Operación pies en polvorosa
14/09/2014
- Opinión
Unos años atrás, más exactamente en noviembre de 2006, la orden de El innombrable[1]para sus congresistas, era: “mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”. Y efectivamente, cientos de congresistas uribistas fueron a parar a la cárcel, por vínculos con el paramilitarismo. Pero eso sí, antes aprobaron decenas de leyes ilegítimas, con votos manchados de sangre.
A finales del año 2010, la consigna para sus subalternos cambió. No podía ser: voten antes de que los metan a la cárcel, porque estos súbditos nada tenían que votar, pero sí mucho por contar. Entonces la orden fue huyan y busquen asilo antes de que los metan presos. No sea que les dé por cantar.
Y en la medida en que las investigaciones de la Fiscalía avanzaron, uno detrás de otra, huyeron del país y de la justicia, agazapados en la oscuridad de la noche y en los vericuetos de las leyes colombianas. Todos a una, alegan persecución política y falta de garantías. Todos a una, redomados uribistas, ocuparon altos cargos públicos, con chequera oficial, vehículo, chofer y escoltas incluidos, a su disposición. Todo a cargo de los recursos públicos.
La precursora de esta operación pies en polvorosa, fue la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, investigada por las interceptaciones ilegales y acusada ante la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Huyó a Panamá en noviembre de 2010 y obtuvo asilo de ese país; sin embargo, en junio de 2014, la Corte Suprema de Panamá revocó ese amparo, al establecer que fue otorgado de manera ilegal. Se especula si continúa en Panamá o huyó a Costa Rica.
En enero de 2012, el turno fue para Luis Carlos Restrepo Ramírez, alto comisionado para la paz, acusado por la falsa desmovilización de supuestos integrantes del Frente Cacica La Gaitana de las FARC, sainete en el que según la Fiscalía, se incurrió en los siguientes delitos: fraude procesal, prevaricato por acción; tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares; tráfico, fabricación y transporte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares. Por estos días se afirma que obtuvo asilo de Canadá.
El siguiente en evadir a sus escoltas oficiales, fue Andrés Felipe Arias Leyva, exministro de Agricultura, recordado por la feria de subsidios Agroingreso Seguro, condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El viernes 13 de junio, días antes de que se leyera la sentencia, se escabulló con rumbo a Miami; actualmente tramita asilo de Estados Unidos.
La estratagema de esta trilogía de ex funcionarios uribistas, no puede verse de manera aislada. Darse a la fuga, llamarse perseguidos políticos, descalificar la justicia colombiana que los investiga o los condena, corresponde a un bien orquestado plan con visos de sistematicidad y generalidad: no son casos espontáneos ni aislados, sino debidamente organizados y bajo un patrón definido: delinquir, huir, pedir asilo, despotricar de la vapuleada justicia colombiana.
Sin desconocer las irregularidades y arbitrariedades que se cometen en ciertos sectores judiciales, la respuesta uribista menoscaba aún más la credibilidad de la justicia y pone en duda la vigencia de garantías constitucionales y convencionales, como el debido proceso y el derecho de defensa. El fin último del uribismo es mostrar a un gobierno que persigue a los opositores, a una justicia corrupta y politizada, asociado a un congreso elegido con votos fraudulentos y un presidente relegido con ayuda de las FARC. Una versión actualizada de la hecatombe, que el innombrable profeta predijo hace unos años.
Y todo pareciera indicar que están logrando su cometido; de lo contrario, no se explica cómo Canadá, según se afirma, acaba de conceder asilo al ex comisionado de paz.
Como si los casos anteriores fueran insuficientes, Sandra Morelli Rico, ex Contralora General (2010-2014), se dejó contagiar por la consigna uribista y decidió viajar a Italia, justo cuando la Fiscalía le iba a imputar cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También se dice perseguida por el Fiscal, también alega falta de garantías.
Se suma además, el caso del Secretario General de la Unidad Nacional de Protección, Julián Marulanda Calero, acusado de liderar una red de corrupción en esa entidad, quien fue suspendido del cargo y se fugó a Miami.
Para el ciudadano común, son varias las sensaciones que se perciben del anterior panorama: la justicia sólo alcanza a los de ruana, y como los uribistas prófugos son de corbata y sastre, entonces pueden viajar por el mundo sin que nadie interrumpa sus periplos; en el tema de la extradición, no hay reciprocidad, particularmente con Estados Unidos; son principios del uribismo despreciar la justicia e irrespetar la ley; la impunidad sigue rondando: para ciertos casos, ciertos delincuentes burlan la justicia con pasmosa facilidad; la figura del asilo, político o territorial, deja de ser una medida de protección para perseguidos políticos y se convierte en mecanismo dadivoso, con el que algunos gobiernos ayudan a quienes han incurrido en delitos ordinarios, a evadir la justicia.
Para recordar, habría que decir que el primer uribista en mostrar el camino del escape y el asilo, en abril de 2008, aunque fallidamente, fue el entonces honorable senador, Mario Uribe Escobar, primo del ahora honorable senador innombrable, cuando quiso evadir la justicia desde la sede de la embajada de Costa Rica. El asilo le fue negado, después sería condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, pena que cumplió con 54 meses y hoy se halla en libertad.
José Hilario López Rincón
Abogado – Corporación por la Dignidad Humana
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 416
Semana del 12 al 18 de septiembre de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
[1] Según el senador Jimmy Chamorro, en el debate a realizarse sobre la relación entre el paramilitarismo y el senador Uribe Vélez, el senador citante, Iván Cepeda, no podrá mencionar al innombrable.
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