejecuciones y asesinatos selectivos, y quien en días pasados se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dónde negó su responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen, y ofender a las víctimas con sus polémicas declaraciones[1].

No hay certeza sobre cuántas víctimas de ‘Falsos Positivos’ hay en el país ni cuando se inició esta macabra práctica, pero podrían ser más de 6 mil los casos ocurridos en las últimas cuatro décadas, o, incluso, desde antes. En un documento entregado por la Fiscalía a la JEP en junio de 2018, se habla de la existencia 2.248 víctimas, asesinadas entre 1988 y 2014 en 27 departamentos; el 29% de los casos se habría registrado en Antioquia[2]. Sin embargo, esta práctica seguiría presentándose en la actualidad, como lo reveló el diario estadounidense The New York Times hace un año. En diversos informes que dan cuenta de este fenómeno criminal, se reconoce que bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (y la directiva ministerial 029/05) se incentivaron los asesinatos de jóvenes indefensos, alcanzando su etapa más cruenta entre 2006 y 2008, y cuyos cadáveres fueron vestidos con prendas militares para ser presentados como guerrilleros caídos en combate con el fin de obtener bonificaciones y enseñar el éxito de su política de seguridad democrática. La certeza más dramática de esta realidad es que el reciente hallazgo hecho en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba (Antioquia) -el sexto municipio con mayor número de desaparecidos forzados en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica-, no es exclusivo de este sitio, tampoco es el primer hallazgo ni será el último, y las víctimas allí encontradas son una mínima parte de las que se podrían ubicar en otras fosas comunes, en buena parte del territorio nacional. “La Fiscalía investiga cerca de cinco mil casos, que implican a unos 1.500 militares, y que fueron cometidos entre 1988 y 2004. De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos”[3].

Según el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios[4], publicado en 2018 por la Universidad Santo Tomás, y publicitado por el periódico británico The Guardian, uno de sus autores, Omar Eduardo Rojas, oficial retirado de la Policía, con una trayectoria de más 31 años en la institución, habría documentado cerca de 10.000 casos, crímenes que, según afirmó, habrían sido meticulosamente planificados y llevados a cabo por todos los rangos de las Fuerzas Militares, y en los que se incluyeron niños con discapacidad, aprovechando su vulnerabilidad, y también militares sospechosos de denunciar.

En diciembre de 2019 la prensa informó que “acababa de aparecer la que podría ser la primera fosa común masiva con más de 50 cuerpos de falsos positivos” en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. No era la primera vez que se reportaba un hallazgo semejante. Diez años atrás las noticias dieron cuenta de la existencia de una fosa común encontrada en el cementerio de La Macarena (Meta) en la que, según algunos medios internacionales, habría por lo menos 2 mil cadáveres de personas asesinadas y desaparecidas por miembros del Ejército. Se dijo entonces que era la fosa más más grande de Latinoamérica, pero las imágenes de unas excavaciones hechas en una fosa común encontrada en 1996 en Srebrenica (Bosnia), que fueron presentadas como tomadas en el Meta, más las afirmaciones de la embajada de Estados Unidos en un cable diplomático desmintiendo esta información, echaron tierra al asunto y el país pronto olvidó que el gobierno había asegurado en su defensa que no se trataba de 2 mil sino de 450 víctimas. No se volvió a mencionar esta cruda realidad, al menos no en los principales tabloides del país.

Solo cuando la semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, en desarrollo del caso 03, dedicado a investigar muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, hizo públicos sus hallazgos en el cementerio de Dabeiba, el tema volvió a ser noticia y las alarmas se dispararon. Mientras la JEP presentaba los resultados de la segunda inspección hecha en este camposanto, el país se enteraba de la existencia de la fosa No 7 en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar (Cesar), donde según declaración dada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Valledupar en 2016, podrían encontrarse entre 450 y 500 cuerpos de posibles víctimas de ‘Falsos Positivos’, en cuyos crímenes estarían involucrados miembros activos del Batallón La Popa. “Varias familias sí saben que los cuerpos de sus seres queridos, ejecutados extrajudicialmente, están en dicho camposanto, específicamente, en la fosa común N.º 7, ubicada en la parte posterior izquierda del cementerio”[5].

