El pasado 23 de junio, durante la asamblea de la Cámara de Comercio de Bogotá, el presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que: “El Congreso acaba de aprobar diría que una gran legislatura”. No se sonrojó, no titubeó, no le tembló la voz y tampoco le sudaron las manos. Perfectamente podría haberse sometido a una prueba ante el polígrafo y salir avante. Y no es para menos ya que desde la perspectiva obtusa y dominante del uribismo lograron, entre otras cosas, avasallar a las minorías, enviar al congelador hasta el próximo 20 de julio el proyecto de referendo reeleccionista y hundir de manera inmisericorde el proyecto de ley que pretendía hacer un reconocimiento mínimo a las víctimas de la violencia incluidas las víctimas de agentes del Estado colombiano. Fue una “gran legislatura” porque aprobaron una reforma política ajustada a la precaria situación de las mayorías uribistas que les permitirá el “transfuguismo” partidista, la doble militancia  y eleva de 2% a 3%, a partir del 2014, el umbral para que los partidos puedan obtener personería jurídica con lo cual las minorías en el Congreso tienen sus días contados.

Con la figura del “transfuguismo” o mejor travestismo electorero, contemplada en un parágrafo transitorio de la reforma política aprobada por la “gran legislatura” uribista, se permite, durante dos meses a partir de la entrada en vigencia de la reforma, inscribirse para las elecciones de Congreso de marzo de 2010 por un partido distinto a aquel en el cual militan en la actualidad. Es decir, los de Cambio Radical se podrán inscribir por el Partido de la U. Tendremos pues, explosión de Roy Barreras.

Con la doble militancia será posible que senadores, representantes, diputados y concejales de un partido hagan alianzas con candidatos de otras colectividades, sin recibir sanción alguna.

La próxima legislatura, que deberá iniciarse el 20 de julio e irá hasta el 16 de diciembre, estará enmarcada por el afán de las huestes uribistas por conservar el control que les permita sacar adelante los proyectos que los mantenga en el poder; fundamentalmente el referendo reeleccionista. Pero también se verá influenciada por la pugna interna que libran las fuerzas uribistas para reacomodarse en la lucha por las migajas que les arroja el Patrón. En ese escenario canibalesco la lucha habrá de ser de todos contra todos, sin árbitro y bajo el lema uribista de “todo vale”: los del Partido Conservador contra los de Cambio Radical, estos contra los del Partido de la U, los del Partido de la U contra los del Partido Conservador. Unos y otros procurarán por todos los medios obtener el mejor provecho de la situación. No es un secreto que este Gobierno domina ese arte maligno y antidemocrático de “persuadir” conciencias y transformar votaciones a cambio de contratos, licitaciones, zonas francas, Embajadas, Consulados y Notarías.

Decir que el ejercicio del clientelismo alcanzará una de sus máximas expresiones en el espectáculo que se avecina, no es afirmar nada nuevo.

Y como si lo anterior fuera poco, todos tendrán la mirada puesta en las elecciones de 2010. Las parlamentarias, programadas para el 14 de marzo y las presidenciales para el 30 de mayo. De Uribe para abajo todos dirigirán sus acciones hacia ese fin.

Simultáneamente, por falta de presupuesto, la Registraduría Nacional del Estado Civil acaba de suspender el proceso de inscripción de cédulas que permite a los ciudadanos sufragar cerca a su residencia. Con esta medida, la participación de cuatro millones de ciudadanos está en riesgo. Sobra decir que quien debe proveer los recursos es el Gobierno Nacional.

El panorama se completa con el hecho de que el Consejo Nacional Electoral deberá decidir, finalmente, si hubo o no violación de los topes de financiación de la recolección de firmas para el “referendo” reeleccionista y la Corte Suprema de Justicia habrá de continuar con las indagaciones por “parapolítica” y contra los 86 representantes que votaron el referendo reeleccionista, incursos presumiblemente en el delito de prevaricato.

Tal horizonte impedirá que los congresistas cumplan con su función de legislar, ocupados como estarán en eludir y responder a las investigaciones judiciales en su contra, en reacomodarse para la repartición de prebendas por parte del Gobierno, en evitar las zancadillas de los propios uribistas y en sacar la mejor tajada en el momento de votar los proyectos que le interesan al Gobierno. Todo en medio de la campaña electoral. Estamos a escasos ocho meses de las elecciones.

Ya se ha anunciado, por parte del Gobierno, que el 20 de julio presentará dos proyectos que serán fundamentales para la agenda uribista. Uno, la nueva reforma tributaria con la cual se busca taponar el billonario cráter fiscal que ha dejado la “seguridad democrática” y dos, el proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores, con el cual se busca darle mayor cobertura al proyecto reeleccionista presidencial. Yo te reelijo, tú me reeliges, todos nos reelegimos.

Uribe ha sido claro en la ambientación de uno y otro proyecto, durante la celebración de los 80 años de la Bolsa de Valores y en el “Gran Encuentro de Gobierno” organizado por la Federación Colombiana de Municipios”. Su afán de mantenerse en el poder lo llevó a afirmar que su Gobierno está dispuesto a explorar la reelección de alcaldes y gobernadores por la vía del proyecto de acto legislativo y aún por la vía del referendo popular.

La pregunta que aquí cabe es ¿cuál será la contraprestación que le exigirán los congresistas al Gobierno para aprobar esos y otros proyectos en curso, hasta dónde llegará o mejor hasta cuánto llegará el grado de “persuasión” del Gobierno sobre sus congresistas?

Tendríamos que agregar que igualmente incidirá el proceso de designación del nuevo Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia de terna que deberá enviar el Presidente de la República y que éste, en su arrogancia, aún no ha remitido. El asunto no es de poca monta pues se va a escoger al funcionario que deberá continuar con las investigaciones contra los excongresistas acusados de vínculos con los paramilitares, entre ellos el honorable exsenador Mario Uribe, primo del presidente Uribe Vélez.

Tenemos entonces, en síntesis:

- Un Congreso que entra a la recta final y se moverá bajo las nuevas reglas que se autogeneró (reforma política) las cuales les permiten mayor libertad de movimiento y maniobrabilidad.
- Un Congreso en la mira de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación.
- Un Congreso motivado por las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2010.
- Un Congreso que dirimirá el pulso entre los uribistas y los ex uribistas y cuyo escenario principal será la etapa de conciliación del proyecto reeleccionista.

- José Hilario López Rincón es Abogado

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 165, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org