La derogatoria de dos controvertidos decretos legislativos el 18 de junio tras más de dos meses de huelga de los indígenas amazónicos, que según datos oficiales dejó como saldo 33 muertos, ha dado un respiro institucional, pero ahora lo que queda planteado es debatir el futuro de la Amazonia.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha anunciado la creación de nuevas instancias de diálogo, a las que finalmente será incorporada la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonia Peruana (AIDESEP), la organización que lideró la medida de protesta que sacudió el país desde el 9 de abril. En las próximas semanas podría darse un debate sobre diversos temas que, hace años, están pendientes de discusión.

"Una de las cosas que pediremos es una Política Nacional de Educación Intercultural", dice Walter Kategari, de la etnia machiguenga y dirigente de AIDESEP. Según Kategari, por "la falta de voluntad política" del gobierno este aspecto ha sido descuidado, así como el de la salud, en donde incluso los conocimientos indígenas pueden aportar para mejorar la calidad de vida de la población.

El reclamo de Kategari proviene de una constatación concreta, que, sorprendentemente, no generó mayores reacciones en la clase política. Tal como lo recuerda Óscar Espinosa, coordinador de la Especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el 2006, al entrar el actual gobierno, la Dirección Nacional de Educación Bilingüe fue absorbida por la Dirección Nacional de Educación Rural, sin mediar explicaciones.

Políticas fallidas

"Las políticas públicas del Estado peruano deberían partir de la comprensión de nuestra diversidad cultural", apunta el especialista, quien a la vez hace un rápido recuento de los intentos, siempre pálidos, con los que, desde el poder, se ha intentado encarar el tema indígena. "Antes existía el Instituto Indigenista Peruano, pero fue disuelto por el gobierno de Alberto Fujimori [1990-2000] y quedó una Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas", dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se creó la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), que luego derivó en el actual Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Por increíble que parezca, dicha institución estuvo totalmente ausente en el trance de la huelga amazónica.

A Espinosa eso no parece sorprenderle, dado que cree que las políticas públicas peruanas no se han tomado en serio el tema indígena.

"INDEPA no tiene presupuesto, no es una institución a la altura de las circunstancias", enfatiza, mientras acota que, por ejemplo, en Brasil la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) sí tiene dinero y peso político. "No hay una fórmula perfecta para hacerlo, pero se comienza teniendo voluntad política".

De haber existido voluntad política, se habría evitado que el tormentoso conflicto estallara, o se hubiera hecho viable la consulta previa e informada establecida por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene fuerza de ley en el Perú, según la Constitución, como recuerda Kategari.

"Más bien se debió hacer un decreto legislativo para que se haga realidad esta consulta", explica el líder nativo.

En el fondo del debate, además, estaba el crucial tema del territorio, que es el que, justamente, explica la necesidad de la consulta que no se hizo.

"Ése es tema central", dice Margarita Benavides, antropóloga del Instituto del Bien Común (IBC), tras explicar que, según el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana del IBC, existen 1,509 comunidades nativas en el Perú.

De ellas, 267 están aún sin titular y hay, además, cinco Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas en Aislamiento. Estas últimas ocupan 2.8 millones de hectáreas, mientras que las comunidades nativas tituladas ocupan aproximadamente 10.5 millones de hectáreas. Incluyendo a las comunidades sin titular, todos los pueblos indígenas deberían ocupar unos 13 millones de hectáreas, 17% de los 78 millones de hectáreas que tiene el territorio amazónico del país.

Se ha solicitado, por añadidura, la creación de seis reservas territoriales indígenas más. "Sobre todos esos territorios —continúa Benavides— debería promoverse un desarrollo más equilibrado con el medio ambiente, mediante proyectos de conservación de bosques, piscigranjas o incluso proyectos de explotación racional de madera, en forma sostenible".

Respeto a las diferencias

Todo eso, por cierto, implicaría importantes transformaciones en la estructura del Estado.

"El respeto a las diferencias sería clave en ese proceso", dice Espinosa. Según él, esa es la premisa fundamental para que las políticas públicas cambien de orientación y para que haya un diálogo fructífero. A partir de allí, se podría incluso hacer cambios constitucionales, que hagan tangible el reconocimiento de que el Perú es un país pluricultural, algo que debería ser consignado más explícitamente en la Constitución.

"Antes que cambios constitucionales, se requiere una nueva disposición", anota el antropólogo. En Bolivia y Ecuador, la Constitución ya establece que el Estado es plurinacional, lo que ha determinado que la normativa legal camine en ese sentido.

"No hay una fórmula —sostiene Espinosa—, pero es curioso que fácilmente aceptamos nuestra diversidad en la comida, más no para asumir la existencia de otros pueblos".

Mientras tanto, los 350,000 indígenas de las 56 diferentes etnias amazónicas peruanas, y los cerca de 5,000 nativos que viven en aislamiento esperan. Durante siglos, sus vidas han transcurrido entre el desprecio y el olvido, hasta que, en el presente, un incidente violento ha hecho que salten a la primera escena con fuerza.

La plurinacionalidad implicaría reconocer también a los indígenas andinos, cuyo número es difícil de precisar en este país (desde 1969, cuando se hizo la Reforma Agraria, pasaron a denominarse campesinos), pero que junto con los amazónicos suman, de acuerdo a varias fuentes, el 45% de los 28 millones de peruanos. Para todo ellos, el concepto de "vivir bien" tiene vigencia y dibuja un mundo distinto al actual.

"Cuando queremos cuidar la Pachamama nos criminalizan", dice Mario Palacios, presidente de Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), haciendo referencia al acoso del que, bajo el gobierno de Alan García, son víctimas muchas organizaciones y personas que defienden el medio ambiente.

Palacios, quien está involucrado en la creación de un nuevo partido político, llamado justamente "Perú Plurinacional", parece tener voz no sólo para la propuesta sino, también, para la propuesta. "Creemos que la actual crisis es financiera pero además ambiental, energética" sostiene.

Finaliza sosteniendo algo que podría dar una de las rutas para una nueva discusión sobre la Amazonía y sobre los recursos naturales del Perú en general: "El desarrollo debe darse en armonía con la Madre Tierra, con la naturaleza, para no destruirla. Hay que superar el uso irracional de los recursos y respetar los derechos de los pueblos indígenas".

Fuente: Noticias Aliadas www.comunicacionesaliadas.org