El actual presidente de Bolivia, Evo Morales pidió a Estados Unidos la extradición del ex mandatario quien vive cómodamente en suelo estadounidense, a pesar de estar acusado por la justicia boliviana por las matanzas de octubre de 2003 El 17 de octubre de 2003, sin lugar a dudas quedará marcado en la historia de Bolivia y en especial en la memoria de toda su población. Aquel trágico día de primavera, una ciudad boliviana fue testigo de uno de los hechos más trágicos de los últimos tiempos. El gobierno pro estadounidense de Gonzalo Sánchez de Lozada caía junto a la etapa neoliberal que sacudió y empobreció al país del altiplano, pero con un costo muy alto a pagar. Sánchez de Lozada tubo que renunciar ante una ola de protestas populares con demandas basadas en que el gas boliviano no fuera exportado por puertos chilenos hacia Estados Unidos, como contemplaba un plan privado, sumado a un fervor clamoroso que reclamaba la nacionalización del gas boliviano, para los bolivianos. El costo de estos reclamos derivó en una cruenta represión por parte del gobierno de Sánchez de Lozada dejando el saldo trágico de 60 personas muertas y más de 200 heridas. A tres años de aquella sangrienta jornada, la cual cimentó una nueva etapa en Bolivia, en la actualidad con Evo Morales a la cabeza empieza a diseñar los nuevos caminos en pos de un cambio que realmente permita un desarrollo más equitativo. Sin embargo, los verdugos de aquellos luchadores que salieron a las calles para reclamar por sus derechos legítimos aun andan sueltos. Y no solo están lejos de la justicia que ahora los reclama, sino que están cobijados en el país que los asesoró en sus políticas neoliberales, y que constantemente pretenden vapulear la nueva democracia boliviana. Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia en dos periodos (1993-1997; 2002-2003), en el primero capitalizó toda la economía boliviana a favor de las empresas extranjeras (en especial con matriz en Estados Unidos), inició la destrucción de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sumergiendo al país del altiplano en una aguda pobreza. En su segundo mandato, intentó beneficiar mediante la venta de gas a Estados Unidos y esta situación derivó en las reacciones populares de octubre, donde posterior a su renuncia se exilió en Estados Unidos, para luego ser un presidente prófugo de la justicia boliviana. “Si hay un gobierno en Estados Unidos que lucha contra el terrorismo, contra la corrupción y que defiende los derechos humanos y la democracia debe expulsar lo antes posible al asesino, delincuente y mafioso Gonzalo Sánchez de Lozada", señaló el día lunes el presidente boliviano, Evo Morales en El Alto, en el acto multitudinario que se realizó en conmemoración de los tres años de la revuelta popular que provocó la renuncia del ex mandatario. El presidente boliviano que participó en el acto de homenaje a los caídos de octubre que fue organizado por la Central Obrera Regional (COR) y la Confederación de Gremiales, tuvo que hablar desde la pasarela peatonal denominada de la Solidaridad a pedido de la gente que se concentró en el lugar. No utilizó el palco que fue armado por los organizadores, su discurso se inicio mediante el grito: “El Alto de pie, nunca de rodillas”, lema que se comprometió a no olvidar jamás. El mandatario que se quejó de los mal intencionados analistas y economistas que consideran que con el neoliberalismo Bolivia se deterioró y con el antineoliberalismo Bolivia se acabo, anunció que pedirá al nuevo embajador de Estados Unidos que su país no proteja a Sánchez de Lozada. La finalidad es clara, La Paz pretende que el responsable directo de las masacre de octubre sea recluido en la cárcel de Chonchocoro. Morales reveló que a través de los embajadores que tiene la actual administración del Estado boliviano, el gobierno está poniendo en marcha una campaña para que Sánchez de Lozada sea extraditado del país del norte. Al mismo tiempo el presidente boliviano informó que su gobierno ejecuta acciones conjuntas con los militares, y prometió que nunca sacará a los efectivos de la policía y el ejército a las calles contra el pueblo. Por otro lado, en medio de las reformas en materia de minería que anunció Evo Morales, el diputado y representante del sector cooperativista Víctor Mena propuso expropiar a favor del Estado las minas de Sánchez de Lozada, como Bolívar y Colquiri. A su vez, el senador Antonio Peredo comentó que esas minas son del Estado boliviano y fueron alquiladas de manera beneficiosa al ex presidente. Peredo dijo que esos centros mineros nunca fueron vendidos porque la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) nunca tuvo la autorización para vender minas del Estado. Por su parte, Mena, desestimó la propuesta de algunos dirigentes de su gremio que anunciaron la creación de un partido político propio. Seguidamente manifestó que sería conveniente nacionalizar las minas que tienen buena producción, como Colquiri, Bolívar, Huanuni y otras. “Una buena medida del Gobierno en este momento es confiscarle todas sus minas a Gonzalo Sánchez de Lozada”, sentenció. Mientras tanto, en la tierra del norte que da albergue al prófugo Sánchez de Lozada, miembros de organismos de