Santos, garantícenos la educación como un derecho
09/04/2011
- Opinión
El pasado jueves 7 de abril, cientos de estudiantes, profesores, activistas y la comunidad en general, se tomaron las vías de Bogotá sentando una fuerte y consiente voz de protesta contra la reforma que quiere hacer el Gobierno de Santos a la Ley 30 de Educación Superior, proyecto radicado el pasado lunes 12 de abril y en el cual se pretende mejorar la calidad de la educación superior, permitir que más jóvenes se gradúen de este nivel de formación, ampliar las fuentes de recursos para las Universidades Públicas y atraer inversión privada al sector, como lo ha expresado la ministra de Educación María Fernanda Campo.
Castillos de arena que no abordan el problema del desfinanciamiento crónico de las universidades públicas, ocultando y elevando las profundas desigualdades generadas por la segmentación educativa, la creciente privatización y el abandono de políticas de gratuidad y universalización.
Prolongando así, el desinterés de los gobiernos como lo es el de turno, de no priorizar la educación como eje para el avance de la sociedad colombiana, entregándola al sector privado y continuando la trasformación del Estado como garante de un derecho y como prestador de un servicio por medio de la generación de procesos de mercantilización educativa – inversión pública privada, sistemas mixtos, concesiones, etc.
Se busca reformar el sistema educativo universitario para adecuarlo a un proceso de creciente mercantilización del derecho a la educación, convirtiéndola en un “servicio educativo” que debe cumplir con:
· Incrementos en cobertura.
· Optimización y eficiencia en la gestión de los recursos.
· Adecuación de los currículos a la formación para el trabajo.
· Eficiencia en la relación costo/beneficio.
· “Calidad educativa” entendida como desempeño exitoso en las pruebas globales estandarizadas.
Estos ejes evidencian la tendencia a la apertura de la educación superior al sector privado bajo la figura de la inversión privada directa, como los son las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro (IES), las alianzas público-privadas que serán reforzadas con el financiamiento a la demanda por medio del crédito. Dejando por fuera la obligación del Estado de garantizar la educación como un derecho.
Esta estrategia no es nueva ni eficiente, es la continuación de la racionalización del gasto público, la entrega al mercado de lo que antes era obligación del Estado. Diluyendo el derecho a la educación en un servicio que es prestado por el mejor postor. Pero, y como lo dice el profesor Boris Salazar de la Universidad del Valle: “No se trata ni de la destrucción ni del ahogo financiero de la Universidad Pública, la amenaza es más profunda y afecta no sólo a la educación superior, sino a la primaria y secundaria. Dada la muy pobre calidad de la educación primaria y secundaria colombiana –pública y privada—la expansión de la educación superior por la vía de la baja calidad y de la inversión privada conducirá a ampliar y reforzar aún más la brecha que separa a los más pobres de los más ricos.”
La defensa del derecho a la educación pública es porque ésta debe ser gratuita, incluyente y de calidad para todas y todos los colombianos.
- Jefferson Gallego es Asesor de la Estrategia de Educación Ciudadana, Corporación Viva la Ciudadanía
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 250, Semana del 8 al 14de Abril de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía.
https://www.alainet.org/es/active/45722
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