El ex gobernante de facto Augusto Pinochet, de 91 años, falleció el domingo 10 de diciembre en el Hospital Militar de Santiago de Chile. Pinochet enfrentó una prolongada batalla legal por sus responsabilidades en graves violaciones de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad sin haber recibido sentencia, lo que debe hacer notar a los gobiernos la importancia crucial de no retrasar la acción de la justicia, lo que a menudo conlleva denegársela también a las víctimas.

La muerte de Pinochet no cierra el capítulo más oscuro de la historia de Chile, una etapa que estuvo marcada por gravísimas violaciones de derechos humanos y por la impunidad. Ahora está en manos del poder judicial chileno evitar que reine la impunidad en el país llevando ante los tribunales a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar.

Amnistía Internacional seguirá actuando en favor de que se haga justicia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. Seguiremos exigiendo que todos los obstáculos a la justicia, especialmente que la Ley de Amnistía (Decreto 2.191) –promulgada durante el gobierno de Augusto Pinochet y que, hasta ahora, ha protegido del procesamiento a los autores de violaciones de derechos humanos– se declare nula y sin efecto.

En los últimos 30 años, miles de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Pinochet en Chile y otros países latinoamericanos han manifestado a Amnistía Internacional su convicción de que sólo la justicia ayudará a curar las heridas. Lo que reclaman, y merecen, es que los responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Chile sean juzgados por un sistema judicial independiente, un paso con el que Chile demostraría al mundo que ya no va a tolerar la impunidad.

Si no se hace justicia, el mensaje transmitido será que el uso de la tortura, los malos tratos y la "desaparición" continúan siendo tolerados en Chile.

Principales acontecimientos

Augusto Pinochet gobernó Chile entre 1973 y 1990, tras derrocar al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

Durante el régimen de Pinochet hubo informes sobre miles de casos de violaciones de derechos humanos.

Según el informe elaborado en 1991 por la Comisión Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile), 3.196 personas murieron como consecuencia de la violencia política durante el régimen de Pinochet. De estas, 1.185 continúan desaparecidas.

El Estadio Nacional y la Villa Grimaldi –donde la actual presidenta chilena, Michelle Bachelet, y su madre estuvieron recluidas en 1975– están entre los centros de detención a los que fueron conducidas las personas detenidas en su mayoría. El último es actualmente un centro conmemorativo.

Desde 1998, Pinochet fue acusado de decenas de violaciones de derechos humanos pero hasta la fecha no se ha enfrentado a juicio debido a barreras legales –en particular, la inmunidad de que disfrutó como ex presidente y senador– y a problemas de salud.

Al momento de su fallecimiento Pinochet estaba procesado ante los tribunales chilenos en relación con una investigación financiera –el caso Riggs– y cinco causas de derechos humanos: Villa Grimaldi, Operación Colombo, Operación Cóndor, la Caravana de la Muerte y el caso Prats.


Equipo de Comunicaciones
Amnistía Internacional - Chile