defensa de los Derechos Humanos de Estados Unidos, protestaron frente a la casa del ex presidente pidiendo que responda ante la justicia boliviana por los muertos y heridos durante el “octubre negro” de 2003. Esta información fue proporcionada por el embajador de Bolivia en el país norteamericano, Gustavo Guzmán quién indicó que esa representación está trabajando en la conformación de un equipo de abogados que utilice todos los argumentos jurídicos para lograr, en primera instancia la detención del ex mandatario y luego su extradición para que comparezca ante la justicia boliviana. Guzmán señaló que se han realizado importantes avances en esa tarea y que el propio senador Patrick Tracy, envió una nota a la secretaria de Estado, Condolezza Rice, para conocer el estado del caso. Cabe recordar que Sánchez de Lozada, ha sido acusado formalmente de varios delitos, entre ellos de genocidio. Por el momento, su lugar de refugio es el domicilio 5509 de Center Street, Chevy Chase, Maryland. Hasta la fecha, a pesar de que se ha enviado el exhorto ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para que se tramite ante el Departamento de Justicia la detención de Sánchez de Lozada y su posterior extradición, las autoridades estadounidenses no han dado curso a dicho procedimiento establecido en las relaciones internacionales. El silencio inerte de Washington a generado que el gobierno boliviano, mediante el presidente Evo Morales, efectúe reiterados llamados ante la comunidad internacional, concretamente ante los países No Alineados (NOAL) y la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que expresen su respaldo al pedido boliviano y movilice al gobierno estadounidense. Además, cabe remarcar que no es la primera vez que los residentes bolivianos en Estados Unidos, apoyados por organismos de defensa de los Derechos Humanos de ese país, asumen acciones para que la justicia local atienda la demanda boliviana. Para que quede claro que Sánchez de Lozada tiene conocimiento de las demandas en su contra, el pasado 1 de noviembre de 2005, recibió los documentos legales sobre el juicio iniciado en su contra en Bolivia, de manos de ciudadanos estadounidenses a nombre de las organizaciones de Derechos Humanos bolivianas. La situación en la que en la que se encontraba el responsable de las muertes de octubre, es por demás demostrativa de la tranquilidad e impunidad que siente refugiado en ese país. En esa oportunidad, Sánchez de Lozada estaba en una recepción social en Washington organizada por un grupo asociado a la Universidad de Princeton. Dado que el Departamento de Estado estadounidense eludiera hacer entrega de dichos documentos, los residentes y organizaciones de Derechos Humanos estadounidenses decidieron tomar el asunto en sus propias manos, y los documentos fueron suministrados al Departamento de Estado el 22 de junio de 2005, hasta ahora sin resultado alguno. Por si fuera poco haber comandado la masacre de octubre, a Sánchez de Lozada se le imputa junto al otro ex presidente, Jorge “Tuto” Quiroga de haber favorecido a las empresas petroleras, con la aprobación de dos normas y de haber provocado la caída de las inversiones en el sector. Un informe de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) indica que, en los últimos años, la inversión en el sector petrolero ha caído debido a los constantes cambios en las reglas de juego. El documento hace referencia a la nueva Ley de Hidrocarburos (Ley 3058) y al decreto de nacionalización, aprobado el 1 de mayo. El pasado lunes, Eduardo Alarcón fiscal del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, presentó un informe preliminar de auditoria y señaló que las compañías petroleras dejaron de invertir 1.300 millones de dólares en la perforación de 56 pozos debido a un decreto aprobado durante la gestión del ex presidente Jorge Quiroga. También indicó que las auditorias realizadas a las Unidades de Trabajo para Exploración (UTE), referido a los trabajos de magnometría y planimetría para hacer estudios aéreos, estaban mal clasificados en la Ley 1689, firmado por Sánchez de Lozada. En este último caso, los datos oficiales arrojan que YPFB certificó la inversión de 394 millones de dólares, cuando en realidad “a las empresas les ha costado, aproximadamente, unos 21 millones”, afirmó Alarcón. Bajo este marco, no es de extrañar la actitud de oídos sordos que demuestra Washington en el caso Sánchez de Lozada. La misma administración republicana es la que niega la extradición del terrorista Luis Posada Carriles, al cual George W. Bush, al parecer, ha decidido continuar manejando el caso como un asunto migratorio. Gonzalo Sánchez de Lozada, en el pasado, un “Chicago Boy”, un multimillonario empresario minero que su acento estadounidense fue presidente de Bolivia, vocero de Washington y responsable directo de la masacre de octubre. Gonzalo Sánchez de Lozada, en el presente, un ex presidente acusado de genocidio, prófugo de la justicia de su país, aún multimillonario, libre y hospedado en Washington. Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿cuál será su futuro? Sin lugar a dudas, tendría que ser en la cárcel de Chonchocoro. Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata /