Introducción

 

El presente informe es presentado por el Centro de Capacitación Social de Panamá en el marco del Congreso de la FIDH que se llevará a cabo Armenia. Hemos decidido enmarcarlo dentro del período comprendido de julio de 2009 hasta marzo de 2010, puesto que en este lapso se marca una nueva coyuntura en la realidad panameña, iniciada por el ascenso al poder del Ricardo Martinelli, cuyo mandato presidencial culminará en el 2014.

 

En este análisis existen condiciones estructurales y coyunturales que marcan la realidad panameña para los próximos años. Una opción política ultra conservadora lleva al país al afianzamiento del neoliberalismo y expone la seguridad del Canal de Panamá con una política internacional agresiva que ha provocado conflictos internacionales fuera de cualquier interés nacional en alianza con fuerzas muy conservadoras en el contexto internacional.

 

El estilo presidencialista asume el control de todos los órganos del Estado y vulnera los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de la población panameña.

 

1. Inseguridad ciudadana. La población es víctima de la violencia.

 

La inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema principal que preocupa a la población panameña. Los altos índice de delincuencia ocurridos en el país durante 2009 y que se mantienen en el inicio del presente año, presentan un panorama desolador.

Los ajustes de cuentas producto del narcotráfico, los altos índices de homicidios, los asaltos y la creciente presencia de extranjeros vinculados con nacionales en actividades violentas tienen a la población en un estado de indefensión. Las autoridades no ofrecen respuestas frente a estos hechos y la impunidad se convierte en el día a día para el ciudadano común y corriente.

 

La crisis en el sistema de justicia, la obligada renuncia a la Procuradora de la Nación Ana Matilde Gómez en una sui géneris interpretación por parte del Ejecutivo de la Constitución Nacional , la conformación de una Corte Suprema de Justicia afin al gobierno de turno, una mayoría legislativa dependiente del ejecutivo configuran un panorama de pocas esperanzas para el respeto del estado de derecho a nivel de la república, donde la concentración de los tres del Estado se fundamentan en un sistema presidencialista y falta de independencia del sistema judicial y legislativo.

Por otro lado, la deserción escolar, la exclusión social de los jóvenes y la falta de participación en la política, la falta de una política de Estado hacia la juventud, sin propuestas de trabajo, han alimentado el crecimiento de las pandillas a nivel nacional. La política del Estado Panameño frente a este fenómeno ha sido aumentar el castigo hacia la población juvenil a partir de los doce años, desconociendo con ello, los derechos de los jóvenes y juzgando a los niños y adolescentes como adultos. El gobierno responde con represión hacia la población y manifiesta su incapacidad de resolver este grave problema.

 

Hace pocos días el administrador del Programa de Seguridad Integral (PROSI) Manuel Zamorano informó que el número de pandillas en Panamá aumentó en los dos últimos años y, además, se ha extendido por todo el territorio nacional. Según esta fuente, en Panamá existía hace dos años, 216 pandillas, y para este año ya las autoridades estiman que hay 240 en todo el país, que están integradas, en su mayoría por jóvenes de entre 13 y 21 años.

 

De acuerdo con Zambrano, las pandillas no solo operan en las Ciudades de Panamá y Colón; ya se han extendido a todas las provincias y, particularmente, hacia Arraiján y La Chorrera, al oeste de la Provincia de Panamá.

 

La mayor cantidad de pandillas se ubica en la capital y en San Miguelito. En total operan unas sesenta en estos sectores, de acuerdo con los informes. Las autoridades no descartan los vínculos de las pandillas que operan en Panamá con grupos de narcotraficantes, y las maras de Honduras y El Salvador.

 

 

En la República de Panamá contamos con una población de doscientos setenta mil indígenas aproximadamente, distribuida en ocho grupos étnicos en todo el país, que aunque poseen diferencias entre sí, también tienen muchos elementos en común. El más evidente de los elementos comunes entre los grupos étnicos es la extrema pobreza, el analfabetismo, la discriminación racial, laboral y social, la desprotección jurídica y el desentendimiento de las autoridades para con sus deberes básicos hacia esta población vulnerable. Los mismos se encuentran marginados de sus derechos constitucionales, civiles, políticos, en fin, son considerados como ciudadanos de segunda clase, producto de la discriminación económica, política y social de los gobernantes de turno.

