Coyuntura abril - junio
20/07/2011
- Opinión
ECONOMÍA
CORRUPCIÓN, UNA SOCIEDAD ILIMITADA
Una de las peores herencias del mandato Uribista ha sido la entrega que hizo de los dineros del Estado a unas verdaderas mafias de contratistas, empresarios y politicos que saquearon sistemáticamente las finanzas del gobierno con la complicidad por acción y por omisión de las altas autoridades de ese mismo Estado. La corrupción, como lo vienen registrando las denuncias que permanentemente están apareciendo en los medios de comunicación, se salió de límites en los mandatos de la “Seguridad Democrática”. Con un agravante y es que de ella hicieron y siguen haciendo parte grupos vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico que legitimaron sus fortunas a través de los contratos ganados en decenas de licitaciones de obras públicas amañadas o previamente arregladas en los gobiernos locales, regionales y en el nacional.
A cambio del enriquecimiento de sus aliados Uribe obtuvo lo que los expertos llaman “gobernabilidad política”, es decir la capacidad para manejar el gobierno sin mayores contrapesos politicos imponiendo su propia agenda o criterios y orientaciones en la administración del Estado. Precisamente esa falta de contrapesos fue llevando a Uribe a adoptar cada vez con mayor radicalidad políticas autoritarias, polarizadoras y excluyentes de la oposición que terminaron justificando los seguimientos, intimidaciones y amenazas por parte de la policía de seguridad, el “Das”, a defensores de derechos humanos, congresistas, periodistas independientes y a los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Algunos cálculos de entendidos en la materia hablan de una pérdida para el Estado anual de no menos de 9 billones de pesos= 4.500 millones de dólares en obras que no se realizan o se realizan a medias, en el pago de sobornos o “untadas “ a los funcionarios públicos , incluyendo dentro de estos a no pocos alcaldes, gobernadores y ministros . La cifra real de dineros perdidos por la corrupción en la administración pública puede ser aún mayor si se toma en cuenta que el gobierno del ex presidente Uribe dejó recursos económicos de los presupuestos de los próximos años ya contratados por valor de unos 26 billones de pesos= 13 mil millones de dólares. Este ejemplo ha sido imitado por alcaldes municipales y gobernadores departamentales quienes han contratado para años futuros obras y servicios por unos 14 billones de pesos= 7 mil millones de dólares.
El escándalo más publicitado en los medios ha sido el que compromete al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, a su hermano , el senador Iván, al Contralor o fiscal de los dineros públicos en la ciudad, a concejales y a contratistas como el grupo de la familia Nule en desfalcos, sobornos y licitaciones amañadas por decenas de miles de millones de pesos. Como el alcalde pertenece al partido de oposición de izquierda “Polo Democrático” los medios de comunicación oficialistas le han dado la mayor publicidad posible al escándalo tratando de destruir cualquier posibilidad electoral del partido en las próximas elecciones para alcaldes y gobernadores especialmente en la capital, Bogotá.
Esto explica , también , la muy ágil actuación del Procurador, Alejandro Ordoñez, en la investigación y castigo de los culpables de este escándalo, agilidad que no ha mostrado en otros escándalos por cuantías mucho más grandes de dinero que comprometen , por ejemplo, a la misma familia Nule y a altos funcionarios del pasado gobierno de Uribe. De hecho, algunos informes señalan que la familia Nule le desfalcó o defraudó fondos al Estado colombiano por más de un billón de pesos= 500 millones de dólares.
Ordoñez, es un reconocido miembro de la extrema derecha del país y ha convertido a la Procuraduría en un instrumento político para atacar grupos sociales y decisiones de las altas cortes del Estado que no están de acuerdo con su ideología ultra conservadora. Ordoñez ha atacado a los grupos de la diversidad sexual calificando , por ejemplo, el homosexualismo como una aberración social o se ha empeñado en una cruzada para revocar, para echar hacia atrás la decisión de la Corte Constitucional que permitió a las mujeres abortar en tres casos específicos.
Seguramente los funcionarios de Bogotá son culpables de los cargos de corrupción que se les han hecho, pero no son los únicos responsables de esa peste que se ha apoderado de la administración pública en todo el país.
Los exministros de agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández así como sus principales asesores están siendo investigados por haber regalado dineros del Estado a grandes empresarios y amigos políticos en calidad de subsidios para la producción agrícola , violando el sentido de la ley que los proponía como un estímulo para los pequeños y medianos campesinos. Estos regalos totalizan más de 400 mil millones de pesos= 200 millones de dólares.
A esto se suma que durante la administración de estos ex ministros el instituto encargado de la repartición de tierras a los campesinos, el “Incoder”, entregó no menos de 150 mil hectáreas de tierras del Estado a testaferros , parientes y políticos amigos de los jefes paramilitares violando descaradamente cualquier legalidad y sentido de la justicia social en ese escándalo.
La mafia de los contratistas se apoderó de ministerios como el del transporte durante los gobiernos de Uribe. Se entregaron contratos para la construcción de carreteras, túneles, diques en los ríos y otras obras públicas por cientos de miles de millones de pesos , sin que dichas obras se estén realizando tal como se habían diseñado o ni siquiera se hayan empezado a construir.
Cientos de propiedades de decomisadas a los capos del narcotráfico fueron devueltas para su administración a testaferros de los mismos o a amigos y socios de congresistas Uribistas en el carrusel de chanchullos que se montó en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
En departamentos petroleros como Casanare, Arauca o Huila el saqueo de las regalías o utilidades que las empresas explotadoras del combustible pagan a los departamentos y municipios donde están ubicados los yacimientos ha sido total.
Estos tres departamentos reciben regalías anuales por más de 1,5 billones de pesos= 750 millones de dólares y estos dineros solo han servido para enriquecer a una clase corrupta de políticos y empresarios que siguen explotando las necesidades de las comunidades locales planteando la construcción de obras o la prestación de servicios con los dineros de las regalías a sabiendas que esas obras y esos servicios quedarán solo hechas o prestadas en los papeles de los contratos.
Igual situación de corrupción y despilfarro se vive en los departamentos con la mayor producción carbonífera del país, el Cesar y la Guajira. Ambos departamentos se ubican en la Costa Atlántica y tienen más del 50% de sus poblaciones con las necesidades básicas insatisfechas a pesar de que anualmente reciben más de 700 mil millones de pesos= 350 millones de dólares . Unas nueve grandes compañías multinacionales de Europa, Estados Unidos, Australia y Brasil están explotando esta riqueza en unas condiciones económicas absolutamente desventajosas para el Estado colombiano. Menos del 5% del valor total de las más de 55 millones de toneladas de carbón que se extrajeron el año pasado ingresan como regalías al Estado llámese gobierno central, departamental o municipal.
Estas condiciones “leoninas” se dan, igualmente, en la explotación del petróleo, del oro, del níquel, del gas natural. Mientras el país exportó en el 2010 minerales por valor de 80 billones de pesos= 40 mil millones de dólares, las regalías pagadas a Colombia solo totalizaron unos 3,8 billones de pesos= 1.800 millones de dólares al descontarse las exenciones o perdones de impuestos que el gobierno Uribe les había concedido a las empresas multinacionales en recompensa por “invertir” en Colombia y explotar nuestros recursos naturales no renovables.
De esta manera nuestro país es víctima de un doble saqueo. El principal, el que hacen los capitalistas extranjeros aprovechando las condiciones ventajosísimas que les ofrece el gobierno colombiano para extraer petróleo, carbón, oro, gas y, el complementario o secundario, el que efectúan políticos y contratistas con las regalías que pagan los inversionistas del exterior.
ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA MINEROS
El enriquecimiento acelerado de estos grupos sociales continua el modelo impuesto en años anteriores por los capos de los carteles del narcotráfico y del paramilitarismo. De hecho buena parte de los grupos armados que algunos estudiosos llaman “neoparamilitares” y que los funcionarios del gobierno insisten en denominarlos como “Bacrim” o “Bandas criminales” y de los frentes guerrilleros se han vinculado o se están vinculando a las actividades mineras en muchas zonas del país haciéndose al control de minas especialmente las del oro en algunas regiones como el Nordeste de Antioquia, el Sur de Córdoba, la Serranía de San Lucas en Bolívar, el sur del Tolima, la Costa pacífica .
El dinero de la minería del oro se está convirtiendo en el nuevo motor del conflicto armado en el país sustituyendo en parte los dineros del narcotráfico. En este cambio se han conjugado tres factores.
En primer lugar, los altísimos precios del oro en los mercados internacionales que ahora pasan de los 1.400 dólares la onza.
En segundo lugar , que el oro es un producto legal fácil de comercializar y de monetizar, es decir de venderlo sin necesidad de usar toda una cadena de intermediarios para colocarlo en el mercado como sucede en el caso de la coca. Además las explotaciones mineras artesanales se ubican en zonas donde tradicionalmente ha existido presencia de grupos armados irregulares.
En tercer lugar, la reducción de los cultivos de coca en Colombia y el traslado de los mismos a países como Perú y Bolivia como resultado del asedio policial a las regiones productoras y el mismo debilitamiento de las organizaciones criminales colombianas en la cadena de la comercialización de la cocaína, han facilitado la emergencia del oro como el nuevo “combustible” del conflicto político militar.
