Conflicto armado y medios de comunicación
En Colombia, todos contra la libertad de prensa
27/09/2009
- Opinión
Como si fuera poco tener que lidiar con narcos, guerrilleros y paramilitares, el periodista debe sufrir espionaje y restricciones estatales.
La noche del pasado miércoles 23 de septiembre, el reportero del canal Supía TV, Diego Rojas Velásquez, recibió una llamada en la que se le anunció un hecho noticioso en Caramanta, Antioquia. Salió de su oficina; fue la última vez que lo vieron con vida.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “cuando el reportero se movilizaba en su motocicleta, un sujeto lo interceptó y le disparó en cuatro ocasiones”. El desconocido escapó en la moto del periodista y Rojas falleció al llegar al hospital del pueblo.
Entre 1992 y 2006, en Colombia se registraron 98 homicidios de periodistas. El conflicto armado hizo que el país fuera calificado como uno de los más peligrosos para ejercer el oficio de informar.
Si bien la magnitud del conflicto es menor a lo que fue en años anteriores no es posible afirmar que la situación de los periodistas haya mejorado.
En diálogo con APM, el colega Carlos Huertas, de la Revista Semana, afirmó que han aumentado las restricciones aplicadas por funcionarios públicos en la labor periodística.
En su informe semestral sobre Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP observó que la mayoría de los atentados contra el oficio de informar fueron cometidos por agentes del Estado: Fuerza Pública más Funcionarios Públicos.
La FLIP asegura que la amenaza es la forma más frecuente de atacar la labor de la prensa. Entre enero y junio de 2009 se registraron 90 violaciones a la libertad de prensa, que dejaron 138 víctimas, dice el informe.
Queda en entredicho la libertad de prensa en un país donde las grandes corporaciones mediáticas están alineadas con el poder. La prensa regional vive las inclemencias de los poderes locales, casi todos mafiosos, sujetos al decir del patrón narcotraficante de la zona.
“En las regiones hay mucho temor, hay temas intocables, sobretodo en los corredores narcos”, dijo Huertas, quien contó además que los algunos han sabido sortear ciertos obstáculos, estableciendo alianzas entre las regiones y los medios nacionales.
De todas maneras, en un país violento, los periodistas siguen apostando a la investigación, lo que a su vez provoca actos represivos.
Este año fueron reveladas varias actividades de espionaje ilegal y hostigamiento contra periodistas, magistrados judiciales y opositores al gobierno nacional. Esos hechos fueron ejecutados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la presidencia de la República.
Pero las intimidaciones pueden ser directas. El informe de la FLIP dice: “lo más preocupante es que este discurso se ha extendido a los funcionarios públicos locales como gobernadores, alcaldes y concejales, quienes en sus declaraciones tildan a los comunicadores de pertenecer a grupos armados ilegales, ser terroristas, estar parcializados con alguna afiliación política, o ser enemigos del Estado o de una administración local o departamental”.
A todas esas prácticas hay que sumarle las armas de los grupos guerrilleros, paramilitares, narcos y milicias urbanas. Las consecuencias sociales son graves y reales.
Dijo Javier Darío Restrepo, miembro de Medios para la Paz y recientemente acosado por criticar el gobierno de Alvaro Uribe: “el periodista debe mantener a la sociedad despierta,sacar la vida palpitante de los hechos y los pedacitos de verdad que hay en ellos. Y esto se logra con el ejercicio de la libertad”.
¿Tendrá la sociedad colombiana en cuenta las palabras de Albert Camus?: una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “cuando el reportero se movilizaba en su motocicleta, un sujeto lo interceptó y le disparó en cuatro ocasiones”. El desconocido escapó en la moto del periodista y Rojas falleció al llegar al hospital del pueblo.
Entre 1992 y 2006, en Colombia se registraron 98 homicidios de periodistas. El conflicto armado hizo que el país fuera calificado como uno de los más peligrosos para ejercer el oficio de informar.
Si bien la magnitud del conflicto es menor a lo que fue en años anteriores no es posible afirmar que la situación de los periodistas haya mejorado.
En diálogo con APM, el colega Carlos Huertas, de la Revista Semana, afirmó que han aumentado las restricciones aplicadas por funcionarios públicos en la labor periodística.
En su informe semestral sobre Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP observó que la mayoría de los atentados contra el oficio de informar fueron cometidos por agentes del Estado: Fuerza Pública más Funcionarios Públicos.
La FLIP asegura que la amenaza es la forma más frecuente de atacar la labor de la prensa. Entre enero y junio de 2009 se registraron 90 violaciones a la libertad de prensa, que dejaron 138 víctimas, dice el informe.
Queda en entredicho la libertad de prensa en un país donde las grandes corporaciones mediáticas están alineadas con el poder. La prensa regional vive las inclemencias de los poderes locales, casi todos mafiosos, sujetos al decir del patrón narcotraficante de la zona.
“En las regiones hay mucho temor, hay temas intocables, sobretodo en los corredores narcos”, dijo Huertas, quien contó además que los algunos han sabido sortear ciertos obstáculos, estableciendo alianzas entre las regiones y los medios nacionales.
De todas maneras, en un país violento, los periodistas siguen apostando a la investigación, lo que a su vez provoca actos represivos.
Este año fueron reveladas varias actividades de espionaje ilegal y hostigamiento contra periodistas, magistrados judiciales y opositores al gobierno nacional. Esos hechos fueron ejecutados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la presidencia de la República.
Pero las intimidaciones pueden ser directas. El informe de la FLIP dice: “lo más preocupante es que este discurso se ha extendido a los funcionarios públicos locales como gobernadores, alcaldes y concejales, quienes en sus declaraciones tildan a los comunicadores de pertenecer a grupos armados ilegales, ser terroristas, estar parcializados con alguna afiliación política, o ser enemigos del Estado o de una administración local o departamental”.
A todas esas prácticas hay que sumarle las armas de los grupos guerrilleros, paramilitares, narcos y milicias urbanas. Las consecuencias sociales son graves y reales.
Dijo Javier Darío Restrepo, miembro de Medios para la Paz y recientemente acosado por criticar el gobierno de Alvaro Uribe: “el periodista debe mantener a la sociedad despierta,sacar la vida palpitante de los hechos y los pedacitos de verdad que hay en ellos. Y esto se logra con el ejercicio de la libertad”.
¿Tendrá la sociedad colombiana en cuenta las palabras de Albert Camus?: una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala.
- Juan Diego Restrepo, desde la Redacción de APM
APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
https://www.alainet.org/es/active/33333
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