La paradójica misión humanitaria del buque de la ONG Open Arms al rescate de migrantes en el mar Mediterráneo cerca de las costas libias y al que no se le permitió desembarcar por diferencias políticas hasta convertirse casi en tragedia ha servido para hacer pública la crueldad de una guerra civil donde las víctimas son la población, así como las intrigas internacionales que intentan imponer un nuevo orden colonial en la región.

El despliegue naval de la operación militar de salvamento Shopia fue suspendido en marzo por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) como consecuencia del veto racista impuesto por el exministro italiano, Matteo Salvini, contrario al desembarco de los rescatados. Hasta entonces Europa había confiado su política migratoria en el apoyo de las autoridades de Trípoli a las que pagaba más de 200 millones de euros anuales. La guardia costera libia recogió, entre 2016 y 2018, 40.000 náufragos que fueron trasladados a centros de detención oficiales donde muchos de ellos sufrirían torturas, abusos sexuales y asesinato según un informe realizado por la ONU. La misión Shopia fue creada con el objetivo de luchar contra las redes de tráfico de personas y prevenir la migración irregular pero ha terminado siendo acusada ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El reconocido equipo de abogados formado por Omer Shatz y Juan Branco han señalado a los Estados miembros de la UE como culpables directos de la extinción masiva de decenas de miles de náufragos en el Mediterráneo por medios criminales, así como el hacinamiento y maltrato en los centros de refugiados. La decisión última de cerrar los refugios fue tomada en agosto cuando las tropas del comandante Hafter bombardearon uno de estos centros situado en Tajura, al este de Trípoli, provocando 40 muertos.

La cifra de medio millón de desplazados internos en un país con algo más de 6 millones de habitantes puede dar una idea de la gravedad de la guerra civil y las consecuencias sufridas por la población. Las compañías eléctricas garantizan apenas unas pocas horas de servicio diario cuando, durante la república de Gadafi, la electricidad y la vivienda fue un derecho protegido y gratuito.

A causa de la revuelta armada en 2011 contra el poder del coronel libio el entonces presidente Obama ordenaba que los barcos de guerra de la OTAN se dirigieran al Mediterráneo en misión "humanitaria", avalada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la intención de invadir uno de los diez países con las mayores reservas de petróleo mundial. Todavía hoy resulta sorprendente cómo parte de la izquierda europea participó en el cerco mediático contra el Estado libio orquestado por los mass media. Desde entonces Libia ha sido un Estado fallido con dos gobiernos o, mejor dicho, dos parlamentos para un único gobierno: La Cámara de Representantes, con sede en la ciudad de Tobruk (este del país), de carácter laico, elegida en las elecciones generales de 2014 y apoyada por el Ejército Nacional Libio (LNA) al mando del teniente general Jalifa Hafter; y en la capital Trípoli se encuentra el autodenominado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) auspiciado por Naciones Unidas en un contexto de enfrentamientos políticos durante el 2015 que favoreció a la corriente integrista afín a los Hermanos Musulmanes, consiguiendo que la Corte Suprema de Libia ilegalizara a la Cámara de Representantes y esta tuviera que exiliarse a oriente.

En febrero el comandante Hafter decidía poner en marcha la operación militar "Inundación de Dignidad" consiguiendo obtener el control de los principales yacimientos petrolíferos y conquistar la región occidental aproximándose hasta la capital donde se mantienen los combates a un centenar de kilómetros al sur de Trípoli, en la localidad de Gharyan, enfrentamientos sin un claro vencedor entre el LNA y las milicias islamistas aliadas al Gobierno de Acuerdo Nacional y apoyadas por Turquía.

¿Pero quién es Khalifa Hafter? En sus inicios fue un destacado militar a las órdenes del coronel Muamar al-Gadafi que cayó en desgracia tras la guerra contra Chad y se exilió a Estados Unidos donde mantuvo relaciones con la CIA. Se afirma que participó en los preparativos del golpe contra Gadafi y volvió a Libia como jefe de una gran unidad terrestre. De la actual campaña militar se sabe que Arabia Saudí le ha pagado decenas de millones de dólares para cubrir gastos y también sobornar a líderes tribales. Sin duda Hafter ha sido el principal enemigo de las fuerzas islamistas en Libia. Sus aliados son Arabia Saudí, Israel, Egipto y Francia. Les une su relación en común con Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones terroristas pero también los planes de expansión colonialista: Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén este y los Altos del Golán; el país saudita dirige las tropas multinacionales de ocupación en territorio del Yemen insurgente; Egipto se ha convertido en un delfín de Israel desde que la nación hebrea, según diversas fuentes, coordinara el golpe de Estado militar del presidente Al-Sisi contra los Hermanos Musulmanes; y en Francia el presidente Macron invitó recientemente al comandante Hafter al Elíseo. París tiene yacimientos petrolíferos de la empresa Total en la zona de gobierno de Tobruk y amenaza la hegemonía de la empresa italiana Eni favorecida durante décadas por su estatus colonial. Los objetivos y las alianzas del ejército de Hafter son muy similares a los del Partido de la Unión Democrática (PYD), organización política y militar kurda de inspiración troskista, que proclamó la Federación del Norte de Siria, también conocida como Rojava. El nuevo autogobierno liderado por el PYD fue reconocido por Washington a pesar de las divergencias ideológicas.

¿Es diferente el escenario de las guerras civiles en Libia y Siria? Además de las milicias islamistas radicales de ideología fascista y las organizaciones neoliberales con intereses colonialistas hay un tercer actor en Siria, es el gobierno de Bashar al Assad. En el caso de Libia también existe este tercer protagonista, es Saif al Islam Gadafi, hijo del anterior presidente, con reconocida relevancia social y política, la empatía de sus compatriotas hacia él es similar a la del carismático presidente sirio. Saif es el preferido por Rusia y sus aliados para iniciar un proceso de paz con garantías de ser duradera.

El gobierno italiano celebró en 2018 la cumbre de Palermo sobre Libia, con la mediación de la ONU, en un intento por estabilizar el país y dar una solución política a la amenaza de una guerra. Turquía, Qatar y varios países de tendencia islamista decidieron abandonar el evento alegando sentirse excluidos. El mariscal Hafter que había boicoteado el acto aceptó tener un encuentro informal con los altos representantes internacionales allí reunidos. Desde entonces los choques diplomáticos han sido continuos, Rusia bloqueó la declaración conjunta de Naciones Unidas que condenaba al comandante libio de atacar Trípoli y Francia hacia lo mismo en la sede de la Unión Europea. El apoyo internacional al Gobierno de Acuerdo Nacional presidido por Fayez al-Sarraj es cada vez más formal que real.

El plan ruso pasa por proponer al comandante Hafter poner fin a una guerra sin garantías de terminar a corto plazo y aceptar unas elecciones donde él y Saif al Islam Gadafi se promulguen para garantizar un gobierno de coalición pero la "nueva alianza colonial" liderada por la ONU y EEUU torpedeó la iniciativa en febrero impulsando ante el Tribunal Penal Internacional la admisión del caso de Saif por crímenes de guerra cuando ya había sido amnistiado en 2016 por el tribunal del país africano. Occidente teme su arraigo entre las tribus del este del país y la creciente influencia de sus seguidores dentro del Ejército Nacional Libio.

- Francesc Casadó es analista político.