 

El abandono por parte de las autoridades y de las instituciones del Estado hacia las zonas indígenas es el reflejo del alto contraste en la distribución de la riqueza que impera en el país. Cuando en la metrópoli se habla de un desarrollo económico que compite con las más desarrolladas capitales del mundo, a la par se mantiene este tipo de poblaciones desprovistas de sus más elementales derechos. Al modernismo que permea las ciudades, le contrastan el estado casi salvaje, primitivo y abandonado de las regiones indígenas.

 

En lo social, el indígena panameño es víctima de la explotación y esclavitud de los terratenientes agrícolas de las zonas aledañas. Esta situación obliga a varios de estos sectores a desplazarse continuamente de acuerdo a la condición estacional de las cosechas de sus monocultivos y lo relegan a una pobreza de supervivencia que lleva a poblaciones enteras a depender de la caza de animales salvajes y del consumo de raíces silvestres para paliar las hambrunas y la desnutrición a las que se ven sometidos, siendo víctimas fáciles de las enfermedades y epidemias ya extinguidas en el resto de la república, la falta de programas de vacunación, programas de nutrición, la escasez casi absoluta de escuelas y de centros médicos, la falta total de agua potable, medidas higiénicas inexistentes en sus hogares y sistemas de tratamiento de desechos hacen que la mortalidad de esta población en todos sus niveles ocupe cifras desproporcionadas y muchas veces incontrolables por parte de las autoridades.

 

El desempleo es crónico, los ingresos son escasísimos, la indefensión frente a las catástrofes naturales y la inmisericorde explotación laboral hacen que la edad de vida promedio sea más baja en esta población.

 

Lo anterior va aunado al mínimo respeto por sus costumbres y valores culturales. El aparato educativo persigue la absorción del indígena y provoca su desaparición paulatina como ente que forma parte de una diversidad cultural y que ha resistido por más de quinientos años su completa aniquilación, pero en donde las crisis económicas, la ampliación de las áreas de cultivo, la necesidad de nuevas áreas de comercio presionan a los indígenas como fuentes de mano de obra barata y de tierra casi gratuitas para terratenientes, ganaderos y recientemente para empresas hidroeléctricas y mineras en sus comarcas.

 

La falta de una política indígena, el irrespeto a sus derechos conlleva a la desaparición gradual de su cultura, de su idioma y de sus tradiciones. Y esto es visto como parte de los objetivos de la modernización del país. O sea, la homogenización de la población y la implementación de una cultura cosmopolita estándar. Las tierras comunales de los sectores indígenas fueron creadas en su momento expulsando a los indígenas de las tierras de alto valor agrícola y comercial hacia regiones agrestes, de difícil acceso de bajo valor comercial y productivo, en regiones montañosas aisladas. Tierras éstas que en la actualidad han cobrado valor cuando dentro de ellas las transnacionales mineras han encontrado ricos yacimientos de cobre, oro y otros metales de gran valor comercial y hoy presionan por expropiarlas y explotarlas sin consulta ni reparación a sus legítimos dueños, amén del gran daño ecológico que causan por la utilización de materiales tóxicos, contaminantes, deforestación y aniquilación de la fauna y sus áreas de vida natural, así mismo la presión por nuevas fuentes energéticas para abastecer a las concentraciones urbanas y los nuevos polos de desarrollo industrial, comercial y residencial a nivel nacional e internacional han creado la urgencia nacional por explotar los recursos hidráulicos de las montañas por medio de centenares de represas hidroeléctricas de distintas magnitudes que consumen enormes recursos hídricos, abarcan extensas áreas de los territorios dentro de estas reservas, desplazan indiscriminadamente a las comunidades autóctonas y que no reportan ningún beneficio a las comunidades afectadas ni circundantes, ya que esas zonas son las que menos disposición tienen de agua, electricidad o recursos financieros ni laborales, todo sin contemplar los extensos daños y crímenes ecológicos.

 

La ausencia de leyes apropiadas para la protección del subsuelo de las comarcas indígenas y sus tierras anexas, amenaza gravemente con su destrucción. La escasez de la presencia gubernamental en estas áreas en el ámbito judicial, sanitario, educativo, laboral provocan un alto grado de anarquía e indefensión de las poblaciones frente a las amenazas de la globalización y de la modernidad como lo son la delincuencia y el narcotráfico.

 

La falta de controles y de ayuda frente a las catástrofes naturales, que llevan a las poblaciones indígenas a grados extremos de desesperación y violación sistemática de sus derechos humanos, políticos, económicos, laborales, culturales y sociales. Últimamente los terratenientes provocan el desplazamiento de los indígenas y la expropiación de sus tierras, métodos de terror y coerción para conseguir su desplazamiento de las áreas deseadas.

