Colombia

En la mira

Maureén Maya

04/12/2011

Opinión

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Mientras aumentan las denuncias sobre violaciones a los derechos Humanos en Colombia, el gobierno busca imponer una ley de impunidad para los militares.

La Misión Internacional de Verificación, integrada por 40 defensores de Derechos Humanos de 15 países, invitada por la campaña nacional e internacional "Por el derecho a defender los Derechos Humanos en Colombia", visitó 8 municipios de Colombia para verificar la situación que afrontan los defensores de Derechos Humanos en el país. El pasado 2 de diciembre la Misión convocó a una rueda de prensa para dar a conocer en un informe preliminar su diagnóstico y algunas recomendaciones.

La Misión, cuyo objetivo primordial era constatar la difícil situación que atraviesan los defensores de Derechos Humanos en Colombia, enfocó su labor de investigación en cinco ejes temáticos: Sistema de protección, usos y fines de la inteligencia militar, estigmatizaciones y hostigamientos contra defensores de Derechos Humanos, niveles de impunidad y falsas judicializaciones.

El informe presentado, siendo preliminar, muestra un grave deterioro en la situación durante los últimos meses, en términos de garantías, respeto y seguridad para los defensores de Derechos Humanos y ausencia de diligencia e independencia por parte de la justicia. Se evidencia un significativo incrementó en las agresiones denunciadas y la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado colombiano. El Gobierno colombiano y su política de protección en favor de los defensores de Derechos Humanos continúan bajo la lupa internacional.

Sin embargo, con plena conciencia de ello, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto de Ley de reforma a la justicia en el que se incluye el controvertido fuero militar. La experiencia, de la que han aprendido otras naciones, indica que el acto de juzgar miembros de la fuerza pública por graves violaciones a los Derechos Humanos, por parte de tribunales militares, ha sido un factor determinante para el sostenimiento de la impunidad. La comunidad internacional desde tiempo atrás ha expresado su desacuerdo frente a la existencia de estos tribunales, integrado por militares en servicio activo, donde se niega el derecho a la verdad de las víctimas y se imponen las versiones de los militares implicados en la ejecución de graves crímenes.

Este proyecto, al que se suma otro sobre el marco legal para la paz, actualmente en trámite ante el Senado, el de justicia transicional y Defensoría Técnica, no sólo desconocen que el Estatuto Penal Internacional hace parte del bloque de constitucionalidad de Colombia, y que los delitos considerados internacionales como los crímenes de lesa humanidad o de guerra no son amnistiables, sino que además, estos proyectos favorecerían la impunidad.

Este tema no fue ajeno a la observación que realizó la Misión Internacional en Colombia.

Eric Sottas, fundador de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, se refirió al mal uso de la inteligencia estatal y a las judicializaciones sin fundamento contra defensores de Derechos Humanos que han sido criminalizados por su trabajo.

“Lo que hemos encontrado es que entre julio de 2010 y mayo de 2011, se han producido en Colombia 255 agresiones contra quienes defienden los Derechos Humanos y entre ellos se cuentan 54 asesinatos, según el registro del programa Somos Defensores. Se nota un incremento en las violaciones contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia”.

También indicó que la misión ha trabajado con una esperanza de cambio de espíritu, de acuerdo a las declaraciones rendidas por el presidente Juan Manuel Santos, quien en su discurso de posesión afirmó que la defensa de los Derechos Humanos es un “compromiso indeclinable” y una “convicción profundamente democrática, ética y humana”; no obstante, afirmó Sottas, hay quizás un cierto desfase entre estas declaraciones y los meses que han transcurrido de su mandato.

“Las conclusiones que hemos sacado se basan en agresiones sufridas durante los últimos años, que incluyen atentados, desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas. […] Hemos notado que en la mayoría de los casos las denuncias de violaciones graves siguen en total impunidad, tanto en los casos actuales como en casos antiguos donde no hemos visto, con pocas excepciones, una sanción a los autores y hemos advertido que los autores intelectuales no son condenados”.

