Derecha salvadoreña con apoyo de presidente Funes realiza peligrosa maniobra
04/06/2011
- Opinión
El panorama político salvadoreño ha sido estremecido por la aprobación el pasado jueves 2 de junio por los partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) en la Asamblea legislativa, de un decreto que posteriormente fue sancionado el mismo día por el presidente Funes, que establece el consenso, como la forma de tomar decisiones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La elección de una nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es uno de los principales logros alcanzados a partir del proceso abierto con la derrota de la derecha el 15 de marzo de 2009 y la llegada al gobierno de Funes y del FMLN. Y las sentencias de esta sala siempre han sido por mayoría de votos. Y las ultimas sentencias han golpeado fuertemente el sistema de impunidad construido por la derecha, incluso han decretado la cancelación de dos de los partidos (PCN y PDC) que hoy aparecen disfrutando “la miel de la venganza.”
El establecer el consenso obedece a que uno de sus cinco miembros es una persona identificada históricamente con la derecha y por supuesto se encargará de garantizar que el consenso no sea alcanzado y bloqueara así las decisiones sobre temas neurálgicos aun pendientes como la dolarización, el TLC, etc. Lo que se pretende es evitar que se siga emitiendo sentencias.
Que fue lo que obligó al presidente Funes a sancionar este cuestionado decreto es todavía un misterio. Lo que si esta claro es que por esta acción el presidente Funes va a sufrir un fuerte desgaste político, en la medida que la ciudadanía indignada le pase la factura. Y todo parece indicar que esta vez habrá factura. El presidente ha perdido legitimidad y le será difícil recuperarla.
Esta decisión política más no jurídica del presidente Funes, es la señal más significativa de su acercamiento a sectores de derecha. Constituye a la vez una peligrosa maniobra que vulnera la estabilidad institucional del país así como marca un retroceso del proceso iniciado de rescate de la institucionalidad jurídica.
Una maniobra de este tipo es natural en partidos como el PCN y el PDC, es incluso su especialidad, y podía también esperarse del principal partido de oposición, de ARENA y hasta de su retoño, el partido GANA. Lo que sorprende a propios y extraños es que el presidente Funes participe y activamente en este vulgar contubernio. Tienen que ser poderosos intereses los que garantizaron su prisa por firmar.
Es interesante que incluso sectores de la oligarquía (ANEP, FUSADES) y de la derecha mediática marquen su distancia de este enredo. Estamos quizás presenciando, al inicio del tercer año de gobierno, el surgimiento de una nueva correlación de fuerzas, en la que el presidente Funes decide gobernar desde la derecha y con la derecha.
Ya la destitución de la ministra y vice-ministro de Trabajo y la casi destitución del ministro de Obras Públicas presagiaba este desenlace. Y suerte que el presidente Funes habló de diálogo el pasado 1 de junio. Este nuevo alineamiento político representa una amenaza para la voluntad de cambio de los sectores populares, que depositaron sus esperanzas en este gobierno.
Para el partido de gobierno, FMLN, que fue el partido que llevó al periodista Mauricio Funes a la presidencia, es una situación complicada. Por una parte, su presencia con ministros está plenamente justificada y son espacios ganados legítimamente, pero por la otra, su presencia en un gobierno que cada vez más se oriente hacia la derecha le traerá costos políticos, para las futuras elecciones de marzo de 2012. Es por esto que su posición ante esta situación que todavía no conocemos, seguramente será mesurada.
No obstante esto, dos de sus más destacados dirigentes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, han expresado categóricamente su rechazo a esta maniobra de la derecha. Asimismo lo ha hecho el vocero oficial, Roberto Lorenzana. Hay que esperar la posición oficial del FMLN. Vivimos un momento de definiciones.
Y vivimos un momento de lucha. Es previsible una respuesta popular que adoptara los cauces de la institucionalidad ganada. Es urgente la convocatoria a una asamblea ciudadana que asuma la tarea de evitar que sea bloqueado el esfuerzo que desde la Sala de lo Constitucional de la CSJ se ha venido realizando para rescatar la institucionalidad democrática. Hay que salir a las calles. El movimiento popular y social debe cobrar esta factura.
Hay que evitar que la derecha con el apoyo del presidente Funes logren detener la lucha popular por los cambios y el trabajo esmerado de los 4 magistrados de la CSJ que en pocos meses se han proyectado como los verdaderos continuadores de ese Monseñor Romero, con cuyo nombre en varias ocasiones el presidente Funes pretende cobijarse. La lucha continua…
San Salvador, 4 de junio de 2012
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