En medio de un clima de conmoción nacional, el Congreso de la República del Perú suspendió, el 10 de junio, los Decretos Legislativos 1064 y 1090, dos de las normas más cuestionadas del paquete legal que, desde hace más de dos meses, tiene a buena parte de la Amazonia paralizada.

El diálogo, sin embargo, aún sigue bloqueado, como algunas carreteras de dicha región, donde ya se han producido decenas de muertes.

El acuerdo se logró con los 57 votos del oficialista Partido Aprista Peruano, el grupo fujimorista (seguidores del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori) y la centroderechista Unidad Nacional. También hubo una abstención y, en contra, sumando 47 votos (el Parlamento tiene 120 integrantes), votaron las bancadas del Partido Nacionalista del Perú, Unión por el Perú, el Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Estos últimos grupos buscaban la derogatoria total, no sólo la suspensión de los decretos.

Las normas forman parte de un paquete de decretos promulgados por el presidente Alan García al amparo de la Ley 29157, que el 20 de diciembre del 2007 facultó al Poder Ejecutivo para emitir normas que, presuntamente, facilitarían el tratado de libre comercio del Perú con EEUU. Esta ha sido la segunda vez en menos de un año que después de movilizaciones de los pueblos amazónicos que el Congreso deroga o suspende algunas de estas normas que abren la inversión a la Amazonia.

Los nueve decretos legislativos que los pueblos amazónicos piden sean derogados facultan el cambio de uso de las tierras para "uso agrario" (1060), y aluden, entre otros temas, a la ampliación de la frontera agraria (994) o al aprovechamiento de los recursos hídricos (1081). En la Amazonia, según numerosos juristas e instituciones —entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)—, el 1060 limita los accesos al bosque de los pueblos indígenas y facilita contratos de "cesión de uso", que podrían implicar inversiones de explotación del subsuelo.

Fracaso político encubierto

En cuanto a los decretos suspendidos, el 1090 crea una Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es interpretada por las organizaciones indígenas como una forma de limitar el acceso que tienen a los bosques, donde hasta ahora buscan su sustento. Por otro lado, el 1064 establece un régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario que viola derechos de propiedad comunal.

"La suspensión de los decretos es una derogatoria encubierta, que pretende ocultar el fracaso político", dice Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL. La decisión congresal, en efecto, viene luego de que en la madrugada del 5 de junio se produjera un violento enfrentamiento entre numerosos indígenas de la etnia awajún y un nutrido contingente policial, el cual dejó 23 policías muertos y, según los líderes indígenas, al menos 22 indígenas muertos, además de decenas de heridos. El gobierno dice que sólo nueve manifestantes murieron.

El choque se produjo en la denominada "Curva del Diablo" de la carretera Fernando Belaúnde Terry, ubicada cerca de la ciudad nororiental de Bagua, donde los nativos se encontraban apostados hace cerca de un mes, en protesta por los citados decretos y atendiendo a la convocatoria de huelga que hizo la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a cerca de 1,300 comunidades nativas, agrupadas en más de 50 federaciones. La medida llegaba al día 54 sin que se arribara a un diálogo fructífero.

En todo ese tiempo, los intentos del Ejecutivo por negociar con Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, fueron tardíos y pálidos. Pizango, por su parte, no varió en ningún momento su posición —que representa la demanda de los líderes de cada comunidad amazónica— de pedir la derogatoria total de los decretos, no su modificación.

El 6 de junio, finalmente, el dirigente indígena se asiló en la embajada de Nicaragua, tras la orden de captura que dictaron contra él las autoridades judiciales. El gobierno nicaragüense le otorgó el asilo político, mientras Daysi Zapata, vicepresidenta de AIDESEP, de la etnia yine, asumía la vocería de la organización indígena.

"Nuestros hermanos no fueron escuchados y el señor Alan García [el presidente] sólo los estuvo entreteniendo y ninguneando", afirma Fermín Tiwi Paati, abogado de la etnia awajún que actualmente sigue una maestría en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según Tiwi, los decretos "son inconstitucionales y lesivos a los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas por violar el derecho a la consulta previa, porque así se establece en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT]".

La referencia a las tierras que hace Tiwi se basa en explicaciones precisas que él mismo da: "Para nosotros, el territorio son los bosques, los animales, el idioma, nuestros ancestros. Todo está conectado". Recién después de la conmoción, parte del país comprendió que, para los nativos, la tierra está estrechamente ligada con la identidad.

Medida de fuerza continúa

La alusión al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha flotado intensamente en estos días de tenso debate, tras los sangrientos sucesos de Bagua. El Estado peruano incorporó el citado convenio a su legislación el 2 de diciembre de 1993, mediante Resolución Legislativa 26253. Desde entonces, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución Política, forma parte "del derecho nacional" y tiene que cumplirse.

Más aún, en enero del 2009, una Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios de la OIT instó al gobierno a que "adopte sin demora la participación y consulta de los pueblos indígenas de manera coordinada y sistemática". Los gobiernos transcurridos desde que se ratificó el acuerdo no pusieron en marcha este mecanismo, lo que ha contribuido a atizar conflictos latentes.

"Una ruta, para el problema actual, sería llevar todos los decretos al Tribunal Constitucional, que debería declararlos inconstitucionales por no cumplir el Convenio 169 de la OIT", apunta Ruiz. De acuerdo a su punto de vista, dicha instancia —la máxima en la legislación peruana para resolver disputas legales— debería ver el tema con prioridad.

Al 11 de junio, el gobierno de García, golpeado políticamente por los incidentes -que incluso provocaron la renuncia de la ministra de la Mujer, Carmela Vildoso-, no terminaba de reaccionar. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha planteado una nueva mesa de diálogo, con más integrantes, distinta a la que se había intentado llevar a cabo, sin éxito, antes del 5 de junio.

"La primera responsabilidad en esta tragedia recae en Alan García, que empeñado en sacar adelante el programa de entregar las tierras de la Amazonía en grandes lotes a las transnacionales, trasgredió la Constitución", escribió en el diario La República, el 10 de junio, el sociólogo Nelson Manrique. A pesar del evidente naufragio político-institucional, el mandatario no hacía autocrítica alguna y mantenía en su puesto a Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, quien ni siquiera reconoció haber dado a la Policía la orden de reprimir a los indígenas.

AIDESEP La organización ha decidido mantener su medida de fuerza y cuenta con el apoyo de numerosos gremios, frentes de defensa y grupos políticos que participaron el 11 de junio en una gran movilización nacional que incluyó marchas en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y en Yurimaguas, donde el bloqueo de los indígenas a la carretera continúa provocando tensión.

Fuente:  Noticias Aliadas. www.comunicacionesaliadas.org