A lo largo de estos meses se tejieron grandes esperanzas alrededor del trámite de la ley de víctimas en el Congreso. Muchas redes sociales, organismos internacionales, oficinas de cooperación de misiones diplomáticas y embajadas, se comprometieron con el impulso a esta iniciativa.

Desde la instalación de la nueva legislatura en el mes de julio, la pobre agenda del Congreso durante este período ha tenido en cuenta este proyecto como uno de los verdaderamente importantes. Desde el mes de agosto se inició el ciclo de 9 audiencias públicas en torno a las cuales unas 4500 víctimas se reunieron para estudiar de manera sería el proyecto y pronunciarse sobre el. La Mesa del Encuentro de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales ha participado de manera activa en todo este proceso con la producción de documentos, pronunciamientos, gestión a favor del proyecto en el Congreso y movilización de personas y de opiniones. La Comunidad internacional, sobre todo las Naciones Unidas (PNUD) hicieron posible la realización de las audiencias, pero se debe destacar también la presencia de Consejo Noruego para los Refugiados, la Embajada de Suecia y la Oficina de la Cooperación Española. Por su parte un polo importante de organizaciones sociales y no gubernamentales se reunieron de manera permanente alrededor de la Fundación Social para estudiar y hacer aportes jurídicos al proyecto.

Una vez se radicó la ponencia mayoritaria en el mes de septiembre, el Gobierno sacó a relucir sus cartas con la ponencia redactada y expuesta en papel del Ministerio del Interior que fue firmada por dos representantes incondicionales a la agenda gubernamental, Jorge Mantilla (conservador de  Santander), y Fernando de la Peña (Alas Equipo Colombia del César, llegó en reemplazo de Álvaro Morón). Allí, de nuevo, se pusieron de manifiesto los prejuicios y las objeciones del Gobierno al proyecto de ley para las víctimas (ver artículo anterior sobre esta ponencia).

Desde entonces varias veces se citó la Comisión Primera para debatir el articulado de ley, pero el debate se aplazaba con la idea de realizar concertaciones entre los dos sectores de ponentes con la presencia del Gobierno. En otra ocasión se aplazó con la noticia de una reunión de la bancada de Gobierno en el Palacio para reflexionar sobre el proyecto, más adelante sucedió lo mismo con la noticia de que el ponente principal (Guillermo Rivera, liberal por el Putumayo) se encontraba en reunión con el mismo Presidente de la República para llegar a un consenso.

Finalmente el 11 y el 12 de noviembre se reunió la Comisión para debatir y votar el articulado del proyecto. El ponente principal, además de exponer la única ponencia que ya contaba con la aprobación inicial de la Comisión, anunció la existencia de una concertación con el Gobierno y su bancada en torno a los puntos de discrepancia. Una vez se iniciaron los debates sobre el articulado lo que se manifestó fue la inexistencia o el incumplimiento de cualquier concertación sobre el proyecto de ley. La bancada del Gobierno hizo presencia de manera unánime y disciplinada. Los miembros de Cambio Radical de quienes se esperaba hicieran de fiel de la balanza entre los partidos de la oposición y la bancada del Gobierno, se pusieron de lado de las posturas de la administración. La Representante, Rosmery Martínez, (Cambio Radical por el Tolima) prefirió ausentarse del recinto, a pesar de haber sido habilitada para votar, y a pesar de haber acompañado todas las audiencias y haberse comprometido de manera pública con el proyecto. Esta representante argumentó el temor a la pérdida de investidura, con algún nivel de plausibilidad, por su condición de víctima. En Cambio Radical pudieron más los pactos clientelistas que las posturas intelectuales, políticas o humanitarias sobre el proyecto. Al fin y al cabo, la mayoría de los integrantes de este partido han sido miembros connotados de la derecha, si acaso no, de la derecha radical, capaz de identificarse también con los prejuicios ideológicos que el Gobierno tiene con este proyecto.

