Las vergonzosas sentencias de diversas instancias judiciales de Estados Unidos que mantienen en la cárcel a cinco cubanos injustamente acusados de espionaje, es una cuestión que atañe directamente, en la relación internacional, a las alternativas entre aceptar y secundar los designios del poderoso imperio de Washington o una política independiente frente a la supuesta lucha para salvar al mundo del nuevo enemigo de la democracia: el terrorismo. Aceptar las pretensiones del presidente George Bush y del aparato militar norteamericano es avalar las acciones demenciales de las guerras preventivas, las amenazas contra grupos y países y la creación de fantasmas convertidos en supuestos enemigos para colmar los imperativos de hegemonía y superioridad de la clase gobernante de esa potencia, incluidas las grandes corporaciones que controlan la economía. En nombre de la cruzada contra el terrorismo, sólo en los últimos años el gobierno de Bush invadió Afganistán, decretó unilateralmente una guerra contra Irak cuyo costo en dinero y en vidas –inclusive de norteamericanos— es escandaloso. Estados Unidos determina quién sí y quién no tiene el derecho, que debería ser soberano, a desarrollar proyectos nucleares y cierne sobre los desobedientes, como Irán, la advertencia de represión mediante su poderío militar. En el Continente americano lleva a cabo una de las campañas más infames de que se tenga noticia –bloqueo económico, promoción de la subversión interna, aislamiento en la escena internacional— con el propósito, hasta ahora estéril, de acabar con un sistema, el revolucionario cubano, que le es indeseable. Después de ocho años de proceso, el caso de los cinco ciudadanos cubanos acusados de espionaje entró en una fase cuya conclusión podría ser el cierre del juicio sin posibilidad de rectificar las sentencias dictadas en su contra. El tribunal de Apelaciones de Atlanta rechazó la decisión de tres jueces de la Corte, también de Atlanta, que pedía la realización de un nuevo juicio. El veredicto pronunciado el 9 de agosto de 2005 en Miami consideraba que en ese fallo no se habían tenido en cuenta elementos en descargo de los procesados y que un juicio imparcial se imposibilitaba en esa ciudad por la influencia de grupos que han generado un clima adverso al gobierno y a la sociedad de Cuba. La resolución de la Corte de Apelaciones de Atlanta confirma el carácter eminentemente político del proceso contra los cinco funcionarios cuyas acciones, concertadas con agentes norteamericanos, estaban orientadas precisamente a obtener datos sobre acciones de terrorismo dentro de Estados Unidos. El caso de Luis Posada Carriles, confeso de haber perpetrado el atentado aéreo que costó la vida de 73 personas inocentes y de haber instrumentado otras acciones criminales dentro y fuera de Cuba, es significativo de la hipocresía con la que Estados Unidos lleva adelante sus acciones antiterroristas: culpa, persigue y condena a personas que, en el caso de los cinco cubanos, prestan su colaboración para desenmascarar a los autores del terrorismo y al mismo tiempo protege a reconocidos terroristas como Posada Carriles y sus secuaces en actos criminales, al negarse a deportarlo a Venezuela para ser sometido a juicio, como correspondería en la aplicación mínima del derecho internacional. La negativa del tribunal de Atlanta a reconsiderar el caso de Gerardo Hernández, condenado a doble cadena perpetua, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a cadena perpetua, Fernando González y René González a 19 y 15 años, respectivamente, es una muestra más de la prepotencia del imperio norteamericano frente a la complacencia y hasta la sumisión de otros gobiernos. Recordemos sólo un caso representativo: en 1992, mediante un engaño, el mexicano Rubén Zuno fue detenido en San Antonio, Texas, acusado de haber participado, en 1984, en el asesinato del agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena, cometido en la ciudad de Guadalajara. En esa época, el gobierno de Miguel de la Madrid se negó al reclamo de la justicia norteamericana para la entrega de los autores del homicidio. Por un delito cometido en México, aun contra un ciudadano norteamericano, los responsables debían ser castigados en este país. No ocurrió lo mismo con Rubén Zuno, contra quien la única acusación era haber vendido, años atrás del asesinato de Camarena, la casa en donde se cometió el crimen. Zuno está preso en Estados Unidos, sentenciado a dos penas de cadena perpetua más veinte años. Casos como el referido y ahora el de los cinco cubanos declarados héroes en su país, merecerían no sólo la valiosa solidaridad expresada por organizaciones civiles de diferentes países y de la misma Unión Americana, sino una postura firme de gobiernos de otras naciones del Continente, muchos de los cuales han renunciado a una parte importante de su soberanía al ceder a Estados Unidos el derecho, que debería ser irrenunciable, a su jurisdicción y al aceptar injustos procesos sólo justificables por la prepotencia de las autoridades norteamericanas. La disyuntiva para los países de América Latina y de otras partes frente a las exigencias norteamericanas se resolvería mediante una política exterior digna frente a la injerencia. En el umbral de un nuevo gobierno gubernamental, en México se plantea cuál será la actitud de la próxima administración ante el poderío norteamericano. Ejemplo por muchos años, los de la posrevolución, de una política respetuosa de la soberanía, de la autodeterminación y de la solución pacífica de los conflictos ---principios consagrados en la Constitución--, México mostró en casos concretos esa política de dignidad, por ejemplo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en la invasión a Etiopía por el gobierno de Mussolini y al romper relaciones con la dictadura en Francisco Franco en España y aceptar el exilio de miles de perseguidos; en la época de Adolfo López Mateos al negarse, en 1961, a romper relaciones diplomáticas con Cuba como lo impuso Washington a los miembros de la Organización de Estados Americanos, y en el gobierno de Luis Echeverría al romper con la dictadura de Augusto Pinochet y recibir también a miles de perseguidos chilenos. Esa política, consecuente con los sentimientos de un país invadido muchas veces por Estados Unidos, cercenado en más de la mitad de su territorio en la invasión norteamericana en 1847, asechado en los años de su revolución en los primeros años del siglo XX, ha sido trocada en los últimos años, concretamente en el gobierno de Vicente Fox, por otra, llamada proactiva, que propone una participación protagónica en cuestiones internacionales, desde luego en las líneas marcadas por Estados Unidos. La expectativa que ofrece el gobierno conservador de Felipe Calderón consiste en saber si optará por un retorno a la dignidad o continuará con la disposición ciega a colaborar con el imperio. Los ejemplos de esta independencia proliferan ya en América Latina, es de esperarse que también con manifestaciones de apoyo en casos de abuso de la fuerza como el de los cinco cubanos injustamente procesados y detenidos en la Unión Americana.