 

La manipulación por parte de los partidos políticos en el poder de las incipientes y débiles estructuras organizativas de los indígenas para la imposición de individuos dóciles y afectos a los gobernantes de turno provocan la desintegración de la autoestima, y credibilidad por parte de las comunidades en sus instituciones y dirigentes aumentando la incapacidad en la toma de decisiones, la desconfianza y la desmoralización de la población en la búsqueda de solución a los ya de por si graves problemas.

 

 

De 833 mujeres que aspiraron a cargos de elección, solo 81 fueron elegidas y la mayoría como representantes de corregimientos. Lo anterior, evidencia un retroceso desde el punto de vista político para la situación de las mujeres en su acceso al poder. Aunado a lo anterior, la tendencia se confirma con la existencia de solo tres ministras de Estado de un total de catorce ministerios en el actual gobierno de Ricardo Martinelli.

 

Lo anterior contrasta con el establecimiento de la Ley de Igualdad de Género que fijó en un 30% la participación femenina en las candidaturas a puestos de elección, realidad que por evidencia no se ha cumplido.

Cargo de Elección	Mujeres Postuladas	Mujeres Electas	%
Presidente	1	0	0
Alcalde	83	7	8
Diputado	53	7	13
Representante	696	67	10
TOTAL	833	81	10

 

Hay que decir, que la falta de acceso al poder político por parte de las mujeres panameñas, contrasta con su nivel de educación y capacitación a nivel formal. Las mujeres panameñas tienen un alto nivel de participación en la educación primaria, media y universitaria. El porcentaje de mujeres con niveles académicos con relación a los hombres tiene una tendencia actual de sesenta por ciento con relación a un cuarenta por ciento de hombres que asisten a la educación formal y culminan sus estudios. Sin embargo, el desempleo se mantiene mayormente en las mujeres y los niveles salariales de los hombres son mayores a los de las mujeres panameñas. En cuanto a la realidad salarial, datos del Observatorio de Género y Economía de la Universidad de Panamá revelan que el índice de desempleo de las mujeres es mayor con un 8.9% versus el de los hombres que es 5.1% que la de los hombres, pese a que las mujeres representan la mayor cantidad de población graduada de nivel superior con un 75%.

Por otro lado, es importante señalar que las privadas de libertad sólo pueden participar en los comicios electorales para elegir Presidente/a de la República más no el resto de los candidatos a puestos de elección popular.

 

La situación de las mujeres, además de su poco poder político dentro de la estructura de poder en Panamá, se caracteriza por el aumento de la violencia de género y escasez de instrumentos jurídicos y medidas concretas para combatirla.

 

En los últimos años se ha aumentado el cien por ciento de la violencia hacia las mujeres y la existencia de elementos que han comprobado ser ineficientes en la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Respecto a esto se puede decir que el ochenta por ciento de las mujeres asesinadas tenían una boleta de protección y alejamiento, la cual no ha resultado ser más que un requisito para una protección en teoría, pues las autoridades manifiestan que no hay recursos, lo cual no es cierto porque se han aumentado los recursos para el reclutamiento de personal, compra de técnica policial y el establecimiento de bases militares con tropas extranjeras para el combate a un terrorismo inexistente y a un narcotráfico creciente.

 

Se hace necesaria la coordinación entre las distintas organizaciones gubernamentales y privadas de educación, policiales, judiciales y civiles para la prevención y combate de la violencia de género, la cual sigue siendo tolerada por las autoridades en nuestro país. A todo esto, hay que agregar que en Panamá no existe el femicidio como delito, lo que a su vez conlleva que no se cuente con una política de prevención, que pudiese comenzar en las diversas escuelas del país, a través de cursos y seminarios a la niñez y juventud, entre otras iniciativas.

 

Además se precisa de la creación de más locales donde se oriente y se brinde asesoría legal para las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Así como también la difusión masiva de éstos, a través de los medios de comunicación. Igualmente se deben aumentar los programas de asistencia psicológica, tanto a las víctimas y familiares de la afectada. Por otro lado, se necesita la construcción de más albergues en el país, para hospedar a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. El que existe actualmente es insuficiente.