El año pasado Colombia exportó oro por más de 1.400 millones de dólares y es muy posible que cerca del 30% de ese dinero, unos 350 millones de dólares, haya ido a parar a las manos de los grupos armados irregulares y de las organizaciones criminales de todos los pelajes que se disputan en muchas regiones con gran ferocidad el control del comercio del mineral.
El panorama de la explotación del oro se hace más complejo con la presencia de grandes compañías multinacionales interesadas en explotar intensivamente los principales yacimientos del metal, no solo los antiguos sino otros que recientemente se han descubierto.
Las compañías canadienses llevan el liderazgo de ese tipo de proyectos. Recordemos que Colombia y Canadá firmaron hace poco tiempo un tratado de libre comercio que le garantiza a los inversionistas canadienses todo tipo de facilidades para explotar las riquezas minerales no solo del oro, sino del petróleo, del carbón, del gas natural en nuestro territorio.
Entre esas compañías canadienses presentes en Colombia se destaca la “Medoro”, que se apoderó del gran yacimiento de oro de Marmato en el departamento de Caldas aprovechando las facilidades legales y comerciales que le brindó el gobierno Uribe. La “Medoro” desplazó a los centenares de mineros artesanales de la región y prácticamente obligará al traslado de la propia cabecera municipal de Marmato para facilitar en esos terrenos la explotación a cielo abierto de la mina, una mina que tiene oro por más de 7 mil millones de dólares.
Esta misma empresa compró las propiedades de la desaparecida “Frontino Gold Mines” en el nordeste de Antioquia desconociendo en ese negocio los derechos de los trabajadores pensionados de la antigua compañía y de los mineros artesanales.
No es de extrañar que los inversionistas canadienses tengan tantas facilidades para realizar sus operaciones en el país si se tiene en cuenta que de su actual junta directiva hacen parte el ex ministro de minas de Uribe, Hernán Martínez, y un destacado empresario de Antioquia con muchas y muy valiosas conexiones políticas, Augusto López.
Este tipo de alianzas con la clase empresarial y política del país han facilitado, sin duda alguna, los saqueos que las grandes empresas multinacionales de la minería vienen haciendo en nuestro territorio.
Otra compañía canadiense, “GreyStar”, a pesar de las reiteradas intrigas y presiones ante el alto gobierno para que se le concediera la licencia de explotación a cielo abierto de los yacimientos de oro del páramo de San Turbán en el departamento de Santander, tuvo que desistir de esta modalidad del proyecto. El rechazo de decenas de organizaciones sociales, comunitarias , ecológicas de ese departamento, de las universidades, del gobernador del departamento, del alcalde de la capital, Bucaramanga, de los gremios cívicos y económicos de la región y de miles de ciudadanos a este proyecto que juzgaban como nocivo, como profundamente negativo para Santander llevaron a que el Ministro de Minas, Carlos Rodado y los directivos de “GreyStar” llegaran a la conclusión de que no era realizable, que no era viable su ejecución por los altísimos costos políticos que la iniciativa tendría no solo para el gobierno sino para la compañía canadiense.
Del páramo de San Turbán sale buena parte del agua que surte a la población de Bucaramanga y de los municipios vecinos; la explotación del oro en esos terrenos a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar no solo deforestaría, arrasaría con la vegetación de la zona disminuyendo el caudal de los ríos sino que los contaminaría, los envenenaría con las más de 40 toneladas diarias de cianuro y 230 toneladas diarias de anfo que los empresarios pensaban utilizar para sacar durante unos 15 años las más de 7 millones de onzas de oro y 2 millones de onzas de plata que se calcula existen en ese yacimiento.
Sobra decir que este triunfo obtenido por la ciudadanía, por las organizaciones sociales, es una excepción notable en el panorama de las inversiones mineras en el país que se han apoderado de grandes territorios del país explotándolos voraz e irracionalmente haciendo caso omiso de las consecuencias ecológicas, sociales y culturales que esta brutal forma de hacer empresa en Colombia trae para nuestra sociedad.
No en vano, Colombia, según una encuesta entre las 500 empresas mineras más importantes del mundo , está ubicado en la lista de los 17 países más “atractivos” del planeta para los inversionistas internacionales y en Latinoamérica esa “favorabilidad” solo es superada por Chile. En otras palabras somos uno de los países del mundo donde el gobierno y la legislación más se prestan para facilitar el saqueo de sus recursos minerales según lo reconocen los propios saqueadores.
La “Greystar” no se ha quedado quieta tras el fracaso inicial de su propuesta en San Turbán y ahora está insistiendo ante el gobierno en el proyecto proponiendo la explotación subterránea del oro de ese yacimiento, explotación igualmente nociva para el medio ambiente de la región.
Hay que advertir que esta compañía canadiense tiene en la mira otros cuatro proyectos de explotación en el mismo departamento de Santander y en el vecino de Norte de Santander. Pero a la par con la “Greystar” otras compañías canadienses se han hecho presentes en esta región con explotaciones más pequeñas, pero igualmente rentables como la CVS, la Galway y la Ventana Gold que recientemente fue adquirida por el multimillonario brasileño, Eike Batista quien también se ha hecho a la propiedad de minas de carbón en el departamento del Cesar.
Canadá, cuyas compañías mineras se han extendido por todo el mundo, empíeza a cumplir en Colombia un papel imperialista clave de saqueo y explotación a juzgar por las numerosas inversiones que sus empresarios han venido haciendo no solo en la explotación del oro, sino en la explotación de otros minerales como el petróleo.
De hecho, hace pocos días el propio ministro de Minas, Carlos Rodado, estuvo en Canadá participando en un congreso minero y le ofreció a los empresarios de este país mayores rebajas de impuestos si seguían invirtiendo en Colombia.
La “ Pacific Rubiales”, una empresa canadiense, se convirtió en poco tiempo en la compañía extranjera que más barriles de petróleo extrae en el país. No menos de 120 mil barriles por día está sacando de los yacimientos que tiene en Puerto Gaitán, departamento del Meta, en los Llanos Orientales. Además empezará a exportar a Centroamérica gas licuado extraído de grandes yacimientos que posee en la Costa Atlántica.
La presencia de esta empresa tiene una peculiaridad y es que buena parte del capital, del dinero que necesita para financiar sus proyectos lo está obteniendo en la propia Colombia. En efecto, la acción de la “Pacific Rubiales” es la segunda más transada, más negociada en la bolsa de valores de Bogotá, lo que en lenguaje sencillo significa que con nuestros propios capitales los inversionistas extranjeros no solo se financian sino que sacan utilidades gigantescas que transfieren a Canadá y a otros países del mundo rico y desarrollado.
Mientras tanto, la tasa de desempleo ha llegado al 13,5%. En una hábil maniobra propagandística el gobierno planteó esa cifra como un avance en sus planes al compararla con la que se registraba 12 meses atrás. Los medios de comunicación publicaron tal cual la versión del gobierno olvidándose que en el mes de diciembre pasado la tasa de desempleo había estado por debajo del 12%. En otras palabras este nuevo año ha empezado con un aumento considerable en el número de desempleados en el país y con la ratificación del empleo informal, del subempleo o el “rebusque” como la clase de empleo que un 67% de los trabajadores pueden tener en nuestro país en la actualidad.
Esta situación es consecuencia lógica del modelo económico que se ha venido impulsando en el país desde hace ya varios años y que ahora, si se quiere, se ha radicalizado con la dependencia que nuestra economía tiene de las exportaciones de minerales como el petróleo, el carbón, el oro, el níquel.
Casi el 90% de la inversión extranjera en estos primeros meses del añocomo ocurrió también en el 2010 se dirige al sector minero lo que ratifica , de un lado, que hemos profundizado nuestra condición de país productor de materias primas, de “commodities” como se les dice ahora y , del otro, que se acelera la desindustrialización del país.
El modelo neoliberal vigente basado en la exportación de productos mineros nos ha hecho perder la autosuficiencia alimentaria con la permanente disminución de las tierras dedicadas a la agricultura y al mismo tiempo ha debilitado nuestra industria nacional, un sector que crea empleos productivos, estables, bien pagados.
La minería, a su turno, no crea, ni creará los empleos que necesita el país. Genera una entrada de dólares en la economía que alimenta la prosperidad de una serie de grupos privilegiados dentro de la población que se benefician de la aparente bonanza de esos dineros, sin cambiar las condiciones de las mayorías empobrecidas. Estamos hablando de grupos privilegiados como los importadores de bienes de consumo, los suministradores de servicios para las empresas mineras, los profesionales con ciertas especializaciones técnicas, los banqueros y en general los especuladores financieros y empresarios de viviendas y edificios de lujo.
A esos grupos se suman los que se han enriquecido con los dineros de las regalías mineras, los contratistas de obras públicas y miembros de las clientelas políticas beneficiados con empleos y prebendas por parte de congresistas, gobernadores, alcaldes que manejan dineros del Estado.
OTRO NEGOCIO SALUDABLE
La nueva ley expedida por el Congreso e impulsada por el actual gobierno Santos para reformar el sistema de salud del país que durante el mandato Uribista había estado a punto de colapsar tampoco parece ser la solución que requería con urgencia ese sistema.
