Cada día que pasa la sombra tenebrosa de la corrupción va cubriendo al gobierno y al partido de gobierno. No debería extrañarnos pues la primera administración de Alan García estuvo infestada de denuncias y hechos inmorales y, además, a nivel mundial -de acuerdo al Barómetro Global de Transparencia Internacional 2009- se percibe a los partidos políticos y a la administración pública como las instituciones más corruptas.

 

El problema es que no sólo se afecta la credibilidad del sector privado o estatal; en realidad, como lo afirman los teóricos del derecho y la ciencia política, se erosiona el funcionamiento efectivo de una democracia cuyos contenidos son cada vez más etéreos.

 

En esta oportunidad el cuestionado es –una vez más- Jorge Del Castillo, recientemente elegido secretario general del APRA y aspirante a convertirse en el candidato presidencial de la organización que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre.

 

Se le acusa de promover intereses de terceros durante su gestión como Primer Ministro, beneficiando a Petrolera Monterrico mediante la dación de un proyecto de ley que logró ser aprobado en la comisión parlamentaria respectiva. A cambio habría recibido un exclusivo departamento en permuta y aceptado ciento ochenta mil dólares que extrañamente devolvió a su remitente.

 

El dirigente aprista ha respondido diciendo que la norma no se convirtió en ley, sin mencionar que el pleno del congreso estuvo a punto de aprobarla ni referir que el directorio de Perúpetro (la empresa del Estado encargada de los hidrocarburos en el Perú) ya le había dado luz verde al asunto admitiendo rebaja de regalías a favor de Monterrico.

 

Para abundar en su defensa Del Castillo retó a cualquiera de los miles de empresarios con los que se ha reunido a mencionar si alguna vez les solicitó aporte alguno, sin advertir que no es necesario requerir sino sólo recibir. Dijo también que se allanaba a cualquier investigación, renunciando a su inmunidad, conociendo perfectamente que el levantamiento de fuero es la conclusión de un largo proceso que se inicia en la Corte Suprema de Justicia.

 

Hechos como éstos nos obligan a repensar el marco jurídico que regula la corrupción. Las penas deben hacerse más severas incluyendo la inhabilitación permanente de los sentenciados para el ejercicio de la función pública, la no prescripción de estos delitos y la posibilidad de la cadena perpetua cuando se afecten en demasía los intereses nacionales; igualmente es necesario prohibir el funcionamiento de lobbys en el aparato estatal, y revisar y anular los contratos de las empresas privadas vinculadas a desempeños corruptos.

 

Pero la crisis moral demanda soluciones más profundas. La recuperación de valores perdidos como la honestidad y la honradez es indispensable. Aquí la educación, los medios de comunicación y, por supuesto, la ciudadanía juegan un papel muy importante.

 

- Yomar Meléndez Rosas es Abogado. Vicepresidente Nacional del Movimiento Nueva Izquierda (MNI).