El gobierno paraguayo difundió la semana pasada que 57 mil hectáreas de tierra en el país están cubiertas por cultivos orgánicos. En este artículo analizamos este escenario con varios actores involucrados.

Asunción, 28 de octubre (BASE IS). Paraguay es un país que en poco más de cinco años pasó a convertirse en uno de los mayores productores/exportadores de soja transgénica.

Actualmente destina el 94% de sus tierras cultivadas para cultivos industriales de agroexportación como soja, maíz,trigo, girasol, canola, tártago…y sólo el 6% de ellas para alimentos.

A principios de año pequeños comerciantes realizaron una medida de bloqueo de los puentes que conectan a Paraguay con Argentina y Brasil, generando una crisis de provisión de verduras y frutas, y demostrando el nivel de dependencia alimentaria de otros países.

La expansión sojera en los últimos 20 años se dio a expensas de las tierras campesinas e indígenas destinadas a generar alimentos y recrear culturas tradicionales, llegando a expulsar en promedio a 9mil familias rurales por año.

Fue sostenible, además, con ayuda de órganos estatales policiales, fiscales y judiciales, que reprimieron y criminalizaron a miles de defensores de derechos campesinos e indígenas en esos años.

En los últimos tres años se aprobaron 18 cultivos transgénicos y el Estado y los gobiernos fortalecieron el estímulo del circuito agro-exportador a través de otras medidas fiscales, crediticias y viales.

En este escenario de expansión sojera, fumigaciones y transgénicos, la producción orgánica encuentra un escenario adverso, y a pesar de eso miles de familias campesinas e indígenas siguen produciendo de acuerdo a sus tradiciones ecológicas.

También se afianzan a puro esfuerzo emprendimientos familiares y empresas de comercialización alternativa que producen o procesan alimentos producidos en armonía con el medioambiente.

Ley en torno a productos orgánicos

En 2008 se promulga la ley 3.481 de Fomento y Control de la Producción Orgánica, que se reglamenta a través de resoluciones y decretos de los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semilla (SENAVE).

  Básicamente la ley pretende institucionalizar, organizar y controlar los procesos de producción orgánica y crear un órgano que la promueva: el Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica.

Este órgano fue creado en 2011 y depende del MAG, mientras que el SENAVE creó un Registro Nacional de Empresas de Certificación y de Operadores orgánicos, donde debe inscribirse toda iniciativa que pretenda trabajar en el sector.

Entre sus puntos resaltantes la ley conceptualiza la producción orgánica como aquella que se hace “mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana,” y favoreciendo la regeneración de los suelos y otros recursos del medio ambiente.

En otro de sus apartados contempla la posibilidad de que el Estado paraguayo declare zonas de producción orgánica, donde “estará restringido el uso de determinadas sustancias no compatibles con la misma”.

57mil hectáreas de orgánico en Paraguay

El pasado 21 de octubre el SENAVE difundió un informe donde sostenía que en el país existe un total de 57 mil hectáreas de cultivos orgánicos, que involucra a 27 emprendimientos desde asociaciones, empresas, cooperativas, que se dedican a producir o procesar cultivos de esta naturaleza y a 5 empresas certificadoras.

Idilio Méndez, del Departamento de Agricultura Orgánica del SENAVE, explicó a BASE IS que lo que hicieron fue sistematizar las informaciones oficiales que tienen en el registro de empresas y operadoras que trabajan con producción orgánica.

Para Méndez es claro que en Paraguay hay más hectáreas de producción orgánica que lo que sostiene el informe, pues existen pequeños comités y familias que no están registradas en el padrón que maneja su departamento, por diversos motivos.

Dijo que la ley establece que el SENAVE es la institución encargada de controlar y fiscalizar al sector, el MAG es la encargada del fomento de este tipo de producción.

También dijo que la ley contempla dos tipos de certificación para productos orgánicos, la primera es a partir de la contratación de empresas internacionales autorizadas por el Estado y la segunda, a partir del Sistema Participativo de Garantía de Calidad.

Esta segunda contempla que la institución interesada en lograr la certificación puede propiciar de manera autónoma y con participación de sus consumidores y la fiscalización estatal la garantía de sus productos, que le avala para el mercado local, según Méndez.

“Sí se puede producir sin veneno”

Isidro Bazán es un joven campesino que actualmente se está recibiendo como agroecólogo en Instituto Agroecológico IALA Guaraní, dependiente del movimiento mundial La Vía Campesina.

Para él las familias campesinas e indígenas siguen apostando a la agricultura tradicional. Muchas volvieron a ella después de probar una agricultura funcional al mercado, que las terminó endeudando y perjudicando.

Esta lógica de volcarse a producir cultivos de renta fue y sigue siendo promocionada por el Estado paraguayo, sostiene.

Eso hace que hoy en día existan familias agricultoras que diariamente compran en las despensas de sus comunidades el alimento diario, explica.

En el caso de la producción orgánica, Bazán dice que el Estado propone una lógica de proyectos pequeños y no de política de producción. También gran parte la producción termina yéndose fuera del país.

En el predio del Instituto, ubicado en la ciudad de Nueva Italia (a 60 km de la capital paraguaya) producen todo tipo de hortalizas de hoja y bulbo, mandioca, maíz, poroto, batata y hacen cría ganadera en pequeña escala.

Para él es claro que las familias campesinas e indígenas -a pesar de históricas adversidades- tienen una cultura de prácticas armónicas con la naturaleza, que son las que se estudian y reproducen en IALA Guaraní. “Está demostrado que sí se puede producir sin veneno”, sentencia.

“Falta un apoyo diferenciado a la producción orgánica”

Pablo Angulo es agrónomo, se abastece de su huerta orgánica ubicada en la ciudad de Capiatá, cercana a Asunción. En el pasado trabajó en el SENAVE y conoce el funcionamiento de sus oficinas.

Para él es mínimo el esfuerzo del Estado por fomentar la producción orgánica, sólo para justificarse y no como parte de una política de Estado.

“Todo el sistema está enfocado a apoyar y estimular al agronegocio. El apoyo a lo orgánico es escaso. Y eso se ve hasta en las obras viales”, dice.

Su experiencia en ciertas consultorías sobre comercialización orgánica le dicen que el Estado debe dar un apoyo diferenciado al sector.

En sus trabajos descubrió que muchos productores orgánicos terminan vendiendo la mitad de su producción al mercado convencional, donde sus productos se mezclan y no se diferencian de cultivos convencionales.