El 9 de diciembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz, atendiendo las declaraciones de un ex oficial de las Fuerzas Militares, que informó sobre “enterramientos clandestinos e irregulares” realizados por miembros del ejército, llegó al camposanto de Dabeiba con un equipo de investigadores, magistrados, antropólogos, médicos, odontólogos y topógrafos para realizar la exhumación de varias decenas de cuerpos que corresponderían a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Según se calcula, el batallón del que hacía parte el soldado Buitrago [declarante ante la JEP], pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en dos años. Según publicó SEMANA, Buitrago calcula que participó en unos 20, pero en un documento de la JEP se estiman alrededor de 50. “Casi todos estos casos han pasado de agache para la Justicia. Solo Pedraza –el suboficial que un día ordenó desfigurar un cadáver con una M60– lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle sumido en las drogas al que mostraron como un guerrillero dado de baja en combate. Pero es una excepción, porque casi todos los uniformados vinculados con estos hechos nunca han sido procesados. Son casos impunes”[6].

El hallazgo hecho por la JEP fue estremecedor. En dos días de trabajo encontraron 10 cuerpos, algunos de ellos con botas de caucho, sogas y tiros en la cabeza, una semana después eran 17 cuerpos, y luego de una segunda inspección, que se realizó entre el 17 y el 21 de febrero, se recuperaron 37 cadáveres, para un total de 54. Algunos habitantes de esta zona creen que corresponden a jóvenes asesinados por miembros del ejército para ser presentados como guerrilleros entre 2005 y 2008. Sin embargo, en esta zona han hecho presencia todos los actores armados.  En la década de los noventa los frentes 5, 18, 34, 57 de las FARC dominaron buena parte del territorio, luego llegaron los grupos paramilitares a finales de los noventas, iniciado el siglo XXI se consolidaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el bloque Élmer Cárdenas, y en la actualidad hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas. “Hoy, ese municipio sigue rodeado de actores criminales que se han reciclado luego del desarme de los viejos victimarios. Las disidencias de las Farc, y grupos que nacieron tras la desaparición de las autodefensas, como el Clan del Golfo y los Caparrapos, todavía tienen interés en la región, en las rutas criminales y los cultivos ilícitos”[7]. Todos ellos, incluyendo los batallones militares del ejército nacional, han operado como victimarios y verdugos de la población civil.  En Dabeiba, el 82% de sus 23.000 habitantes, se declaró víctima de algún delito en el marco del conflicto armado. Si bien las víctimas de ‘Falsos Positivos’ exhiben características particulares, y sus búsquedas y hallazgos son el resultado de confesiones de uniformados que esperan obtener beneficios judiciales, en varias de las fosas en proceso de evaluación se encontrarían también los restos de personas que fueron asesinadas y desaparecidas por otros actores armados, lo que hace aún más compleja la investigación.

“Los resultados de la segunda visita de la JEP a Dabeiba indicaban, hasta el viernes, que entre los restos hay por lo menos dos niños, varias mujeres, una familia vestida con prendas militares y varios cráneos con heridas de arma de fuego y ojivas incrustadas. También sugieren que la versión del sargento retirado que decidió contar las prácticas de las que supo y participó en su paso por Dabeiba no estaba lejos de la realidad. Ese antiguo uniformado calculó entre 45 y 75 los “resultados operacionales” ilegítimos presentados por unidades militares a mediados de la década del 2000. Pero la investigación de la JEP se ha convertido en una bola de nieve, y el despacho del magistrado Ramelli ya ha documentado casos desde principios de los años 90” [8].

Este horror se repite en varios departamentos y cementerios del país, sobre los cuales existen, en algunos casos, medidas cautelares y en otros, son los familiares de desaparecidos quienes insisten en buscar a sus seres queridos, enterados por registros fotográficos de la prensa y confesiones de militares, sobre su destino final. En diciembre de 2019 cuando se informaba sobre la primera inspección de la JEP al cementerio de Dabeiba, se supo, aunque la noticia pasó casi desapercibida, que en distintas “tumbas y fosas de los cementerios de Frontino, Uramita, Abriaquí y Cañasgordas (Antioquia), yacen los restos mortales de jóvenes que fueron asesinados y luego presentados como bajas en combate. (…) Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en la región Occidente se han cometido 79 masacres y hay más de 1.100 víctimas de desaparición forzada y alrededor de 1.300 homicidios”[9].

