Con la presencia de representantes de diversas organizaciones sociales, la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, presentó hoy lunes 12 de mayo ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, la misma que fue posible luego de una campaña de recojo de más de 6,500 firmas.

En el acto participaron el director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo; Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, Olmedo Auris y Luis Isarra, dirigentes nacionales de la CGTP; Melchor Lima de la Confederación Campesina del Perú, CCP y Mario Palacios de CONACAMI.

Miguel Jugo destacó la importancia del acto, pues de esta manera se busca que la máxima instancia en materia de control constitucional pueda pronunciarse sobre aquellos artículos del Decreto Legislativo 982 que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo de los sectores más pobres y vulnerables, que precisamente han sufrido las consecuencias de la criminalización de las protestas sociales.

Por su parte Wilfredo Ardito explicó que el recurso de inconstitucionalidad se basa en que el Poder Ejecutivo solo estaba facultado para regular la problemática del crimen organizado y no para emitir normas de carácter general, como la inimputabilidad a policías y militares que maten personas, la sanción a las autoridades que apoyen huelgas, las posibilidades para detener personas sin mandato judicial, la reducción del rol del Ministerio Público, la sanción hasta con 25 años de prisión al bloqueo de carreteras (que ya está sancionado), entre otros temas.

Agregó que estos decretos legislativos son una especie de “espada de Damocles” contra los ciudadanos que puede acrecentar el temor a expresarse públicamente, así como percibir a la Policía como un ente hostil a sus derechos, por lo que deben ser derogados. Señaló que en los próximos diez días, el Tribunal Constitucional debe estar declarando la admisibilidad del recurso y confía que para el mes de julio del presente año ya puedan tener una sentencia definitiva.

También se pronunció el dirigente nacional de la CGTP, Olmedo Auris, quien afirmó que la presentación del recurso tiene profundo significado, pues busca frenar las pretensiones del gobierno de silenciar de cualquier manera el derecho legítimo a la libertad de opinión, de pensamiento, pero sobre todo a silenciar las justas protestas de los trabajadores.

En iguales términos opinaron otros dirigentes como Mario Palacios, presidente de CONACAMI, quien destacó la importancia de esta demanda pues es el resultado del trabajo conjunto de organizaciones sociales con el respaldo de instituciones defensoras de los derechos humanos, como APRODEH; recordó asimismo que bajo el amparo de estos decretos, en la actualidad hay 300 dirigentes comuneros y ronderos denunciados por defender sus tierras y territorios.

Hay que remarcar que en lo que va del régimen, por lo menos 18 personas han sido asesinadas por las fuerzas policiales, la gran mayoría de ellos mientras participaba en movilizaciones policiales, como ocurrió en febrero durante el paro nacional agrario. La situación se torna mucho más preocupante cuando el propio presidente Alan García en más una oportunidad ha exhortado públicamente a la policía a usar sus armas contra manifestantes supuestamente para “imponer el orden”.

Lima, 12 de mayo de 2008

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