Si bien se dan algunos avances como el ordenar la unificación de los planes obligatorios de salud que establecían diferencias en la prestación de servicios entre quienes están afiliados porque pagan una contribución mensual que se descuenta de su salario y quienes lo están porque son subsidiados por el Estado, la concepción mercantilista, comercial de este servicio social básico continúa gobernando el sistema.
El punto central establecido en la ley 100 de 1991 de considerar la salud como un negocio del cual pueden lucrarse las empresas privadas prestadoras de los servicios de salud a la población (EPS) no ha sido modificado y , más aún, la nueva ley facilita la integración vertical de los servicios que prestan esas empresas al permitirles la propiedad de hospitales, centros de salud, laboratorios, farmacias y hasta universidades para atender no a los pacientes, sino a los “clientes” del negocio.
Esta integración, a su vez , permite el aumento de las ganancias o de las utilidades de los empresarios al monopolizar la prestación de los servicios médicos debilitando la salud financiera de los hospitales públicos que todavía funcionan y de los pequeños empresarios que intentan competir en el sector. El personal médico y paramédico dentro de este sistema continua siendo víctima de prácticas laborales que sobre explotan su capacidad de trabajo en detrimento de sus ingresos económicos y de la salud de los usuarios.
Además varias de estas empresas como lo han denunciado algunos estudios venían estafando o “tumbando” al Estado fijando unos sobre costos exagerados por los medicamentos que entregaban a los usuarios con el ánimo de aumentar el total de dineros que debían recibir del mismo Estado por prestar los servicios de salud a los afiliados. En estos últimos años los sobrecostos cobrados sumaron más de 2 billones de pesos= mil millones de dólares.
Con el pretexto de racionalizar los costos económicos y descongestionar los despachos judiciales a los cuales acudían miles de personas solicitando tutelas que obligaran a las EPS a prestarles los servicios médicos que en principio se les negaban, la nueva ley creó unas juntas médicas que de acá en adelante estudiarán las solicitudes de los usuarios y decidirán la validez o pertinencia de las mismas.
En la práctica lo que se busca es favorecer las finanzas del Estado, quien era en última instancia la institución que salía pagando el costo económico de las tutelas que favorecían los jueces a través de un fondo especial del cual han sacado gran provecho económico las empresas privadas de salud.
Una medida que parece positiva es la que le quita a los departamentos la administración de los dineros que se giraban desde el gobierno central en Bogotá para pagar los costos de la salud subsidiada, es decir de los usuarios a los que tenía que subsidiársele este servicio. Los dineros girados se habían convertido en muchos de los departamentos en fuente de enriquecimiento para los políticos regionales, los grupos paramilitares y todo tipo de delincuentes de cuello blanco. No menos de 1 billón de pesos= 500 millones de dólares anuales terminaba perdiendo el Estado con todas estas trampas y negociados.
De ahora en adelante los dineros del régimen subsidiado de salud se manejaran directamente desde Bogotá sin intermediarios regionales. Ojalá esta centralización no origine nuevos manejos corruptos en el sistema, un sistema que administra en todos sus engranajes, empresas e instituciones más de 20 billones de pesos anuales= 10 mil millones de dólares.
En realidad el sistema no puede, ni podrá funcionar con eficacia debido a dos grandes causas o factores. El primero , como ya lo señalábamos anteriormente, es seguir considerando este servicio social básico un negocio del cual pueden lucrarse los empresarios particulares. El segundo, es el desempleo y subempleo crónicos que existe en el mercado laboral y que no permite que sean más los trabajadores vinculados al régimen contributivo que al subsidiado.
En 1991 los autores de la ley 100 creían con cierta ingenuidad que con el paso de los años crecería el empleo formal en el país y lo que ha sucedido es todo lo contrario. En este momento no menos de 25 millones de personas están inscritas en el régimen subsidiado de salud y solo unas 18 millones pertenecen al contributivo. Más del 50% de las pertenecientes al contributivo devengan menos de dos salarios mínimos mensuales, es decir menos de 1.100.000 pesos colombianos= 550 dólares.
POLÍTICA
JUAN MANUEL Y LAS BARRAS BRAVAS
Dentro de la coalición de gobierno, que el presidente ha llamado de “Unidad Nacional” no cesan de presentarse grietas o fracturas por roces y enfrentamientos entre sus socios.
De un lado , los antiguos partidos Uribistas como el de la U y el Conservador, temen perder el control que actualmente tienen de la burocracia pública y que disfrutaron en los pasados ocho años frente a los Liberales recién llegados a la coalición y con quienes parece estar en mucha sintonía el presidente Santos.
Esto explicaría , en parte, las reticencias, los ataques mal disimulados y las presiones a que vienen sometiendo a los ministros del gobierno en el Congreso los partidos Uribistas para tramitar y aprobar las leyes que les presentan . En especial estas tensiones son más fuertes frente al Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a quien el ex presidente Uribe ha descalificado y atacado en numerosas ocasiones desde que Vargas Lleras se opuso al proyecto de una nueva reelección suya en el 2009.
En realidad tras estos enfrentamientos se visualiza la inconformidad del Uribismo tradicional, de los sectores más conservadores del país, frente al proyecto político que intenta impulsar el nuevo presidente. Se sienten traicionados por las relaciones de amistad y cooperación que Santos viene construyendo con el presidente venezolano Chávez, por los nombramientos que ha hecho en altos cargos del gobierno de destacados opositores del ex presidente, por iniciativas legislativas como la ley de víctimas y el reconocimiento que Santos ha hecho de las víctimas de los agentes del Estado como víctimas cuyos derechos también deben ser reconocidos por esa ley.
Un sector radical del Uribismo ha dejado atrás las diplomacias y las medias tintas y ha empezado a cuestionar, a criticar duramente las políticas santistas.
Ahora bien lo que ha propuesto o ha hecho Santos en estos meses es plantear una serie de reformas en la administración del Estado, de proyectos sociales y de acercamientos diplomáticos con otros países en función de los intereses de los grupos económicos y sociales que el presidente representa, es decir, la alta burguesía financiera, comercial e industrial del país.
Todos esos proyectos y reformas no alteran la sustancia del modelo económico neoliberal que se viene aplicando en Colombia desde hace varios años, pero ayudan a distensionar la polarización social heredada del gobierno Uribista y a darle un canal de salida a expectativas represadas por años y años que tenían grandes grupos de la población.
Sin embargo, aunque el presidente Santos ha tratado de mantenerse firme en el rumbo político que le dado a su gobierno en determinados momentos ha tenido que hacerle concesiones verbales a los reclamos y protestas del Uribismo radical.
Quizás el pretexto más utilizado para promover esos reclamos y críticas ha sido el abandono que según esos sectores el nuevo gobierno ha hecho de las políticas de la Seguridad Democrática, que fueron la carta de presentación y de triunfo electoral del ex presidente. Según estos críticos el orden público se viene deteriorando aceleradamente en algunas regiones del país y la delincuencia común se ha apoderado de las grandes ciudades ante la impotencia de las autoridades nacionales y locales.
En estas acusaciones los críticos del gobierno parten de un supuesto falso, al pretender hacernos creer que el ex presidente Uribe dejó un país sin mayores problemas de delincuencia, criminalidad y manejo del orden público. Por el contrario en la última etapa de su gobierno se hicieron bien visibles las actividades criminales de los nuevos grupos paramilitares o “Bacrim” como los llaman los voceros oficiales en departamentos como Antioquia, Córdoba, Cauca, Valle, Nariño, Meta, entre otros.
Estos grupos surgieron en gran parte de los integrantes de los antiguos grupos paramilitares “desmovilizados”, desmovilizaciones muy publicitadas que en su momento llevaron al entonces presidente Uribe a declarar en tono triunfalista que el paramilitarismo se había acabado en el país.
Que buena parte de esas desmovilizaciones fueron una farsa está quedando comprobado en estos días con las múltiples denuncias que han hecho no solo algunos jefes de esos antiguos grupos, sino informes periodísticos aparecidos en los principales medios de comunicación del país. Esta lluvia de denuncias ha motivado que la Fiscalía haya entrado a investigar penalmente a quien fuera el Comisionado de paz en aquellos años de las desmovilizaciones, Luis Carlos Restrepo y a varios de sus asesores.
Restrepo con el apoyo de su jefe Uribe habló alegremente de haber logrado la desmovilización de más de 40 mil paramilitares cuando los cálculos de estudiosos del tema ubicaban en unos 12 mil el número de integrantes de todos esos grupos antes de iniciarse esas “desmovilizaciones”.
También en los últimos años del mandato Uribista la situación de orden público se deterioró notablemente en los departamentos del Cauca y de Nariño en el sur occidente del país. Los cultivos de coca se expandieron en esas regiones y a su sombra se fortalecieron no solo las nuevas bandas de paramilitares sino también varios frentes guerrilleros . Los asesinatos, las masacres, los combates entre el ejército y las organizaciones armadas irregulares empezaron a hacer parte de la vida cotidiana de los campesinos e indígenas de las áreas rurales de esos departamentos en el segundo gobierno de Alvaro Uribe.
