La verdad: elemento vinculante con procesos de justicia,  reparación individual y colectiva y las garantías de no repetición

La CUT saluda la celebración de este primer Encuentro Nacional de Víctimas de las Organizaciones Sociales y reafirma su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la paz, y por ello se compromete desde ya a dinamizar las conclusiones de este Encuentro y a acompañar a las victimas con la movilización y el uso de todos los mecanismos legales disponibles a fin de lograr la realización de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

Pese a que el país conoce nuestro comportamiento civilista y democrático, el Gobierno se ensaña tendenciosamente con el sindicalismo asociándolo con la guerrilla, al afirmar: “O estamos en lo lícito o estamos en lo ilícito. Pero no puede ser que aparezcan como afiliados a organizaciones sindicales, y simultáneamente estén en grupos armados al margen de la ley”.

Lamentablemente, al Gobierno no le basta la  demostración ostensible que el sindicalismo, aparte de ser lícito, es un bastión de la democracia y luchador por la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho. De nuevo, semejante aseveración apunta a que los intolerantes arrecien la intimidación contra el sindicalismo.

Infortunadamente, el belicoso lenguaje presidencial, nos hace mucho daño, vinculado con la intención malévola de sembrar cizaña, para descalificar una postura sindical democrática que ha sabido enfrentar con dignidad los desafueros de la aplicación del un modelo económico que busca liquidar al sindicalismo, matando los sindicatos y asesinando a sus dirigentes.

Pese al grave daño que se nos hace con lo acontecido,  la CUT no desfallecerá en la búsqueda del intercambio humanitario, la solución política negociada al conflicto interno armado, la exigencia a las FARC – EP de la entrega de los cadáveres de los diputados, la puesta en libertad de todos los secuestrados, así como la entrega con vida de los desaparecidos. De otra parte, de manera insistente enfatizamos que nuestra lucha es civilista y democrática, motivo por el que demandamos del gobierno las garantías necesarias para el ejercicio de nuestra actividad sindical.

I. La violencia antisindical en Colombia

En Colombia el sindicalismo es víctima de una violencia sistemática y estructural,  lo que se corrobora al evidenciar que la larga tradición de violaciones a los derechos humanos del sindicalismo no se explica bajo un contexto o época determinada y mucho menos se trata de un resultado específico del conflicto interno armado colombiano.

La historia de las reivindicaciones laborales en Colombia es también la historia de una violencia selectiva que indigna la voz del sindicalismo y se teje de dolor,  resistencia y genocidio. Con la misma fuerza que los trabajadores aprendieron a luchar en sindicatos la forma más cercana de defender sus derechos, los victimarios aprendieron a diseñar estrategias para aniquilarlos. La temprana instauración, difusión e institucionalización de un imaginario perverso frente al ejercicio sindical se convirtió quizás en la primera estrategia para avalar una práctica sistemática de eliminación bajo la retórica de un enemigo insidioso que obstaculizaba el desarrollo económico de la nación, práctica que se prolongaría por todo  el siglo XX instaurando una especie de tradición sangrienta alimentada de difamaciones e imágenes  artificialmente fabricadas, ubicando a los sindicalistas en la orilla de los enemigos y muchas veces cubriendo a los victimarios  de un blindaje semántico que confunde en su definición.

Se hace necesario revisar la historia para corroborar  con contundencia que pese  a los innumerables conflictos bélicos que han tenido lugar en nuestra historia nacional, el propósito de aniquilamiento de la acción sindical es un propósito que cabalga muchas de las veces independiente de la guerra misma,  un propósito que se ha materializado en innumerables figuras de muerte, las mismas  que han terminado por otorgarle al sindicalismo un existencia siempre marcada por episodios sangrientos  en una historia tejida por el dolor y la resistencia.

En un breve recorrido por la historia entre saltos y vacíos cronológicos podemos constatar como desde la temprana intención  de configuración de un movimiento sindical, el desconocimiento  y la muerte, como respuesta  a voces y acciones que demandan derechos han sido la constante histórica. Esta historia, vieja o reciente, de la violencia contra el sindicalismo colombiano, está cortada de un extremo a otro por el olvido y por la denegación de justicia.