El espectáculo fue circense en torno a uno de los proyectos de ley más importantes que hayan pasado por el Congreso en estos años. El nivel intelectual de la discusión fue tan bajo que fue necesario que el Representante, Roy Barreras, trajera al debate la etimología de la palabra exabrupto. Se les escuchó a algunos representantes, después de votar, decir no saber que artículos habían votado ya. Mientras otro representante, Odín Sánchez por el Chocó, con la chabacanería con que se comporta en los recintos del Congreso, sonreía burlón mientras le señalaba a sus compañeros la figura de Iván Cepeda quién alzaba la foto de su padre asesinado. De otro lado el Representante Mantilla, quien se había comprometido, de manera moderada, con las víctimas en la audiencia en Barrancabermeja a trabajar por una ley viable en lo fiscal, pero generosa en los conceptos y garantías, se alineó con el Gobierno sin ninguna ponderación, y se quejó de la presión ejercida por las organizaciones de víctimas, pero no de las presiones y negociaciones con el Gobierno. Para rematar el deslenguado representante de Cambio Radical por el Atlántico, Tarquino Pacheco, nos acuso a todos los que acompañamos este proyecto desde la sociedad civil de terroristas.

Por su parte los Ministros del Interior y de Hacienda hicieron presencia todo el tiempo empujaron la presentación y votación de las proposiciones preparadas por el Gobierno. El Viceministro de Justicia hizo una defensa jurídica de la posición gubernamental con el falso argumento de la necesidad de titularidades jurídicas claras para acceder a los beneficios y derechos por parte de las víctimas. El ministro, Valencia Cossio, muchas veces retorció o faltó a la verdad en sus argumentos, como cuando dijo: que las víctimas de agentes del Estado no estaban incluidas en el texto aprobado en el Senado. Cuando el Dr. Valencia Cossio era senador se caracterizaba por su ánimo conciliador y por preferir callar en vez de mentir en los debates, ahora que es ministro se comporta de manera acordé con el estilo de este Gobierno.

A medida que avanzaban los debates y las votaciones, las bancadas de los partidos de oposición declararon su retiro del debate, en protesta por la desfiguración de los propósitos del proyecto de ley que se producía. Sin embargo, el representante Rivera y el representante Legro del Polo permanecieron en el recinto, en un ambiente de derrota grande, para dejar las constancias de rigor. Falta ver si la intención del Partido Liberal de retirar el proyecto de ley se puede materializar porque dicho retiro requiere de votación en la Comisión.

Al final el ambiente en la Comisión fue de triunfo de las huestes gubernamentales, el Ministro del Interior dio declaraciones sentado desde el atril de los dignatarios de la Comisión ante un nutrido grupo de periodistas y camarógrafos.  Mientras unos asesores del Ministerio hacían gestos de triunfo. Más patético no podía ser el gesto, cuando lo que se acababa de aprobar era un proyecto negador de derechos, contrario al derecho internacional; a la Constitución, y carente del más mínimo sentido de humanidad. Una de esas asesoras del Ministerio del Interior, al terminar la audiencia en la ciudad de Quibdó, donde se escuchó una vez más el drama cotidiano de las víctimas, dijo: que ella ya estaba cansada de escuchar a las víctimas.

Ya se han publicado algunos escritos sobre los contenidos de las propuestas del Gobierno que terminaron por malograr este proyecto de ley. En artículos anteriores Caja Virtual ha entregado exposiciones sobre esos contenidos que ahora están aprobados. Por tal razón hoy presentamos solamente una radiografía del clima político y humano en el cual se llevó a cabo esta hazaña que significa una hecatombe para los derechos de las víctimas.

- Nelson Socha M.es Abogado Asesor del “Proyecto de atención a víctimas de violencias y delitos de la Secretaria Distrital de Gobierno”. Las opiniones expresadas en este artículo no comprometen a esta entidad.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org