En síntesis, lo que está enfrentando el gobierno Santos en materia de orden público es en buena parte herencia de las políticas de seguridad democrática que se aplicaron en el mandato Uribista y de las cuales, él ,como ministro de Defensa, fue uno de los principales ejecutores.
CON NADADITO DE PERRO
El presidente Santos sigue registrando en las encuestas de opinión altos índices de aceptación a pesar de los muchos “peros” que pueden empezar a anotársele a su gobierno.
El primero de esos “peros” es, sin lugar a dudas, la altísima tasa de desempleo existente en el país que en algunas ciudades está por encima del 20%. Leyes como la del “primer empleo” recientemente aprobadas por el Congreso no pasan de ser parchecitos de agua tibia a un problema que se ha vuelto estructural, crónico en la economía colombiana. La tasa de desempleo es demasiado alta en sectores como la población juvenil y esto explica, en parte, el aumento de las pandillas y de la delincuencia común en las ciudades.
Aparte de seguir hablando retóricamente de las “locomotoras “ que impulsarían el despegue de la economía y la creación de empleo tales como la minería, la agricultura, la construcción de obras públicas, la innovación tecnológica, la vivienda, el presidente Santos no parece tener un plan concreto para crear los dos millones de empleos que prometió en la campaña.
Un segundo “pero” es la corrupción que sigue enquistada, arraigada en la administración pública como herencia nefasta de los anteriores gobiernos. El mismo presidente ha convertido los nombramientos de puestos diplomáticos en una feria personal con la que está premiando a sus amigos de negocios y de la infancia en una clara muestra de clientelismo.
Un tercer “pero” es el incumplimiento que el presidente ha hecho de su promesa electoral de no crear más impuestos. Un caso muy diciente es la notable alza que se viene haciendo del precio en la gasolina argumentando que la situación política en el Medio Oriente ha disparado el precio del combustible en los mercados internacionales, pasando por alto que el país está produciendo ahora más petróleo que nunca con cerca de 860 mil barriles diarios de los cuales una buena parte se exporta. El alza de los precios de la gasolina es un impuesto disimulado que afecta los bolsillos de todos los sectores sociales en especial de los más empobrecidos que lo terminan pagando en las tiendas o mercados donde adquieren los víveres de primera necesidad a un más alto costo, o en los pasajes del transporte público para solo citar dos ejemplos concretos.
El precio del galón de gasolina que ahora supera los 4 dólares es superior al que pagan los consumidores de Estados Unidos con la diferencia, además, de que los ingresos del norteamericano común y corriente son 8 veces más altos que los del promedio de los colombianos.
Un cuarto “pero” es el del aumento de la inseguridad y de la criminalidad en las principales ciudades.
“Pero” a su vez, Santos un político astuto y pragmático ha preferido seguir guardando un bajo perfil , sin descomponerse ni entrar en confrontaciones con los críticos como solía hacerlo su antecesor, Uribe. Santos le ha concedido libertades a sus ministros y asesores para ejecutar las tareas de sus respectivas áreas , pero para darle un contenido “ social” a su gobierno ha permitido que el vicepresidente Angelino Garzón, un veterano sindicalista, tenga una gran presencia en los medios de comunicación como encargado de mediar en conflictos laborales como el del paro de los camioneros, el de los empleados de la mina del Cerrejón , o de reclamar en nombre de la clase trabajadora a los empresarios un aumento en el salario mínimo. Además, Angelino ha entrado a coordinar toda la política de derechos humanos en el gobierno y aunque tanta exposición mediática le ha valido críticas desde algunos sectores el presidente Santos lo ha respaldado dando a entender que el populismo del vicepresidente es una maniobra política concertada con su jefe.
UN VIEJO VERDE, MUY VERDE
Un punto clave que también olvidan los Uribistas radicales es que el “éxito” que se le atribuye a las políticas de Seguridad de su jefe solo pudo ser posible gracias a las acciones criminales de los grupos paramilitares. Sin esa alianza, sin esa colaboración , no hubiera sido posible recuperar el control territorial de vastas regiones del país. La importancia de esa alianza criminal entre paramilitares, políticos tradicionales y empresarios ha quedado de alguna manera refrendada o ratificada con las numerosas investigaciones, procesos y condenas que la Corte Suprema, la Fiscalía y otras instituciones han adelantado contra decenas de congresistas, altos funcionarios públicos, algunos empresarios y los propios capos del paramilitarismo por las acciones criminales que idearon, apoyaron o respaldaron en desarrollo de la alianza.
Otra consecuencia de esos pactos fue el desborde de la corrupción en la administración pública durante el mandato de Uribe. La corrupción en todas sus variantes llegó también al palacio presidencial manifestándose en escándalos como el de los seguimientos y amenazas a los grupos opositores del régimen y a la propia Corte Suprema de Justicia por parte de la policía de seguridad, “DAS”; la compra de los votos de los congresistas para hacer aprobar la reelección del 2006 o “Yidispolítica”; la entrega generosa de contratos y prebendas a empresarios y políticos amigos en ministerios como el de Agricultura o el de Transporte.
Algunos de los subalternos del ex presidente Uribe están respondiendo ante las diferentes instancias o instituciones del sistema judicial por estos y por otros casos de corrupción, pero el mismo ex presidente con una habilidad y un gran cinismo sigue presentándose ante la opinión pública como un patriota, defensor de la moral y de la democracia , que no vacila en satanizar y condenar en los peores términos a todos los contradictores y opositores que se atreven a cuestionar sus actuaciones políticas.
De hecho está operando como el jefe del Partido de la U y se ha lanzado a organizar la campaña para la elección de alcaldes y de gobernadores en Octubre próximo con la misma suficiencia y agresividad que tuvo en la presidencia de la república.
En Bogotá Uribe ha hecho una de sus típicas jugadas de “carambola “ política. Desde la cuenta de “Twitter” que maneja en Internet expresó su apoyo al candidato del partido Verde a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa. Peñalosa y sus amigos más cercanos se apresuraron a agradecer el respaldo del ex presidente olvidándose que en la pasada campaña presidencial la gran acogida que tuvo el candidato de los Verdes, Antanas Mockus, fue precisamente que se planteó como el candidato de la transparencia en el manejo de la administración pública, el candidato que rechazaba la corrupción y la política del “todo vale” impulsadas por Uribe.
Fue precisamente Mockus quien manifestó su desagrado o su rechazo al respaldo que el ex presidente le ofrecía al candidato Peñalosa. Ese rechazo originó una crisis dentro de los Verdes que se zanjó o arregló provisionalmente con la ratificación del respaldo de Mockus a Peñalosa y la promesa de “estudiar más adelante” las posibles alianzas con otros partidos.
Sin embargo, el efecto que buscaba Uribe ya estaba hecho. Peñalosa, torpemente , se prestó para empezar a ser señalado como el candidato del ex presidente y esta actitud seguramente le costará a su partido la deserción de muchos votantes que aspiraban a encontrar en los Verdes una verdadera alternativa frente a la corrupción y el clientelismo que dominan la política colombiana actual.
Paradójicamente, entonces, el respaldo Uribista a Peñalosa le facilita el camino a otros candidatos como Carlos Galán, David Luna o Gina Parodi que pueden presentarse con mayores posibilidades como candidatos jóvenes, de renovación, ante los sectores independientes que antes estaban alineados con los Verdes.
En la medida que avance la campaña podrá saberse hasta que punto ha sido afectada la candidatura Peñalosa por el respaldo Uribista. En caso de que las encuestas señalen una caída en su favoritismo queda la posibilidad que sea el propio Uribe quien se lance como candidato a la alcaldía de Bogotá aprovechando la “quemada” del favorito inicial culminando así la “carambola” o jugada política que planeó.
Toda esta serie de situaciones prueban que los líderes del Partido Verde, los ex alcaldes Mockus, Peñalosa, Garzón y Fajardo, no han entendido el papel político que debían jugar en la actual coyuntura como promotores de una alternativa sólida y transparente a la política tradicional, alternativa en la que empezaban a confiar millones de votantes.
Las vacilaciones, las incoherencias y las ambiciones personales los están traicionando y es muy posible que si no se corrige el rumbo político del partido sufran una estruendosa derrota en las elecciones regionales.
¿POLO EN TIERRA O ENTERRADO?
Tampoco van bien las cosas en el partido de izquierda, Polo Democrático. Tras la escisión o separación del ex candidato Gustavo Petro y de sus amigos el partido quedó indudablemente debilitado, máxime si Petro al retirarse acusó a los líderes de la agrupación de ser cómplices del clientelismo y de la corrupción que se habían apoderado de la alcaldía de Bogotá en cabeza del alcalde Samuel Moreno y de su hermano, el senador Iván.
Los hermanos Moreno hacen parte de la dirigencia del Polo; llegaron al partido liderando un movimiento de extracción populista llamado “Anapo” que fue fundado por su abuelo el ex general y ex dictador Gustavo Rojas Pinilla hace más de 50 años. En los últimos años el movimiento había perdido mucho peso electoral y en la práctica su influencia se había reducido a la ciudad de Bogotá y al departamento de Santander donde los hermanos Moreno conservaban una base de seguidores. Desde años atrás establecieron alianzas dentro del partido con sectores que se oponían a las políticas y propuestas de Petro.