Organizaciones defensoras de los derechos humanos hacen un llamado a la Justicia Especial para la Paz para que brinde protección en diferentes cementerios y evite que estos sean objeto de intervenciones ilegales. En Sucre se alertó sobre la existencia de fosas comunes en el cementerio Central de San Onofre, la finca El Palmar, el cementerio del corregimiento de Rincón del Mar y en las fincas la Alemania y Texas. “Según familiares de víctimas de ‘falsos positivos’, en esta zona podría haber jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército. La líder social y vocera de las víctimas, Íngrid Vergara, sostiene que estos lugares representan la posibilidad de encontrar a los familiares que han sido víctimas de desaparición forzada. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado documentó 259 desapariciones en el departamento, durante la época de la cruda violencia, cuando en Sucre había presencia de grupos de paramilitares y guerrilla”[10]. Estas denuncias, que ya habían llegado a oídos de la JEP, la llevaron a convocar, un mes atrás, a una audiencia pública sobre desaparición forzada y a realizar junto al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) un acto simbólico en homenaje a las víctimas de este crimen en el municipio de San Onofre[11].

Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad y vocera del Movice en Antioquia, sostiene que “es urgente determinar una estrategia de intervención de los cementerios para evitar que sean alterados, como parece que pasó en Dabeiba. Se requiere una ruta de intervención que permita cruzar la información con los datos de víctimas de desaparición y ‘falsos positivos’”. El Movice fue la organización que solicitó a la JEP medidas cautelares sobre 17 sitios del país –entre los cuales hay al menos 14 cementerios y varias zonas con fosas comunes– donde estarían restos de personas desaparecidas. Entre esos están los seis camposantos de Dabeiba. Gracias a esa solicitud y a las audiencias públicas de la JEP, ya se inspeccionaron dos cementerios en San Onofre, Sucre: el central y el del corregimiento de Rincón del Mar.

Esas diligencias han puesto de manifiesto el riesgo [para la preservación e identificación de] los cuerpos de los que hablan las víctimas. Por ejemplo, en San Onofre se hallaron incluso huesos expuestos con evidencias físicas de haber sido quemados. (…) Entre las 21 inspecciones proyectadas por la JEP, en el contexto de las medidas cautelares, quedan pendientes procedimientos en La Dorada, Riosucio, Samaná (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y los cementerios de Cimitarra (Santander) y Aguachica (Cesar), además de las fincas El Palmar y La Alemania, en San Onofre (Sucre)”.[12]

Primera víctima de Falsos Positivos identificada en Dabeiba

El caso de Dabeiba ha tenido especial resonancia por varias razones concretas. Porque es el primer cementerio en el cual la JEP realiza una doble inspección de público conocimiento, y cuyos resultados confirman las confesiones recibidas por un ex oficial del ejército; porque gracias a las pruebas de ADN practicadas a familiares de personas desaparecidas fue posible hacer un cotejo e identificar plenamente a una de las víctimas de ‘Falsos Positivos’, y porque en la fosa se encontraron insignias de las fuerzas militares. Pero esencialmente porque es la primera vez que la JEP entrega un cuerpo.

El lunes 17 de febrero, tras realizar su plena identificación, la JEP entregó los restos de una víctima de ejecución extrajudicial a su familia. Pasados tres días de duelo decretados por la alcaldía de Dabeiba, fueron llevados en un ataúd de madera oscura en un cortejo fúnebre silencioso, y sepultados en una tumba con su nombre en el mismo cementerio de Las Mercedes, donde antes reposaba como NN. Edison Lexander Lezcano Hurtado era un joven campesino de 23 años, a quien su familia vio por última vez el 18 de mayo del 2002; tenía tres hijos pequeños y trabajaba de sol a sol como jornalero cuando fue ejecutado por miembros del ejército.