Entre los factores que contribuyen a esa impunidad, Sottas resaltó la existencia de un temor generalizado que impide que las víctimas denuncien las agresiones padecidas en razón de las represalias que puedan sufrir. Otro factor importante para el sostenimiento de la impunidad, y que ameritaría una exhaustiva investigación, se refiere a la filtración en los organismos del Estado por parte de organizaciones criminales. “En algunos ejemplos que hemos escuchado, se habla de la filtración entre fiscalías y bases militares; recordamos que en algunos casos la Fiscalía está dentro de las guarniciones militares lo que representa obstáculo muy grande (para las víctimas). [..] También se filtran informaciones que se pasan a la fiscalía y llegan a manos de agresores generando nuevas represalias y amenazas. Hemos recibido varios testimonios sobre actitudes hostiles y hasta amenazantes frente a grupos vulnerables por parte de los organismos encargados de la investigación”.

La Misión informó con preocupación que “muchas autoridades niegan la existencia de grupos armados ilegales en zonas donde operan, particularmente de paramilitares, esa negación conduce al desvío de la investigación porque si ya se considera que no hay grupos de esa índole no se va a investigar a fondo sin son responsables de las violaciones que se denuncian”.

En algunas regiones la Fiscalía se muestra reticente a recibir nuevas denuncias por la cantidad de casos que debe llevar, según argumentan sus mismos funcionarios, no obstante es llamativo que en algunas zonas donde se le informó a la Misión que no se podían atender todas las denuncias por falta de recursos, no se esgrimiera el mismo argumento al momento de judicializar a los defensores de Derechos Humanos.

Sottas, al querer destacar la loable labor que realizan los defensores de los Derechos Humanos para visibilizar crímenes, reclamar del Estado el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales y las normas internacionales; fortalecer la democracia y humanizar las sociedades, recordó que desde hace más de 10 años los relatores de la ONU, definen -tal y como se establece en el mundo- a los defensores de Derechos Humanos como todas aquellas personas que defienden sus derechos y los de otros, sean estos campesinos, mujeres, afrodescendientes, indígenas, desplazados, sindicalistas, abogados, periodistas o miembros de la comunidad LGTB. “Los defensores de Derechos Humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y en la protección de los Derechos Humanos, defienden los Derechos Humanos en favor de mujeres, niños, lesbianas, gays, indígenas, refugiados, desplazados internos, minorías nacionales, religiosas y lingüísticas; supervisan e informan sobre la política y la práctica gubernamental para defender los principios del Estado de derecho, la no discriminación y las normas de Derechos Humanos recogidas en las legislaciones nacionales e internacionales y denuncian los casos de violaciones de estos derechos”, como lo define Amnistía Internacional.

La norteamericana Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin American WorkingGroup, LAWG, declaró que la protección ejercida para garantizar la vida y el buen desempeño laboral de los defensores en Colombia no es la adecuada. “El programa de protección del Gobierno colombiano ha sido y es muy necesario, ha contribuido a la protección de los defensores y ha salvado vidas; queremos empezar con este reconocimiento, sin embargo, de acuerdo a los testimonios recibidos los programas no son adecuados; a veces porque el proceso es muy lento y burocrático; hemos escuchado casos en los que las medidas llegan después de que los defensores sufren agresiones” También advirtió que los programas implementados carecen de una perspectiva integral y diferencial.

“Con gran preocupación hemos observado que los casos contra defensores siguen en la impunidad. No hay mejor manera de proteger a los defensores de Derechos Humanos que luchando contra la impunidad”, concluyó.

Haugaard se refirió con especial énfasis a los falsos señalamientos contra defensores de derechos humanos. La Misión encontró en casi todas las regiones visitadas, graves sindicaciones por parte de miembros de grupos ilegales, funcionarios estatales y militares. “Hemos visto que el Ejército, en algunas regiones, distribuye panfletos con nombres y fotos de líderes de comunidades en los que les dicen que se deben desmovilizar, señalándolos así de insurgentes. Estos hechos ponen en riesgo tanto la vida de ellos como de la comunidad en su conjunto”.

Los aspectos más preocupantes que destacó la Misión durante su observación, los que además cuestionan seriamente la política del Gobierno Santos en esta materia, se refieren al sostenimiento de los elevados índices de impunidad; a la minimización en los ataques que reciben los defensores de Derechos Humanos, a las estigmatizaciones y a las arbitrarias judicializaciones.

Por su parte, el diputado y portavoz de presidencia y justicia de la Asamblea de Madrid, Mauricio Valiente, después de reconocer que el Gobierno ha adoptado algunas medidas para reforzar el sistema de inteligencia estatal, medidas que espera logren prevenir el mal uso de la inteligencia contra defensores en un futuro inmediato, advirtió que en el desarrollo de la misión se recibieron numerosas informaciones en el sentido que los defensores siguen estando preocupados por el robo de información de ordenadores, archivos, teléfonos, casos que son tramitados como hurtos simples; por las falsas judicializaciones y por la actuación inadecuada de la Fuerza Pública que graba las actividades que realizan las organizaciones sociales, hostiga a sus miembros y desarrolla interrogatorios inadecuados (casi siempre partiendo no del principio jurídico de la presunción de inocencia sino de culpabilidad).