Tal vez esas mismas alianzas impidieron que quienes lideraban al partido se hubieran pronunciado oportunamente sobre el escándalo de corrupción en Bogotá y prudentemente hubieran separado las responsabilidades en esos hechos de corrupción por parte de los hermanos Moreno, de la suerte del Polo. Ese error político ha venido siendo aprovechado por los partidos que forman la coalición Santista y por los medios de comunicación aliados de ellos para satanizar al Polo y en general a los grupos de izquierda mostrándolos como organizaciones corruptas y clientelizadas que traicionan cínicamente la confianza de los electores cuando tienen la oportunidad de estar en el poder.
Sobra decir que son muy pocas las posibilidades para el Polo de conservar la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales. Es también muy factible que durante los próximos años en la mente de muchos votantes la imagen de la izquierda política esté asociada con la corrupción y el mal gobierno en Bogotá, situación que a pesar de ser bastante injusta es resultado, de un lado, de la habilidad propagandística de los grupos de poder tradicional y del otro, de la falta de olfato político de los propios dirigentes de izquierda.
Y es también muy posible que a mediano plazo el valioso proyecto de unidad de la izquierda y los sectores social demócratas del país que representaba el Polo Democrático termine en definitiva desintegrándose en medio de nuevas divisiones y sectarismos.
Y EL NEGRO AHÍ
Las organizaciones guerrilleras, FARC y ELN, parecen haber tomado un nuevo aire en algunas regiones del país a juzgar por el número de combates, asaltos y atentados que se están produciendo en departamentos como Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá y Nariño.
Este nuevo aire es fruto de los cambios de tácticas militares de los insurgentes. Ante la imposibilidad de seguir enfrentando las tropas del Estado en condiciones de relativa igualdad debido a la gran superioridad tecnológica , al poder aéreo y la capacidad de movilización de las fuerzas armadas oficiales, los insurgentes han optado por regresar a las tácticas de la “guerra de guerrillas” clásica. Es decir ataques sorpresivos de pequeños grupos, bombas y explosivos en caminos y carreteras, campos minados y el evitar al máximo el poder ser bombardeados por la aviación estatal en los campamentos tradicionales.
Esta nueva etapa del conflicto no significa que la estabilidad del sistema pueda volver a estar en juego como en la última década del siglo 20 quizás lo estuvo. Significa, más bien, que la guerra se prolongará por muchos años más con su secuela de pérdidas sociales y económicas para nuestra sociedad. En esta coyuntura el dinero que producen las explotaciones mineras está convirtiéndose en la nueva fuente de financiación, no solo de los grupos guerrilleros, sino de las nuevas bandas paramilitares y mientras persistan la extrema pobreza, el desempleo, la discriminación y la exclusión de grandes grupos de la población campesina de cualquier asomo de bienestar sobrarán los justificativos para reclutar y armar combatientes en estos grupos.
Otra realidad que está convirtiendo en un círculo vicioso el conflicto es que los jefes de los grupos armados irregulares aunque quisieran entrar en un proceso de negociación con el gobierno no tienen en realidad ningún aliciente personal para hacerlo.
Desde que entró en vigencia la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Colombia todos los delitos de lesa humanidad como asesinatos fuera de combate, masacres, desapariciones no son perdonables. Es decir tienen que ser castigados efectivamente por los tribunales con condenas a largos años de prisión. La mayoría, por no decir la totalidad de los jefes de esos grupos irregulares, están sindicados de esos delitos. La paz para ellos se traduciría en largas condenas en las cárceles del Estado sin mayores posibilidades de participar en la política del país , ni disfrutar de los “beneficios” de las negociaciones con el gobierno.
Estas condiciones, entonces, empiezan a tornar en irresoluble el conflicto político militar que ha desangrado al país durante más de cincuenta años.
MOVIMIENTO POPULAR
LOS NIÑ@S, LAS VÍCTIMAS OLVIDAD@S
La población infantil en la Colombia actual es la principal víctima de las desigualdades, las injusticias, las violencias y las discriminaciones que caracterizan a nuestra sociedad. En efecto no menos de un millón setecientos mil niñ@s entre los 12 y los 17 años de edad se ven obligados a trabajar para apoyar la subsistencia de la familia y la propia.
Lo peor es que hay otros 784 mil niñ@s en edades comprendidas entre los 6 y los 11 años que han tenido que incorporarse al mercado laboral ante las realidades que viven sus hogares.
340 mil niñ@s trabajan en el campo , en la agricultura, en la ganadería, soportando muchas veces jornadas diarias de más de 12 horas. Muchos de los trabajos que tienen estos niñ@s del campo y los que viven en las ciudades son trabajos peligrosos para su salud , para su integridad física. Esto explica que cada mes mueran 6 niñ@s mientras están laborando. Se calcula que no menos de 1 millón de niñ@s trabajan en tareas de alto riesgo.
Aparte de la explotación laboral que sufren los más de dos millones y medio de niñ@s trabajadores en el país , hay que sumar la violencia sexual y los abusos sicológicos y físicos que no solo ellos sino el resto de la población infantil padece.
Empecemos anotando que alrededor de 45 mil niñ@s están siendo explotados en las redes de prostitución que abundan especialmente en las grandes ciudades de Colombia.
A esto se suma que el 86% de las víctimas de abuso sexual que se reportan en Medicina legal son menores de edad, pero también se estima que un 70% de este tipo de abusos nunca es reportado a las autoridades.
Cada 14 minutos se produce un caso de violencia sexual contra un niñ@ en nuestro país y alrededor de 900 niñ@s son asesinados anualmente, cifra que progresivamente ha ido aumentando en los últimos años.
Más del 60% de la población desplazada por el conflicto político-militar en el país son niñ@s menores de 15 años de edad. De estos no menos del 85% seguirán viviendo su infancia en medio de la pobreza absoluta que padecen sus familias, muchas de las cuales se han desintegrado como consecuencia de la violencia ejercida por los grupos armados. Recordemos que el 45% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina por ausencia o muerte del padre. El 30% de estas mujeres, cabezas de familia, a su vez han sido también víctimas de violencias y abusos sexuales por parte de los integrantes de los diferentes grupos armados incluyendo las tropas del Estado lo que completa el ambiente de frustraciones y heridas emocionales que viven y sufren los niñ@s desplazados dentro de sus hogares.
Alrededor de 8 mil niñ@s menores de 14 años de edad militan en los diferentes grupos armados ilegales , niñ@s que están repitiendo el trágico proceso que ha vivido la población infantil en algunos países de África donde los ejércitos que han peleado en las guerras civiles de Liberia, Sierra Leona, Congo, Uganda han reclutado masivamente a menores de edad causando un terrible desastre social, cultural y político en esos países.
LA AMARGA CONDENA DEL DESTIERRO
Según informe de la organización de derechos humanos Codhes, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas con la curiosa coincidencia de que las principales zonas de expulsión de desplazados son aquellas donde el Estado ha desarrollado proyectos de seguridad militar y policial dentro del Plan Nacional de consolidación Territorial.
Este Plan fue uno de los programas bandera del gobierno Uribe dentro de la estrategia de la Seguridad Democrática. Pretendía, ante todo, favorecer los intereses de los empresarios y los terratenientes en determinadas regiones , fortalecer la “confianza inversionista” de los mismos.
Paradójicamente en 62 de los 86 municipios donde se viene aplicando el Plan hay presencia muy activa de grupos paramilitares. En otras palabras si hilamos, si combinamos todos estos elementos podemos afirmar que el gobierno favoreció con sus políticas la expulsión de campesinos de estas regiones porque no de otra manera puede interpretarse que sea en estos municipios donde el Estado supuestamente hace presencia con sus proyectos en donde se registró el mayor número de desplazados en el 2010.
Entre el 2000 y el 2010 se produjo el despojo de 6.638.195 hectáreas de tierra por las acciones violentas de los grupos armados ilegales y también , curiosamente, este despojo es más notorio en los departamentos donde se ha venido aplicando el Plan de Consolidación Territorial del gobierno. Por ejemplo, en Antioquia y Chocó se registró en la pasada década un despojo de 1.852.561 hectáreas.
En 26 de los 86 municipios donde está vigente el plan predomina la exploración minera y hay presencia de inversionistas nacionales y extranjeros y en unos 8 de esos municipios existen cultivos extensivos de palma, cultivos que son propiedad de grandes empresas agro industriales.
Otra coincidencia preocupante es que en 62 de esos mismos 86 municipios del plan está concentrado el 48% de los cultivos de coca en el país, cerca de 33 mil hectáreas.
Y hablando de coincidencias hay finalmente otras dos muy alarmantes con relación a los municipios que están integrados al plan del gobierno. La primera es que en los mismos fueron asesinados 44 líderes de población desplazada que estaban luchando por la recuperación de sus tierras.
La segunda es que en estas zonas ha aumentado visiblemente la inversión extranjera y nacional en la minería y en los cultivos agro industriales especialmente los que sirven para producir combustibles.
Podemos entonces concluir que por lo menos durante el gobierno Uribe las instituciones estatales favorecieron los intereses de los grandes empresarios mineros y de los terratenientes facilitando la expulsión de campesinos y el despojo de sus parcelas gracias a la acción criminal de los grupos paramilitares que a su vez obtuvieron parte de su financiación con los cultivos de coca que se extendieron por estas regiones. Son demasiadas las coincidencias para creer que se dieron gratuitamente el destierro de los campesinos, la presencia de las bandas armadas, los planes de seguridad del Estado y el aumento de las inversiones de los grandes capitales nacionales y extranjeros en la minería y en la agricultura.
