La noche del pasado 10 de junio, el Presidente Martín Torrijos manifestó al país que se había equivocado en el método para aprobar las reformas a la seguridad social. Asimismo se inició un diálogo de varios ministros de Estado con el Frente para la Defensa de la Seguridad Social que fracasó el pasado 13 de junio. El Presidente Torrijos, en una comparecencia a la nación el pasado lunes 13 de junio a las 11h00 de la noche, convocó a un diálogo nacional a todos los sectores del país para evaluar la Ley 17 que reforma la seguridad social en busca de un consenso social, pero sin proceder a la derogación o la suspensión de la misma, mientras dure el diálogo nacional. El mandatario concedió 90 días a todos los convocados para que propongan fórmulas para implementar la Ley 17, manifestando que si se logran algunas propuestas de consenso para reformar la norma en temas específicos, se comprometía a llevarlas a la Asamblea. En su rechazo a la suspensión de la ley, manifestó que "suspender la ley solo provocaría que no se cobre el seguro sobre los gastos de representación, pues las otras medidas entran en vigor en el 2007", explicó Torrijos. Torrijos está realizando reuniones preparatorias con diversos sectores que convocó a un diálogo nacional sobre la implementación de la reforma a la CSS, en un intento de poner fin a la huelga. Este llamado a diálogo ha tenido una respuesta variada, pues lo rechazaron los huelguistas del FRENADESSO y los partidos políticos de la oposición, y lo aceptaron empresarios, iglesias y algunos gremios y sindicatos que aunque cuestionan la reforma a la CSS, no apoyan la huelga. Mientras esto se produce, los maestros, los médicos, los trabajadores de la construcción y otros gremios se encuentran en paro indefinido desde hace 21 días. Aunque la situación en la ciudad capital se mantiene dentro de la normalidad, se siguen realizando algunas movilizaciones. En las cabeceras de provincias en el interior de la república no han cesado las movilizaciones y los enfrentamientos entre los gremios docentes, obreros de la construcción y los estudiantes con la policía nacional. En este sentido, la Policía Naiconal detuvo ayer miércoles a 23 manifestantes durante actos de protesta . En un comunicado informó que los manifestantes fueron capturados por bloquear la Carretera Panamericana, 17 en Chiriquí, y los otros seis en Antón, Provincia de Coclé. En la Ciudad de Colón también hubo choques entre manifestantes y policías. También se realizaron protestas en la provincia de Bocas del Toro, Veraguas y Los Santos. La Procuradora General de Panamá, Ana Matilde Gómez, anunció que se investigará el cobro de multas hasta de dos mil dólares y otros abusos administrativos de la PN y corregidurías (autoridades judiciales de poblados) contra obreros detenidos con anterioridad. Un grupo de abogados del SUNTRACS le presentaron la denuncia después de realizar un plantón frente al Ministerio Público. Las pérdidas económicas ocasionadas por la huelga superan los 100 millones de dólares, según el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), August Simmons.