La tenacidad de su padre, don Gustavo de Jesús Lezcano, a lo largo de estos años fue definitiva para mantener el caso abierto. “La investigación por la desaparición de Edison fue archivada en menos de dos años, por no conocerse ningún presunto responsable. Para el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, relator de la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales que adelanta esa justicia, el padre de la víctima es el gran protagonista de esa historia, porque por 18 años tocó las puertas de las autoridades para que le dieran información de qué había pasado con su hijo. (…) Al magistrado le impactó una conversación que tuvo con Gustavo: “Que lo hayan matado, bueno, son cosas de la vida. Lo que más me ha dolido es, primero, que lo hayan ocultado, y luego, que lo hayan disfrazado, que le hayan puesto un uniforme”, le dijo, agradecido, el labriego”[13].

Los restos del joven fueron encontrados junto con los de otra persona que vestía camuflado, aún sin identificar, que habría sido enterrada, si no al mismo tiempo, con pocos días de diferencia. Ambos tenían un disparo en la cabeza. Pero además de los cuerpos, los funcionarios hicieron otro hallazgo clave para la investigación: “los restos ajados, pero todavía identificables de insignias del ejército. En las 16 fosas de donde se sacaron los 54 cuerpos fueron apareciendo estos y otros elementos. “Hemos encontrado botas, incluso de tallas muy pequeñas; camuflados, ojivas, algunos cuerpos envueltos en bolsas plásticas negras”, contó Ramelli a la prensa”[14].

Las tres insignias encontradas, cuya identidad no ha sido aun revelada a la prensa, permiten ver claramente el nombre del batallón al cual pertenecían los uniformes que se usaron para vestir civiles asesinados, y por ello la Justicia Especial para la Paz ya abrió una investigación en la que llamaría a indagatoria a todos los militares adscritos a esa unidad en el año 2002.

El trabajo de la JEP está sacando a la luz una espantosa verdad que de otra forma el país no conocería. Pero es tan profunda la tragedia y es tal la dimensión de los crímenes cometidos, que aun cuando sigan realizándose inspecciones en las fosas comunes de los cementerios donde se sospeche la existencia de restos de personas desaparecidas y asesinadas dentro de la práctica de los ‘Falsos Positivos’,  todos los recursos del Estado serán insuficientes, y como en el caso de Valledupar, a muchas familias se les negará el derecho a recibir, con plena certeza de identidad, los restos de sus seres queridos.

En los casos de Orlando Villarreal y Rubiel López González, asesinados por soldados del Batallón La Popa el 21 de abril de 2004 en la Operación Azabache, en el sector de San Antonio de Manaure (Guajira), y de Carlos Alberto Castro Aguirre, ejecutado extrajudicialmente el 30 de junio de 2004 por tropas de ese mismo Batallón en la vereda Cuesta Plata de Pueblo Bello, (Cesar), entre otras víctimas, aun cuando hay plena certeza de que se encuentran en la fosa común No 7 del cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, sus restos no han podido ser exhumados ni identificados. “Quieren que aceptemos una entrega simbólica porque al Estado le sale muy costoso realizarle una prueba de ADN a cada cadáver que se encuentra allí, pero no le resultó costoso coger a un inocente, a mi hermano, y a miles de colombianos más y asesinarlos de la forma que lo hicieron”, afirma Karen Castro Aguirre, hermana de  Carlos Castro, quien junto a John Jaider Escorcia Bennett, Esnel Matute Ibáñez, Wilson Darío Ruiz Arboleda y Luis Javier Molina Gutiérrez fueron presentados como integrantes de organizaciones criminales cuando, en realidad —según testimonios que dieron a la Fiscalía solados involucrados en ese caso—, su muerte habría sido resultado de un acuerdo entre oficiales de alto rango y las Autodefensas al mando de alias J-10, quien habría cometido personalmente el crimen”[15].

La dimensión de la tragedia es enorme; solo en el caso de Valledupar sería indispensable la asignación de importantes recursos técnicos, humanos y financieros para exhumar, practicar pruebas de ADN a todos los cuerpos y cotejar estos datos con los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los laboratorios de genética de Medicina Legal, DIJIN y el CTI que hacen parte del banco genético para la búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación.