“En este mismo sentido se nos ha reportado y hemos recogido numerosos testimonios del uso de información proveniente de inteligencia militar para la judicialización de defensores pese a que existe una clara jurisprudencia al respecto […] En la conversación que sostuvimos con la Dirección Nacional de Fiscalías se reconoció que no era un aspecto que podía justificar judicializaciones”.

La Misión encontró serias y múltiples irregularidades en los procesos que se adelantan contra defensores de derechos humanos sindicados, en su mayoría, de pertenecer o favorecer grupos armados ilegales. “Quiero destacar que hemos tenido noticias de detenciones individuales y masivas y judicializaciones en la realización de actividades legales, legítimas, como protesta social, oposición a proyectos mineros, acciones de recuperación de tierras o manifestaciones estudiantiles”, puntualizó Valiente.

Denis L´Anglais, miembro de la directiva de abogados sin fronteras y ex funcionario del Ministerio de relaciones internacionales de Quebec, Canadá, presentó las recomendaciones que a partir de su análisis la Misión plantea al Gobierno colombiano.

Frente a la imperiosa necesidad de poner fin a la impunidad, la Misión recomendó que la Unidad Nacional de Derechos Humanos, la nueva agencia de protección del Ministerio del Interior y la Unidad Especial de la Fiscalía, investigue y centralice toda la información sobre las violaciones cometidas contra defensores y defensoras de Derechos Humanos, identifique la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes cometidos, realice un exhaustivo seguimiento a todos los casos hasta lograr justicia y haga públicos los resultados de sus investigaciones.

“Nos parece que hay una obligación del Estado de identificar los mandos detrás de los crímenes; que todas las investigaciones y procesos por violaciones a los derechos humanos en los que estén identificados miembros de la fuerza pública se adelanten ante la justicia penal ordinaria. Vemos con una cierta preocupación el proyecto de ley (en curso ante la Cámara), en el cual se podría pasar al fuero penal militar lo que pertenece al fuero civil ordinario”.

Todo ello es contrario a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Sistema Interamericano de Naciones Unidas. Asimismo, la Misión recomendó que se retiren las Fiscalías de las guarniciones militares. En cuanto al tema de la protección declaró que se debe mejorar de manera estructural y diferencial el contenido de los programas de protección de las personas en riesgo; que los cambios anunciados y puestos en marcha en los programas de protección del Ministerio del Interior, tendientes a mejorar los estudios de riesgo, las medidas de protección y su eficacia puedan ser evaluados en próximos meses en conjunto con las mismas organizaciones, en particular consideramos esencial que los cambios respondan siempre a las necesidades de los defensores de Derechos Humanos de las regiones, del país y del grupo en particular, sea de mujeres, LGTB, pueblos indígenas o afrodescendientes. Deben implementarse programas diferenciales.

Líderes reclamantes de tierras, activistas de organizaciones no gubernamentales, defensoras de los Derechos Humanos, dirigentes de movimientos sociales, juristas que representan a las víctimas y reclamantes de tierras que fueron objeto del despojo, siguen siendo blanco de intimidaciones, asesinatos, montajes judiciales, interceptaciones ilegales -pese al desmonte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS-y de graves estigmatizaciones en las que se equipara la defensa de los Derechos Humanos con una actividad terrorista y, más recientemente, con un acto de corrupción a través del cual se pretende defraudar al Estado, denunció el Programa Somos Defensores.

Desde la perspectiva de los estándares internacionales, frente al debido proceso y los derechos inalienables de todo ciudadano (contenidos en la declaración de los derechos del hombre y sus posteriores generaciones, la primera proclamada desde la revolución francesa), debe mantenerse la plena observancia de las garantías judiciales y de los derechos de las víctimas sobre cualquier otra consideración. No hacerlo va en detrimento de la democracia y de la consolidación de un genuino Estado social de derecho.

- Maureén Maya es Periodista e investigadora social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 283, Semana del 2 al 8 de diciembre de 2011. Corporación Viva la Ciudadanía. http://www.viva.org.co/

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