El Estado ecuatoriano en su vida republicana, no logró instaurar un proceso que permita de manera sistemática y acumulativa, la consolidación de un proyecto nacional con instituciones sólidas, como sí lo consiguieron otros estados en el planeta.

El actual gobierno ha hecho esfuerzos notables para dotar a la Nación de un Estado que garantice la solución a ese problema estructural, y superar esa endémica fragilidad institucional.

Lo señalado en el primer párrafo determinó que el Ecuador haya sido, para los grupos de poder político en contubernio con intereses económicos internos y externos, una gran hacienda en donde unos pocos mantenían sus privilegios, sin importarles el fortalecimiento institucional de la República y el bienestar de sus ciudadanos.

Lo que se denomina comúnmente como Fuerza Pública en ese contexto hacendatario, muchas veces se manejó con criterio discrecional, sin responder a un proyecto de Nación, debido fundamentalmente a que los dirigentes políticos no lo tenían.

Muestra evidente de que aún no se superan actitudes pretorianas y doctrinas caducas, es la asistencia de la cúpula militar y otros oficiales en servicio activo y pasivo, a la audiencia en la Corte Nacional de Justicia donde se preveía se iniciara la etapa de juicio en el primer proceso por supuestos delitos de lesa humanidad.

Se les tiene que recordar a militares y policías que son funcionarios/servidores públicos sujetos al cumplimiento de la ley, como cualquier ciudadano. Ustedes no son ni la ley, ni la autoridad, sino el vínculo operativo para que la ley y la autoridad legítima del Estado se exprese de manera racional, institucional y responsable.

En el gobierno de Febres Cordero existía una constitución que señalaba garantizar los derechos humanos y respetar los tratados internacionales, por lo que, los delitos de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y detención ilegal, ya eran calificados como de lesa humanidad.

Incluso en países como Colombia, que vive hace décadas una guerra civil, los militares no están libres de ser juzgados, cuando se logra superar el estado de impunidad existente en esa sociedad. Como lo informa, por ejemplo, la revista Semana, 5.749 miembros de la Fuerza Pública era investigados por la Fiscalía en el año 2014, entre otros delitos, por desaparición forzada, tortura, violencia sexual u otras infracciones al DIH.

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- Mario Ramos es Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos