Para el año 1828 ser propietario era condición necesaria para existir: quien no tenía no era. Este condicionante que muy a pesar aún reina y que es ley dentro de la lógica del capitalismo, es analizado por Simón Rodríguez ese año. Propone la educación popular como el instrumento con el cual construirá la causa social, es decir, pedagogía política fundada en dos principios: destinación a ejercicios útiles y aspiración fundada a la propiedad.

Para Rodríguez “alimentarse, vestirse, alojarse, curarse y distraerse” son las “cinco necesidades, fundamento del derecho natural” que “persiguen al hombre, en todos los instantes de su vida, y por satisfacerlas expone su vida misma”.  Estas necesidades, explica, deben ser satisfechas con tres respetos que debe a sus semejantes: respeto a la vida, a la propiedad y a la reputación”.

Simón Bolívar fue un defensor de la propiedad de los más desposeídos. Decretó el 10 de octubre de 1817, que “todos los bienes raíces e inmuebles que se han secuestrado y confiscado serán repartidos y adjudicados a los generales, jefes, oficiales y soldados de la República” y el 8 de abril de 1824 decreta en la ciudad peruana de Trujillo repartir las tierras entre los indígenas. Una vez expulsados los españoles de América muchos militares provenientes de la oligarquía y algunos arribistas que venían de las clases bajas y medias, pero querían consolidarse como latifundistas compraron los títulos de propiedad a los soldados y militares pobres, y se quedaron con sus tierras. Este latrocinio lo explica el senador venezolano Antonio M. Briceño quien, en una sesión del Senado el 30 de marzo de 1825, afirmaba que “colombianos de muchas condiciones distintas tomaron parte en el juego de la especulación (con los vales dados a los soldados) y entre los peores especuladores se encontraban líderes militares como Páez, cuya fortuna privada se atribuía al agiotaje escandaloso con los vales de sus propios soldados y oficiales”.

En el año 2011 el presidente rodrigueano Hugo Chávez, dentro de la política rentista heredada desde la efusión del Zumaque, crea la Gran Misión Vivienda Venezuela para atender la demanda habitacional de los damnificados que perdieron sus casas por los desastres ambientales del año 2010. Este programa habitacional tiene un sustento jurídico de protección al pueblo contra la lógica perversa del capitalismo en la Ley de Régimen de Propiedad para las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en cinco leyes adicionales: Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas; Ley Especial de Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de Tierras de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos; Ley contra la Estafa Inmobiliaria; Ley para Determinación de los Precios Justos de Viviendas e Inmuebles y Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

¿Por qué crear una nueva ley? Muy sencillo, porque la burguesía parasitaria (1) desea mercantilizar esas viviendas, (2) le molesta que se adquieran terrenos urbanos, que fueron robados al Estado en tiempos de la 4ta República, a precios justos, y (3). De aprobarse esta Ley Estafa sería inviable la construcción de viviendas en terrenos urbanos”.

Rodríguez al hacerle una radiografía a su tiempo hace un diagnóstico, que cobra hoy una implacable vigencia: “la enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza”. Este mal que padece la oligarquía se manifiesta en la Ley Estafa que desea mercantilizar las viviendas de la GMMV porque un millón de moradas a un costo promedio aproximado de 15 millones de bolívares dolarizados representa una bicoca de 15 billones de bolívares. Además, le incomoda que tierrúos y pataenelsuelos vivan entre “gente decente”.

Rodríguez regaña a los diputados que disponen desde los curules “de los cuasi-inmuebles del territorio, como si fueran frutos de sus haciendas, o del territorio mismo, como si fuera predio que les viniese de sus mayores, por herencia” y se pregunta: “¿habrán estudiado bien el Derecho, para ver hasta dónde alcanzan sus facultades?, ¿habrán consultado a sus copropietarios o coherederos, para ver si consienten en la enajenación, o en ser cómplices de un atentado contra la propiedad” de los hijos de la Patria?  

Este atentado lo podemos entender con un ejemplo. Para que un trabajador honesto de 30 años, que tenga un sueldo mínimo, compre un apartamento de 15 millones de bolívares debe ahorrar su sueldo completo por 450 meses (37 años y medio). Esto es 4 millones 500 mil bolívares (30% de inicial). Aún así quedaría endeudado con 10 millones 500 mil, es decir, mil 50 meses (87 años y medio), sin contar los intereses del mercado y suponiendo que nunca se atrase. El apartamento sería suyo a los 154 años, sólo posible si este trabajador es Matusalén. Por eso le decimos a estos diputados ¡No se metan con la propiedad del pueblo!