COYUNTURA LATINOAMERICANA. CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
MÉXICO Y LA LEY DEL MONTE
La credibilidad y el prestigio del presidente mexicano, Felipe Calderón , se han hundido al parecer definitivamente a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión en ese país. Ese hundimiento es consecuencia de una suma de factores. De un lado, el fracaso en la guerra que el presidente lanzó contra los carteles o mafias del narcotráfico, fracaso que se evidencia en el número creciente de asesinatos que las mafias siguen causando a lo largo y ancho de la república y en la continuidad de la corrupción que permea, que influencia no solo a la clase política de muchos Estados mexicanos , sino a sectores empresariales, financieros que se han enriquecido a la sombra de los dineros del narcotráfico.
Que la guerra se está perdiendo lo reflejan también los roces diplomáticos que recientemente se presentaron entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Calderón reaccionó con indignación a las críticas que algunos altos funcionarios norteamericanos hacían de su gestión frente a las mafias del narcotráfico, acusando a los Estados Unidos de facilitar la acción criminal de estas con la libre venta de armas que la ley permite en el país vecino y que incluye armas de alta precisión y sofisticación.
La economía de México tampoco anda muy bien. El desempleo y el subempleo son una presencia constante en el mercado laboral con el agravante que años atrás los trabajadores en estas condiciones podían emigrar legal o ilegalmente a los Estados Unidos buscando los empleos que se le negaban en México y hoy esa posibilidad está también cerrada por la crisis que sigue padeciendo la economía de la superpotencia.
Entre tanto, las noticias registran otra guerra que se inicia en suelo mexicano. Una guerra entre los principales magnates o multimillonarios del país y que enfrenta de un lado, al hombre más rico de México y del mundo, Carlos Slim y del otro a los también multimillonarios Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga.
Slim es el monopolista del servicio telefónico fijo y de celular en México. Ese virtual monopolio le permitió acumular el capital inicial para crear los gigantescos pulpos de este negocio que se han extendido por Latinoamérica y el mundo como “Telmex” y “Americatel”.
Azcárraga es el presidente de la primera cadena de televisión mexicana, “Televisa” y Salinas es el propietario de la segunda, “TeleAzteca”. Salinas y Azcárraga se oponen a que Slim amplíe su negocio de telefonía al campo de la televisión como este lo pretende vendiendo “paquetes” al público que incluyen televisión, banda ancha y celular.No solo se oponen sino que lo han denunciado ante organismos del Estado acusándolo de abusar del monopolio en los teléfonos imponiendo precios altísimos al consumidor mexicano. Slim contraatacó suprimiendo la publicidad de sus empresas en las dos cadenas de televisión.
Mientras tanto en Guatemala prosigue la agitada campaña presidencial esta vez con un nuevo ingrediente bastante explosivo. Sonia, la esposa del actual presidente Alvaro Colom, ha decidido lanzar su candidatura aunque según algunos expertos legales está impedida de hacerlo por su relación de parentesco con el actual mandatario.
En Nicaragua, por su lado, el presidente Daniel Ortega continua aceitando la maquinaria política para asegurarse una nueva reelección en las próximas votaciones a pesar de las protestas de la oposición que califica como totalmente ilegales las decisiones de los magistrados de la Corte Suprema que validaron las ambiciones de Ortega ignorando la prohibición constitucional de la reelección inmediata.
Ortega , hábilmente , ha venido explotando el sentimiento nacionalista del pueblo, como consecuencia del pleito que el gobierno de la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, planteó al considerar que Nicaragua estaba invadiendo en la frontera sobre el Río San Juan terrenos que eran de su propiedad para realizar tareas de dragado en el río.
El litigio fue presentado inicialmente por Costa Rica ante la OEA= Organización de Estados Americanos, pero Nicaragua se negó a reconocer la jurisdicción de ese organismo en este caso y optó más bien por acudir a la Corte Internacional de La Haya (Holanda).
Esta Corte en una decisión preliminar que fue saludada por ambos países como un triunfo diplomático ordenó, de un lado, retirar los soldados nicaragüenses de la zona fronteriza en disputa, pero del otro no le prohibió a Nicaragua seguir adelante con los trabajos de dragado en el río.
Mientras tanto los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana siguen disparados en todo Centroamérica, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. En estos paises una combinación de factores como la presencia de los dineros del narcotráfico, la existencia de las “maras” o gigantescas pandillas que dominan las barriadas de las principales ciudades, el desempleo juvenil y la pobreza de grandes sectores de la población es la responsable de esos altos niveles de inseguridad y criminalidad.
Cuba, por su cuenta, vive las tensiones de su inserción progresiva en el sistema capitalista mundial tras haberse puesto en práctica las medidas de reestructuración del Estado ordenadas por el presidente Raúl Castro. Estas medidas plantean el retiro de casi millón y medio de trabajadores del Estado y su reincorporación al mercado laboral en calidad de pequeños empresarios privados o de dependientes de empresas privadas.
Es una etapa especialmente difícil sobre todo para una población que se había habituado a la omnipotencia del Estado Cubano que durante muchos años reguló no
solo la economía sino los principales aspectos de la vida social de los ciudadanos.
En Haití, en medio de los lentos y confusos procesos de reconstrucción del país, se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Todo parece indicar que el nuevo presidente del país será el cantante popular Michel Martelly, quien habría derrotado a la candidata conservadora Mirlande Manegat. La elección de Martelly abre un espacio de esperanza para muchos haitianos en una nación que no solo ha sido golpeada por las fuerzas de la naturaleza, sino por la corrupción, la pobreza y la injusticia institucionalizadas.
REGIÓN ANDINA
VENEZUELA: EL CORONEL EN SU LABERINTO
El gobierno del coronel Hugo Chávez está tratando de manejar políticamente las consecuencias sociales de la grave crisis económica que padece el país. De una parte, la inflación, el costo de vida, sigue disparado marcando una tasa de más del 30% anual que es la mayor de América Latina. A esto se suma el desempleo y sobre todo el subempleo que domina el mercado laboral del país.
La producción industrial también ha disminuído y Venezuela tiene que importar cerca del 70% de los productos que consume la población. Las entradas del Estado y de la economía dependen de la exportación de petróleo y de las utilidades que genera la compañía petrolera “PDVSA”. Aunque estas utilidades son bastante grandes no están alcanzando para satisfacer, para cumplir los múltiples compromisos que el gobierno ha adquirido en ayudas y subvenciones a gobiernos del Caribe y de otras partes del mundo.
De hecho está creciendo peligrosamente la deuda estatal aunque una posible tabla de salvación para el gobierno sea la presencia de los capitales chinos. China necesita petróleo y otras materias primas que Venezuela puede venderle y para esto se han firmado acuerdos comerciales entre las dos naciones. Dentro de esos acuerdos se plantea la posibilidad que el gobierno chino pueda facilitarle un préstamo hasta de 20 mil millones de dólares al gobierno Venezolano si la situación financiera local así lo exige.
En el plano político Chávez sigue enfrentando los continuos ataques de la oposición política y de gobiernos como el de Estados Unidos y sus aliados que critican su record de derechos humanos, las restricciones o controles a los medios de comunicación y los procesos judiciales, según ellos amañados, que se siguen contra algunos dirigentes opositores.
ECUADOR: LOS TIENE DOMINADOS
El presidente Rafael Correa sigue manteniendo altos índices de popularidad a pesar de las campañas de desprestigio que una y otra vez han emprendido contra él los dirigentes de los círculos más derechistas del país. A esas campañas, en forma irónica, se ha sumado su propio hermano, Francisco, resentido por haber sido despojado de su jugoso papel de contratista de obras del Estado y que ahora planea presentarse como candidato a la próxima campaña presidencial.
Por ahora la ciudadanía ecuatoriana ha sido convocada a una consulta popular en el mes de mayo donde el gobierno está pidiendo la aprobación de una reforma constitucional sintetizada en diez preguntas que traen diferentes propuestas. Unas tratan de la reforma del Sistema Judicial, de la imposición de nuevas penas a algunos delitos. Otras hablan de establecer nuevos controles a los capitales bancarios y a los que incursionan en los medios de comunicación. Un punto interesante es el que plantea como delito castigable con cárcel la no afiliación a la seguridad social de los trabajadores por parte de los empresarios.
Las encuestas están pronosticando un fuerte respaldo de los votantes a la reforma promovida por el gobierno, victoria que reafirmaría a Correa en el poder.
Mientras tanto, se normalizaron completamente las relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano que lidera Juan Manuel Santos. El intercambio comercial se está dando nuevamente con gran intensidad y parece haber un nuevo espíritu de colaboración entre los dos gobiernos para enfrentar los muchos problemas de la zona fronteriza entre los que se cuentan el narcotráfico, la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros procedentes de Colombia, el flujo de refugiados de ese país que huyen del conflicto político-militar, las consecuencias ecológicas de las explotaciones petroleras.