El primer paso para avanzar en la búsqueda de la verdad y poder identificar a quienes yacen en fosas comunes, es lograr que las víctimas se acerquen a Medicina Legal para practicarse muestras de sangre.  El magistrado Alejandro Ramelli, afirma que la toma de muestras y la entrevista son sencillas. “Claro, lo importante es que vayan familiares indicados. A veces llegan las esposas y eso no tiene sentido, no comparten ADN. Se necesitan los padres, madres e hijos”, pero también advierte que más que pedagogía lo que se necesitan son resultados, de allí la trascendencia de lo sucedido en Dabeiba. “A las dos horas de abrir el punto de atención en Dabeiba para las muestras de sangre de familiares de desaparecidos, por lo menos, 20 personas estaban en fila. Eso es confiar en el Estado. Y la confianza de las víctimas se gana con resultados, no con pedagogía o campañas políticas. Si usted muestra que está haciendo algo, la gente le cree. En Colombia funciona así: con hechos y no con palabras”[16].

La ley de víctimas o Ley 1408 de 2010 ordenó al Estado adoptar medidas “para la localización y plena identificación” de los desaparecidos, para lo cual creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Banco de Perfiles Genéticos para almacenar muestras biológicas (ADN) de los familiares para ser cotejadas con los restos enterrados en el país. Hasta el 2015 los laboratorios de Medicina Legal, la Policía y la Fiscalía, contaban con “25.000 perfiles genéticos, la mayoría de ellos vinculados a víctimas de paramilitares que, en el marco de la ley de justicia y paz, se presentaron a la Fiscalía”[17].

¿Cuántas víctimas de ‘Falsos Positivos’ se buscan en el país? ¿Cuántos desaparecidos estarían en fosas comunes?  Nadie lo sabe. Estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que entre 1970 y agosto del 2018 por lo menos 80.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada, aunque la cifra podría ser superior, y el reto inconmensurable. En España a lo largo de 20 años se abrieron 700 fosas comunes heredadas de la dictadura franquista y de la guerra civil, y hasta la fecha se han recuperado casi 9.000 esqueletos y se ha identificado a uno de cada tres.

En Colombia la gran mayoría de los desaparecidos nunca serán encontrados y tal vez nunca sepamos cuantos civiles fueron asesinados por efectivos de las Fuerzas Militares, bajo las órdenes de sus superiores. No sólo por falta de voluntad política, de asignación de recursos o porque el proceso de investigación y los apoyos científicos y técnicos tengan límites, sino porque son tantas las víctimas, que no nos alcanzara toda la historia para encontrarlas. Sin embargo, aun cuando la búsqueda de la verdad del conflicto sea un ejercicio taxativo, el Estado si tiene el deber de reconocer a todas las víctimas, de escuchar a los familiares de los desaparecidos sin consideración con el victimario, de convocarlos y dejar constancia histórica acerca de su existencia, su vida, su inocencia y su martirio. Estos relatos hacen parte del patrimonio histórico, social, político y cultural de Colombia.

Mientras en Dabeiba la JEP reconocía la identidad de una víctima de ‘Falsos Positivos’, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá le daba 48 horas al Movice para que “proceda a eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados o escritos, la imagen objeto de la acción”, ignorando que el mural ¿Quién dio la orden? ya hace parte del patrimonio de la sociedad[18]. Este caso, tanto como la cuestionada orientación del CNMH bajo la conducción de un académico que niega la existencia del conflicto armado, ejemplifican la lucha política por la memoria que empieza a darse en el país.  Los Falsos positivos, guste o no a la cúpula castrense y al gobierno nacional, no se pueden borrar de la memoria de la infamia del país, porque lamentablemente si sucedieron, y son el mayor testimonio de la degradación de las Fuerzas Militares y de la sociedad.

Notas

[1] El coronel Álvaro Amórtegui Gallego declaró hace menos de un mes que Montoya afirmaba que las bajas no eran lo más importante, es lo único”, y que en una ocasión en la que el oficial se negó a ejecutar a 17 capturados y a ponerles brazaletes de las FARC, lo escupió, lo llamó cobarde y le ordenó: “vaya mate a un bobo o a un loco, o sáquelo del anfiteatro, si le da miedo matarlos”.

[2] “Aunque los números han sido problemáticos para identificar la cifra de víctimas en estos expedientes —investigaciones periodísticas, libros, reportes de Naciones Unidas y hasta reseñas de la propia Fiscalía han calculado entre 3.000 y 5.000”. El Espectador; “El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos”. Sección Judicial. Bogotá, 25 de mayo de 2019. Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-crudo-informe-de-la-fi...