 

Según estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), adscrito a la Defensoría , ya la cifra de asesinadas de forma violenta en lo que va del año 2010 son de 19 mujeres, lo cual consideramos que debe motivar al Estado regular, adecuar y promover reformas o leyes para minimizar los estragos de la violencia doméstica, las muertes violentas de mujeres y los femicidios, atendiéndolo como una problemática de Estado. Las muertes violentas de mujeres van en aumento cada año, si contrastamos las estadísticas del 2008, donde 42 mujeres perdieron la vida de forma violenta; mientras que en el 2009 se registró un total de 80 muertes violentas de mujeres (54 de ellas tipificadas como femicidio), lo que demuestra que en un año las cifras se han duplicado, situación que es alarmante.

 

 

El desmantelamiento de la zona colonial por parte de Estados Unidos también conllevó el desmantelamiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional que bajo el pretexto de defensa del Canal proporcionaron una base de agresión y hegemonía sobre otros pueblos de América Latina y fueron apoyo directo para el establecimiento de sangrientas dictaduras en América Latina. Sin embargo, este tema que se consideraba superado y una de las bases para la búsqueda de una neutralidad activa y una política pacifista en la región, fue un tema que durante los anteriores gobiernos se intentó reanimar. Sin embargo, la administración Torrijos y la de Martinelli han creado los fundamentos legales y el sustento político para la creación de un conjunto de bases militares extendidas por todo el país, con presencia militar norteamericana y sin consulta a la ciudadanía de ningún tipo, bajo el pretexto de la lucha antidrogas y el combate al terrorismo.

 

La tradicional política de los gobiernos panameños, de neutralidad frente al conflicto civil interno de Colombia es rota hoy, mediante compromisos secretos entre los gobiernos de Panamá y Colombia para el uso de la fuerza contra sectores irregulares de forma indiscriminada, dentro de un plan conjunto llamado “Plan Colombia”. Situación que ha provocado enfrentamientos entre las novatas fuerzas policiales panameñas e irregulares, que han llevado zozobra a la población y situaciones de emergencia que han llegado al grado de restringir por días enteros la circulación de personas, mercancías y vehículos, con las consabidas consecuencias de desabastecimiento alimenticio, paralización de transporte, la producción y férreo control policial y militar sobre la población lo que ha aumentado el sentimiento de inseguridad e indefensión por parte de amplios sectores de la población fronteriza y restricción de derechos civiles.

 

Observamos que en la actualidad la implementación de las bases militares se encuentra en la etapa de construcción de pistas de aterrizaje y bases aeronavales y violentan las disposiciones constitucionales y jurídicas al ser inconsultas con la población por tratarse de presencia extranjera que debe ser aprobada mediante discusión y plebiscito y no obstante, se realiza de manera ejecutiva, solapada e inconsulta. Ante los reclamos de la ciudadanía, el actual gobierno niega cualquier tipo de injerencia extranjera, pero cada vez es más obvia la influencia directa del gobierno de Álvaro Uribe en las actividades que realiza la policía de frontera en la zona del Darién. Actualmente son muchos los policías de fronteras que con capacitados por el gobierno colombiano en su labor de contrainsurgencia y combate al narcotráfico.

 

Sirvan estas líneas para expresar nuestra profunda preocupación por el cambio de rumbo que ha asumido el nuevo gobierno del Presidente Ricardo Martinelli. Todo el mundo conoce la alta popularidad con la cual el actual gobierno ganó las elecciones del pasado mayo de 2009. La aplastante derrota que sufrió la propuesta del PRD en la pasada contienda electoral tiene sus causas en la profunda corrupción con que gobernó el pasado gobierno de Martín Torrijos. La poca organización y la baja formación política en la cual quedó sumido nuestro pueblo permitieron el avance de la extrema derecha en la República de Panamá.

 

La actual fuerza política que hoy nos gobierna tiene una alianza orgánica y estratégica con el partido republicano de los Estados Unidos y en nuestra opinión busca y apoya alianzas con todos los partidos de derecha de América Latina y el concierto internacional para afianzar una lucha ideológica contra gobiernos progresistas y de izquierda en el contexto latinoamericano.

 

Sus más firmes aliados lo conforma el gobierno colombiano a través de Álvaro Uribe y el actual gobierno mexicano. Panamá que en otrora fue promotora de diálogos internacionales promoviendo la concertación y la neutralidad por la existencia del Canal, es hoy promotora de conflictos internacionales exponiendo nuestro Estado ante el bochorno internacional por una política errática, incoherente y aliada a causas fascistas en el mundo actual.

 

El ridículo del Presidente panameño en su reciente visita a Israel, ubicándolo como guardián de Jerusalén y el enfrentamiento de policías panameños con irregulares colombianos, no hacen más que ubicar en una posición vulnerable al Estado y a su principal recurso natural: su posición geográfica y el Canal de Panamá. Lejos está el Presidente de la República de actuar con visión de estadista.

