Ministros de defensa de los nueve países latinoamericanos integrantes de la misión de la ONU acordaron la permanencia de los cascos azules por un año más. La controvertida fuerza de paz seguirá en las calles del país menos desarrollado de occidente.

Funcionarios de Defensa de los nueve países latinoamericanos que integran la Misión de paz de Naciones Unidas en Haití (Minustah) se reunieron el martes en Puerto Príncipe, para acordar la permanencia de los cascos azules por un año más en el país caribeño.

En el encuentro, que se extenderá hasta el miércoles, los vicecancilleres y ministros de defensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Guatemala, conjuntamente con el canciller haitiano Jean Clérisne y secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, evaluaron la continuación de la Misión de paz, que cuenta con 9 mil efectivos de esos países.

Los funcionarios señalaron en una declaración que respaldan la solicitud de prórroga por un año del mandato de la Minustah -anunciado por el secretario general de la ONU, Ban-Ki-moon, y solicitado por Insulza-, que se votará en el Consejo de Seguridad en octubre próximo.

“Respaldamos la prolongación del mandato de la Minustah solicitada por el secretario general de la ONU hasta que el Gobierno democrático de Haití considere logrado el cumplimiento de los objetivos que la Misión de Estabilización se ha propuesto. De este modo hacemos un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a reafirmar la disposición de apoyo al proceso que encabeza el presidente René Préval y su Gobierno en la búsqueda de establecer las condiciones de estabilidad que permitan el desarrollo social y económico del pueblo haitiano”, afirma parte del documento publicado por el Ministerio de Defensa argentino.

En este sentido, en conferencia de prensa luego de la reunión, el vicecanciller peruano Gonzalo Gutiérrez afirmó que la aspiración de los países de la Minustah es “ampliar en al menos un año el contingente de casos azules en Haití", según informó la agencia Prensa Latina.

Por su parte, el ministro de Defensa de Chile, José Goñi, destacó el "momento histórico" que atraviesa Haití, un país del que dijo "busca reinstalar la esperanza en su gente". Al mismo tiempo detalló que "es necesario ampliar y profundizar el trabajo en favor del desarrollo económico y social", y aclaró que "sólo un funcionamiento más justo de la sociedad, con menos desigualdades, permitirá el adecuado funcionamiento de la democracia en el país".

En la misma sintonía, la ministra de defensa argentina, Nilda Garré afirmó que “la seguridad es imprescindible pero no es prescindente para establecer la seguridad permanente. Por eso aspiramos a que las Naciones Unidas aprueben el mandato que ha solicitado el secretario general, José Insulza de un año más para que la Minustah pueda cumplir con las líneas que se le han fijado”.

Las líneas de acción a las que se refirió Garré, quedaron plasmadas en un documento de nueve puntos en el que se sostiene que la Fuerza de paz conjunta se mantendrá en Haití en tanto se desarrollen allí políticas de tipo institucional como el mejoramiento de la policía, la justicia y otras acciones de tipo económico.

La Minustah es una Fuerza de paz integrada por unos 9 mil cascos azules. Se instaló en Haití en 2004 para ayudar al cese de la violencia provocada luego del golpe de estado contra el entonces presidente Jean Bertrand Aristide, y generar las condiciones propicias para el desarrollo de la democracia en el país. En este marco, el actual presidente René Préval fue elegido como primer mandatario en 2006.

Sin embargo, gran parte de la población de Haití ve a la Minustah como un ejército de ocupación más que como una misión de paz. Desde 2004 hasta el día de hoy se han sucedido decenas de marchas por parte de movimientos sociales, pidiendo el inmediato retiro de los cascos azules.

Asimismo, la fuerza de paz ha sido acusada de violación a los derechos humanos en reiteradas oportunidades. En su afán de acabar con la delincuencia y el crimen organizado, sobre todo en Cité Soleil y Bel Air, - dos populosos barrios de la periferia de Puerto Príncipe - , la Minustah ha incurrido en serios abusos en contra de los sectores más pobres del país.

Hace algunos meses, el gobierno nacional y la cúpula de la Minustah anunciaron que la capital haitiana había recuperado la seguridad, al tiempo que disminuyeron los asesinatos y secuestros. "La situación de la seguridad ha cambiado por completo" afirmó días atrás el jefe de la Fuerza de paz, Edmond Mulet.

Pero el cese de la violencia, no está ni siquiera cerca de agotar el problema. Haití cuenta con una situación de precariedad muy seria, con índices muy por arriba de la media de la región.

Según el último censo, realizado el año pasado, la mitad de la población del país tiene menos de 20 años, el desempleo es del 33 por ciento y la tasa de presencia en la escuela es tan sólo del 49 por ciento. De la misma forma, se estima que la mortalidad materna en Haití es lejos la más alta en la región, con 523 muertes por 100 mil nacimientos vivos.

El país caribeño tiene más de 8 millones de habitantes y el aumento de la tasa demográfica es del 5 por ciento por año. La tasa de fertilidad es de cuatro niños por cada mujer mientras que la expectativa de vida llega sólo 56 años en las mujeres y 53 años en los hombres.

Quizás el indicador más terrible sea el de mortalidad infantil: uno de cada ocho niños muere antes de tener cinco años y uno de cada 14 niños muere antes de tener un año. Según Médicos Sin Fronteras, mueren 61,6 de cada 1.000 nacidos vivos.

De la misma forma, Haití se encuentra en la posición número 150 de 177 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que mide variables sociales.

Mientras el país es por lejos el más atrasado de América Latina y su economía la menos desarrollada del Hemisferio Occidental, hay un último dato revelador. El presupuesto que la ONU le asignó a la Minustah entre julio de 2007 y junio de 2008 es de 561 millones de dólares, algo menos de la cantidad de dinero que Haití destina al gasto público total, con el cual financia, entre otras cosas, la educación y la salud.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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