Proyecto Conga, necesaria revisión
25/11/2011
- Opinión
La crisis producida por la ejecución del proyecto Conga está en su etapa más álgida. Habiéndose frustrado el proceso de diálogo entre la población de Cajamarca, la minera Yanacocha y el Estado, el día de hoy, jueves 24, se inició el paro regional indefinido convocado por las autoridades de la región.
Al parecer la medida de fuerza ha sido mayoritariamente acatada. Todo indica que en apoyo a los reclamos de las comunidades y la preocupación por la escasez de agua —que ya viene sintiendo la población cajamarquina desde hace algún tiempo— la ciudad está paralizada: colegios y comercios están cerrados. Las marchas avanzan.
Sin embargo, las versiones sobre el posible uso de armas de fuego por parte de personal del estado, de personal de seguridad de la mina y de los manifestantes genera incertidumbre y tensión en relación al desarrollo de esta manifestación, que fue anunciada como pacífica y debería tener como fin evidenciar la legítima insatisfacción que tiene un sector de la población cajamarquina en torno al proyecto Conga y la posición del Estado.
Ante esto, es deber del Estado velar por la seguridad de la población cajamarquina, la instalaciones y personal de la mina. Las partes involucradas deben evitar todo tipo de acto violento. La protesta y la huelga son derechos constitucionales, pero deben ser ejercidos con responsabilidad y en forma pacífica. De presentarse, las denuncias de actos vandálicos deben ser adecuadamente investigadas y no caer en el facilismo de la acusación gratuita para obtener primeras planas.
Razones para desconfiar
A nuestro entender el Estado no ha respondido de forma adecuada al conflicto. El Presidente Ollanta Humala ha señalado “oro y agua”, y ha dado el visto bueno a la continuación del megaproyecto minero, haciendo oídos sordos a los reclamos de la población (muchos de ellos sus votantes). "El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación. (…) Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro” (Lamula, 16/11/2011)
Y es que con esta posición el mandatario, y con él todo su gabinete, parecen confiar plenamente en las buenas intenciones de la minera Yanacocha, cuando —digamos— los antecedentes de ésta no son los mejores. Empezando por posibles actos de corrupción y compra de fallos judiciales de uno de sus principales accionistas: Newmont, allá por año de 1994 (ver video), hasta el incumplimiento de acuerdos y denuncias por pasivos ambientales de las empresas involucradas en el conflicto.
De acuerdo a un reciente informe del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), hecho público por el blog Infos: en todo el país el MINEM tiene registrados 6,847 pasivos ambientales mineros (PAM). Las regiones con mayores cantidades de PAM en su territorio son: Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), Huancavelica (830), Puno (522), Cusco (507), La Libertad (488), Pasco (429). Conforme al informe: “En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 15% de los PAM registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de cierre autorizado. Los demás siguen, de una u otra forma, contaminando el medio ambiente. Es decir, casi 6 mil pasivos ambientales siguen afectando la salud humana, la vida silvestre y el medio ambiente de diversas comunidades, incluso dentro de áreas naturales protegidas”.
De estos pasivos ambientales, al menos en 24 aparece como titular Newmont Mining Corporation, en más de doscientos: Minera Buenaventura, ambas integrantes del Consorcio Yanacocha, junto con la Corporación Financiera Internacional.
Del mismo modo, el siguiente resumen de los conflictos en los que se ha visto envuelto la minera, muestran motivos adicionales para desconfiar:
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Fecha
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Problema
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Denunciante
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Desenlace
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26/03/1999
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Denuncia pública a Yanacocha por contaminación del agua potable de la zona y posteriores cuestionamientos por aparente caso de corrupción relacionado con el fiscal que seguía el proceso[1]
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Reinhard Seifert, presidente del Patronato Cultural de Cajamarca
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No hubo mayor investigación del accionar de la mina en base a la denuncia planteada. Quedaron cuestionamientos al ex fiscal Julio Cabrejos, quien sospechosamente archivó el caso
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02/06/2000
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Pobladores afectados, asesoramiento posterior de GRUFIDES
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Se ejecutaron múltiples acciones judiciales, determinando la sanción administrativa y penal por parte de los implicados, determinándose el pago de indemnizaciones a los afectados. Sin embargo, el daño nunca fue resarcido debidamente
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18/01/2001
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Programa “Frontline” de la cadena PBS
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Luego de las múltiples críticas al modo de operar en Yanacocha y sobre cómo el desastre de Choropampa pudo ser prevenido, se adoptan nuevas medidas para acatar los estándares mínimos para la operación de la mina.