En una de las primeras huelgas de artesanos de Bogotá  en 1919 reseñada  por Mauricio Archila en protesta a la contratación del ministerio de guerra por la confección de uniformes con firmas extranjeras, el gobierno  del presidente Marco Fidel Suárez,  abrió fuego contra los trabajadores dejando un saldo de varios muertos, heridos y detenidos. No será esta la única ni la última vez que el gobierno o industriales  utilicen las armas como herramientas para la solución de conflictos laborales. A las huelgas posteriores les esperaría igual uso de la fuerza y un cierre con números indeterminados de detenidos

La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y el país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas.

La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales (paros, huelgas, negociaciones colectivas y creación de sindicatos); aunque ellas ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra, es necesario considerar que en Colombia, la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación del conflicto laboral colombiano. Por ello la violencia contra los sindicalistas se inscribe como una acción deliberada, estratégica y sistemática que obedece a un interés específico que busca anular las acciones sindicales de reivindicación y defensa de los derechos laborales. Estas consideraciones evidencian que las violaciones se han realizado en momentos marcados por el aumento de las reivindicaciones laborales y no como razón o consecuencia del conflicto armado; de ahí que los y las sindicalistas no aparecen como víctimas casuales o colaterales del conflicto armado.

De acuerdo a la información suministrada por  la CIOSL (CSI) frente a la dimensión de la violencia antisindical para el caso especifico de los homicidios, Colombia  ha tenido una participación que oscila entre el 57% y el 88% en el total de  asesinatos contra sindicalistas en todo el mundo, datos  que  ubican al país en la deshonrosa posición de ser el lugar más peligroso del mundo para la actividad sindical

Es preciso decir en Colombia han sido asesinados 2.515, sindicalizados entre 1986 y el 2006, 2.335 de pertenecientes a organizaciones filiales de la CUT. Estas cifras corresponden a los casos documentados por la Escuela Nacional Sindical ENS tras una exhaustiva búsqueda y recuperación de información, aun hace falta indagar muchos casos más y por tanto este número con seguridad será mayor.

La recuperación y dignificación de la memoria de esos 2515 hombres y mujeres que han perdido la vida ejerciendo su derecho fundamental a la asociación sindical, es una tarea de primer orden para la CUT, en un país que castiga severamente el ejercicio de dicho derecho, mientras los victimarios se enredan y se confunden en el dilatado e histórico panorama de violaciones para revestirse de un prolongado manto de impunidad en el cual la verdad termina por instalarse como una ficción, la justicia como un acuerdo de olvidos, y la reparación como una resignación y perdón. Y a la vez, este documento es una voz de denuncia contra los prolongados silencios que ha guardado el Estado colombiano frente a un proceso de violencia que bien puede nombrarse como un genocidio político que permanece en la más absoluta impunidad.

En términos generales es posible afirmar que en promedio anualmente se han asesinado en Colombia a 120 sindicalistas, el 22% de los asesinatos en el periodo 1986-2006, se han cometido contra dirigentes sindicales pertenecientes a juntas directivas de las organizaciones sindicales, es decir 484 dirigentes asesinados, lo que equivale a un promedio anual de 32 asesinatos. Los grupos paramilitares y los agentes del estado son los mayores victimarios del sindicalismo, con más del 93% y los grupos guerrilleros aparecen presumiblemente con el 6.4% de los casos.

Durante el gobierno de Alvaro Uribe, han sido asesinados más de 500 personas afiliadas a organizaciones sindicales, a pesar del esfuerzo realizado por desvirtuar esta realidad generando una atmósfera de confusión tratando de hacer creer a la comunidad internacional que la situación de violencia sistemática y extendida en el tiempo se ha solucionado y que las iniciativas del gobierno como las políticas de seguridad democrática han demostrado su efectividad, el gobierno empieza a sufrir las consecuencias de tan miope política.

B. Las decisiones institucionales de la CUT en materia de derechos humanos y la construcción de la verdad la justicia y la reparación para el sindicalismo

El V Congreso de la CUT adoptó importantes resoluciones, mediante las cuales definió la política de derechos humanos y la reparación a las víctimas de  la violencia, entre otras.  En cada uno de los documentos se orienta de manera precisa la postura institucional de la CUT.

La CUT consideró que es posible afirmar que en el país el marco institucional es favorable a los Derechos Humanos en tanto que Colombia ha ratificado e incluido en su Constitución Política de 1991, los más importantes instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos y el espíritu universal y normativo que subyace a estos derechos. En el campo laboral el Estado colombiano ha ratificado los más relevantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, incluidos en la declaración sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.

