Hospitales en tensión: la precariedad al desnudo
20/08/2006
- Opinión
La huelga hospitalaria que se inició hace unos meses en los más
importantes hospitales públicos de Guatemala, ha generado un
movimiento que desnuda la crisis en la que subsiste la red nacional de
servicios de salud. En este proceso – que ha tomado un cariz
conflictivo- se han evidenciado al menos cuatro elementos sumamente
preocupantes en términos de protección social y respeto al bien común
de la sociedad guatemalteca.
En primer lugar, es evidente que la huelga es solamente un síntoma de
la precariedad del Sistema de Salud Pública- una precariedad que no
es de ninguna manera coyuntural pero que se agudiza a inicios de 2006.
En enero y febrero de 2006 la impugnación por una casa médica de un
proceso de licitación adjudicado a otras casas, frena el suministro
trimestral de equipo médico (de diversa naturaleza) al Hospital
Roosevelt. Para buscar una salida y evitar un desabastecimiento que
pusiera en peligro el servicio hospitalario, los directores y jefes de
departamento del hospital se reúnen con el responsable del
mejoramiento y equipamiento de hospitales del Ministerio de Salud. Con
ese antecedente de diálogo se llega hasta mayo, en medio de una
situación francamente crítica. Para muestra un botón: en los
laboratorios no había disponibilidad de reactivos sin los cuales no se
podían hacer las pruebas serológicas, lo que imposibilitaba
suministrar sangre y por lo tanto no se podía asistir a pacientes que
requieren transfusiones diarias, ni atender emergencias desde casos
complejos tales como complicaciones en partos hasta accidentes
menores. Si en lo mínimo era imposible cumplir con el mandato
deontológico que rige la ética laboral de todo médico, es inimaginable
pensar cómo los médicos iban a afrontar la tarea de sostener todo el
entramado hospitalario en esas condiciones. Se trata no sólo del
Roosevelt sino de una situación que se ha prolongado –con un costo
social altísimo- en la mayoría de hospitales públicos y centros de
salud donde no existe una mínima infraestructura ni se cuenta con
recursos para proveer una atención de calidad, profesional, científica
y humana.
En segundo lugar, se ha hecho patente la negligencia e
irresponsabilidad administrativa por parte de los funcionarios
del Ministerio de Salud para proveer de mecanismos necesarios para
afrontar la crisis. Han sido los médicos quienes por sus propios
medios, han realizado gestiones de diversa índole llegando incluso en
las últimas semanas a proporcionar listas completas de insumos, a
tramitar cotizaciones de casa en casa médica, a cotejar inventarios,
etc. Ante la falta de acciones concretas del Ministerio de Salud –que
ha venido prometiendo una resolución de corto y mediano plazo a esta
crisis- los médicos se declaran en huelga para presionar al gobierno
a actuar conforme a las circunstancias, es decir frente a una
situación de emergencia nacional. No se trata en palabras del
Presidente de la República de “un berrinche de los médicos por un par
de tijeras”, sino justamente de una medida que busca colocar como
prioridad de Estado la Salud de los y las guatemaltecas. Después del
acuerdo del 26 de julio alcanzado por la Comisión de Alto Nivel
(1), los médicos regresaron a sus labores en el entendido en que en
los siguientes quince días el gobierno se comprometía: 1) a proveer
los insumos más indispensables, 2) a agilizar una ruta viable para
equipar paulatinamente a la red hospitalaria, 3) a publicar el acuerdo
al que se había llegado y 4) a presentar ante el Congreso una
propuesta de acuerdo de excepción que permitiera acelerar este proceso
en un contexto de crisis. A tres semanas del acuerdo, ninguno de los
puntos se ha cumplido incluyendo la publicación del mencionado
acuerdo –publicado dos semanas más tarde de lo previsto y con
modificaciones. Existe a todas luces tanto un vacío administrativo que
no recupera los aprendizajes de las experiencias de los contextos de
emergencias que se han dado recientemente (tales como la crisis del
café o de la tormenta del Stan) como una ineficiente ejecución
presupuestaria que hace más que imperativa la práctica de una
auditoría social.
A todo ello se le suma, en tercer lugar, una postura arbitraria en el
tratamiento de la crisis. Las amenazas del Gobierno orientadas a
cerrar todo espacio de negociación (mediante despidos, levantamiento
de actas, etc.) son un signo de la tónica con la que se está manejando
los ejes centrales de tensión social. Es una práctica recurrente que
no se vale de mecanismos de argumentación sólida sino que utiliza las
armas del desprestigio deslegitimando las reivindicaciones de los
médicos que –por vocación- han pasado en promedio diez años de su vida,
preparándose y trabajando en el campo de la atención y la promoción de
la salud. Aún cuando el sistema nacional de salud es uno de
los instrumentos principales que la sociedad guatemalteca tiene en
materia de protección social, siendo la salud un derecho
constitucional inalienable, el actual gobierno ignora totalmente las
deficiencias expuestas promoviendo –por omisión- el desmantelamiento
del sistema de salud pública.
Finalmente, las políticas públicas en este ámbito se han caracterizado
por una modalidad liberal restrictiva de acceso a la salud que
mantiene a la gran mayoría de la población en una situación de
sobrevivencia –donde el “cuídese quien puede y tiene los medios” es la
norma. No estamos únicamente asistiendo al deterioro del sistema
hospitalario público: estamos asistiendo a un paulatino
desmantelamiento de los pilares de la protección social (salud,
educación, trabajo, etc.). Estamos enfrentando, como escribe Robert
Castel, un auge de la inseguridad social. Es, sin duda alguna, una
condición alimentada por un proceso de reindividualización del ámbito
de lo social, reemplazando las políticas públicas en materia social
por estrategias comerciales y por sistemas de financiamiento privado
(como en el caso de los seguros médicos) que generan desigualdad.
Nota
[1] Se trató de un diálogo entre la Comisión Interinstitucional
(Representantes del Colegio de Médicos, representantes del sindicado
de médicos, representantes de los residentes de los hospitales
Roosevelt, y San Juan de Dios, y representantes de la USAC) y la
Vicepresidencia de la República.
Difundido en el Programa "Buenos Días", Radio Universidad
Lunes 21 de agosto del 2006.
- Karen Ponciano es investigadora del Área de Estudios sobre
Imaginarios Sociales/AVANCSO
https://www.alainet.org/es/active/12944
Del mismo autor
![Suscribirse a America Latina en Movimiento - RSS](https://www.alainet.org/misc/feed.png)