A propósito de la explotación petrolera, un juez ecuatoriano sentenció recientemente a la compañía norteamericana “Chevron Texaco” a pagar una indemnización de varios miles de millones de dólares a las comunidades indígenas y campesinas de la selva ecuatoriana cuyas tierras y aguas fueron arruinadas y envenenadas por la extracción del petróleo que esa empresa hiciera en años anteriores en esa parte del país. Sobra decir que la “Chevron Texaco” se ha negado a reconocer la sentencia y ha declarado que no pagará un centavo a nadie por el daño ecológico en una clásica muestra de la impunidad y desprecio por los pueblos del llamado Tercer Mundo con los que manejan sus negocios este tipo de empresarios rapaces.
PERÚ: EL CHOLO PICARÓN
Las encuestas indican que la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales será ganada por el expresidente Alejandro Toledo, pero sin obtener grandes diferencias sobre sus principales rivales. Toledo está aprovechando la bonanza empresarial que vive el país y la fiebre de inversiones extranjeras que han llegado a sectores como la minería que han propiciado un gran aumento del consumismo entre la élite y las clases medias, para presentarse como el creador de esa bonanza durante su anterior gobierno y el candidato que mejor puede fortalecerla.
Recordemos que Toledo, pese a sus orígenes bien populares, logró hacerse a una educación de lujo en universidades de Estados Unidos y se hizo conocer del pueblo peruano como candidato opositor a la tercera reelección de Fujimori en 1999-2000.
Tras ganar la presidencia en el 2001 aplicó a rajatabla el recetario neoliberal con la complacencia de la élite empresarial que le dio su respaldo a pesar de los escándalos de corrupción que golpearon su administración.
Hoy esos escándalos parecen haber sido olvidados por una buena parte de los votantes y esta amnesia sumada a los errores de campaña que ha tenido su principal rival, el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien le disputaba el favor de esos votantes de centro derecha, le pueden permitir ganarse la presidencia en la segunda vuelta.
El interrogante ahora es quien entre Castañeda y la hija del hoy encarcelado ex presidente Fujimori, Keiko, le disputará a Toledo la presidencia en esa segunda vuelta.
Pero tras toda esta aparente bonanza y euforia consumista hay un paisaje de terribles desigualdades sociales, de exclusiones y discriminaciones contra la población indígena y campesina, de pobreza y miseria en campos y ciudades entre más del 50% de la población.
Y existen también grandes nubarrones para el orden público a partir del auge que vuelven a tener los cultivos de coca en ciertas zonas del país y la reaparición de algunos grupos guerrilleros y de la mafia en la sierra peruana.
CONO SUR
CHILE: PIÑERA, UN PAQUETE CHILENO
Tal como se pronosticaba el gobierno conservador del multimillonario Sebastián Piñera ha resultado una gran decepción para muchos votantes que creyeron en sus promesas electorales y en que no trataría de desmontar las conquistas sociales conseguidas en los gobiernos de centro izquierda anteriores, especialmente en el de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Esto explica, entonces, que Piñera tenga en este momento el rechazo de más del 60% de la ciudadanía según las encuestas de opinión.
Uno de los puntos más negativos del gobierno ha sido la lentitud en reconstruír la zona de Concepción en el sur que fuera arrasada hace un año por un terrible maremoto y en la que siguen viviendo en albergues improvisados y en las condiciones más precarias miles de personas.
A esta situación se le suman las reivindicaciones y protestas de los indígenas mapuches en defensa de sus tierras y de sus valores comunitarios y los grandes niveles de desigualdad de ingresos existente en el país. Chile, junto a Brasil y Colombia está ubicado en la poco honrosa lista de los diez países más desiguales del planeta.
Una cosa, entonces, es el Chile de las revistas turísticas donde todo parece limpio, ordenado y próspero y otra muy distinta este otro Chile de los desarraigados, de los desempleados, de los indígenas sin tierra que nunca se muestra en esas publicaciones y en las pantallas de televisión.
ARGENTINA: UN TESTAMENTO EN VEREMOS
La presidenta Cristina Fernández todavía no ha definido con claridad si se presentará como candidata a la reelección en los comicios de octubre próximo. Está jugando con esta indefinición mientras refuerza las alianzas políticas dentro y fuera del Peronismo de izquierda que ella y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, representaban.
Este juego le conviene porque le evita el desgaste innecesario de hacer una campaña demasiado larga.
Entre tanto, la oposición parece también paralizada por la indefinición de la presidenta barajándose muchos nombres para posibles candidatos sin que sobresalga alguno como rival con posibilidades de vencer a la actual presidenta.
De otro lado, durante este período se presentó un incidente diplomático entre los gobiernos de Argentina y de los Estados Unidos por el decomiso que hicieron las autoridades argentinas de un embarque de armas que se encontraba en las bodegas de un avión militar norteamericano.
La situación económica del país se ha deteriorado en estos meses y la inflación empieza otra vez a ser una presencia notable en la vida diaria de los ciudadanos. La delincuencia y la criminalidad común están en alza en las ciudades, especialmente en Buenos Aires, la capital, pero a pesar de estos problemas es muy posible que Cristina pueda ganar la reelección si decide presentarse como candidata prolongando el legado histórico de su marido Néstor Kirchner.
BRASIL: EL GOBIERNO DE DOÑA DILMA
En los primeros meses de su gobierno la presidenta Dilma Roussef ha debido enfrentar las consecuencias de las más graves inundaciones que ha sufrido el país en los últimos años a raíz de la temporada de lluvias. Estas inundaciones han golpeado a los Estados más ricos y poblados de Brasil como Sao Paulo y Río de Janeiro dejando centenares de muertos y miles de damnificados.
Al mismo tiempo la presidenta ha tenido que hacerle frente a las tensiones y revueltas dentro de la coalición política que la respalda, en la que si bien el Partido del Trabajo es el socio mayoritario necesita de los demás partidos aliados para aprobar las iniciativas del gobierno en el Congreso Federal.
La economía terminó el año 2010 creciendo a un muy destacado 7,5% con una reducción en la tasa de desempleo y buenas perspectivas para este 2011. Sin embargo, uno de los peligros es que la economía se “recaliente” por la abundancia de capitales y la inflación empiece a salirse de límites.
En realidad la mayor amenaza a la economía del país es que cada vez son más importantes las exportaciones de materias primas, de “commodities” tanto agrícolas como mineros en la vida financiera de la nación. Si bien Brasil se ha convertido en una verdadera potencia mundial en la exportación de alimentos, lo que en realidad han pretendido los últimos gobiernos es impulsar y fortalecer una base industrial y tecnológica que verdaderamente le permita a este gigantesco país ubicarse definitivamente entre las grandes economías del planeta. En esa dirección apuntan las preocupaciones y los deseos de la nueva presidenta y de su equipo de gobierno.
COYUNTURA PAÍSES DESARROLLADOS
ESTADOS UNIDOS: NI SOY DE AQUÍ, NI SOY DE ALLÁ
El presidente Barak Obama sigue enfrentándose a un muy complicado panorama político y económico tanto en el interior como en el exterior del país.
En primer lugar, aunque los grandes bancos y compañías industriales se han recuperado de las pérdidas que tuvieron en el estallido de la crisis económica hace un par de años y están obteniendo de nuevo grandes ganancias, esta situación no se ha visto reflejada en la creación de empleos.
Más de 25 millones de norteamericanos entre ellos un buen porcentaje de profesionales de clase media están desempleados o subempleados y esta situación es sin duda la que permitió el avance de movimientos populistas de extrema derecha afiliados al Partido Republicano en la oposición como el “Tea Party”.
En tanto el gobierno no logre reducir la tasa de desempleo del 8,9% la posible reelección de Obama en el 2014 puede correr peligro ante la demagogia de los candidatos republicanos.
Sin embargo, también es cierto que la excesiva violencia verbal promovida por el “tea Party” que ya ha traído consecuencias muy serias como el abaleo de la Congresista Demócrata , Gabrielle Giffors, y de varios de sus partidarios en Arizona, está perdiendo intensidad y presencia en los medios de comunicación.
El Congreso se encuentra virtualmente paralizado porque mientras los Demócratas dominan el Senado, los Republicanos controlan la Cámara de Representantes y aunque estos últimos han intentado echar para atrás las reformas sociales como la de salud que pudo hacer aprobar Obama en los dos años anteriores han fracasado en esos intentos.
A la larga quiéranlo o no , unos y otros se verán obligados a llegar acuerdos para sacar adelante los proyectos legislativos que les interesan y a esta posición moderada, de centro, le está apostando Obama para fortalecerse políticamente en estos meses.
En el plano internacional la serie de revueltas populares en el Medio Oriente han complicado el mapa de los intereses norteamericanos en esa región. Los dictadores derrocados en Egipto y Túnez eran fieles aliados de Estados Unidos y Europa y se presumía que los gobiernos que los reemplazarían podrían tener un alto contenido fundamentalista Islámico. Pero hasta ahora eso no ha sucedido; las fuerzas armadas en ambos países siguen teniendo el control del Estado y estos militares tienen pactos y alianzas con los norteamericanos.