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22/06/2002
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Informe que detalla que existe una descarga de ácido proveniente de la mina hacia una cuenca hídrica, de drenajes del Río Porcón y Río Grande y de envenenamiento de ganado[7]
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Experto internacional en la materia, Steve Blodgett
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Problema del agua en zonas aledañas a MY se fue agudizando: 4 comunidades se quedaron sin acceso al agua
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20/05/2003
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Comunidad afectada, en base a informes emitidos por SEMDACAJ (órgano administrador del agua) y de Compliance Advisor Ombudsman (CAO – Banco Mundial)
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MY otorgó como “compensación” 40 sacos de abono a cada uno los afectados, hecho por demás inaudito.
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18/6/2004
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Comunidades de la zona
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Yanacocha cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza, pero, finalmente, se logró aprobar una nueva ordenanza que impedía a MY continuar con las labores de exploración[12]
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24/10/2005
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The New York Times / Programa “Frontline” de la cadena PBS / The Denver Post
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Hasta ahora, la justicia peruana sigue haciéndose de la vista gorda con este caso, aún cuando existen “vladivideos” sobre el mismo.
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26/08/2006
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Padre Marco Arana – Comuneros de Combayo
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Resarcir a la familia de Isidro Llanos, poblador fallecido en los enfrentamientos / Potabilizar el agua y realizar monitoreo para que sea apta para el consumo humano.[17]
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20/05/2011
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Localidad de Combayo bebe agua contaminada con aluminio, hierro y cobre[18]
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Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la región Cajamarca,
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Se denuncio el hecho y aún se vienen haciendo los exámenes para determinar las consecuencias del consumo de agua contaminada
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Elaboración: Ricardo Santayana Sánchez
A su vez, el lema que maneja la Sociedad Nacional de Minería: “con buena minería el Perú siempre gana”, nos lleva a deducir que, tal vez, actualmente la minería que se desarrolla en el país y en Cajamarca no sea la mejor. Como lo han dicho un conjunto de especialistas, es un dato fáctico que la minería, pese a las millonarias ganancias, no ha redundado en beneficio de la población rural más pobre directamente afectada; sino más bien su nivel de vida, algunas veces, se ha precarizado por problemas de salud y los conflictos socio ambientales producidos. Un dato evidente es que las dos provincias que hoy proveen la mayor riqueza aurífera al país: Cajamarca y Celendín están en el puesto 98 y 153 de desarrollo, de un ranking de 195, según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo.
Del mismo modo, según la Defensoría del Pueblo, existen en el Perú 124 conflictos socio ambientales, estando 31 de ellos ligados directamente con problemas de falta de agua (Ver documento de resumen).
A su vez, el propio resumen el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga señala que las distintas actividades del proyecto “afectarán tanto la calidad como la disponibilidad del hábitat para la vida acuática. Debido a esto, el área de influencia directa (AID) para el componente hidrobiológico incluye las quebradas que serán disturbadas por el proyecto, con efecto en la calidad y cantidad de agua, así como en los bofedales y lagunas dentro del área de emplazamiento” (ver: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha). En palabras claras el medio ambiente será afectado drásticamente, especialmente las lagunas y, con ésta, la disponibilidad del agua. Por ello la creación de cuatro reservorios.
