El 17 de noviembre de 2005, el Ministro de Defensa de la época, firmó la directiva ministerial 029, que en quince páginas estableció pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. Las estadísticas de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, muestran que, tras la expedición de la directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007.

Así las cosas, el miércoles 2 de abril de 2008, el Gobierno en reunión con las tres centrales sindicales dio a conocer, que en cumplimiento de la política de Seguridad Democrática, el Ministerio de la Protección Social y la Policía Nacional anunciarían la puesta en marcha de un plan de recompensas para quienes informen sobre amenazas a sindicalistas o suministren datos que contribuyan a aclarar los procesos judiciales en marcha.

En aquella oportunidad, los dirigentes sindicales, de manera enfática manifestamos que las recompensas no son el camino para enfrentar la altísima impunidad que rodea los crímenes contra sindicalistas. Por ello, resulta imprudente, que el 16 de julio, algunos dirigentes sindicales en declaración coincidente con el Gobierno, hayan abalado el ofrecimiento de recompensas hasta de 250.000 dólares por informaciones que conduzcan a la captura de los condenados por crímenes contra sindicalistas, tal como opera para los alcaldes y concejales.

Recordemos que el Estado, conforme a sus obligaciones internacionales y constitucionales, tiene la obligación de investigar todos los hechos que menoscaben los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción y esa obligación debe ser asumida con seriedad y no como una mera formalidad, destinada a aparentar que se investiga.

Debemos reconocer que gracias al Acuerdo Tripartito, firmado en la OIT, y a la presión del sindicalismo internacional, se empezó a agrietar la impunidad, pero la inmensa mayoría de los casos contra los sindicalistas se encuentran en la impunidad y en los que se determinó la autoría material, no se ha llegado hasta los autores intelectuales, que implica identificar a quienes planearon, organizaron y financiaron los crímenes.

Por las razones anteriores, sería saludable reiterar lo inconveniente de dicha política de recompensas para enfrentar la impunidad y, por el contrario, llamar al Gobierno, a la OIT y a los organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos, a que se ponga en marcha un verdadero plan contra la impunidad, comenzando por una estrategia de investigación que busque el esclarecimiento de los hechos, partiendo de la hipótesis de que se trata de homicidios cometidos con un patrón criminal.

La política de recompensas es un componente esencial de la política de seguridad democrática de este Gobierno, hoy cuestionada y con enormes contradicciones a su interior, púes por una parte, la llamada línea guerrerista plantea que quieren los estadios llenos de muertos, privilegiando el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas.

Por la otra,  está la recuperación social del territorio, lo que implica que valen más los desmovilizados, la tranquilidad de los civiles y el control de la región para favorecer el desarrollo, que mil bajas en combate.

Lo cierto es que lo que debe privilegiarse es el Estado Social de Derecho y para tal fin, entre otras, se requiere dejar atrás el conteo de muertos como un criterio de éxito en las operaciones contra la insurgencia, eliminar las amnistías de facto, que pueden dejar en la impunidad a las víctimas de abusos de derechos humanos y a su vez, incluir en el estatuto de víctimas que la reparación también incluya a los afectados por la violencia del Estado.

Bogotá, noviembre de 2008

- Carlos A. Rodríguez Díaz es Ex presidente de la CUT y Coordinador Liberales Plan B

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org