Está por celebrarse el décimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que “dieron por terminado” el violento conflicto interno que asoló al país durante 36 años nominales. No fue, como muchos afirman, una guerra civil; más bien se trató de una guerra en contra de la población civil. Y en diciembre del 96 en Guatemala no se firmó la paz; se pactó una tregua indefinida que pareciera estar agotando su vigencia.

En efecto se concretó un cese temporal de hostilidades y, lo que es más grave, las causas que provocaron el conflicto –pobreza, marginación, exclusión, racismo, injusta distribución de la riqueza social, etcétera- siguen estando presentes en la cotidianeidad del país. Del 96 para acá estos problemas sociales han ganado fuerza y presencia tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Será suficiente el aparecimiento de un catalizador, de un detonante para que haya una reanudación de la lucha armada. Probablemente será más cruenta en tanto tendrá nuevos actores urbanos: los excluidos y marginados de las ciudades, las maras.

Si los compromisos pactados entre insurgencia y Estado estuvieran en la ruta de la concretación efectiva podríamos hablar de la construcción de la paz. Pero todo aquello que el Estado debería haber ejecutado ya en procura de la reconciliación nacional no tiene visos ni siquiera de iniciarse después de transcurrida una década de estira y encoge. La construcción de la paz, entonces, sigue siendo una asignatura pendiente en el país. El tema ha dejado de tener actualidad y la irá perdiendo paulatinamente en mayor medida, conforme se acerque el evento político que cada cuatro años acapara la atención de todos: las elecciones. En la agenda de las emergentes opciones políticas ofertadas en los anaqueles partidarios se ofrece paz aunque ninguna contiene un planteamiento consistente para su construcción. Se insiste en ofrecer seguridad pero lo que verdaderamente se puede alcanzar en ese sentido, es protección. Se ofrece combatir el hambre y la pobreza sin decir cómo.

La paz, como todo fenómeno social, tiene indicadores. Algunos como los acuerdos efectivos de seguimiento y verificación, la reducción de los efectivos militares y de la compra de armas, la democratización de las instituciones y la reducción en los niveles de pobreza han sido ensayados y abandonados como efecto del fracaso de su implementación. Es necesario pensar en nuevas estrategias que permitan un acercamiento efectivo a la ruta correcta en la construcción de la paz. Entre más rápido se reinicien los esfuerzos por identificar y apoyar las estructuras en pro de una paz firme y duradera, menos posibilidades habrá de que el conflicto se reinicie.

Un primer paso grande e imprescindible es el castigo a los culpables del genocidio. Pero está demostrado que los procedimientos normales de búsqueda de justicia son objeto de sabotaje y bloqueo por parte de los responsables. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá en el 2004 propuso un esquema jurídico apropiado y relevante para los procesos de construcción de la paz: la justicia transicional. Ésta fue definida como el conjunto de arreglos judiciales y extrajudiciales que faciliten y permitan la transición de una situación de conflicto a una de reconciliación. La justicia transicional busca aclarar la identidad y los destinos de víctimas y victimarios, establecer hechos relacionados con violaciones de derechos humanos en situaciones de autoritarismo y conflicto armado y diseñar las formas en las que una sociedad debe abordar los crímenes perpetrados y las necesidades de reparación y resarcimiento.

La justicia es transicional en la medida que busca tender puentes entre regímenes distintos y momentos políticos diferentes. Introduce mecanismos judiciales de excepción aunque se nutre de prácticas judiciales previas y establece las bases para los sistemas judiciales postconflicto. En ese sentido, más que sólo abordar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante un tiempo determinado, la justicia transicional tiene también pretensiones fundacionales de nuevos órdenes políticos y judiciales.

En tanto se pretenda sancionar el genocidio -derivado de la política contrainsurgente ejecutada por agentes e instituciones del Estado guatemalteco- aplicando la legislación ordinaria, no puede haber justicia. Las leyes en Guatemala tienen un carácter y un origen heteronómico: son hechas por y a la medida de quienes las deben cumplir precisamente para no cumplirlas. Los responsables apelan al debido proceso, a la legitimidad de los procedimientos, al sagrado derecho a la defensa y al deber de salvar a la patria de las amenazas externas. Las víctimas –muchos niños, ancianos y mujeres- no conocieron ninguno de los anteriores tres esquemas. Esto los hace más víctimas y, a los victimarios, más culpables. La responsabilidad no puede ser institucional, es innegablemente personal.

Los esfuerzos hasta hoy han sido en el sentido de procurar que lo que es justo sea fuerte. Creo que es tiempo de cambiar de ángulo de ataque y empezar a trabajar en procura de que lo que es fuerte, sea justo. Pareciera que lo segundo es más viable.

Post data: me sumo a las voces de protesta por la cancelación del programa radial Buenos Días que conducía Marielos Monzón y su equipo de comunicadores. Quienes ordenaron el cierre de este espacio arguyen que Radio Universidad debe servir a fines culturales y no políticos. El nuevo rectorado de la tricentenaria y conspicua carolingia debe privilegiar estos esfuerzos por politizar a la comunidad de aprendizaje en vez de promover su ¿“culturalización”?

J. Santos Coy - Analista invitado de Incidencia Democrática

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
http://www.i-dem.org