La convulsa realidad política que vive el país bolivariano se ha agravado desde principios de año con la autoproclamación de Guaidó como presidente, su fracasado golpe de Estado en abril y el posterior refugio del dirigente Leopoldo López en la embajada española.

La Unión Europea no ha podido ponerse de acuerdo para aprobar una declaración que reconozca al diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Los países de la UE que no han aceptado son Italia, Grecia, Noruega, Eslovaquia y Chipre, además del Vaticano, donde el papa Francisco ofreció su ayuda al diálogo ante la amenaza de un posible derramamiento de sangre. Este grupo de naciones reticentes con el poder del delfín de Donald Trump en Caracas han expresado sus motivos e incluso adquirido cierta relevancia en el desarrollo de esta crisis: la cancillería socialdemócrata de Eslovaquia no consiguió imponer su criterio a favor del “presidente encargado” entre los otros tres partidos coaligados; el gobierno de coalición en Roma también está dividido, el movimiento antisistema 5 Estrellas (M5E) es contrario al reconocimiento y a favor la organización ultraderechista de Matteo Salvini, no permitiendo al presidente de la república suscribir el documento presentado; desde Grecia se alerta del peligro de interferencias extranjeras, el ejecutivo heleno se niega a reconocer a Juan Guaidó como “presidente interino”; y Noruega declara reconocer solamente Estados y no gobiernos. A iniciativa de este país nórdico se han llevado a cabo contactos internacionales entre los representantes chavistas y de la oposición.

Los encuentros en Oslo están intentando acercar las posiciones de ambas partes para poder convocar elecciones. Guaidó pone el foco en tres cuestiones: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El presidente “interino” tiene capacidad para convocar elecciones, pero no poder para revocar un gobierno en funciones. Desde el Palacio de Miraflores el presidente Maduro ha afirmado: "vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos, para ver quién gana".

En este proceso de diálogo cabría recordar cuál ha sido el contexto electoral del país bolivariano. En 2015, tras la victoria de la coalición de derechas (MUD) en las elecciones a la Asamblea Nacional, los conservadores decidieron iniciar una estrategia de desgaste de Nicolás Maduro provocando acaparamiento de bienes de consumo, boicot y el aumento injustificado de los precios. El conflicto social consiguió dar la impresión de vulnerabilidad de las autoridades, esta agresiva conducta intentó conducir al país hacia una profunda crisis económica y la guerra civil. La violencia de los disturbios en los municipios gobernados por los antichavistas justificó el interés de los agentes extranjeros para intervenir, fue entonces cuando EEUU intentó poner en marcha una operación militar “humanitaria” en territorio venezolano. Sobre la arena de los disturbios, las huelgas y la incautación colectiva de mercancías destacaron algunos actores de la derecha reaccionaria.

El expresidente del Parlamento Julio Borges fue acusado por el chavismo de ser el promotor de las huelgas y del nombramiento de nuevos jueces que fueron inmediatamente destituidos por el Tribunal Supremo, unas acciones que respondieron a una clara estrategia de derrocamiento del presidente de Gobierno. El líder opositor Leopoldo López fue detenido por la justicia venezolana y declarado culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones que provocaron la muerte de 43 personas. Para Nicolás Maduro el ejercicio del poder dependía del triunfo en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se convocaron en 2017, lo razonable del contenido electoral dio suficiente autoridad al presidente para ganar las elecciones y evitar el conflicto. La ANC abrió una nueva etapa histórica en la defensa de los desprotegidos y las libertades redactando una nueva Constitución de la República Bolivariana.

El reciente intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano fue anunciado por la oposición como la Operación Libertad, dando inicio con la liberación por parte de un grupo de militares del dirigente opositor Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, y su posterior refugio en la embajada española en condición de “huésped”. Desde su nueva residencia ha estado alentando la insurrección y reuniéndose con el faccioso Juan Guaidó. El embajador de Venezuela, Mario Isea, ha declarado que la solicitud de refugió de López responde a los intereses de EEUU en crear “problemas diplomáticos y presionar a España”. La crisis de la embajada ha puesto a Madrid en el centro del conflicto, desde la Moncloa se afirma que el reo no será entregado a las autoridades hasta que no se den garantías "democráticas". Si era previsible la ambigua reacción del ejecutivo socialista en el golpe frustrado no lo es tanto el silencio de Podemos ante sus futuros socios de gobierno.

- Francesc Casadó es analista político e internacionalista francesccasado.com