[3] DW; “Denuncian nueva fosa común con víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia”. Política, 21 de febrero de 2020. Consultado en: https://www.dw.com/es/denuncian-nueva-fosa-con-v%C3%ADctimas-de-ejecucio...

[4] El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega, en campos de batalla ficticios se encuentra publicado en su totalidad en la página: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/6136-e...

[5] El Espectador; “¿Otro Dabeiba? Los falsos positivos que yacen en un cementerio de Valledupar”. Por Alejandra Bonilla. Sección: desaparecidos. Bogotá, 24 de febrero de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/desaparecidos/otro-da...

[6] Semana; “CIDH le recuerda a Colombia que debe buscar la verdad sobre fosa común de Dabeiba”. Bogotá, 19 de diciembre de 2019. Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/cidh-le-recuerda-a-colombia-que-d...

[7] Semana; “La verdad oculta en Dabeiba”. Bogotá, 22 de diciembre de 2019. Consultado enhttps://www.semana.com/nacion/articulo/fosa-comun-de-falsos-positivos-en...

[8] El Tiempo; “La historia detrás de los 54 cuerpos hallados en Dabeiba”. Bogotá, 22 de febrero de 2020. Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/que-se-sabe-de-posibles-f...

[9] Caracol Noticias; “Estos son los cementerios con posibles falsos positivos en Antioquia”. Bogotá, 23 de diciembre de 2019. Consultado en:

https://caracol.com.co/programa/2019/12/23/6am_hoy_por_hoy/1577107627_48...

[10] El Tiempo; “Los 5 puntos de Sucre en donde también habrían hallado fosas comunes”. Bogotá, 19 de diciembre de 2019. Consultado en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/jep-busca-fosas-comunes...

[11] La Audiencia sobre Desaparición forzada fue convocada por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) en Cartagena, en el marco del trámite de medidas cautelares promovida por el Movice, en la que se pretende el cuidado, la protección y la preservación de (16) lugares del territorio nacional donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada. Para mayor información, consultar el comunicado 154 de la JEP, del 25 de octubre de 2019.

Ver en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/Comunicado-154-...—-Los-pr%C3%B3ximos-20-y-21-de-noviembre,-audiencia-sobre-desaparici%C3%B3n-forzada-en-San-Onofre-(Sucre)/154.%20Comunicado%20154%20de%202019%20-%20Audiencia%20San%20Onofre%2020%20y%2021%20de%20Noviembre.pdf

[12] El Tiempo; “Dabeiba y la verdad que se desentierra en otros cementerios del país”. Bogotá, 19 de diciembre de 2019. Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/dabeiba-y-otros-cementeri...

[13] El Tiempo: “La historia detrás de los 54 cuerpos hallados en Dabeiba”. Versiones de testigos fueron claves para exhumaciones de posibles víctimas de ‘falsos positivos’. Bogotá, 22 de febrero de 2020.

Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/que-se-sabe-de-posibles-f...

[14] Ídem.

[15] Op, Cit; El Espectador; “¿Otro Dabeiba? Los falsos positivos que yacen en un cementerio de Valledupar”.

[16] El Espectador; “La confianza de las víctimas se gana con resultados, no con pedagogía”: Alejandro Ramelli

JEP. Bogotá, 21 de febrero de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/la-confianza-de-l...

[17] El Tiempo; “Crearán Banco de ADN para identificar a desaparecidos”. Sección Justicia. Bogotá 20 de febrero de 2015. Consultado en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15280717

[18] El mural al que se hace referencia en el fallo ya fue censurado y eliminado el día 18 de octubre de 2019 en un operativo arbitrario por parte de la Brigada 13 del Ejército Nacional. Dicha censura fue la que provocó decenas de miles de réplicas de su contenido en calles y redes sociales, lo que sobrepasa las posibilidades del Movice de retirarlas en su conjunto. El mural ¿Quién dio la orden? ya es patrimonio de la sociedad.

Consultado en: https://movimientodevictimas.org/mural-quien-dio-la-orden-ya-es-patrimonio-de-la-sociedad-movice/

Fuente: https://www.sur.org.co/dabeiba-emblema-del-terror-y-antesala-de-una-posible-justicia-restaurativa/