 

 

La carencia de una política gubernamental coherente contra la pobreza, acompañada de políticas fiscales inmediatas, han creado situaciones que agravan aún más la ya existente desigual distribución de la riqueza, que provoca a una mayor concentración de ésta en muchas menos manos y aumenta la presión sobre la cada vez menor clase media. El desempleo oculto bajo la forma del empleo y comercio informal, y la consultoría privada, que son mas que formas de evadir los pagos de las prestaciones laborales y la seguridad social, qua al final no son más que maneras elegantes de rebajar el salario real de los trabajadores, contribuyen al aumento del desempleo y de la justa retribución del trabajo.

 

Se continúa con la represión abierta y la oculta del derecho de organización de los trabajadores en sindicatos o gremios, como una forma tradicional de mantener bajos costos de la fuerza de trabajo, y la impunidad en los despidos de los trabajadores, con lo que se garantiza un elevado mercado de fuerza de trabajo potencial para que su bajo costo garantice tasas elevadas de ganancia. Es sintomático que muchas de las más modernas y grandes empresas de propiedad transnacional y de altos funcionarios gubernamentales, carecen en absoluto de convenciones colectivas y de organizaciones laborales y sindicales, las cuales son combatidas desde dentro con el despido inmediato de los que pretendan organizarlas.

 

El propio gobierno combate la organización sindical en su seno y dentro de las empresas que se encargan de la realización de obras estatales de magnitud. En el mejor de los casos, las empresas privadas desarrollan la política de crear previamente sindicatos controlados férreamente por empleados expresamente pagados para dicho oficio, con la consiguiente violación de los derechos sindicales, laborales y humanos ya consignados en las reglamentaciones internacionales. Por otro lado las instituciones encargadas por ley a regular las relaciones obrero patronales, se muestran convenientemente lentas y poco dispuestas a la aplicación de medidas y disposiciones que promuevas la protección y defensa de los derechos laborales, con lo que se desincentiva la organización sindical por demostrarse ineficiente para jugar su papel ante la patronal y el gobierno.

 

En otro orden, observamos que hace dos años, la canasta básica familiar de alimentos se situaba en 273.85 dólares, cuando en 2004 terminó en 197.93 dólares. A pesar de que las cifras oficiales muestran que el costo de la canasta básica descendió en los últimos meses de 2009, la principal preocupación que tienen los consumidores panameños es el posible aumento en el precio de los alimentos.

 

De enero a septiembre de 2009, el comportamiento de la canasta básica siempre fue al alza. Si se compara noviembre de 2009 con el mismo mes de 2004, el incremento fue de 35%. Los alimentos han subido de forma indiscriminada. Las medidas tomadas, como baja de aranceles y la cadena de frío en proceso, no consiguieron bajar los precios. Hay que regular los precios para limitar la especulación.

 

Pedro Acosta, Presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, considera que el costo de la canasta básica en términos generales sigue estando alta, pero que los consumidores no están siendo conscientes de su situación económica y financiera. Por su parte, Vicente Aguirre, presidente del Instituto de Estudios y Defensa del Consumidor, apuntó que los productos suben de precios por el alza en el combustible, pero cuando éste baja, la subida en los alimentos se mantiene.

 

El salario mínimo en la República de Panamá fue ajustado mediante Decreto Ejecutivo 263 de 21 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial No. 26431-B del lunes 21 de diciembre de 2009. Tales ajustes fueron divididos por zonas. En la Zona 1, comprendida por Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, La Chorrera , Arraiján y el Distrito de Bocas del Toro, el salario mínimo será entre 357 y 416 balboas. En la Zona 2, que incluye el resto del país, el salario mínimo será entre 349 y 416 balboas.

 

Esto ha provocado un alza generalizada de precios al consumidor, y no existe poder coercitivo dentro del Estado que haga cumplir estos niveles salarios en la República de Panamá. Los ajustes se hacen válidos, si existe una fuerza sindical que respalde el reclamo de los trabajadores.