Tal vez la verdadera amenaza para los intereses de los Estados Unidos se encuentra en países como Pakistán, donde los grupos radicales y terroristas islámicos tienen completamente desestabilizado el orden público de una nación que es demasiado importante por que aparte de tener más de 150 millones de habitantes posee armas atómicas.
Otros dolores de cabeza para el gobierno Obama son Afganistán, donde los Talibanes resisten la ofensiva militar de las tropas de Estados Unidos y de sus aliados Europeos e Irak, donde la anunciada salida de los soldados de Estados Unidos ha avivado las acciones terroristas de gran cantidad de grupos islámicos que se pelean ferozmente la hegemonía del país.
Y falta mencionar las hostilidades con el gobierno Iraní, que insiste en sus planes de construir centrales de energía atómica, las amenazas del dictador comunista de Corea del Norte, Kim Jong Il a Corea del Sur, firme aliado de los Estados Unidos y el peligro que las rebeliones populares del Medio Oriente se extiendan a países demasiado importantes para la economía norteamericana como Arabia Saudita, su principal abastecedor de petróleo.
EUROPA: SI TIENE MIEDO GIRE A LA DERECHA
Un fenómeno político sacude las estructuras políticas del continente Europeo y es la emergencia o fortalecimiento electoral de los partidos de extrema derecha, que años atrás no pasaban de ser reductos casi anónimos de algunos fanáticos racistas.
En países que han tenido legislaciones progresistas como Suecia u Holanda estos partidos están creciendo y obteniendo presencia visible en los parlamentos o congresos nacionales y cada vez atraen un mayor número de votantes de las clases medias, que se encuentran temerosos y frustrados no solo por la posibilidad de perder sus empleos y niveles de vida ante la crisis que padecen las economías occidentales, sino de enfrentar el “peligro” que según los líderes ultraderechistas representan los emigrantes llegados de Asia y África.
Muchos de estos emigrantes son musulmanes y también muchos de ellos han insistido en seguir aplicando sus tradiciones y costumbres en el medio europeo, muchas de ellas de índole machista y discriminatoria contra las mujeres. Abundan en algunos de estos círculos los predicadores religiosos que hacen promoción de la “jihad”, de la guerra santa contra los infieles y todas estas charlas y actitudes han terminado por convertirse en instrumentos de publicidad de los partidos ultraderechistas que muestran a todos los emigrantes como un verdadero peligro para sus sociedades.
Europa necesita de los emigrantes porque su mano de obra está envejeciendo y hay multitud de trabajos que por la paga y las condiciones ofrecidas solo los toman los extranjeros. Pero esta realidad choca con el creciente racismo e intolerancia de la población “blanca” contra esos emigrantes de piel oscura.
En Francia, por ejemplo, la líder del “Frente Nacional”, partido de extrema derecha, Mariana Le Pen aparece en las encuestas superando en la intención de voto para las elecciones del 2012 al actual presidente , Sarkozy. Le Pen , ha manejado con mucha astucia su lenguaje y declaraciones ganándose paradójicamente el apoyo de grupos de electores que venían votando tradicionalmente a la izquierda.
En Inglaterra, el primer ministro Conservador, David Cameron, está aplicando un plan drástico de ajuste fiscal, de reducción de costos en el gobierno que ha despertado las iras de los sindicatos y los intelectuales de centro izquierda.
En España el gobierno socialista de Rodriguez Zapatero se hunde en las encuestas incapaz de solucionar la gravísima crisis económica que padece el país y que ha originado la más alta tasa de desempleo de Europa con un 21%. En las próximas elecciones sin duda alguna triunfarán los Conservadores de Mariano Rajoy ,que también aparte de hacer demagogia y promesas, tampoco tienen ninguna fórmula eficaz para rescatar las finanzas del país.
En Italia, el primer ministro Berlusconi se niega a renunciar a pesar de la serie de escándalos que lo comprometen penal y éticamente y degradan a la política y al gobierno del país. Solo el poder de su dinero y el control que tiene de las grandes cadenas de televisión han evitado no solo que salga del gobierno sino que sea procesado por todos los delitos que ha venido cometiendo desde hace muchos años a lo largo de su accidentada carrera como empresario y como político.
En Alemania el ministro de la Defensa, Kart Guttenberg, se vió obligado a renunciar del cargo al comprobársele que había falsificado al mejor estilo latinoamericano su título de Doctor.
La Canciller, Angela Merkel, lo defendió hasta último momento y esa defensa la empieza a pagar políticamente con una serie de derrotas en varias elecciones de los Lander o Estados que forman el país y que ponen en peligro las mayorías de su coalición en el parlamento.
EL MUNDO A VUELO DE PÁJARO
Las revueltas o levantamientos populares que sacuden el Medio Oriente y que hasta ahora han causado el derrocamiento de los dictadores de Túnez, Ben Alí y de Egipto, Mubarak, han sido saludadas por muchos observadores como la apertura hacia una nueva era de democracia y respeto a los derechos humanos en esa región que es tan importante política y económicamente en el mundo.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Por ahora lo que se ha registrado en Egipto y Túnez es un cambio de guardia en el poder. Los militares que acompañaron a los dictadores derrocados tienen el control de los aparatos estatales y mantienen las alianzas tradicionales con Estados Unidos y Europa.
En Libia la rebelión contra el Coronel Gaddaffi que detenta el poder desde 1969 parecía estar fracasando ante la represión feroz de sus tropas, entre las cuales hay decenas de mercenarios y el apoyo que tiene el viejo dictador en algunas de las tribus en que se divide el país. Libia es un país rico en petróleo y es uno de los principales abastecedores de Europa. Aunque años atrás Gaddaffi protegió todo tipo de grupos terroristas y sufrió el aislamiento internacional de un tiempo para acá se “ convirtió”, hizo las paces con los norteamericanos y se transformó en un aliado fiel de occidente.
Los medios de prensa Europeos y norteamericanos lo critican y censuran anotando todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y sigue cometiendo contra su pueblo. Sin embargo, hasta hace poco esos mismos medios callaban estas críticas ante los buenos negocios que sus países estaban haciendo con el dictador.
Tras muchas dudas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la intervención de Estados Unidos y sus aliados Europeos en Libia para frenar la masacre que Gaddaffi y sus tropas están haciendo contra los opositores. Inicialmente se ha impuesto una zona de exclusión aérea o prohibición de vuelos a los aviones militares del dictador, pero si esta medida no da resultado es muy posible un desembarco militar de los aliados en ese país.
En Jordania y Marruecos los reyes de ambos países se han apresurado a ofrecer cambios y reformas en sus gobiernos ante el temor de que las protestas que se estaban presentando se convirtieran en una abierta rebelión.
En Bahrein, pequeña isla del golfo pérsico, el monarca de ese país árabe está siendo fuertemente presionado por las protestas de la mayoría chiita que aspira a gozar de los mismos derechos y privilegios que ha disfrutado la minoría sunita.
Yemen, uno de los países más pobres de esta parte del mundo, vive una verdadera oleada de protestas contra la dictadura del presidente Abdullah Saleh que se resiste a dejar el poder. Aunque Yemen es aliado de Estados Unidos, el norte del país se encuentra dominado por guerrillas islámicas fundamentalistas y es fuerte la presencia de los aliados de Al Qaeda en el país.
En la propia Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, a pesar de los férreos controles de la monarquía que en la práctica funciona como una dictadura se han presentado protestas en algunas ciudades por parte de las minorías chiitas.
En realidad estas protestas y rebeliones en el Medio Oriente donde los jóvenes han tenido el liderazgo han surgido en buena parte de las condiciones de exclusión, de desempleo, de pobreza, de falta de oportunidades que padecen no solo esos jóvenes sino la mayor parte de sus habitantes.
Las potencias occidentales que ahora miran con simpatía estas rebeliones, son las mismas que han apoyado las dictaduras y los gobiernos despóticos contra los que se han rebelado los ciudadanos de esos países. Este oportunismo político enseña más sobre la verdadera ética de las potencias occidentales que mil estudios y declaraciones sobre la democracia y la justicia de las que gustan tanto repetir los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Italia, en los foros y encuentros internacionales.
Mientras tanto, la China sigue su imparable crecimiento económico consolidándose como la segunda potencia comercial e industrial del mundo detrás de los Estados Unidos a quienes amenaza con desbancar en el 2025 según algunos estudiosos de estos temas.
China es la locomotora que está arrastrando las economías de todo el planeta, en especial de los exportadores de materias primas como los latinoamericanos. Sin embargo, en su sociedad hay grandes desequilibrios entre los sectores campesinos y la clase media que habita en las grandes ciudades; entre los grandes potentados y los millones que ganan salarios de miseria; entre las empresas del sector estatal y las privadas.
En Japón el terremoto-maremoto que sacudió al país especialmente al nororiente de la isla principal en prefecturas como Sendai, le ha propinado un nuevo golpe a una economía que estaba virtualmente estancada. El desastre ha dejado más de 20 mil víctimas y se ha complicado aún más con la fuga de material radioactivo de la central nuclear de Fukushima que fue seriamente averiada por el tsunami o maremoto. Sin embargo, es muy posible que las tareas de reconstrucción le impriman un nuevo dinamismo, una nueva vitalidad a las finanzas del país y le permitan aumentar su tasa de crecimiento.
- Publicada en la revista encuentro nº 130
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