Pero paradójicamente, este marco normativo favorable y la existencia de una cantidad de instituciones que directamente deberían velar por la protección efectiva de los derechos, contrasta, en primer lugar, con una crisis humanitaria marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, y ese país real donde se violan permanentemente esos derechos.

Por lo anterior, la CUT adoptó, entre otros lineamientos que el trabajo en Derechos Humanos se orienta en el  reconocimiento  del derecho internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;  en el espíritu   doctrinal universal  y normativo  que subyace a los Derechos Humanos consagrados en  la declaración universal  de los Derechos humanos; en  los pactos internacionales, las convenciones, en las declaraciones y principios de la OIT y en la constitución nacional  de 1991 y su carta de derechos.
 
La CUT reconoce el movimiento sindical  como una  “victima” de violaciones  sistemáticas  a los derechos humanos, entendiendo  a las víctimas como sujetos políticos activos que demandan verdad, justicia, reparación y no repetición. Para la Central  la categoría de victimas la constituyen  los sindicalistas que han sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos; sus familiares, las organizaciones sindicales y el movimiento sindical en su conjunto.
 
La CUT  compromete sus esfuerzos  en la  exigencia  de procesos de reparación integral a las víctimas, demandando del Estado  el derecho a la  verdad, la justicia, la  reparación y las  garantías de no repetición , así mismo la Central  trabajará continuamente en la recuperación y dignificación  de la memoria de las víctimas.

En este marco y en la perspectiva de la reparación a las víctimas de la violencia, la CUT manifestó la obligación de reparar del Estado, que tiene frente al conjunto de las víctimas del conflicto armado interno y que debe cumplir a través de la implementación de un plan de reparaciones. Combinando adecuadamente medidas simbólicas y materiales, e incluyendo medidas de naturaleza individual con medidas de carácter colectivo.

Sustentados en las conclusiones del V Congreso realizamos el Primer Encuentro Nacional de Víctimas de la violencia pertenecientes al sindicalismo que se constituyó en un substancial avance, porque se cumplieron los objetivos previstos, permitiendo que los familiares de los dirigentes asesinados, los propios amenazados y la Dirección de la CUT, intercambiáramos opiniones en la perspectiva de materializar las líneas del V Congreso, en la búsqueda de respuestas a los acuciantes problemas que hoy padecen los familiares y las víctimas de la intolerancia contra el sindicalismo.

C. Algunas propuestas concretas para el logro de la verdad, la justicia y la reparación para el sindicalismo colombiano

La construcción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición para el sindicalismo colombiano, estamos convencidos que implican un complejo y largo proceso social y político que demandara grandes acciones de movilización y negociación, por ello en este momento presentamos unas primeras propuestas para la discusión:

1. En materia de verdad histórica

El movimiento sindical procurara por la creación de una Comisión de la Verdad, de carácter internacional e independiente, que produzca un informe sobre la violencia que ha padecido el sindicalismo Colombiano, enfatizando en el periodo que se inicia en 1986, año de fundación de la CUT. Dicha comisión será financiada por la comunidad internacional, y el Gobierno Nacional, deberá manifestar que acogerá sus recomendaciones.
El movimiento sindical colombiano realizará todas las acciones necesarias para que en el ámbito internacional y nacional se esclarezcan todos los hechos de violencia antisindical y en consecuencia se juzgue a sus responsables y se repare integralmente a las víctimas.

2. En materia de la dignificación de la memoria de las víctimas:

El movimiento sindical colombiano propondrá que por mandato de una ley, y como política estatal, el conjunto de las instituciones del estado, realicen un acto de desagravio al sindicalismo, donde el Estado Colombiano reconocerá su responsabilidad política, jurídica e histórica en la violencia antisindical, firmando un compromiso entre el Estado y los empresarios, de respetar el ejercicio de la actividad sindical como parte de la democracia, a quien se le dará todas las garantías al tenor de la legislación nacional y los convenios de la OIT.  El cual tendrá el acompañamiento de la OIT y la ONU, los que firmarán como testigos, al igual que una delegación  del Congreso de la República, la Iglesia, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

En el mismo sentido, se propone que se construya de manera concertada un monumento nacional en memoria de las víctimas del sindicalismo, así como monumentos en las principales ciudades del país, y que se establezca un día nacional conmemorativo del sindicalismo. 

