La huelga hospitalaria que se inició hace unos meses en los más importantes hospitales públicos de Guatemala, ha generado un movimiento que desnuda la crisis en la que subsiste la red nacional de servicios de salud. En este proceso – que ha tomado un cariz conflictivo- se han evidenciado al menos cuatro elementos sumamente preocupantes en términos de protección social y respeto al bien común de la sociedad guatemalteca. En primer lugar, es evidente que la huelga es solamente un síntoma de la precariedad del Sistema de Salud Pública- una precariedad que no es de ninguna manera coyuntural pero que se agudiza a inicios de 2006. En enero y febrero de 2006 la impugnación por una casa médica de un proceso de licitación adjudicado a otras casas, frena el suministro trimestral de equipo médico (de diversa naturaleza) al Hospital Roosevelt. Para buscar una salida y evitar un desabastecimiento que pusiera en peligro el servicio hospitalario, los directores y jefes de departamento del hospital se reúnen con el responsable del mejoramiento y equipamiento de hospitales del Ministerio de Salud. Con ese antecedente de diálogo se llega hasta mayo, en medio de una situación francamente crítica. Para muestra un botón: en los laboratorios no había disponibilidad de reactivos sin los cuales no se podían hacer las pruebas serológicas, lo que imposibilitaba suministrar sangre y por lo tanto no se podía asistir a pacientes que requieren transfusiones diarias, ni atender emergencias desde casos complejos tales como complicaciones en partos hasta accidentes menores. Si en lo mínimo era imposible cumplir con el mandato deontológico que rige la ética laboral de todo médico, es inimaginable pensar cómo los médicos iban a afrontar la tarea de sostener todo el entramado hospitalario en esas condiciones. Se trata no sólo del Roosevelt sino de una situación que se ha prolongado –con un costo social altísimo- en la mayoría de hospitales públicos y centros de salud donde no existe una mínima infraestructura ni se cuenta con recursos para proveer una atención de calidad, profesional, científica y humana. En segundo lugar, se ha hecho patente la negligencia e irresponsabilidad administrativa por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud para proveer de mecanismos necesarios para afrontar la crisis. Han sido los médicos quienes por sus propios medios, han realizado gestiones de diversa índole llegando incluso en las últimas semanas a proporcionar listas completas de insumos, a tramitar cotizaciones de casa en casa médica, a cotejar inventarios, etc. Ante la falta de acciones concretas del Ministerio de Salud –que ha venido prometiendo una resolución de corto y mediano plazo a esta crisis- los médicos se declaran en huelga para presionar al gobierno a actuar conforme a las circunstancias, es decir frente a una situación de emergencia nacional. No se trata en palabras del Presidente de la República de “un berrinche de los médicos por un par de tijeras”, sino justamente de una medida que busca colocar como prioridad de Estado la Salud de los y las guatemaltecas. Después del acuerdo del 26 de julio alcanzado por la Comisión de Alto Nivel (1), los médicos regresaron a sus labores en el entendido en que en los siguientes quince días el gobierno se comprometía: 1) a proveer los insumos más indispensables, 2) a agilizar una ruta viable para equipar paulatinamente a la red hospitalaria, 3) a publicar el acuerdo al que se había llegado y 4) a presentar ante el Congreso una propuesta de acuerdo de excepción que permitiera acelerar este proceso en un contexto de crisis. A tres semanas del acuerdo, ninguno de los puntos se ha cumplido incluyendo la publicación del mencionado acuerdo –publicado dos semanas más tarde de lo previsto y con modificaciones. Existe a todas luces tanto un vacío administrativo que no recupera los aprendizajes de las experiencias de los contextos de emergencias que se han dado recientemente (tales como la crisis del café o de la tormenta del Stan) como una ineficiente ejecución presupuestaria que hace más que imperativa la práctica de una auditoría social. A todo ello se le suma, en tercer lugar, una postura arbitraria en el tratamiento de la crisis. Las amenazas del Gobierno orientadas a cerrar todo espacio de negociación (mediante despidos, levantamiento de actas, etc.) son un signo de la tónica con la que se está manejando los ejes centrales de tensión social. Es una práctica recurrente que no se vale de mecanismos de argumentación sólida sino que utiliza las armas del desprestigio deslegitimando las reivindicaciones de los médicos que –por vocación- han pasado en promedio diez años de su vida, preparándose y trabajando en el campo de la atención y la promoción de la salud. Aún cuando el sistema nacional de salud es uno de los instrumentos principales que la sociedad guatemalteca tiene en materia de protección social, siendo la salud un derecho constitucional inalienable, el actual gobierno ignora totalmente las deficiencias expuestas promoviendo –por omisión- el desmantelamiento del sistema de salud pública. Finalmente, las políticas públicas en este ámbito se han caracterizado por una modalidad liberal restrictiva de acceso a la salud que mantiene a la gran mayoría de la población en una situación de sobrevivencia –donde el “cuídese quien puede y tiene los medios” es la norma. No estamos únicamente asistiendo al deterioro del sistema hospitalario público: estamos asistiendo a un paulatino desmantelamiento de los pilares de la protección social (salud, educación, trabajo, etc.). Estamos enfrentando, como escribe Robert Castel, un auge de la inseguridad social. Es, sin duda alguna, una condición alimentada por un proceso de reindividualización del ámbito de lo social, reemplazando las políticas públicas en materia social por estrategias comerciales y por sistemas de financiamiento privado (como en el caso de los seguros médicos) que generan desigualdad. Nota [1] Se trató de un diálogo entre la Comisión Interinstitucional (Representantes del Colegio de Médicos, representantes del sindicado de médicos, representantes de los residentes de los hospitales Roosevelt, y San Juan de Dios, y representantes de la USAC) y la Vicepresidencia de la República. Difundido en el Programa "Buenos Días", Radio Universidad Lunes 21 de agosto del 2006. - Karen Ponciano es investigadora del Área de Estudios sobre Imaginarios Sociales/AVANCSO