 

La tendencia de la migración ilegal en Panamá se profundiza de acuerdo a lo presentado en el último informe que presentara el CCS en septiembre de 2008 a la FIDH. Un elemento nuevo es la presencia de población africana que ingresa ilegalmente al país. Desde julio de 2009 hasta febrero de 2010 ha aumentado notablemente en Panamá la entrada de indocumentados procedentes de África. Según cifras oficiales, entre julio y diciembre de 2009, se detuvieron ciento veintisiete indocumentados africanos, sin embargo en sólo los dos primeros meses del año 2010 se registran más de ciento ocho casos. El problema es que las autoridades de Migración no cuentan con un método certero para ubicarlos y saber si aún están en el país o han seguido migrando en la mayoría de los casos. Estos africanos proceden de países como Eritrea, Somalia y Etiopía. Según las autoridades panameñas estos migrantes ingresan a través de la Provincia del Darién procedente de Colombia. Actualmente solo doce africanos se encuentran legalizados según las leyes vigentes en el país. Las autoridades policiales retienen a ciudadanos africanos indocumentados que llegan a Panamá por vía acuática, pero su principal fin es los Estados Unidos y Canadá. En medio de una larga travesía, los inmigrantes africanos piden refugio en Panamá y luego la gran mayoría escapa hacia Estados Unidos.

 

Según las autoridades se ha detectado un grupo ilegal que opera con personas procedentes de África. En Panamá estos ilegales son guiados por colombianos e indígenas darienitas. En noviembre del año 2008 se detectó el primer caso de este tipo de tráfico en el país y que, desde entonces, se ha detenido a personas que se identificaron como bengalíes, somalíes, eritreos y etíopes.

 

Las máximas autoridades de gobierno han aclarado que no se harán cargo de la permanencia de estos indocumentados en el país. En el albergue del Servicio Nacional de Migración, no hay africanos detenidos. Sin embargo, existió un registro de doscientos inmigrantes africanos de los meses de julio y septiembre del año pasado, pero las autoridades de Migración no tienen conocimiento de su paradero. A inicios de este nuevo gobierno, en el mes de julio de 2009 se detectaron sesenta y un somalíes, etrianos y etíopes, pero nunca se les dio estatus migratorio, por lo que algunos pasaron la frontera a hacia Costa Rica y otros se están en Panamá, como “migrantes irregulares”.

Las autoridades panameñas han detenido indocumentados africanos captados por redes que usan Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela como países de tránsito. Algunos casos de los inmigrantes ya tenían procesos de petición de refugio en marcha en Colombia, según el director de la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (ONPAR), Juan Carlos Orillac. La presencia de población colombiana sin cumplir con sus trámites legales es constante en Panamá y va en aumento de manera vertiginosa. Le siguen la población china y la nicaragüense.

 

 

Falta de esclarecimiento con respecto a los daños causados por la invasión a víctimas civiles, lisiados físicos y psicológicos, muertos, desaparecidos, destrucción de la propiedad privada, ausencia de reparaciones económicas y legales. Información sobre fosas comunes, torturas, ejecuciones sumarias.

 

La invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989 por parte de tropas norteamericanas bajo el pretexto de eliminar del poder la dictadura militar del Manuel Antonio Noriega, por sus vínculos con el narcotráfico, e instaurar una falsa democracia, trajo consecuencia pérdidas irreparables de miles de civiles inocentes, incluyendo niños, mujeres y ancianos. A parte de las cuantiosas pérdidas millonarias para la economía del país.

 

Esta acción conocida como la mal llamada “Operación Causa Justa”, su real objetivo fue experimentar con armamento bélico sumamente sofisticado, como lo fue el estreno del avión caza F-117, helicópteros apaches, entre otros. Los cuales serían utilizados posteriormente en la guerra del Golfo Pérsico en Kuwait. Además con esta intervención militar se eliminó toda estructura organizativa crítica y del ejército militar panameño, quedando de esta manera la defensa unilateral por parte de los Estados Unidos del Canal de Panamá.

 

Hasta este momento todavía se desconoce el total de muertos, heridos y desaparecidos. Se han ignorado las denuncias sobre torturas, ejecuciones sumarias y detenciones ilegales que se realizaron por parte de las tropas de ocupación. Hasta la fecha no se ha hecho una investigación exhaustiva que aclare la verdad de los hechos ocurridos durante la invasión, tampoco se han hecho las reparaciones de vidas a las demandas que han efectuado algunas organizaciones de las víctimas, afectados y familiares de muertos y desaparecidos. Por otro lado ha faltado la voluntad política por parte de los gobiernos posteriores a la invasión para demandar el esclarecimiento y las reparaciones económicas necesarias a los responsables de todos los daños ocasionados por la invasión.

 

Aún no se han esclarecido todos los hechos y no se han hecho caso a las constantes denuncias sobre la apertura de más fosas comunes de las víctimas de la invasión.