Ante ello, es lógica la preocupación de la población cajamarquina por la eliminación de cuatro lagunas y el futuro de su región, pues son evidentes los daños ambientales y sociales que se han producido producto de la actividad minera. No por nada, a partir del año 1997, se han aprobado algunas ordenanzas municipales referidas a problemas ambientales específicos, declarando zonas como intangibles (incluida la que actualmente está en conflicto) e incluso se ha elaborado un documento base de Zonificación Ecológica y Económica para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca.
Todas estas normas, actualmente no son vinculantes para el Estado, pero, necesariamente, deberían ser tenidas en cuenta, como argumentos a favor de la posición de los pobladores que ha sido acusada por parte de los dueños e ingenieros de la mina de poco técnica, como si la experiencia que viven los pobladores de Celendín y distritos aledaños de Cajamarca no sirviera de nada.
Rol del Estado y necesidad de retomar el diálogo
Ante esto, creemos que el Estado debería contabilizar estos problemas y no sólo ver la mega inversión y dinero que significa el Proyecto Conga. Es obvio que los 4 800 millones de dólares que se pueden obtener de éste son importantes. Sin embargo, por la información obtenida del cuestionado EIA hay un conjunto de bienes jurídicos trascendentes: agua, salud, vida, ambiente saludable, etcétera que no se han contabilizado como pérdida de realizarse el mismo.
Y es que en este proceso el gobierno debe cumplir un rol de tutela de derechos, y actuar en coherencia con el mandato para el que ha sido elegido. Así, tanto la buena inversión, el desarrollo de la empresa, como el agua, la salud, la vida en un ambiente equilibrado y la tutela de los recursos naturales son derechos fundamentales y deben ser adecuadamente ponderados.
Como lo dijimos en su momento, pese al paro, en IDL creemos que estamos a tiempo para encontrar los canales de diálogo que puedan satisfacer a todas las partes. Hay que salir del entrampamiento de “Conga va de todas maneras” o “Conga no va de ninguna manera”. Este caso es tan importante para la población, el Estado y la empresa, que se puede convertir en la gran oportunidad para encontrar un nuevo esquema de solución de conflictos que pueda utilizarse para resolver problemas originados por concesiones, sean nuevas o ya establecidas; a fin que todas las partes puedan defender sus derechos e intereses. Ello, sin duda, reduciría la falta de confianza y credibilidad que mutuamente existe.
Para ser coherentes con la promoción de una minería responsable, como queremos la mayoría del país, es urgente que se revise el informe del impacto ambiental (EIA), y que se haga por una autoridad que no sea el Ministerio de Energía y Minas, ya que tiene fundamento el conflicto de intereses existente al ser el Ministerio que promueve la inversión. Si efectivamente no existen los problemas que denuncia la población, ni la minera ni el Estado tendrían por qué oponerse a una revisión. Igualmente, la preocupación de la población cajamarquina, por la posible eliminación de cuatro lagunas y el futuro ambiental de su región, debería ser resuelta con un nuevo estudio hidrogeológico y objetivo.
Justamente el retomar este proceso de diálogo será tan importante para abordar puntos como: (i) la necesidad de elaborar un ordenamiento territorial del suelo peruano, a fin de tener certeza sobre en qué áreas se puede desarrollar actividad minera y cuáles son las zonas intangibles, (ii) la forma en que deben hacerse las concesiones, (iii) el sentido de los EIA, (iv) la forma como la mina resguarda sus instalaciones y utiliza a su personal de seguridad, (v) la necesidad de respetar las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas, (vi) mejorar la forma en que la población también podría beneficiarse de la inversión, (vii) encontrar la manera en que se incluya la opinión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto a su desarrollo, a través de la consulta a los pueblos indígenas y otras formas de participación, tal como lo establecen los instrumentos internacionales.
Esperamos que, así como el Estado busca la inversión en el país, también cumpla con su rol de tutela de derechos fundamentales y lo compatibilice con su principal norte: buscar la vida digna de los peruanos y peruanas, y promover un desarrollo sustentable sin daños ecológicos irreparables.
[16] http://www.larepublica.pe/26-08-2006/yanacocha-paraliza-operaciones-en-combayo-por-los-conflictos
https://www.alainet.org/es/active/51130?language=en
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