3. En materia de reparación individual:

- El movimiento sindical colombiano, acompañara y exigirá todas las garantías a las víctimas para el ejercicio de sus derechos.

- El Gobierno Nacional financiara a la Defensoría del Pueblo un programa de acompañamiento jurídico a las víctimas del sindicalismo para que ejerzan sus derechos en las diferentes instancias judiciales.

- Proponemos crear una comisión para analizar la situación socio-económica de los hijos, esposa o compañera de los sindicalistas asesinados y las propuestas de reparación serán concertadas entre ellos, el Gobierno y la CUT.

- Se propondrán formulas de reparación a los familiares, como por ejemplo, una pensión a mujeres viudas del conflicto, pertenecientes al mundo sindical,  es un acto de justicia absolutamente necesario para con quienes padecen las mayores violaciones a sus derechos humanos, en el conflicto interno que vive el país.  Por ello la CUT reclamara del Estado el establecimiento de una pensión durante  20 años, consistente en un salario mínimo legal vigente, para las viudas, hermanas, madres, hijos e hijas pertenecientes al mundo sindical quienes son víctimas  indirectas del conflicto, y quedan con la responsabilidad del hogar; igualmente propuestas como la financiación de la educación de los hijos de los sindicalistas asesinados, etc.

4. En materia de reparación colectiva:

- Reformas institucionales:

- El Gobierno propondrá e impulsará una reforma del Código Sustantivo del Trabajo que recoja el conjunto de recomendaciones de los organismos de control de la OIT y de tal forma que la legislación laboral colombiana se adecue con los convenios internacionales del trabajo.  En igual sentido se dará desarrollo al mandato constitucional relacionado con la expedición de un estatuto del trabajo.

- El gobierno Nacional creara de nuevo el Ministerio del Trabajo, y fortalecerá la inspección y vigilancia de trabajo, estableciendo así garantías para el cumplimiento de los derechos laborales en el país.

-  El Gobierno Nacional, mediante políticas activas de promoción y de reformas legales y reglamentarias, promoverá la negociación colectiva por rama de actividad económica.  

- El gobierno Nacional adoptará un plan nacional de promoción del trabajo decente que tenga entre otros propósitos que todas las relaciones laborales en el país estén protegidas por un contrato de trabajo, y que la afiliación a un sindicato sea automática desde el momento en que se firma un contrato de trabajo.

- Se realizaran reformas legislativas que permitan la restitución de trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo con ocasión de su militancia sindical.

-  El gobierno Nacional eliminara todas las trabas legales y administrativas existentes para el registro sindical permitiendo con ello la creación y funcionamiento libre de los sindicatos.

 - Fortalecimiento y reconstrucción del sindicalismo:

- El Gobierno Nacional realizará por cinco años una gran campaña de promoción de las libertades sindicales y de la afiliación de los trabajadores a las organizaciones sindicales.

- Se instaurará en toda la agenda curricular (en la formación media secundaria y universitaria) pública y privada del país, la Cátedra Democracia, Sindicalismo y Derechos Laborales. (“Ciudadanía Laboral”)

- Se conformara una comisión independiente que estime el valor de los daños causados a las organizaciones sindicales  y que proponga formulas para que el estado reconozca las indemnizaciones a que hubiere lugar.

- El gobierno Nacional reestablecerá las organizaciones sindicales eliminadas o disminuidas, con ocasión de la violencia antisindical y para ello se elaborara un plan nacional que ejecutaran las subdirectivas CUT en cada Departamento del país.

5.  Garantías de no repetición

Estamos convencidos que es absolutamente indispensable el logro de la paz y la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, para que en Colombia al victimización de las organizaciones sociales cese, por ello, creemos que en lo inmediato las garantías de no repetición pasan por:

- el desmonte total de las estructuras del paramilitarismo y su proscripción.
- la apertura a los acuerdos humanitarios y a la salida política negociada al conflicto armado.
- una profunda  reestructuración del estado y sus instituciones en función de la protección de los derechos humanos.

CARLOS RODRIGUEZ DIAZ
Presidente

BORIS MONTES DE OCA A.
Secretario General

DOMINGO TOVAR ARRIETA
Director Departamento de Derechos Humanos y Laborales

ALFONSO VELASQUEZ RICO
Director Dpto Asuntos Jurídicos